Protección contra Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Iquique, trece de diciembre de dos mil diecinueve.

Proveyendo al 3° otrosí del escrito de Folio 1, numeral 1), no ha lugar por innecesario. En cuanto al numeral 2), estese a lo que se resolverá.

VISTO:

Comparece doña nombre reservado, abogada, por don nombre reservado, por quien deduce acción constitucional de protección en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Intendencia de Tarapacá, Carabineros de Chile, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y en contra de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Indica que don nombre reservado, de 23 años, trabaja como maestro constructor independiente y el martes 12 noviembre de 2019, alrededor de las 15:00 horas participaba en una manifestación, en el sector del Supermercado Jumbo de Iquique. Añade que luego del arribo de un grupo de Carabineros al lugar, sin mediar advertencia, este grupo abrió paso a un oficial que comenzó a disparar a mansalva y directamente a la cara de los manifestantes, producto de la sorpresa, su representado sin capacidad de resguardo recibió el impacto de proyectiles a menos de 10 metros de distancia, dos balines impactaron con su ojo derecho incrustándose uno de ellos por la parte inferior del parpado, además de recibir otro en la pierna derecha y otro en su espalda. Menciona que luego del impacto y hemorragia, por sus propios medios se trasladó al Hospital de Iquique, recibió atención primaria y diagnostican impacto ocular, sin embargo, por la falta de recursos especializados no tuvo opción al tratamiento adecuado de manera oportuna, debiendo costear particularmente sus medicamentos no pudiéndose extraer el balín de su ojo.

Indica que con el paso de los días, los proyectiles se fueron insertando cada vez más, expone que el 15 de noviembre fue trasladado a la UTO del Hospital el Salvador, donde se determinó que la operación respectiva se realizaría el domingo 17 del mismo mes.

Expone que actualmente su representado y su pareja se encuentran en Santiago, pagando una casa de acogida para ser tratado en la UTO del Hospital Salvador, sin ningún tipo de ayuda estatal, además, se vieron en la obligación de pagar a una persona para cuidar a su hijo y la casa que comparten. En este sentido, señala que no ha existido ningún tipo de apoyo de organismos mandatados en la promoción de derechos humanos, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos, constituyendo una absoluta omisión ilegal y arbitraria.

Refiere que de lo descrito, es posible constatar un actuar policial totalmente desapegado de la legalidad y los reglamentos, que vulneraron los derechos de su representado y de la mayoría de las personas que se manifiestan de manera pacífica, por cuanto Carabineros le disparó de manera horizontal en dirección a su rostro, a pocos metros de distancia, de manera ilegal e injustificada.

Menciona que de lo expuesto se concluye que en el caso concreto ha existido violación de la garantía consagrada en los artículos 19 N° 1, 2 y 13 de la Carta Fundamental, así como del 5° inciso 2° de la Constitución en conexión con los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los artículos 1, 2, 6, 7, 9, 14 y demás pertinentes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 1, 2, 4 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Añade que la protesta social es una expresión del derecho a voz y reunión, garantizado constitucionalmente y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; agrega que la Carta Magna en su artículo 19 prevé las siguientes garantías protegidas por este recurso y que se encuentran afectadas arbitrariamente, derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, libertad de conciencia y expresión de las creencias, libertad de emitir opinión, derecho de reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas, derecho a presentar peticiones a la autoridad y derecho de asociarse sin permiso previo.

Alude a la Circular N° 1832, de 1 de marzo de 2019, indicando que entre sus normas existe un cuadro 1 Modelo para el uso de la fuerza policial de Carabineros, el que habilita el uso de armas no letales, cuando se verifique intento de lesionar al Carabinero para resistir el control o evadirlo. Ante ello señala que en este caso, no existen denuncias de Carabineros sobre intento de lesionar a Carabineros. Se refiere al principio de proporcionalidad, indicando que conlleva que el uso de la fuerza tiene como límite que no puede infligir más daño, que aquel que se pretende evitar con su empleo. Desde esta perspectiva, no ve qué tipo de proporcionalidad podría justificar la necesidad de disparar en los ojos a tanta gente, o en sus cabezas, poniendo en grave peligro funciones tan vitales como la visión.

Pide, en síntesis, acoger el recurso, restableciéndose el imperio del derecho y se ordene al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Intendencia de Tarapacá, y Carabineros de Chile, abstenerse de continuar y reiterar la vulneración a los derechos fundamentales, ordenando que deben apegarse de manera estricta a los protocolos de uso de la fuerza pública, absteniéndose de disparar en contra de sus representados a corta distancia, de manera horizontal en dirección a uno de sus ojos, independiente del proyectil utilizado. En el caso de Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se declare que la omisión en orden a dar instrucciones a Carabineros que se apeguen a los protocolos y cesen los ataques a la parte superior del cuerpo es ilegal y arbitraria. Respecto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos, se ordene restablecer el imperio del derecho, declarando que la omisión en orden a tomar medidas concretas para la promoción de los derechos de su representado, constituye una omisión ilegal y arbitraria, con costas. Acompaña documentos para sostener sus alegaciones.

Evacua informe por la Intendencia Regional de Tarapacá, don nombre reservado, Abogado Jefe (S), quien expone que conforme lo narrado en el recurso no hay una referencia expresa a una conducta atribuida a su representada que prive, perturbe o amenace los derechos constitucionales estimados como vulnerados por parte del recurrente y que puedan ser remediadas a través de esta vía cautelar.

Señala que de acuerdo al artículo 1 de la Ley 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, el gobierno interior de cada región reside en el Intendente, a su vez menciona, que su representada cuenta con facultades y competencia en lo relativo a la mantención del orden público en el territorio regional de Tarapacá, ejercidas mediante el cumplimiento de sus compromisos.

Añade que en marzo de 2019, se publicaron en el Diario Oficial dos instrumentos dictados por Carabineros en cumplimiento de lo instruido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a saber, la Circular N° 1.832 y la Orden General N° 2.635, que aprueba los nuevos Protocolos de intervención para el mantenimiento del orden público, donde en síntesis, se contienen las disposiciones que permiten, regulan y precisan las condiciones de utilización de diversos elementos disuasivos y medios de fuerza que Carabineros está autorizado a utilizar, en una lógica de progresividad, necesidad y proporcionalidad.

Precisa que las contravenciones que puedan materializarse en relación con la normativa expuesta, comprometen la responsabilidad del funcionario que incurre en tal conducta.

Pide se rechace el recurso de protección de autos.

Evacua informe por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, don nombre reservado, abogado, quien señala que no se identifica acción u omisión ilegal o arbitraria alguna por parte de su representada, que prive, perturbe o amenace los derechos constitucionales estimados como vulnerados por la recurrente y que pueda ser remediada a través de esta acción constitucional. Agrega que se cuenta con facultades y competencia en lo relativo a la mantención del orden público en el territorio nacional, las que se han ejercido cumpliendo sus compromisos en la materia.

Indica que la situación expuesta y denunciada en la acción de protección, puede llegar a enmarcarse dentro de la responsabilidad que le cabe personalmente a cada uno de los funcionarios que incurre en estos hechos, pero de ninguna manera el Ministro del Interior y Seguridad Pública, es responsable de alguna conducta ejercida de forma personal por un funcionario de Carabineros en el ejercicio de sus labores operativas relativas a garantizar y mantener el orden público y la seguridad interior en todo el territorio de la República.

Añade que existen instrumentos normativos idóneos para abordar la pretensión de la recurrente, citando al efecto diversos fallos; agrega en cuanto a la falta de oportunidad del recurso, que el pasado 19 de noviembre, el General Director de Carabineros de Chile, don nombre reservado, comunicó que el uso de escopeta antidisturbios con munición no letal se suspendió como herramienta antidisturbios, y en consecuencia, sólo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte.

Agrega que la acción debe ser rechazada además, por no haberse acreditado cómo se afectan los derechos constitucionales invocados por la recurrente, no haciéndose tampoco una referencia a la relación de causalidad entre los hechos relatados y el actuar de esta Secretaría de Estado.

Pide el rechazo del recurso, con costas. Acompaña documentos para sostener sus alegaciones.

Evacua informe don nombre reservado, General de Carabineros, Jefe de Zona Tarapacá, quien señala que dentro de las obligaciones de Carabineros, está el resguardo del orden público, citando el artículo 101 de la Constitución Política y artículo 1 de la Ley N° 18.961. Menciona que para garantizar y mantener el orden público, se desarrollan acciones preventivas y otras de mayor intensidad para restablecerlo cuando ha sido quebrantado, en este último caso dependiendo de las circunstancias se utiliza la fuerza necesaria en la forma y con los elementos que señalan el D.S. 1.364 de 2018, Circular N° 1.832 del año 2019 y la Orden General N° 2.635 del año 2019.

Indica que la Orden General N° 2.635, que contiene el protocolo para el mantenimiento del orden público, se estructura en base a cuatro escenarios, a) resguardo del derecho de manifestación; b) restablecimiento del orden público; c) desalojos y d) procedimiento con infractores de ley. Añade que el empleo diferenciado de la fuerza y gradualidad de la intervención, depende del tipo de manifestación conforme a su violencia o agresividad, y del mayor o menor nivel de riesgo que exista para los manifestantes pacíficos y para el personal policial.

Indica que los elementos que pueden emplearse para el control del orden público son el diálogo, el bastón de servicio, el cañón de agua, los gases lacrimógenos, la escopeta antidisturbios y las armas de fuego. Precisa en cuanto al uso de la escopeta antidisturbios, que procede cuando los demás mecanismos han sido insuficientes para controlar el orden público y cuando esté en riesgo la integridad física de transeúntes, manifestantes y Carabineros.

Añade que la Institución está actualizando el protocolo de mantenimiento del orden público, ordenando a su personal, y que la escopeta antidisturbios sólo puede ser usada ante muchedumbres agresivas y violentas, en el ejercicio de la legítima defensa del personal, ante agresiones que ponen en peligro su integridad, además, en ese caso, el funcionario autorizado para operarla portará una cámara que grabará la forma como fue empleada, lo que permitirá determinar, en caso de ser procedente, si su actuación se ajustó a las reglas que se han fijado sobre la materia.

Pide rechazar el presente recurso de protección, con costas.

Evacua informe por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, don nombre reservado, abogado, Subsecretario de Justicia, y por la Subsecretaria de Derechos Humanos, doña Lorena Recabarren Silva, abogada, Subsecretaria de Derechos Humanos, quienes señalan que la recurrente no especifica qué tipo de medidas precisas y específicas son requeridas para el restablecimiento del imperio del derecho, no pidiendo nada en concreto En cuanto a las omisiones imputadas a su parte, menciona que la recurrente no señala qué tipo de apoyo es el que a su juicio, debería haber prestado el Ministerio y la Subsecretaría en cumplimiento de sus obligaciones legales; refiere al efecto que tanto el Ministerio como la Subsecretaría desde el comienzo del gobierno y especialmente, desde que se desencadenó la crisis social han cumplido a cabalidad y a través de actuaciones concretas su obligación de prevención y promoción de los derechos humanos. Agrega que las funciones que tiene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en relación con los derechos humanos, son de carácter esencialmente promocional de los derechos tanto en el ámbito normativo, políticas públicas, capacitación de funcionarios públicos, relaciones con la sociedad civil, y fomento de los derechos humanos, según lo contenido en la Ley orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Refieren en cuanto al cumplimiento de las funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre en el país, que ha cumplido con sus obligaciones legales ejerciendo la facultad de coordinación buscando dar cuenta de tres propósitos específicos: 1) Resguardar y promover el respeto por los derechos humanos y asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones garantes de los mismos, a través de procurar la mayor y mejor coordinación interinstitucional; 2) Promover total transparencia de las actuaciones en que participen instituciones públicas, fomentar el acceso a la información a todos los organismos incumbentes, y brindar cooperación y apoyo a las instituciones fiscalizadoras en materia de derechos humanos, nacionales e internacionales; y 3) Contribuir tanto con las Fuerzas de Orden y Seguridad como con las Fuerzas Armadas, en el reforzamiento de su deber de resguardo de los derechos humanos de toda la población. Agrega un conjunto de acciones que ha llevado a cabo tras los sucesos del 18 de octubre, en relación con lo señalado.

Piden tener por evacuado el informe requerido, y por los fundamentos expuestos, se sirva rechazarlo en todas sus partes. Acompañan documentos para sostener sus alegaciones.

Por resolución de 21 de noviembre de 2019, se dio lugar a solicitud contenida en el numeral 3 del tercer otrosí del recurso de protección presentado. Ante ello, en la respuesta respectiva se indicó, en síntesis que, don nombre reservado, según el informe de 3 de diciembre de 2019, suscrito por don nombre reservado en su calidad de Jefe de la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador, ingresó a dicha unidad el 15 de noviembre de 2019, se le indicaron antibióticos, analgésicos y antinflamatorios y ordenó una tomografía axial computarizada de órbita izquierda, fue hospitalizado con el diagnóstico de cuerpo extraño orbitario izquierdo, retinopatía traumática y desprendimiento de retina severo secundario; además se indica que fue intervenido el 18 de noviembre de 2019, mediante peritomía de 180 grados nasales. Reinserción de músculo recto, medio e inferior y extracción de cuerpo extraño tipo balín de goma del espacio retro ocular. Agregándose que al presentar una mejor respuesta clínica y cediendo las manifestaciones inflamatorias, fue dado de alta el 25 de noviembre de 2019, presentando una franca mejora de su celulitis orbitraria, hemorragia vítrea en reabsorción, al igual que su desprendimiento de retina; añadiéndose que actualmente tiene indicaciones de tratamiento de antibióticos y antinflamatorios tópico a control.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Se colige que se reclama en síntesis, que Carabineros habría utilizado en las manifestaciones ocurridas en Iquique el 12 de noviembre pasado, con infracción a la regulación pertinente, métodos disuasivos relativos principalmente al uso de escopeta antidisturbios, conducta que habría ocasionado lesiones en el protegido, particularmente el impacto de balines, uno de ellos por la parte inferior del parpado, además de recibir otro en la pierna derecha y otro en su espalda.

TERCERO: Para abordar la cuestión de autos, resulta útil tener presente que el Decreto N° 1364 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado el 4 de diciembre de 2018, sobre disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, prevé lineamientos generales para ello, los que deben ser observados por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, en que se indica, que Carabineros de Chile dentro del plazo de 90 días corridos, contados desde la publicación del presente decreto, deberá revisar y actualizar la Orden General N° 2.287 de 2014 de Carabineros de Chile que aprueba la actualización de Protocolos de Intervención del Orden Público; la circular N° 1.756 de 2013, de Carabineros de Chile, que imparte instrucciones sobre el uso de la fuerza, con el objeto de verificar que dicha normativa interna de cumplimiento de los lineamientos generales establecidos en el artículo anterior.

Por otro lado, según la Orden General N° 2.635, de 1 de marzo de 2019, suscrita por don nombre reservado, General Director de Carabineros de Chile, se trata sobre diversas materias y protocolos, que en lo pertinente, versan sobre el resguardo del derecho de manifestación, restablecimiento del orden público (en intervención en manifestaciones lícitas con autorización, manifestaciones lícitas sin autorización, manifestaciones ilícitas violentas, manifestaciones ilícitas agresivas), a su vez se trata sobre el restablecimiento del orden público y trabajo del vehículo lanza aguas, trabajo de vehículo táctico de reacción, empleo de disuasivos químicos, empleo de escopeta antidisturbios (munición no letal) y empleos de armas de fuego. En relación al empleo de disuasivos químicos, se indica en el N° 1 respectivo, que deberán existir alteraciones al orden público que se encuentren en el nivel 4 del cuadro de uso de la fuerza para Carabineros de Chile, donde se autoriza el uso de armas no letales, además se señala que para su utilización se deberá tener presente el espacio físico donde se va a hacer uso de gas (espacio abierto, cerrado, dirección de viento, etc.), añadiéndose que en caso que se trate de un lugar cerrado, deberá procurarse la existencia de una vía que permita a los manifestantes salir de éste. Por otro lado se indica en el N° 6 que de acuerdo a la actitud de los manifestantes se hará uso gradual de los gases con el fin de conseguir el objetivo visual y psicológico definido. En relación al empleo de escopeta antidisturbios (munición no letal), se indica en el N° 1 respectivo, que el empleo de la escopeta antidisturbios deberá ser consecuencia de una aplicación necesaria, legal, proporcional y progresiva de los medios cuando el efecto de otros elementos tales como agua, humo, gases y otros resulten insuficientes o el nivel de agresividad haga aconsejable su utilización para evitar un mal mayor en donde esté en riesgo la integridad física de los transeúntes, manifestantes o Carabineros, agregándose que conforme la Circular N° 1832 de fecha 1 de marzo del año 2019, el uso de la escopeta antidisturbios corresponde a los niveles 4 y 5 “Agresión Activa” y “Agresión Activa Potencialmente Letal”, la cual tiene directa relación con el uso de la fuerza autorizada, además en el N° 2 respectivo se indica que el usuario debidamente calificado, quien deberá contar con la correspondiente certificación al día, verificará que el tipo de cartuchos a utilizar sean los que correspondan para el uso antidisturbios, tanto en la parte legal como reglamentaria, debiendo tener tipos de munición no legal, tales como perdigones de goma, super-sock, añadiéndose que será él quien deberá utilizar, manipular, cargar y descargar dicho armamento, a su vez en el N° 3 se señala que se deberá considerar en todo momento por parte del usuario aspectos como la distancia entre el tirador y la muchedumbre, las características del lugar (abiertos, cerrados, pasajes, calles, etc.) o si en la muchedumbre se encuentran participando niños, niñas o adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con capacidades diferentes o con notorios problemas de salud, lo anterior con la finalidad de evaluar el tipo de munición a utilizar o la conveniencia de su uso.

CUARTO: La acción intentada será desestimada, desde que si bien de los antecedentes se aprecia la ocurrencia de un hecho que importa una afectación a la vida e integridad del protegido, la conducta reprochada excede, en sus consecuencias jurídicas, las medidas que por la vía cautelar de protección podrían dictaminarse.

Lo anterior, dado que resultaría inoficioso ordenar a los recurridos el cumplimiento irrestricto de los protocolos y normativa pertinente, desde que por su sólo carácter éstos ya resultan vinculantes para sus destinatarios, apareciendo entonces que un dictamen en el sentido pretendido, carecería de sustancialidad material. En otras palabras, se espera del destinatario de la norma, que la acate, y su inobservancia generará –sustanciados los procedimientos pertinentes- las consecuencias respectivas, sin que sea necesario, para restablecer la vigencia del precepto de que se trate, que un dictamen judicial lo reafirme de manera preventiva.

En consecuencia, se evidencia que el instituto activado resulta impertinente a la pretensión de los recurrentes, desde que el mismo, atendido su carácter cautelar, urgente, breve y sumario, junto con resultar inadecuado a la pretensión de autos, no es el idóneo para establecer las circunstancias precisas y determinadas respectivas, debiéndose en consecuencia acudir a las vías idóneas y pertinentes que permitan el esclarecimiento de los hechos que corresponda.

QUINTO: Por otro lado, se deduce de lo informado, que parte de la pretensión del recurrente se ha cubierto, desde el momento en que se indica en el informe respectivo que Carabineros se encuentra actualizando el protocolo de mantenimiento del orden público, ordenando a su personal, y que la escopeta antidisturbios sólo puede ser usada ante muchedumbres agresivas y violentas, en el ejercicio de la legítima defensa del personal ante agresiones que ponen en peligro su integridad, además, en ese caso, el funcionario autorizado para operar este elemento disuasivo portará una cámara que grabará la forma como fue empleada, lo que permitirá determinar, en caso de ser procedente, si su actuación se ajustó a las reglas que se han fijado sobre la materia. Así, se aprecia que en la especie la recurrida ha adoptado políticas de funcionamiento acordes con los parámetros de proporcionalidad, necesidad y progresividad.

SEXTO: Por último, si de perseguir las eventuales responsabilidades penales o de otra naturaleza en que pudieron haber incurrido los funcionarios de Carabineros el día de los hechos señalados tal persecución debe efectuarse en los procedimientos pertinentes, no en sede cautelar, motivos por los cuales el recurso no puede prosperar.

Junto a lo anterior, de la respuesta del Hospital del Salvador se aprecia que el protegido ha recibido la atención médica respectiva, de lo cual se advierte que se ha velado en este sentido por su integridad; sin embargo, apareciendo que recibió las lesiones en la oportunidad y fecha señaladas, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público, tal como lo ordena el artículo 175 del Código Procesal Penal.

Y visto además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA la acción constitucional de protección presentada.

Sin perjuicio, atendido lo consignado en el acápite final del fundamento sexto, remítanse copia de estos antecedentes al Ministerio Público, por la vía más expedita, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 175 del Código Procesal Penal.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol Corte N° 1001-2019 Protección.

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