Protección contra Ministerio de Educación

C.A. de Copiapó.

Copiapó, veintidós de septiembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

Que a folio 1, con fecha 4 de julio de 2022, comparece don nombre reservado, profesor, domiciliado en domicilio reservado, región de Atacama, quien deduce recurso de protección en contra del Ministerio de Educación, representado por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la actuación que indica, que califica de ilegal y arbitraria y que vulneraría las garantías contenidas en los numerales 11, 16 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 23 de diciembre del año 2014, fue integrado como persona natural por el Ministerio de Educación en el Registro ATE (Asistencia Técnico Pedagógica) tras postulación en la que acreditó cumplir los requisitos académicos y de solvencia para impartir asesorías, capacitación y perfeccionamiento a los establecimientos educacionales particulares subvencionadas, en el contexto de la Ley N° 20.248, de subvención escolar preferencial.

Afirma que el año 2021 fue eliminado del Registro ATE porque no cumplía con el requisito previsto en el artículo 32, letra a), N° 3, del decreto N° 235 de 2008, del Ministerio de Educación, que Aprueba el Reglamento de la ley N° 20.248, consistente en no registrar incumplimientos de obligaciones previsionales ni comerciales.

Manifiesta que nunca ha tenido obligaciones previsionales impagas, aunque posee deudas comerciales vencidas, por un total de alrededor de veintitrés millones de pesos, como consecuencia de una enfermedad de varios años de su esposa fallecida, correspondiente a gastos de diversas hospitalizaciones, medicación y atenciones especializadas.

Ante lo expuesto, debido a la imposibilidad de seguir trabajando para pagar las deudas, solicitó al Registro ATE del Ministerio de Educación que se le autorizara a operar como servidor de ATE, lo que fue rechazado.

Precisa que en contra de la decisión anterior, y atendiendo su domicilio domicilio reservado, interpuso recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena, fundado en que el requisito antes indicado vulnera derechos consagrados en la Constitución Política de la República, no se relaciona con la idoneidad académica y profesional de la persona natural que presta servicios de ATE, ni tampoco con el incumplimiento de obligaciones con el Estado.

Añade, al respecto, que dicho recurso fue rechazado en causa rol 170-2021, entendiendo dicho tribunal de alzada que el Ministerio de Educación había actuado correctamente, pero sin pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado, consistente en la inconstitucionalidad del artículo en referencia.

Precisado lo anterior, expresa que con fecha 22 de marzo de 2022, el Ministerio de Educación le informó, vía correo electrónico, que dejaba sin efecto la autorización para operar con el Registro ATE, por incumplimiento de obligaciones comerciales.

Ante ello, al día siguiente señala que envió una solicitud para seguir operando, en virtud de lo ocurrido el año anterior.

Enseguida, manifiesta que no hubo respuesta a esta última petición, por lo que con fecha 11 de abril de 2022, envió una segunda solicitud, la que fue respondida señalando que los antecedentes se harían llegar a la jefatura del Registro ATE para su respuesta.

Sin embargo, y pese a varias insistencias vía correo electrónico, no ha habido respuesta alguna hasta la presentación del recurso de protección de autos.

Enseguida, sostiene que la actuación que reprocha es ilegal y arbitraria y vulnera la libertad de enseñanza, la libertad de trabajo y su protección y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, previsto en los números 11, 16 y 21, respectivamente del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Previas citas de derecho solicita acoger la acción intentada, declarándose infringidos los derechos indicados y se le reincorpore al registro aludido.

Acompaña en un otrosí: 1) Correo del Registro ATE informando el fin de la vigencia; 2) Solicitud de renovación del mes de marzo; 3) Solicitud de renovación del mes de abril; 4) Solicitud de renovación del mes de junio; y, 5) Respuesta del Ministerio de Educación del 16 de junio.

A folio 17, con fecha 24 de agosto de 2022, comparece don nombre reservado, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, quien evacua el informe que fuera solicitado a dicho organismo.

Al respecto, señala que no existe en este caso un derecho indubitado que resulte vulnerado y que se está intentando una acción cautelar de emergencia para determinar la legalidad de los requisitos establecidos por el Decreto Exento N° 235 de 2008, del Ministerio de Educación, que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 20.248, asunto que escapa al ámbito de aplicación de la acción de protección.

Por otra parte explica que su actuar se ha ajustado al ordenamiento jurídico vigente, señalando que en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 18.956 y en los artículos 35 y 38 del Decreto Exento N°235 de 2008, se instruyó a todas las entidades ATE correspondientes a personas naturales la actualización de la documentación que presentaron al momento de su inscripción en el registro a fin de renovar su vigencia.

Precisa que el artículo 32 del Decreto Exento antes aludido exige para la inscripción “no registrar incumplimientos de obligaciones previsionales ni comerciales”, y que el artículo 34 a su turno prescribe que las personas naturales o jurídicas estarán obligadas, entre otros, a mantener actualizados los requisitos que permitieron su inscripción.

Puntualiza que el artículo 37 del mismo decreto contempla como una de las causales de eliminación del registro ATE la pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ingresar o permanecer en el registro, y que como se señala en el recurso, el actor registra deudas comerciales.

Precisado lo anterior, señala que el actor se encuentra registrado como una entidad ATE que tuvo vigencia durante todo el año 2021, con fecha de ingreso al sistema desde el 23 de diciembre de 2014.

Así las cosas, y producto de la instrucción emanada de la División de Educación General, se recibió en esta, con fecha 1 de febrero de 2021, la actualización de la documentación legal del recurrente, respecto de su Registro ATE; y, en la revisión de rigor, realizada la unidad pertinente el 5 de febrero de 2021, se verificó que el referido profesional mantiene deudas de carácter comercial, lo que implica la pérdida de uno de los requisitos necesarios para mantenerse en el registro, por lo que se objetó su postulación.

Señala que a pesar de su mantención en el Registro durante el año pasado, el profesional no subsanó las observaciones hechas para cumplir con los requisitos mencionados y así renovar su vigencia.

Seguidamente, expresa que el 23 de marzo de 2022, el recurrente envía una carta a Registro ATE solicitando que se le permita seguir operando hasta enero de 2023, ya que estima que en ese tiempo podría subsanar sus deudas comerciales y así cumplir con los requisitos, lo que reitera el 11 de abril de 2022, insistiendo que se le diera respuesta a lo antes planteado.

Se responde, según indica, que se derivaría el caso a la Jefatura, según consta en documentos adjuntos.

Posteriormente, el recurrente envío 3 correos: el 28 de abril, el 11 y 30 de mayo, todos del 2022, solicitando respuesta a su petición de prórroga para subsanar sus deudas comerciales hasta enero de 2023, a lo que se responde indicándose que el caso estaba siendo analizado por jefatura y el área jurídica de la División de Educación General.

Luego, el 07 de junio de 2022, el actor envía una tercera solicitud, donde realiza un recuento de los hechos y reitera lo señalado anteriormente.

Añade que el 16 de junio de 2022, se envía al correo electrónico del recurrente, correo reservado, el Ordinario N° 05/817, con fecha 16 de junio de 2022, de la DEG, donde se entrega respuesta formal a las solicitudes de la entidad; y, finalmente, el 05 de julio de 2022, se informa al recurrente que se encuentra tramitada la Resolución Exenta N° 2888, del 28 de junio de 2022, de la Subsecretaría de Educación, por lo cual, se procede a la eliminación de sus antecedentes del Registro ATE.

De este modo, señala que esa Cartera de Estado verificó los requisitos que contempla la normativa vigente respecto del ingreso y la permanencia en el Registro ATE, por lo que su actuar no ha sido ilegal ni arbitrario, sin que, además, se hayan infringido las garantías constitucionales indicadas por el recurrente.

Previas consideraciones de derecho solicita rechazar la acción intentada con costas.

Acompaña a su informe: 1) Correo electrónico de 22 de marzo de 2021, de la Administración Registro ATE, al señor nombre reservado, pronunciándose sobre su solicitud del 12 de marzo de 2021; 2) Correo electrónico de 16 de agosto de 2022 de Registro ATE al señor nombre reservado, comunicándole el cumplimiento de la Orden de No Innovar decretada en estos autos; 3) Oficio Ord. N° 05/000055, de 26 de enero de 2021, del Jefe de la División de Educación General, que informa sobre el proceso de actualización y renovación de entidades ATE, a entidades ATE, persona natural; 4) Oficio Ord. N° 05/000465, de 4 de mayo de 2021, de don nombre reservado, Jefe de la División de Educación General, que remite antecedentes sobre el proceso de actualización del Registro ATE de don nombre reservado; 5) Correo electrónico de 22 de marzo de 2022 de Registro ATE al señor nombre reservado, comunicándole la no renovación de su Registro ATE; 6) Carta enviada por el recurrente con fecha 23 de marzo de 2022 solicitando su extensión hasta el 23 de enero de 2023; 7) Carta enviada por el recurrente con fecha 11 de abril de 2022 reiterando su solicitud de extensión hasta el 23 de enero de 2023; 8) Correo electrónico de fecha 30 de mayo de 2022 a Registro ATE, del recurrente reiterando su solicitud; 9) Carta enviada por el recurrente con fecha 7 de junio de 2022 a Registro ATE reiterando su solicitud; 10) Oficio Ordinario N° 05/00817 de 16 de junio de 2022 donde se entrega respuesta formal a las solicitudes de la entidad; 11) Correo electrónico de 5 de julio de 2022 enviado por Registro ATE al recurrente, informándole que se encuentra tramitada la Resolución Exenta N° 2888, del 28 de junio de 2.022, de la Subsecretaría de Educación, por lo cual, se procede a la eliminación de sus antecedentes del Registro ATE; 12) Certificado de antecedentes y Declaración de Inhabilidades del recurrente; 13) Certificado de deudas comerciales del recurrente; 14) Certificado de Antecedentes Laborales y Provisionales (Deudas Laborales) F-30 del recurrente; 15) Copia de información general ingresada al Registro ATE y servicios aprobados por MINEDUC respecto del recurrente; 16) Oficio Ord. N° 05/001204 de 23 de agosto de 2022 de la Jefa de la División de Educación General que comunica cumplimiento de la Orden de No Innovar.

Finalmente, se trajeron los autos en relación y se procedió a vista de la causa el día 5 de septiembre último, compareciendo a estrados únicamente, por la parte recurrida, la señora abogada, doña Marsella Andrea Rojas Cailly, quedando la causa en estudio conforme a lo dispuesto en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales y, luego, en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°) Que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, cuyo objetivo es la adopción de medidas de carácter urgente, tendientes a salvaguardar los derechos o garantías constitucionales preexistentes, conculcados por actos u omisiones ilegales o arbitrarios.

En efecto, la Excelentísima Corte Suprema ha señalado, que si bien en virtud de la competencia conservativa que el indicado arbitrio confiere, pueden adoptarse todas las medidas que se estimen conducentes para otorgar la debida protección a quienes han visto amagados sus derechos constitucionales previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, lo cierto es que no se puede perder de vista que esta acción constituye una medida de emergencia consagrada para dar remedio pronto y eficaz a los atropellos que sufra el ciudadano en sus derechos constitucionales producto de una acción u omisión que a todas luces sea ilegal y/o arbitraria, cuestión que justifica una intervención jurisdiccional rápida que ampare suficientemente el derecho amagado, mientras se acude a la sede ordinaria o especial correspondiente, otorgando una tutela efectiva a los recurrentes.

2°) Que como es unánimemente aceptado, requiere para su procedencia, la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal y arbitraria, que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; y finalmente, que quién lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción constitucional se dirija en contra de quién ha causado la conculcación de un derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema.

3°) Que, en primer lugar, aparece importante dejar constancia que el sustrato fáctico de la acción proteccional intentada no se encuentra controvertido por la recurrida, debiendo, en consecuencia, tenerse por acreditados los siguientes hechos:

a) Que el recurrente con fecha 23 de diciembre de 2014, fue incorporado al Registro ATE (Asistencia Técnica Educativa) dependiente el Ministerio de Educación, luego de una postulación en la que demostró cumplir con los requisitos ciudadanos, de formación académica y de experiencia que lo habilitaban para prestar asesorías, capacitación y perfeccionamiento a los establecimientos educacionales del país favorecidos por la Ley SEP (Subvención Educacional Preferencial) N° 20.248 de 2008, en condición de persona natural.

b) Que durante el curso del año 2021 se advirtió por la autoridad educacional que el recurrente dejó de cumplir con uno de los requisitos para mantenerse inscrito en el Registro ATE, cual era, no tener deudas comerciales vencidas.

c) Que el recurrente ha reconocido expresamente en su acción no cumplir actualmente con el requisito que se le reprocha por parte de la recurrida.

d) Que mediante la Resolución Exenta N° 2888, de fecha 28 de junio del 2022, emanada de la Subsecretaría de Educación, se procedió a la eliminación de los antecedentes del recurrente del Registro ATE ante la constatación del incumplimiento ya referido.

4°) Que así las cosas, conforme a los hechos precedentemente establecidos, corresponde dilucidar entonces si es que efectivamente se ha cometido un acto u omisión ilegal y/o arbitrario por parte de la entidad recurrida, y a raíz de lo cual, se vulnere alguno de los derechos fundamentales que se ha denunciado como infraccionados por la acción de protección en estudio.

5°) Que a este respecto, corresponde tener en consideración la legislación pertinente para estos efectos, a saber:

Artículo 32 letra a) N° 3 del Decreto Exento N° 235 del año 2008:

“Los requisitos para inscribirse en el Registro serán los siguientes:

a) Personas naturales:

3. No registrar incumplimientos de obligaciones previsionales ni comerciales, lo que se acreditará mediante la documentación respectiva”.

Artículo 34 letra a) del Decreto Exento N° 235 del año 2008:

“Para mantener vigente su inscripción en el Registro las personas naturales o jurídicas estarán obligadas a:

a) Mantener actualizados los requisitos que permitieron su inscripción.

Artículo 35 del Decreto Exento N° 235 del año 2008:

“La inscripción en el Registro tendrá una duración de cinco años renovables, contados desde la fecha de la total tramitación de la resolución que apruebe la aceptación de su incorporación. Transcurrido dicho período de vigencia, la inscripción quedará sin efecto, salvo que el interesado la renueve, debiendo acompañar para ello, junto con su solicitud, todos los antecedentes, certificados y documentos actualizados”.

Artículo 36 del Decreto Exento N° 235 del año 2008:

“Con la finalidad de asegurar la calidad técnica y especializada de las personas y entidades registradas, el Ministerio de Educación evaluará su desempeño mediante la revisión del servicio prestado por éstas a los establecimientos educacionales y los resultados obtenidos por dichos establecimientos.

La evaluación deberá realizarse a lo menos cada tres años, salvo en el caso de que se formulen reclamos o denuncias por parte de los sostenedores o por miembros de la comunidad escolar, caso en el cual se anticipará la evaluación.

El apoyo técnico será considerado como suficiente cuando éste sea evaluado satisfactoriamente, en base a los resultados educativos, la evaluación de los sostenedores y de la comunidad educativa.

El apoyo técnico será evaluado como deficiente cuando éste sea evaluado insatisfactoriamente, en base a los resultados educativos, la evaluación de los sostenedores y de la comunidad escolar”.

Artículo 37 letra a) del Decreto Exento N° 235 del año 2008:

“Serán causales de eliminación del Registro:

a) La pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ingresar o permanecer en éste”.

6°) Que conforme entonces a la normativa legal precedentemente transcrita, se evidencia claramente las facultades legales con las que contaba el recurrido, Ministerio de Educación, para actuar en un caso como el que nos convoca, y que, además, tiene un imperativo jurídico respecto del cual no puede abstraerse, ya que debe cumplir una labor fiscalizadora en este sentido, velando por el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria sobre la materia.

Por otro lado, también ha quedado prístinamente acreditado en autos que la eliminación del recurrente del Registro ATE se debe exclusivamente a la falta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento respectivo, medida que fue impuesta luego de desarrollar el correspondiente proceso administrativo y ejerciéndose los respectivos medios de impugnación que asegura dicha instancia, debiendo entenderse que el respectivo acto administrativo terminal se encuentra lo suficientemente fundado y se apega a la legislación nacional vigente sobre la materia, por lo que no se evidencia ningún vicio de ilegalidad y/o arbitrariedad a su respecto.

7°) Que, por otra parte, del mérito de los antecedentes acompañados a estos autos, se ha podido corroborar que, hasta a la fecha, no consta que el recurrente hubiere logrado dar cumplimiento con el requisito objetivo que la autoridad fiscalizadora reclama como incumplido como para ser incorporado en el registro ya referido, y en consecuencia, se debe arribar a la conclusión que la actuación del Ministerio de Educación se encuentra dotada de los presupuestos fácticos que la justifican y hacen que su gestión se encuadre dentro de las facultades que le son propias, sin que esta Corte observe que la recurrida se haya excedido a este respecto, conforme a la materia de que se trata, sino que, por el contrario, obró conforme a ellas, habiéndose respetado el principio de juridicidad establecido en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental.

8°) Que atendido el mérito de lo concluido en las motivaciones que anteceden, como asimismo, de los hechos acreditados en autos y las alegaciones esgrimidas por las partes, se debe arribar a la conclusión que en la especie no se ha logrado acreditar la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario cometido por la recurrida, debiéndose, en consecuencia, proceder al rechazo la acción constitucional incoada.

9°) Que, a mayor abundamiento, no se puede dejar de mencionar que los argumentos de fondo de la acción incoada, carecen de todo fundamento y plausibilidad, por cuanto no explica ni justifica de modo alguno el por qué el acto administrativo recurrido resulta inconstitucional, ya que como se ha señalado previamente, no basta una mera negativa de la autoridad para entender que se configura una infracción a la Carta Fundamental, más aún, si se existe normativa reglamentaria de carácter general, la cual resulta clara y categórica en regular la situación en estudio.

En efecto, en el presente caso se denunciado como vulnerados los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República que figuran en el artículo 19 N° 11, libertad de enseñanza; artículo 19 N° 16 de, libertad de trabajo y su protección; y, artículo 19 N° 21, derecho a desarrollar cualquier actividad económica; no obstante ello, no se puede perder de vista que la autoridad pública recurrida con su actuar no le ha impedido al recurrente desarrollar su actividad laboral en el sector privado, pudiendo emplearse perfectamente en instituciones educacionales particulares.

A este respecto, se debe recalcar que es la propia Carta Fundamental la que permite efectuar distinciones de trato, siempre y cuando ellas no resulten arbitrarias, teniendo parámetros claros y objetivos, sin que ello importe una discriminación. Así se desprende del artículo 19 N° 2 inciso segundo, al establecer que “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”; como asimismo, del artículo 19 N° 16 inciso tercero, que prescribe “se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos”. Por lo anterior, la diferenciación de trato que se advierte en el presente caso, se encuentra dentro de los parámetros de acción que les concede el propio legislador constitucional le concede a la autoridad administrativa.

Así las cosas, y tampoco advirtiéndose en el presente caso que exista la vulneración de derechos fundamentales que se denuncian, la presente acción constitucional debe ser desestimada en todas sus partes.

Y visto además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra del Ministerio de Educación, representado legalmente por don nombre reservado.

Atendido el mérito de lo resuelto precedentemente, una vez que se encuentre ejecutoriada la presente sentencia, se deja sin efecto la orden de no innovar que fuere conferida a folio 13, con fecha 2 de agosto último. Ofíciese al efecto.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción del Ministro Suplente señor Rodrigo Cid Mora.

Rol Corte Protección N° 870-2022