nombre reservado con DIRECCIÓN NACIONAL GENDARMERIA DE CHILE

C.A. de Copiapó Copiapó, nueve de agosto de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

1º) Que a folio 1, con fecha 26 de junio pasado, compareció don Pablo Ortíz de Zárate Cerda, abogado, quien en favor de don nombre reservado, interpone recurso de protección en contra de la Dirección Regional Atacama de Gendarmería de Chile, por los actos u omisiones arbitrarias o ilegales que indica del subalterno nombre reservado, Jefe de Unidad (S) del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó (en adelante CCP), los que perturban o amenazan el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales del señor nombre reservado, previstas en los números 2, 21, 22, 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Al respecto, señala quien se dirige a esta Corte, que don nombre reservado estudió derecho durante el tiempo y en las universidades que indica, siendo su socio en dos oficinas de abogados.

Asimismo, refiere, dicha persona presta servicios constantes a otros profesionales en el ámbito del derecho, debiendo concurrir a diversos establecimientos penitenciarios en el país, en los que se entrevista con sus clientes y familiares, obtiene la firma de patrocinios, etc.

Precisado lo anterior, señala que el día 27 de mayo pasado, a las 14:00 horas, el señor nombre reservado concurrió al CCP de Copiapó, al que no pudo ingresar por orden verbal del Jefe de Unidad (S) nombre reservado, quien expresó que el recurrente no cumplía los requisitos previstos en el Decreto N° 643, de 2000, sobre Reglamento de Visitas de Abogados y demás Personas Habilitadas a los Establecimientos Penitenciarios.

De este modo, relata que actualmente su representado está impedido de ingresar al recinto penal de la ciudad de Copiapó a realizar su trabajo, el que desarrolla desde hace más de 22 años, lo que ha producido diversos perjuicios al recurrente, a sus socios y clientes, en los términos que indica.

Continuadamente, manifiesta que la actuación del recurrido es ilegal, arbitraria e infringe los derechos constitucionales del recurrente, de igualdad ante la ley y de no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el estado y sus organismos en materia económica, previstos en los números 2 y 23, respectivamente, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Lo anterior, en relación con otros profesionales y/o prestadores de servicios que se encuentran en idénticas condiciones a las del actor y a quienes se les permite el ingreso al penal, sin que tal medida tenga justificación plausible, impidiendo al recurrente realizar su trabajo como socio y representante de la oficina de una defensoría penal privada, en base a una norma del año 2000, que es una adecuación de otra del año 1979 y que, por tanto, no está debidamente adaptada a la situación actual.

Además, sostiene, si bien el recurrente se presenta desde hace 22 años como procurador, calidad que no tiene conforme al citado decreto, mantiene un giro vigente ante el Servicio de Impuestos de Internos de asesoría y representación jurídica; y, forma parte de dos sociedades integradas por abogados habilitados para el ejercicio de la profesión en la defensa y representación penal.

Así, refiere, el presente no es solo un caso de discriminación arbitraria, sino que, además, una cuestión semántica y hermenéutica, puesto que todo habría sido distinto si el actor se hubiera presentado como delegado de la defensoría penal privada o asesor jurídico y no como procurador.

Concluye solicitando que se acoja el recurso de protección y se dispongan las siguientes medidas para obtener el restablecimiento del derecho: 1) Se declare arbitrario e ilegal el actuar del nombre reservado, Jefe de Unidad (S) del CCP de Copiapó; y, 2) Como consecuencia de lo anterior, se ordene a dicho servidor que permita a don nombre reservado ingresar al penal, para que pueda conferenciar libremente con sus clientes.

2º) Que a folio 5, con fecha 14 de julio de este año, comparece don nombre reservado, Coronel de Gendarmería de Chile, Director Regional de Atacama de dicha institución, quien evacua el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso de protección.

Al respecto, expresa que el día 27 de mayo del año en curso el nombre reservado se encontraba ejerciendo sus funciones de Alcaide del CCP de Copiapó, junto al Capitán nombre reservado, como Jefe Operativo del mismo recinto penal, y en dicha calidad, éste procede a efectuar una ronda por la guardia armada, y se percata que en el acceso se encuentra una persona que solicitaba ingresar, presentándose como procurador y señalando que iba a ver a sus clientes.

Añade que dicha persona era el señor nombre reservado, a quien el Capitán nombre reservado solicitó la documentación que acreditara su profesión o habilitación.

Señala que frente a esto, el recurrente se molestó dando explicaciones poco claras acerca de su calidad profesional, señalando que era procurador sénior y expresando “Si gusta, yo mismo me hago un certificado en mi estudio jurídico que señale que soy procurador” (sic).

Seguidamente, explica que ante dicha situación, el indicado Jefe Operativo procedió a revisar el sitio electrónico del Poder Judicial, comprobando que don nombre reservado no tenían la condición de abogado, sin que poseyera alguna otra de las calidades que lo habilitaran para entrar a la unidad penal a prestar asesoría jurídica a algún interno, según las respuestas que la misma persona dio ante las consultas que se le formularan.

De este modo, conforme a lo prescrito en el Decreto N°643/2000 del ex Ministerio de Justicia, se informó al recurrente que no podía ingresar al establecimiento penitenciario puesto que no cumplía con los requisitos reglamentarios para ello.

En efecto, refiere que conforme lo prescribe el artículo 2° del Decreto N° 643/2000, del ex Ministerio de Justicia, que Aprueba el Reglamento de Visitas de Abogados y demás Personas Habilitadas a los Establecimientos Penitenciarios, pueden prestar asesoría jurídica a quienes se encuentren privados de libertad en establecimientos penitenciarios, abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, procuradores del número, estudiantes de tercero, cuarto o quinto año de derecho; egresados de derecho hasta tres años después del egreso y los postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial.

Además, según el artículo 3° del citado texto reglamentario, solo las personas indicadas en el artículo 2° antes citado, están facultadas para concurrir a los establecimientos penitenciarios para asumir la representación judicial o prestar la asesoría jurídica a personas privadas de libertad en dichos recintos.

Así, según explica, no reuniendo don nombre reservado ninguna de las calidades requeridas por el Reglamento, para permitir su ingreso al CCP de Copiapó, la decisión del nombre reservado, no resulta ilegal ni arbitraria, sin que tampoco se vulnere las garantías constitucionales indicadas en el recurso.

En razón de lo anterior, en la parte petitoria de su presentación, solicita el rechazo del recurso de protección de autos.

Acompaña a su informe los siguientes documentos: 1) Investigación interna ordenada mediante providencia N° 449 del Alcaide del CCP Copiapó; 2) Parte Informativo N° 452; 3) Correos electrónicos del Coronel nombre reservado y del Capitán nombre reservado; y, 5) Decreto Supremo N° 643/2000.

3°) Se trajeron los autos en relación y se procedió a la vista del recurso el ocho de agosto último, compareciendo abogada de la recurrida a efectuar alegatos.

4º) Que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, cuyo objetivo es la adopción de medidas de carácter urgente, tendientes a salvaguardar los derechos o garantías constitucionales preexistentes, conculcados por actos u omisiones ilegales o arbitrarios.

En efecto, la Excelentísima Corte Suprema ha señalado, que si bien en virtud de la competencia conservativa que el indicado arbitrio confiere, pueden adoptarse todas las medidas que se estimen conducentes para otorgar la debida protección a quienes han visto amagados sus derechos constitucionales previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, lo cierto es que no se puede perder de vista que esta acción constituye una medida de emergencia consagrada para dar remedio pronto y eficaz a los atropellos que sufra el ciudadano en sus derechos constitucionales producto de una acción u omisión que a todas luces sea ilegal y/o arbitraria, cuestión que justifica una intervención jurisdiccional rápida que ampare suficientemente el derecho amagado, mientras se acude a la sede ordinaria o especial correspondiente, otorgando una tutela efectiva a los recurrentes.

5°) Que en el caso en que nos ocupa, los antecedentes sobre los cuales reposa la controversia son pacíficos, pues ambas partes están de acuerdo respecto de los sucesos acecidos el 27 de mayo último y que habría dado lugar a la interposición de la presente acción. En efecto, se la negó al protegido Sr. nombre reservado el ingreso al CCP de Copiapó por parte de la recurrida, quien se asila en lo prevenido en el artículo 2º del Decreto 643/200 del entonces Ministerio de Justicia.

Tampoco resulta controvertido que el Sr. nombre reservado es una persona que estudió derecho en las Universidades de Atacama y del Mar, carrera que por diversas razones no concluyó. Asimismo y consecuencia de lo anterior, no es discutido que no posee la calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, ni de procurador del número, ni de estudiante actualmente matriculado en tercero, cuarto o quinto año de derecho, ni de egresado hace menos de tres años, ni de postulante de la Corporación de Asistencia judicial.

6º) Que, siendo la base fáctica de la presente acción constitucional no controvertida, toca de lleno abocarse a analizar los presupuestos necesarios para que pueda prosperar, esto es la existencia de un acto u omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que redunde en la afectación de los derechos y garantías tutelados por este arbitrio y que sean invocados por el actor.

Respecto de la ilegalidad, para que esta vía de impugnación prospere es necesario que el acto atacado tenga el carácter de ilegal, es decir, dictado o realizado en contravención a la legalidad vigente y tal contravención debe ser indiscutida, prístina, indubitada.

En relación a la segunda exigencia es forzoso realizar algunas precisiones, tales como recordar que, por ejemplo, para el sistema interno de tutela judicial de los derechos fundamentales, la ley indica lo que cuenta como una conducta arbitraria en algunos contextos, “[e]sto es lo que ocurre, por ejemplo, en la justicia del trabajo que apunta a ‘las distinciones, exclusiones o preferencias’ del empleador (art. 2 inciso 4 del Código del Trabajo) y la ley Zamudio, en donde se alude a ‘toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable’. El punto en común de estas cláusulas es una ‘diferencia de trato’ hacia alguien en particular” Larroucau, La tutela judicial de los derechos fundamentales, Der, 2021, p. 72).

Respecto de la acción de protección, por otra parte, las Cortes articulan la arbitrariedad indicando que “un acto u omisión es arbitraria cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho” (SCA Antofagasta, Rol 4850-2020, 26.04.2021). Actualmente las Cortes han seguido invocando esta misma noción de arbitrariedad, pero con énfasis en su primera parte, esto es, en las razones que motivan la conducta por la cual se recurre. Por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró arbitraria la expulsión de un niño de siete años del colegio en el que estudia porque la sanción carecía de razonabilidad (SCA Santiago, Rol 73.223-2014, 04.02.2015).

7º) Que conforme se ha asentado en los antecedentes del recurso, el actuar del recurrido reconoce amparo en lo estatuido en el Decreto 643/2000 del Ministerio de Justicia, que es una norma reglamentaria vigente que gobierna la situación sub lite, es decir las visitas de abogados y demás personas habilitadas para prestar asesoría jurídica a quienes se encuentren privados de libertad en establecimientos penitenciarios, el que se aplica sin distinción en todos los centros de penitenciarios del país y a todas las personas que se encuentren en la situación del recurrente; por lo tanto no se advierte de que modo resulta reprochable a título de ilegal o arbitraria la conducta del funcionario recurrido, desechándose de igual modo la existencia de irracionalidad o desproporción en su actuar.

8º) Que, conforme un estudio del libelo, el fundamento del recurso es que el protegido se trataría de una persona que trabaja con estudios jurídicos y/o connotados profesionales del derecho; que posee gran experiencia y que ello implicaría revestirlo de una calidad que lo habilitaría para realizar el ingreso al CCP de Copiapó, con abierta transgresión de lo dispuesto en el citado Decreto 643/2000, que rige el actuar de una repartición pública como es Gendarmería de Chile, lo que obviamente no constituye sustento suficiente para obviar lo que la regulación vigente estatuye, por lo demás en una materia tan sensible en la que está involucrada la seguridad del recinto y de las personas que concurren a él o se encuentran privadas de libertad.

9º) Que finalmente la negativa de ingreso al CCP cuestionada por el arbitrio intentado, no se ancla en una mera cuestión semántica como afirma el recurrente, pues las calidades descritas en el artículo 2º del Decreto 643/2000 no poseen una textura abierta y no están afectas a ambigüedades. Todo profesional del derecho sabe -o debería saber- cuales son los requisitos legales que debe cumplir una persona para detentar la calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión; procurador del número; estudiante de tercero, cuarto o quinto año de derecho; egresado de derecho hasta tres años después del egreso o postulante de la Corporación de Asistencia Judicial. No se vislumbra que la existencia de los rótulos de “Delegado de la Defensoría Penal Privada”, “Asesor Jurídico” o “Procurador senior” están reguladas legal o reglamentariamente.

Reflexiones que en conjunto con las precedentes llevarán a esta Corte al rechazo del recurso.

Por estas consideraciones y con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; SE RECHAZA con costas la acción deducida en estos antecedentes en favor de don nombre reservado, en contra de la Dirección Regional de Atacama de Gendarmería de Chile, representada por su Director, Coronel nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la ministra señora Marcela Araya Novoa.

N°Protección-803-2022.