Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Provida S

Iquique, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, quien recurre de protección, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., domiciliada en domicilio reservado, y en domicilio reservado, representada legalmente por su Gerente General don nombre reservado – Esquide nombre reservado, ambos del mismo domicilio, por atentar en contra de los derechos garantizados en el artículo 19 N°s 2, 18 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrida de la cual es afiliado, ha incumplido una resolución del Tribunal de Iquique que ordena el pago del saldo de su primer retiro del 10% de sus fondos previsionales autorizados mediante la disposición constitucional trigésimo novena.

Explica que la madre de sus hijos solicitó la medida de retención de fondos previsionales por concepto de deuda alimenticia ya que existía un saldo pendiente en su contra, ascendente a la suma de $81.734.- por concepto de reajustes, pues su parte cumple todos los meses con su deuda alimenticia, sin embargo, de esos reajustes no tenía conocimiento.

Precisa que se retuvo la suma de $1.003.392.-, ante lo cual solicitó al Tribunal de Familia de Iquique que se le pagara a la alimentaria la deuda correspondiente y que se le pagara el saldo que asciende a $921.658.- a lo que dicho tribunal accedió en resolución de 2 de noviembre del 2020, otorgando un plazo de 3 días a la AFP para que su cumplimiento, lo cual la AFP no ha hecho aún, cuestión que no sólo constituye un desacato de una resolución judicial, sino también la primera infracción constitucional por omisión en su contra por la recurrida. Manifiesta que por lo anterior, nuevamente el Tribunal de Familia de Iquique, mediante resolución de 23 de diciembre del año 2020, ordenó a la AFP cumplir su resolución de 2 de noviembre de 2020, bajo apercibimiento del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, señalando un plazo de 10 días para que se dé cumplimiento, lo cual –reclama- la AFP tampoco ha hecho a la fecha.

Sostiene que conforme la Ley N° 21.295, he ejercido su derecho de retiro del segundo 10% de sus fondos previsionales que tiene en su AFP, sin embargo, cuestiona que la AFP se niega a pagar, fundado en que aún no le ha pagado el primer retiro, lo cual –reclama- es absolutamente arbitrario, ilegal y hasta inmoral, pues no sólo vulnera su derecho de propiedad, sino que también su respuesta lo humilla y ofende su inteligencia, como si tuviera que mendigar dinero de su propiedad. Añade que las omisiones reclamadas además, lo privan de la garantía de igualdad ante la ley conforme expone. Además, adiciona que se afecta su derecho a la seguridad social según relata.

Arguye en cuanto al derecho las normas constitucionales en la forma que refiere; alude en cuanto a la procedencia de la acción de protección; se refiere a la primera omisión reclamada según expone; destaca que ha asistido a la sucursal de su AFP muchas veces a solicitar su retiro y el pago a su alimentaria, pero reclama que se han negado, dando excusas ilógicas, irreales, atentando contra su inteligencia y conciencia que tiene sobre sus derechos, haciéndolo sentir humillado. Detalla en cuanto a la segunda omisión reclamada, que la solicitud de retiro se realizó el 10 de diciembre, encontrándose el plazo para el pago cumplido, sin embargo, la AFP se excusa en que existe retención por deudas alimenticias, lo que carece de veracidad.

Pide se condene a la AFP Provida a lo siguiente: 1.- que cumpla la resolución del Tribunal de Familia de Iquique de 23 de diciembre de 2020, en causa rol Z-973-2014, en el sentido de pagar a su alimentaria la suma de $81.734.- y pagarle a él, el saldo de lo que resta de su primer retiro del 10%, es decir, la suma de $921.658.-; 2.- que le pague íntegramente la solicitud correspondiente al segundo retiro del 10% de sus fondos previsionales; 3.- que la AFP Provida le pague una justa y ejemplificadora condena en costas por todo lo que ha gastado intentando cobrar y asesorándose jurídicamente, con el dinero que no tiene, o lo que se ordene conforme a derecho. Acompaña documentos.

Por resolución de uno de marzo de dos mil veintiuno, en lo pertinente, se pidió informe al Juzgado de Familia de Iquique, para que informe al tenor del recurso de protección interpuesto.

Por resolución de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se impone multa de 2 Unidades Tributarias Mensuales a beneficio fiscal, al Sr. nombre reservado, Gerente General de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. A su vez, se prescindió del informe de la recurrida.

Informa don nombre reservado, Juez Presidente del Tribunal de Familia de Iquique, informa en cuanto a la causa RIT Z-973-2014, que en dichos autos de cumplimiento del pago de alimentos devengados y no pagados son parte como alimentante don nombre reservado, RUT RUT reservado y como alimentaria doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ésta última en representación legal de sus hijos.

Detalla en cuanto al primer retiro 10% AFP, que en lo pertinente, el 7 de agosto de 2020, doña nombre reservado, solicita la retención de los fondos AFP del alimentante conforme la ley 21.248. Así, con esa misma fecha se otorga la correspondiente medida cautelar real de conformidad a los modelos estandarizados del Sistema de Tramitación de los Juzgados de Familia (SITFA), la que fuere notificada a la AFP mediante el Sistema Interconectado Previred. Precisa que si bien esta retención fue solicitada en la causa C- 1027-2017 esta se digitalizó en la causa “Z” de cumplimiento que se informa con el 10 de agosto de 2020. Refiere que el 4 de septiembre de 2020, se efectúa liquidación de la deuda por alimentos devengados y no pagados por un total de $81.734, siendo notificada la resolución que ordena poner en conocimiento esta liquidación por cedula al alimentante el 8 de octubre de 2020, la que no fue objetada.

Precisa que el 20 de octubre de 2020, el alimentante se allana a la liquidación, solicita el alzamiento de la medida cautelar por lo desproporcionado de la medida, luego, en subsidio, propone que lo adeudado se pague de los retenido y del saldo se le haga pago a él.

Alude que el 2 de noviembre de 2020, se ordena por resolución el pago por la suma de $81.734 ordenando que el saldo sea devuelto al alimentante, lo cual fue debidamente notificado al alimentante.

Refiere que el 23 de diciembre de 2020, atendido el tiempo transcurrido el Juzgado de Familia de oficio pidió informe a AFP por el no pago a esa fecha y reiterando la orden de pago, bajo apercibimiento del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, esto es, multa.

Indica que el 13 de enero de 2021, la AFP informa que fue recibida la medida cautelar de retención de fondos y no retuvieron fondos a don nombre reservado, RUT RUT reservado,por la suma de $1.003.392. Añade que el 4 de febrero de 2021, se deja sin efecto la medida cautelar decretada en su oportunidad en la causa en que se solicitó originalmente, estos es, la causa C-1027-2017, ello para los efectos que opere el pago. Adiciona que el mismo 4 de febrero de 2021, se tuvo por pagada la deuda de alimentos mediante depósito de la AFP a la cuenta de alimentos de la alimentaria y se ordenó la entrega de todo saldo al recurrente.

Por resolución de nueve de marzo pasado, se pidió informe al Juzgado de Familia de Iquique para que, ampliando lo informado, verifique en el sistema, si el recurrente tiene otras deudas de pensión de alimentos en que se haya pedido la retención del 10% en cualquier otro tribunal con competencia en familia del país; comparece don nombre reservado, Juez del Juzgado de Familia de Iquique, quien amplía el informe requerido. Refiere que el alimentante don nombre reservado, RUT RUT reservado, no mantiene otras retenciones de la ley N° 21.248 o N° 21.295, lo que manifiesta se acredita mediante certificado de la señora ministro de fe del Juzgado de Familia de Iquique, que da cuenta que el alimentante no mantiene otras causas relacionadas con el pago de alimentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

SEGUNDO: Que del recurso intentado se colige, que se reclama de la omisión o tardanza de parte de la recurrida en diligenciar la solicitud correspondientes a la primera y segunda petición de devolución del 10%, requeridos por el recurrente respecto de su fondo de pensión, lo que afectaría sus derechos en la forma que expone.

TERCERO: Que habiéndose prescindido del informe de la recurrida, teniendo presente lo alegado por el protegido, así como lo informado por el Juzgado de Familia de Iquique, se advierte, que sin aparecer algún motivo que de manera plausible justifique las omisiones reclamadas, la recurrida no ha diligenciado, ni respondido los requerimientos formulados por el actor de protección, amén de no haber evacuado el informe a esta Corte, motivo por el cual hubo de sancionársele con una multa, actuación que se evidencia como ilegal y arbitraria, máxime cuando concurrió a estrados la abogada de la recurrida, doña Ana María Herrera Brummer, indicando que el incumplimiento se debía a carencia de personal y exceso de trabajo, señalando también que había demostrado el día de hoy el pago a la alimentaria, y a las consultas de la Corte, que el retiro del saldo de la primera solicitud del 10% y el pago del segundo retiro se haría próximamente.

CUARTO: Por las razones expuestas se acogerá el recurso y pese a ser absolutamente procedente la condena en costas, no se obrará de esa manera por haberse deducido la acción sin patrocinio de abogado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE la acción constitucional de protección deducida, debiendo la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A proceder a pagar el saldo correspondiente al primer retiro del 10% del fondo de pensión a su titular, nombre reservado, y la totalidad del segundo retiro del referido 10%, dentro del plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de aplicarse la sanción del numeral quince, letra c), del señalado Auto Acordado, para hacerse efectivo respecto del Sr. nombre reservado, Gerente General de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A..

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 10-2021 Protección.

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