Protección contra Araucana Caja de Compensación de Asignación Familiar

Iquique, siete de enero de dos mil veinte.

VISTO:

Comparece don Roberto Urrutia Araya, abogado, en favor de don nombre reservado, RUT N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por quien recurre de protección en contra de La Araucana Caja de Compensación de Asignación Familiar, representada por don nombre reservado y en contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada por don nombre reservado, por atentar en contra de sus derechos reconocidos en el artículo 19 N° 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente es trabajador de la Empresa de Construcción y Servicios a la Minería Guillermo Riveros Flores EIRL, en que mantiene el cargo de Jefe de Calidad desde octubre de 2019; indica que su empleador se encuentra obligado al pago de sus remuneraciones por la suma de $1.539.146.-. Menciona que en su liquidación de sueldo de octubre de 2019, apareció un descuento bajo la nomenclatura “Préstamo de Caja” por la suma de $108.794.- Refiere que al consultar por dicho descuento, se le indicó que se producía porque la empresa recibía mes a mes instrucciones por parte de C.C.A.F. Los Andes, en el sentido de indicarle mediante una nómina mensual de retenciones, a qué trabajadores debían efectuarse descuentos por préstamos a Cajas de Compensación. Añade que se le informó que el descuento es efectuado por C.C.A.F. los Andes, por instrucciones y para Caja de Compensación La Araucana lo que justificaba la retención y remisión mensual de los dineros.

Señala que aproximadamente el año 2007, el Sr. nombre reservado trabajó para la empresa Consorcio Eleccon Multitecno, afiliada a la Caja de Compensación La Araucana, entidad a la que solicitó un crédito de consumo de aproximadamente $2.500.000.- colocándose dicho crédito a su disposición en septiembre de 2007, operación de crédito bajo el ID de contrato N°013000267887. Agrega que dicha deuda fue pagada mediante descuentos remuneracionales hasta enero del 2010, fecha en que dejó de prestar servicios para Eleccon, empresa que luego de 2 meses de su despido cayó en insolvencia y en consecuente quiebra, motivo por el cual se le informó que al efectuarse la liquidación, los saldos por concepto de créditos de consumo serían pagados directamente por el liquidador a la Caja a la que se encontraba afiliada.

Expone que recurridas efectúan descuentos que no han sido informados y que corresponden a una deuda que, en todo caso, se halla prescrita, sin perjuicio que nunca se ha notificado al recurrente de acción judicial tendiente al cobro de la deuda ni menos se le ha notificado de alguna demanda.

Agrega que la Caja de Compensación que retiene de la liquidación la suma indicada, es la Caja de Compensación Los Andes, entidad de la cual el recurrente jamás ha suscrito un contrato de afiliación, hecho que da cuenta de un eventual delito de apropiación indebida de remuneraciones.

Indica que la Caja de Compensación La Araucana ha instruido a Caja de Compensación Los Andes la práctica de descuentos por planilla, ésta a su vez ha comunicado al empleador dicho descuento y éste ha procedido a efectuarlo.

Alega que se han vulnerado las garantías constitucionales aludidas, toda vez que sin fundamento legal se ha puesto al recurrente en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación con todos los otros deudores civiles, pues a aquellos para obtener el pago de un crédito se les debe demandar, cuestión que las recurridas han obviado presuntamente amparadas en una norma de la Ley de Cajas de Compensación, con la finalidad de proceder al cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de una eventual deuda que se hallaría prescrita. Asimismo, alega que existe una vulneración del derecho de propiedad y libertad contractual, pues se ha vinculado al recurrente ilegalmente con una Caja de Compensación a la que nunca ha pertenecido y a otra a la que no pertenece hace más de 10 años, siendo el único contrato que existe en la actualidad uno de orden laboral con su empleador actual, no siendo procedente el descuento por planilla realizado por su empleador.

Añade que este proceder no aparece revestido de la necesaria racionalidad y fundamento, pues ni siquiera se ha informado ni menos acreditado frente a su parte, los antecedentes judiciales formales que puedan sostener un descuento de una deuda de hace más de 9 años.

Pide se ordene a las recurridas el reintegro y devolución de las sumas descontadas de las remuneraciones del recurrente, desde octubre de 2019 hasta la resolución de la presente acción, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta la devolución, asimismo, se ordene se abstengan de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte de Empresa De Construcción y Servicios a La Minería Guillermo Riveros Flores EIRL, o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro, o por cualquier otro organismo público o privado, cualquier descuento injustificado en las remuneraciones del recurrente, con costas. Acompaña documentos fundantes.

Evacúa informe don nombre reservado, abogado, por Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, quien expone que a través del proceso integrado de recaudación de deuda pendiente, denominado "Proyecto Intercajas", Caja de Compensación La Araucana solicitó a su representada la gestión de descuentos en la remuneración del afiliado Sr. nombre reservado en lo que respecta al crédito código 013000267887, otorgado en la referida institución; añade que por ello, a través de las nóminas de retenciones del crédito social correspondientes a diciembre de 2018, octubre, noviembre y diciembre de 2019, se informó al empleador del Sr. nombre reservado, un descuento por un valor de $108.794.-, $108.794.-, $102.215.- y $108.794.- respectivamente, montos que luego son remesados a La Araucana.

Alude al carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación, mencionando que en sus inicios las Cajas de Compensación tuvieron por objeto compensar asignaciones pagadas por los empleadores con las cotizaciones previsionales que los trabajadores debía enterar, luego, cita los artículos 19, 21 y 22 de la Ley N° 18.833; menciona que la entidad mediante el procedimiento de descuentos ha ejercido los derechos que la propia ley y los acuerdos establecen.

Añade que a fin de cautelar el fondo social de las C.C.A.F., a partir del año 2010, la Superintendencia de Seguridad Social ha impartido instrucciones a las Cajas de Compensación relativas a la implementación de un sistema de información sobre colocaciones de crédito social, vigentes y morosas, implementando una Central de Riesgo Financiero de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar. Indica que el referido proyecto, tiene por objeto que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso o vigente.

Señala que Caja Los Andes, a requerimiento de Caja de Compensación La Araucana, como diputada para efectuar el cobro y recibir el pago del Crédito Social otorgado al Sr. nombre reservado, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del artículo 22 de la Ley N° 18.833. Agrega, que el pago de esta cuota de crédito social descontada a la recurrente extingue parcialmente el crédito con la Caja acreedora y libera a la deudora hasta concurrencia de dicho pago, por efecto del artículo 22 inciso 2 de la Ley N° 18.833, porque se hace a la persona diputada para el cobro y su intervención es por vía de simple representación.

Menciona que no es efectivo que se vulneren garantías constitucionales, debido a que no ha habido un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que lo autoriza, no requiriéndose sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social desde que las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación. Añade que mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción debe accionar para conseguir tal declaración.

Pide tener por evacuado el informe solicitado y rechazar el recurso de protección. Acompaña documentos fundantes.

Evacúa informe doña nombre reservado, abogada, por la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, quien señala que conforme la Ley N° 18.833 las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social instituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo único objeto es la administración de prestaciones de seguridad social; agrega que estas instituciones pueden establecer y administrar, respecto de sus trabajadores y pensionados afiliados, los regímenes de crédito social, de prestaciones adicionales y de prestaciones complementarias, para lo anterior deben formar un fondo social, compuesto por los recursos que indica; agrega que para cautelar el fondo social, la Superintendencia de Seguridad Social, en uso de sus facultades fiscalizadoras, ha impartido instrucciones a las Cajas de Compensación, a través de Circulares relativas al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan de las remuneraciones de los afiliados contenido en Circular N° 2.052 del año 2003, menciona que en este contexto, el 15 de abril de 2013 las C.C.A.F celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios denominado Proyecto Intercajas de C.C.A.F, cuyo objeto es que la Caja acreedora de un crédito social, pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso.

Luego de citar el artículo 22 de la Ley N° 18.833, indica que el 26 de octubre de 2007 el recurrente solicitó el crédito social folio N°013-000267887, por la suma de $3.479.809.- pesos, pactado en 47 cuotas mensuales, cada una por $108.794.- pesos, a descontar a partir de diciembre de 2007. Menciona que se pagó desde la cuota N° 1 a la N° 9 inclusive, a través de descuentos en su liquidación de remuneraciones por parte de su entidad empleadora Consorcio Eleccon Multitecno, no recibiendo La Araucana C.C.A.F más pagos por dicho concepto, a pesar de enviar las respectivas nóminas de descuento, figurando el recurrente a partir de la cuota N°10 como moroso, hasta que en febrero de 2013 se recibe un pago masivo con lo que se procedió a pagar desde la cuota N° 10 a la cuota N° 18 inclusive. Expone que posteriormente atendida la mora en el pago, se procede a enviar la información vía sistema intercajas, hasta que en mayo de 2017, es posible ubicarlo por estar trabajando en una empresa afiliada a la C.C.A.F. Los Andes, enviando la nómina de descuento a su empleador, recibiendo los respectivos descuentos desde junio de 2017 a enero 2018, lo que sirvió para pagar desde la cuota N° 19 a N° 26 inclusive, no recibiendo más pagos por dicho concepto, volviendo a figurar el crédito en mora hasta enero de 2019 en que se recibe una nueva remesa en virtud del sistema referido, por parte de Los Andes C.C.A.F., que sirvió para pagar la cuota N° 27 y finalmente dos remesas a través del mismo sistema y Caja de Compensación correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2019 que permitieron el pago de las cuotas N° 28 y N° 29. Existiendo a la fecha 18 cuotas impagas, indicando que los descuentos, se han practicado en virtud de la normativa indicada.

Añade que las deudas de crédito social, conforme describió, constituyen obligaciones que -de acuerdo al artículo 22 inciso 1° de la Ley N° 18.833, artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N° 91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, artículo 22 inciso 1° de la Ley N° 17.322 y Circular N° 2052 del año 2003 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, relativa al régimen de crédito social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las remuneraciones de los trabajadores afiliados y las cláusulas del contrato y pagaré transcritas-, deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores, por ende el nuevo empleador tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar a la Caja de Compensación las sumas que su trabajador adeude por crédito social sin requerir la autorización previa del deudor.

Pide tener por evacuado el informe requerido, rechazando la acción de protección interpuesta. Acompaña documentos fundantes.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

SEGUNDO: Que la acción cautelar deducida por el recurrente se fundamenta en la vulneración de sus garantías constitucionales reconocidas en el artículo 19 N° 3, 16 y 24 de la Constitución Política, producidas con ocasión del descuento reclamado en su remuneración mensual.

TERCERO: Que atendido el mérito de autos, confrontado al artículo 22 de la Ley 18.833, no aparece que en la especie, se hubiere incurrido en una conducta ilegal o arbitraria en contra de los derechos del protegido, sino que lo realizado obedece al ejercicio de las facultades legales conferidas a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar en razón de su objeto.

Por otro lado, se aprecia que el comportamiento reclamado resulta suficientemente justificado en razón del crédito que el recurrente habría adquirido, de suerte que las alegaciones relativas a la supuesta falta de oportunidad para su cobro, exceden el ámbito de aplicación de la acción de autos, encontrándose su marco dado por la discusión sobre la eventual prescripción de la acción de la respectiva obligación, asunto que en razón de su naturaleza, escapa de las materias que pudieren ser revisadas en el marco de la acción constitucional de protección, especialmente porque el recurrente, mediante los descuentos respectivos que en su oportunidad aceptó, pagó cuotas del crédito en los años 2013, 2017 y 2018.

CUARTO: En consecuencia, no se aprecia la ocurrencia de alguna conducta que ilegal o arbitrariamente atente en contra de los derechos del recurrente, motivos por los cuales la acción intentada será desestimada.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección presentado en favor de don nombre reservado, ya individualizado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N° 1018-2019 Protección.

1