Protección contra Tesorería Regional de Atacama

C.A. de Copiapó Copiapó, nueve de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°)

A folio 1, comparece doña nombre reservado, por sí y en representación de Posada Pajarito nombre reservado nombre reservado E.I.R.L., quien interpone recurso de protección en contra de la Tesorería Regional de Atacama, por los actos y omisiones que califica de ilegales y arbitrarios desarrollados en el procedimiento administrativo de cobranza seguido respecto de la empresa que representa, los que culminaron con la retención e imputación de la suma total de $9.391.186, estimando vulneradas las garantías previstas en el artículo 19 N°s 2, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que tomó conocimiento cierto y efectivo del procedimiento el 6 de agosto de 2026, al revisar la cuenta corriente de la empresa y constatar que Tesorería había retenido fondos y los había imputado al pago de obligaciones sometidas a cobranza. Indica que el procedimiento se origina en multas administrativas derivadas de actuaciones de la Dirección del Trabajo, precisando que la acción no pretende controvertir el mérito de tales multas, sino las actuaciones posteriores de cobranza efectuadas por Tesorería. Señala que, conforme a la Cartola Fiscal, el 5 de agosto de 2026 se registraron tres imputaciones, por $8.746.345, $358.245 y $286.596, respectivamente, las que totalizan $9.391.186, fondos que, afirma, no fueron pagados voluntariamente ni mediante instrucción bancaria impartida por ella.

Sostiene que su domicilio y el de la empresa se encuentran en Ruta 5 Norte, kilómetro 735, comuna de Copiapó, sector que califica como rural, por lo que, conforme al artículo 171 del Código Tributario, el requerimiento de pago debía practicarse personalmente por un recaudador fiscal. Afirma que ningún funcionario de Tesorería concurrió a dicho domicilio a notificarla o requerirla personalmente de pago y que tampoco recibió copia de requerimiento alguno.

En cuanto a las garantías constitucionales que estima vulneradas, sostiene que se afecta la igualdad ante la ley, por cuanto fue excluida de la posibilidad de comparecer y solicitar facilidades de pago en condiciones semejantes a las de otros deudores sometidos a los procedimientos generales de regularización, sin que hubiese mediado una decisión fundada que examinara sus antecedentes. Respecto del derecho de propiedad, señala que la retención significó una privación concreta de $9.391.186 pertenecientes a la empresa. Finalmente, en relación con la libertad para desarrollar una actividad económica lícita, expone que tales fondos constituían capital de trabajo destinado al pago de remuneraciones, proveedores, mercaderías, insumos y servicios, por lo que su retiro habría dejado a la empresa sin liquidez suficiente y comprometido seriamente la continuidad de su actividad comercial.

Hace presente, además, que la Cartola Fiscal de Tesorería clasifica las imputaciones efectuadas el 5 de agosto de 2026 como “Pagos Voluntarios”, pese a que, según afirma, no impartió instrucción ni autorizó voluntariamente dichos pagos, sino que los fondos fueron obtenidos mediante una medida compulsiva de retención. Estima que dicha circunstancia hace necesario esclarecer la trazabilidad de los fondos y el fundamento de su imputación.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto el procedimiento administrativo de cobranza seguido en contra de Posada Pajarito nombre reservado nombre reservado E.I.R.L. y se ordene la restitución de la suma de $9.391.186 o, en subsidio, se adopten las demás providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías invocadas, con costas. En el desarrollo de su presentación solicita, específicamente, dejar sin efecto las actuaciones ejecutivas posteriores al emplazamiento que estima omitido, incluida la resolución de retención, la retención material y las posteriores imputaciones, y retrotraer el procedimiento al estado de practicarse válidamente el requerimiento de pago previsto en el artículo 171 del Código Tributario.

2°)

A folio 6, evacuando el informe requerido, comparece doña nombre reservado, Directora Tesorera Regional de Atacama y Jueza Sustanciadora (S), quien señala que, revisado el expediente administrativo N° 12708-2026 Copiapó, seguido respecto de Posada Pajarito nombre reservado nombre reservado E.I.R.L., éste se originó por concepto de multas de la Dirección del Trabajo.

Expone que, con fecha 10 de julio de 2026, se procedió a notificar al contribuyente por correo electrónico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Código Tributario, utilizando para ello la casilla registrada por éste ante el Servicio de Impuestos Internos.

Indica que, con fecha 5 de agosto de 2026, y no constando la oposición de excepciones por parte del contribuyente, se procedió al embargo de su cuenta bancaria por el total de la deuda, quedando el expediente en estado de cierre con fecha 1 de septiembre de 2026.

Añade que el domicilio tributario del contribuyente, ubicado en domicilio reservado, se encuentra en una zona considerada predominantemente urbana según el Instituto Nacional de Estadísticas.

Sostiene que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Código Tributario, en relación con sus artículos 11 y 13, el contribuyente fue válidamente emplazado, encontrándose actualmente el expediente de cobro en estado de cierre.

3°)

El recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías que dicha disposición contempla.

4°)

En la especie, los actos cuestionados se verificaron dentro de un procedimiento de cobranza seguido por la Tesorería Regional de Atacama respecto de Posada Pajarito nombre reservado nombre reservado E.I.R.L., originado en multas impuestas por la Dirección del Trabajo y especialmente reglado en el Título V del Libro III del Código Tributario.

En efecto, el artículo 168 del citado cuerpo legal dispone que la cobranza administrativa y judicial de las obligaciones cuya recaudación corresponda al Servicio de Tesorerías se regirá por las normas de dicho Título; a su turno, el artículo 170 entrega al Tesorero Regional o Provincial, actuando en carácter de juez sustanciador, la facultad de despachar mandamiento de ejecución y embargo.

Dentro de ese procedimiento, el artículo 171 del Código Tributario regula específicamente la notificación del hecho de encontrarse en mora y el requerimiento de pago, disponiendo que éste se efectuará personalmente por el recaudador fiscal “o bien, en las áreas urbanas, por correo electrónico o carta certificada (...) cuando así lo determine el juez sustanciador atendidas las circunstancias del caso”. Por su parte, los artículos 176 y siguientes regulan la oposición del ejecutado y las etapas posteriores de la cobranza.

5°)

Precisado el marco normativo aplicable, cabe señalar que, según se advierte de las alegaciones formuladas por las partes, la cuestión sometida al conocimiento de esta Corte dice relación con la regularidad de las actuaciones practicadas dentro del referido procedimiento de cobranza.

En particular, la recurrente sostiene que su domicilio se emplaza en un área rural y que, por consiguiente, el requerimiento de pago debió efectuarse personalmente, mientras que la recurrida afirma que aquél se ubica en una zona predominantemente urbana y que, por ello, procedió a practicar la notificación mediante correo electrónico.

6°)

Resolver dicha discrepancia supone determinar la naturaleza urbana o rural del sector en que se encuentra ubicado el domicilio tributario de la recurrente y, a partir de ello, establecer si la modalidad de notificación empleada cumple con las exigencias previstas en el artículo 171 del Código Tributario, cuestión que importa examinar la regularidad del emplazamiento y, consecuencialmente, de las actuaciones posteriores desarrolladas dentro de la cobranza.

Dicha determinación excede el ámbito propio de esta acción constitucional, de naturaleza cautelar y urgente, pues exige un pronunciamiento sobre cuestiones de hecho y de derecho controvertidas relativas a la validez de actuaciones desarrolladas dentro de un procedimiento especialmente reglado, las que deben ser planteadas y resueltas mediante los mecanismos que el ordenamiento jurídico contempla al efecto, sin que el recurso de protección pueda transformarse en una instancia destinada a revisar la regularidad de dicho procedimiento.

7°)

En consecuencia, no advirtiéndose una actuación ilegal o arbitraria susceptible de ser corregida por esta vía cautelar, sino una controversia acerca de la regularidad de actuaciones desarrolladas dentro de un procedimiento especialmente reglado por el legislador, el recurso no podrá prosperar, sin perjuicio de los derechos que la recurrente pueda ejercer ante la autoridad o sede competente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, por sí y en representación de Posada Pajarito nombre reservado nombre reservado E.I.R.L., en contra de la Tesorería Regional de Atacama.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N° 796-2026.