SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ATACAMA con CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA

C.A. de Copiapó.

Copiapó, seis de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 28 de agosto de 2025, se interpone recurso de protección por parte del SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE ATACAMA (SLEP ATACAMA) en contra de la CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA, solicitando que esta Corte deje sin efecto el oficio N° E133062/2025, de 7 de agosto de 2025, por ser contrario a derecho y afectar el derecho de propiedad.

Refiere que el citado acto administrativo ordena al SLEP Atacama dar efectivo cumplimiento de los oficios N° E40740 y N° E113549, de 13 de marzo y 7 de julio de la misma anualidad, respectivamente, bajo el apercibimiento de iniciarse un procedimiento disciplinario en contra de los responsables del incumplimiento de los pronunciamientos de dicha entidad de control, debiendo informar del resultado de estas gestiones en un plazo no superior a 15 días hábiles desde la recepción de dicho oficio.

Precisa que el primero de los nombrados, el oficio Nº E40740 ordenó al SLEP Atacama proceder a regularizar el pago de las remuneraciones de doña nombre reservado, desde la fecha en que fuese separada ilegalmente de sus labores hasta su efectiva reincorporación, además de conminar a ese Servicio a indagar sobre la efectividad de que dicha persona hubiera prestado labores en cualquier calidad jurídica en el Servicio de Mejor Niñez, teniendo presente el principio de coordinación que debe operar entre los diversos organismos de la Administración, consagrado en el artículo 3° de la Ley N° 18.575.

A su turno, el segundo, vale decir el oficio Nº E113549 se limitó a pedir cuenta de las gestiones ordenadas por el órgano contralor mediante el oficio anterior (Nº E40740).

Tras hacer referencia de los distintos actos administrativos previos al impugnado por medio de la presente acción constitucional, los que se remontan al año 2021, y tras citar la normativa pertinente de la Ley 21.040, que crea el nuevo Sistema de Educación Pública en Chile, indica que se traspasó por el solo ministerio de la ley al SLEP Atacama, con fecha 2 de enero de 2021, el servicio educacional que prestaban las Municipalidades, las que debían remitir, a lo menos 6 meses antes de la entrada de funcionamiento del servicio local, una nómina profesionales de la educación y asistentes de la educación (artículo vigésimo primero transitorio).

Respecto de la señora nombre reservado, tenía contrato de trabajo indefinido, desde 2016, desempeñándose en el programa “Habilidades para la vida I”, que se desarrollaba en el marco de un convenio ejecutado entre la Municipalidad de Copiapó y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, cuya duración se extendió hasta el 31 de diciembre del 2020, al que se puso término por parte del Municipio por la causal del artículo 161, inciso primero, del Código del Trabajo, suscribiendo ambas partes un finiquito, en que consta una anotación de reserva de derechos, referida a la fecha de suscripción del finiquito (el 12 de febrero de 2021 y no el 30 de diciembre de 2020), recibiendo la señora nombre reservado una suma de dinero por concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales.

De lo anterior, concluye que se produjo la extinción de la relación laboral a finales del año 2020, antes del traspaso de la educación al SLEP Atacama, por lo cual no existiendo vínculo laboral alguno, no siendo nominada, no fue traspasada por el solo ministerio de la ley al SLEP Atacama ni se emitió resolución de traspaso por la Dirección de Educación Pública (DEP).

Sin embargo, reprocha que en cada oficio la Contraloría Regional de Atacama ordena reincorporar a la señora nombre reservado, como asimismo, que se le paguen todas las remuneraciones adeudadas, por considerar que fue traspasada por el solo ministerio de la ley.

Adicionalmente, señala que la señora nombre reservado, desde el 1 de enero de 2021 al 8 de noviembre de 2024, inclusive, jamás ha prestado servicios efectivos para el SLEP Atacama, en beneficio del servicio educativo, por lo que no puede existir monto alguno adeudado, pues existiría un enriquecimiento sin causa.

Señala que es efectivo que la existencia de un error atribuible a la administración no puede perjudicar a quienes han actuado de buena fe.

En esa línea, estima que, con posterioridad a la fecha de la notificación del Oficio N° E207901/2022, de 27 de abril de 2022, no puede existir obligación de pago, ya que desde tal fecha la señora nombre reservado estaba en conocimiento de la orden de reintegro al SLEP por parte de la Contraloría, sin que existan antecedentes de que se hubiere presentado a cumplir sus funciones como asistente de la educación, como tampoco que hubiere realizado gestiones tendientes a consolidar su reintegro a SLEP Atacama. Sin embargo, después de casi dos años, realiza una presentación ante la Contraloría Regional de Atacama, siendo este un actuar tardío y negligente.

A lo anterior se suma que en el Memorándum Interno N° 234/2024, de fecha 25 de julio de 2024, del Departamento de Gestión de Personas, del SLEP Atacama se dejó constancia que, en reunión sostenida con la señora nombre reservado, manifestó encontrarse trabajando en el Servicio Mejor Niñez, y si bien, dicha información no figura en el acta, tampoco en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER), ni en el Portal de Transparencia del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez, en acta de registro de reuniones, de fecha 29 de octubre del año 2024, la requirente manifestó que estaría en condiciones de presentarse a trabajar el día 11 de noviembre del año 2024 por motivos laborales, fecha a partir de la cual comenzó a prestar servicios efectivos para SELP Atacama.

Por lo expresado, alega infracción a los principios de enriquecimiento sin causa, buena fe, nemo auditor (nadie puede aprovecharse de dolo, culpa, negligencia o torpeza) y principio de cautela del patrimonio público.

De esta forma, manifiesta que SLEP Atacama sólo estaría obligado a pagar las remuneraciones no percibidas por la funcionaria en el evento de que esta efectivamente hubiera sido traspasada desde el antecesor legal y no haya prestado servicios remunerados para otro empleador – público o privado- durante el tiempo en que estuvo separada de funciones, situación que no ha sido posible demostrar por inobservancia por parte de la recurrida a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 10.336, que prescribe: “El Contralor General estará facultado para dirigirse directamente a cualquier Jefe de Oficina o a cualquier funcionario o persona que tenga relaciones oficiales con la Contraloría o que le haya formulado alguna petición, a fin de solicitar datos e informaciones o de dar instrucciones relativas al Servicio”.

Al efecto, señala que si bien se hicieron algunas indagaciones, estas no están agotadas, pues se solicitó al ente de control, a través del Ordinario N° 1556/2024, de fecha 30 de julio de 2024, del SLEP Atacama “oficiar al Servicio Mejor Niñez, con el objeto de que esta última repartición pública informe acerca de la situación laboral de doña nombre reservado, especialmente, fecha de ingreso a la Institución, calidad jurídica bajo la cual presta servicios, remuneraciones, y demás antecedentes relevantes en materia laboral”.

Por ello, advierte una antojadiza disposición de parte del órgano contralor, en cuanto a considerar traspasada a la señora nombre reservado, así como una excesiva pasividad al no solicitar datos e informaciones a las instituciones acerca de la realización de trabajos remunerados durante todo el tiempo en que no se desempeñó para el SLEP Atacama.

Termina solicitando acoger el recurso y se deje sin efecto el Oficio N° E133062/2025, de fecha 7 de agosto de 2025, por ser contrario a derecho y en cuya consecuencia se declare que no se adeuda monto alguno por parte del Servicio a la señora nombre reservado, por cuanto no fue traspasada a ese sostenedor y no ha desempeñado labor alguna hasta antes de su reintegro.

A folio 10, se evacua informe por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA, solicitando desestimar el recurso de autos.

En cuanto a los hechos, relata que mediante el oficio N° E77330, de 15 de febrero de 2021, de ese origen, se atendieron las presentaciones efectuadas por doña nombre reservado y otras dos funcionarias, que prestaban servicios para el Departamento de Administración de Educación Municipal de Copiapó, previo al traspaso del servicio educacional al SLEP, requiriendo un pronunciamiento jurídico con respecto a su situación laboral, puesto que pese a encontrarse desempeñando labores en los programas Habilidades para la Vida I y II, no fueron traspasadas a ese servicio público, ante lo cual se requirió a la Municipalidad de Copiapó informar respecto de los contratos de trabajo y los convenios suscritos con la Junta Nacional de Auxilio y Becas, con el objeto de verificar cuáles eran las labores realizadas por esas funcionarias.

Posteriormente, a través del oficio N° E90693, de 30 de marzo de 2021, esa Entidad de Control constató que las funciones desarrolladas por la señora nombre reservado eran asimilables a las de asistentes de la educación, resultándole aplicable la Ley N° 19.464. Sin embargo, había sido desvinculada el 31 de diciembre de 2020, por aplicación de la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo. En cuanto al reclamo de las otras dos funcionarias se pudo verificar que fueron incluidas en la Resolución Exenta N° 1592, de 2020, de la Dirección de Educación Pública del Ministerio de Educación, por medio de la que se constató el traspaso, por el sólo ministerio de la ley, al SLEP de Atacama.

Añade que dicho oficio concluyó que el Municipio debía regularizar la desvinculación de la señora nombre reservado, puesto que la causal invocada no es aplicable a los asistentes de establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades, conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.109.

A continuación, esa entidad fiscalizadora emitió el oficio N° E132525, de 13 de agosto de 2021, a través del cual atendió una presentación de la señora nombre reservado en que solicitaba que se hiciera efectivo su traspaso al SLEP de Atacama. Además, dicho oficio examinó el informe remitido por la Municipalidad de Copiapó, mediante el cual solicitaba suspender los efectos de las instrucciones que le fueron ordenadas, en consideración a la calidad de asistente de la educación de la señora nombre reservado, y a su solicitud de traspaso al SLEP.

En ese orden de consideraciones, se determinó que correspondía que el SLEP de Atacama, como sucesor legal de la Municipalidad de Copiapó, adoptara las medidas tendientes a reincorporar a la señora nombre reservado a sus labores y pagarle las remuneraciones no percibidas en el tiempo intermedio, otorgándose un plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción de aquel oficio, para informar al Órgano Contralor.

Con fecha 30 de agosto de 2021, mediante oficio N° 664, de esa anualidad, el SLEP solicitó reconsideración del oficio N° E132525, de 2021; arguyendo que el programa en el que se desempeñaba la funcionaria había cesado con fecha 31 de diciembre de 2020, sin que se hubiese incorporado a la funcionaria dentro de la nómina de personal traspasado al SLEP de Atacama, y que no correspondía al SLEP los errores de la entidad edilicia al desvincularla erróneamente, añadiendo que si bien, tal error no puede afectar los derechos adquiridos de la funcionaria en cuestión, tampoco puede significar un detrimento en los recursos del Servicio Local de Educación Pública de Atacama”.

En seguida, a través del oficio N° E207901, de 27 de abril de 2022, de ese origen, se rechazó la solicitud de reconsideración del SLEP, indicando que el pago de las remuneraciones adeudadas a la señora nombre reservado correspondía a ese servicio, en su calidad de sucesor legal y nuevo sostenedor, puesto que el traspaso de esa funcionaria se efectuó por el solo ministerio de la ley.

Sin perjuicio de lo anterior, se señaló al SLEP que, dado que dicha situación fue provocada por un error de parte de la Municipalidad de Copiapó, no se advertían inconvenientes para que la devolución del monto correspondiente al finiquito enterado a la señora nombre reservado fuese devuelto a ese servicio, en su rol de actual sostenedor y continuador legal del ente comunal.

A continuación, mediante oficio N° E483234, del 3 de mayo de 2024, esa Entidad de Control atendió una presentación de doña nombre reservado, en la que requería el cumplimiento del oficio N° E207901, de 2022, por parte del SLEP, ordenando dar cuenta documentadamente en un plazo no superior a 10 días hábiles, bajo apercibimiento de iniciar un procedimiento disciplinario en contra de todos los responsables de la demora señalada.

En respuesta, mediante oficio N° 986, de 9 de mayo de 2024, el SLEP señaló que con fecha 30 de abril de 2022, ese servicio envió un correo electrónico a la Dirección de Educación Pública solicitando que se efectúe la respectiva resolución de traspaso, sin obtener respuesta. Asimismo, añadió que la requirente fue notificada de los oficios N° E132525, de 2021, y N° E207901, de 2022, sin que les conste alguna gestión realizada por la señora nombre reservado para el reintegro de sus funciones y desconociendo si la funcionaria prestó servicios a otro empleador en el tiempo intermedio, calificando de tardío y negligente el actuar de la requirente, por cuyo motivo estima que sólo se deben enterar las remuneraciones de la funcionaria hasta la fecha de notificación del citado oficio N° E207901, de 2022.

Luego, mediante oficio N° E510509, de 9 de julio de 2024, ese organismo fiscalizador examinó la respuesta dada por el SLEP, advirtiéndose una excesiva pasividad e incumplimiento de lo ordenado, por lo que se le instruyó proceder a la brevedad a efectuar todas las gestiones pertinentes para regularizar la situación de la señora nombre reservado, bajo apercibimiento, nuevamente, de iniciarse un procedimiento disciplinario a fin de establecer la eventual responsabilidad administrativa involucrada en el incumplimiento de las acciones ordenadas en el oficio N° E207901, de 2022.

Seguidamente, con fecha 30 de julio de 2024, el SLEP evacuó informe de cumplimiento, dando cuenta de citación y posterior reunión con la señora nombre reservado, quien habría manifestado que a esa fecha se encontraba trabajando en el Servicio de Mejor Niñez. Asimismo, se indicó que se reiteró correo electrónico a la Municipalidad de Copiapó, encontrándose a la espera del acto administrativo por parte de la Dirección de Educación Pública a fin de resolver la calidad con la que la requirente será traspasada al SLEP Atacama.

En este contexto, se solicitó a ese órgano control “oficiar al Servicio Mejor Niñez, con el objeto de que esta última repartición pública informe acerca de la situación laboral de doña nombre reservado”.

Mediante el oficio N° E545402, del 30 de septiembre de 2024, de esa sede regional, luego de atender el informe del SLEP y de constatar en el SIAPER que no existía registro de que la señora nombre reservado hubiera sido nombrada en algún otro servicio público, se reiteró que correspondía que el SLEP de Atacama diera efectivo y estricto cumplimiento a los oficios N° E207901, de 2022, y N° E510509, de 2024, informando de aquello a esta Contraloría Regional en un plazo no superior a 20 días hábiles.

Con fecha 12 de noviembre de 2024, el SLEP informa que la requirente ha presentado sucesivas excusas para suscribir su contrato de trabajo e ingresar a su establecimiento educacional, lo que finalmente se materializó con fecha 11 de noviembre de 2024.

En el mismo oficio solicita un pronunciamiento acerca de la forma de determinar el monto adeudado por concepto de remuneraciones, puesto que estiman que no existe suma adeudada, atendido los principios de enriquecimiento sin causa, buena fe, Nemo auditor, cautela del patrimonio público y el principio conforme al cual un error de la administración no puede perjudicar a terceros de buena fe, esgrimiendo que la requirente no habría actuado de buena fe ya que habría realizado trabajo remunerado, por lo que sólo sería posible pagar las remuneraciones comprendidas entre el 1 de enero de 2021 y el 27 de abril de 2022, fecha en la que fue notificada del oficio N° E207901, de 2022.

Al respecto, a través del oficio N° E3921, de 10 de enero de 2025, de ese origen, se señaló que no resultaba posible acoger los argumentos de ese servicio, puesto que desde el oficio N° E207901, de 2022, se le estaba ordenando reintegrar a la señora nombre reservado, cuestión que el servicio a esa fecha no cumplió, por lo que ordenó al SLEP dar estricto cumplimiento a los oficios N° E207901, de 2022, N° E510509 y N° E545402, de 2024, procediendo a la reincorporación de la señora nombre reservado a sus funciones, enterando las remuneraciones que le corresponden por todo el periodo en que estuvo alejada del servicio.

A continuación, con fecha 5 de diciembre de 2024, la señora nombre reservado efectuó presentación ante esa entidad de control a fin de solicitar el cumplimiento por parte del SLEP, de los oficios N° E132525, de 2021, y N° E207901, de 2022.

A su turno, el SLEP evacuó un nuevo informe de fecha 16 de enero de 2025, solicitando la reconsideración del oficio N° E3921, de 2025, de este origen, atendido a que la señora nombre reservado fue reincorporada a sus funciones.

En lo que respecta al pago de las sumas adeudadas a la funcionaria, el SLEP reiteró los argumentos ya esgrimidos en cuanto a no adeudársele monto alguno y solicitó que se oficiara al Servicio de Mejor Niñez con el objeto de que informe acerca de su situación laboral.

Por medio del oficio N° E40740, del 13 de marzo de 2025, de ese Ente Contralor, se desestimó la solicitud de reconsideración, puesto que se reiteraron fundamentos que ya se habían analizado en el oficio emitido anteriormente. No obstante, se tuvieron por cumplidos los requerimientos relacionados con la reincorporación de la señora nombre reservado a sus funciones.

De igual forma, se reiteró al SLEP la instrucción de regularizar el pago de las remuneraciones de esa servidora, desde la fecha en que fue separada ilegalmente de sus labores hasta su efectiva reincorporación, correspondiendo a ese servicio indagar sobre la efectividad de que la señora nombre reservado hubiese prestado labores en cualquier calidad jurídica en el Servicio Mejor Niñez.

Asimismo, atendido el perjuicio causado al servicio por la acumulación de remuneraciones impagas a la señora nombre reservado, se ordenó incoar un procedimiento disciplinario, a fin de investigar la responsabilidad de los funcionarios causantes de la demora en cuestión.

A continuación, a través del oficio N° E113549, del 7 de julio de 2025, la Contraloría Regional pidió cuenta al SLEP del cumplimiento del oficio antes referido, ante lo cual el SLEP, con fecha 14 de julio de 2025, señaló que conforme a lo preceptuado en el artículo 9 de la ley N° 10.336, esa entidad de control cuenta con facultades para oficiar al Servicio de Impuestos Internos a fin de que informara si la requirente emitió boletas a honorarios durante el período que se vio separada de funciones del SLEP; y por otra parte, solicitó que se oficiara a la Superintendencia de Pensiones a fin de que informara sobre las cotizaciones de la requirente en el mismo período.

Finalmente, a través del oficio N° E133062, del 7 de agosto de 2025, ese órgano fiscalizador manifestó que resulta obligatorio para la Administración el pago de las remuneraciones por todo el tiempo en que un funcionario estuvo alejado de su cargo de forma irregular, con la sola limitación de haber desempeñado funciones para otro organismo público en el intertanto, caso en el que, eventualmente, deben ser deducidas las remuneraciones percibidas, sin que los eventuales desempeños en el sector privado, afecten a dicho pago. Asimismo, se reiteró al SLEP la instrucción de dar efectivo cumplimiento a los oficios N° E40740 y N° E113549, de 13 de marzo y 7 de julio ambos de 2025, bajo apercibimiento de iniciarse un procedimiento disciplinario en contra de los responsables del incumplimiento de esos pronunciamientos.

En seguida, alega la manifiesta extemporaneidad del recurso, pues conforme se aprecia, el servicio público recurrente, no solo solicita que se deje sin efecto el último de los once oficios que esa entidad de control ha emitido con respecto a la materia de fondo, sino que, además, que se declare que no existe deuda alguna con respecto a las remuneraciones de que se vio privada la funcionaria nombre reservado, con motivo de no haber sido traspasada al SLEP y no haber desempeñado labores hasta antes de su reintegro, planteamientos que han sido resueltos por los diversos pronunciamientos, ya referidos.

En tal sentido, dado que el acto recurrido no hace sino reiterar al SLEP la instrucción de dar efectivo cumplimiento a los oficios N° E40740 y N° E113549, de 13 de marzo y 7 de julio ambos de 2025, queda en evidencia que la presente acción cautelar se interpuso excediendo con creces el plazo de treinta días corridos previsto para su interposición en el auto acordado que regula la tramitación y fallo de la acción de protección.

A mayor abundamiento, precisa que el agravio en que fundamenta la presente litis se remonta al oficio N° E132525, de 13 de agosto de 2021, fecha en que se instruyó al SLEP de Atacama, como sucesor legal de la Municipalidad de Copiapó, adoptar las medidas tendientes a reincorporar a la señora nombre reservado a sus labores y pagarle las remuneraciones que no percibidas en el tiempo En seguida, hizo presente la falta de notificación de la interesada, doña nombre reservado.

Asimismo, alega que el asunto sobre que versa la acción es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, observando que el SLEP no busca el amparo del ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado, sino que ha instalado una controversia en torno a aspectos latamente resueltos por ese organismo de control desde el año 2021, como son el traspaso por el solo ministerio de la ley de la señora nombre reservado a ese Servicio y la obligación de ese sostenedor de pagar las remuneraciones de las que se vio privada por la actuación ilegal de la Administración, cuestión que el SLEP niega, alegando un enriquecimiento sin causa atendido por la falta de prestación efectiva de servicios de parte de la funcionaria entre el 1 de enero de 2021 y el 8 de noviembre de 2024.

Por lo señalado, estima que la pretensión del servicio recurrente excede el objeto de esta acción constitucional, la cual no es declarativa de derechos.

En seguida, esgrime ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en la dictación del oficio N° E133062, de 2025, destacando que el servicio recurrente no ha expresado los motivos por los cuales la actuación de esta entidad de control podría ser catalogada de esa manera, centrando sus alegaciones en torno al traspaso de la señora nombre reservado y el pago de sus remuneraciones correspondientes al tiempo que estuvo separada de sus labores.

Sin perjuicio de lo anterior, descarta ilegalidad o arbitrariedad, puesto que tanto el oficio N° E133062, de 2025, como todos los que le anteceden, han sido emitidos en uso de las competencias que le han sido asignadas a la Contraloría en virtud de los artículos 6, 7 y 98 de la Constitución Política de la República; y, artículos 1, 5, 6, 9 y 19 de la Ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría, así como de la Resolución N° 1.002, de 2011, de la Contraloría General de la República, sobre Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales.

En ese mismo sentido, hace presente que conforme a los artículos 1 y 6, inciso final, de la Ley N° 10.336, la Contraloría General de la República es la encargada -entre otras materias- de vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo, siendo sus decisiones y dictámenes los únicos medios que podrán hacerse valer como constitutivos de la jurisprudencia administrativa.

Así, las conclusiones a las que ha arribado ese organismo fiscalizador en los diversos pronunciamientos se fundan en la interpretación de la normativa contenida en la Ley N° 21.040, en lo que al traspaso de la señora nombre reservado se refiere, mientras que con respecto al pago de las remuneraciones de las que se vio privada, el análisis de su situación encontró fundamento sobre la base de la jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes N° 63.920, de 2016; N° 44.991, de 2017; N° 30.118, de 2018; y, N° E280419, de 2022, conforme a los cuales, quienes fueron apartados de forma irregular tendrán derecho a percibir las remuneraciones por el tiempo en que se mantuvieron indebidamente alejados del servicio, a menos que durante ese tiempo hayan ejercido otras labores en el sector público, caso en el cual sólo tendrán derecho al pago de las diferencias entre las remuneraciones obtenidas en ese eventual desempeño y aquellas que les hubiere correspondido percibir de no haber sido alejadas indebidamente.

A su vez, recuerda que los informes jurídicos emitidos por esa entidad fiscalizadora son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización y de carácter imperativo para los mismos, por lo que su incumplimiento por esos organismos significa la infracción de los deberes funcionarios de quienes les corresponde adoptar las medidas necesarias para que ellos sean acatados, comprometiendo su responsabilidad administrativa.

De otro lado, argumenta que el recurso de protección no puede emplearse como un mecanismo para avalar el desacato del SLEP, ni menos para eludir una eventual responsabilidad disciplinaria.

En cuanto al fondo del asunto planteado, reitera que doña nombre reservado fue traspasada por el solo ministerio de la ley al Servicio Local de Educación Pública Atacama desde la Municipalidad de Copiapó, entidad esta última que puso término a su contrato de trabajo de carácter indefinido el 31 de diciembre de 2020, por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, lo cual se encontraba expresamente prohibido por el inciso segundo del artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.109, debiendo ser regularizada esa situación por el Municipio, entidad que decidió dejar sin efecto la desvinculación de la funcionaria.

En este aspecto, manifiesta que en más de una oportunidad el servicio recurrente, con el propósito de dar cuenta a esa entidad de control del cumplimiento de los pronunciamientos que ordenaron la reincorporación de la señora nombre reservado con motivo de su traspaso, informaba de gestiones realizadas ante la Dirección de Educación Pública a efectos de que se dictara una resolución que permitiera su traspaso.

No obstante, el traspaso del personal asistente de la educación a contar del 1 de enero de 2021 al SLEP, se produjo por el solo ministerio de la ley, lo cual supone que la existencia de un acto formal de la Administración solo tiene el efecto de constatar dicha circunstancia, sin que se transforme en un requisito para la existencia efectiva del traspaso. Lo anterior, además, se corrobora por la actuación del mismo SLEP, ya que procedió a reincorporar a la señora nombre reservado en noviembre de 2024, sin la necesidad de una resolución que dispusiera su traspaso, actuar que evidencia, además, la contradicción de las alegaciones contenidas en el recurso.

Destaca que lo anterior evidencia el incumplimiento por parte del servicio recurrente de la instrucción impartida el 23 de agosto de 2021, durante los 3 años consecutivos, advirtiéndose una excesiva pasividad, desatendiendo el cumplimiento de sus obligaciones y trasladando la responsabilidad de lo instruido a la señora nombre reservado con respecto a la circunstancia de no haber sido reintegrada antes de noviembre de 2024 a sus funciones.

Acerca del reintegro de las remuneraciones a la señora nombre reservado, de las que se vio privada, indica que, en la especie la funcionaria se encontró impedida de desempeñar sus funciones por una causal de fuerza mayor, toda vez que su inasistencia al trabajo tuvo como origen un acto viciado de la autoridad, al que le fue imposible resistir y del cual reclamó oportunamente ante esa entidad de control, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes N° 37.507, de 1994; N° 40.572, de 2005; y, N° 17.882, de 2017.

Teniendo presente lo anterior, es que esa entidad contralora al emitir el oficio N° E132525, el 23 de agosto de 2021, junto con ordenar al SLEP reincorporarla a sus funciones, también instruyó efectuar el pago de las remuneraciones de las cuales se vio impedida de percibir desde el 1 de enero de ese mismo año, fecha en la cual fue traspasada por el solo ministerio de la ley y sin solución de continuidad al servicio recurrente.

Por lo tanto, si el pago de las remuneraciones adeudadas a la funcionaria causa un detrimento al patrimonio del SLEP, según lo ha alegado ese servicio, ello ha obedecido únicamente a su abierto desacato en el cumplimiento de las instrucciones ordenadas por ese organismo de fiscalización, circunstancia que no procede que sea alegada por el servicio recurrente con el propósito de eludir el cumplimiento de sus obligaciones.

En todo caso, indica que si durante el tiempo en que la señora nombre reservado se mantuvo irregularmente alejada de sus funciones ejerció otras labores remuneradas en el sector público, solo tendría derecho al pago de las diferencias entre las que haya percibido y aquellas que le hubiere correspondido percibir en caso de no haber sido indebidamente alejada, lo cual nunca pudo ser acreditado por el SLEP, ni por esa entidad de control conforme a las validaciones efectuadas en el SIAPER y en el portal de transparencia activa del Servicio Mejor Niñez, que sería la entidad ante la cual habría prestado servicios la funcionaria, de acuerdo a lo que alegó el servicio recurrente.

Por lo indicado, descarta afectación al derecho constitucional supuestamente vulnerado.

A folio 23, se trajeron los autos en relación y con fecha dos de febrero último se procedió a la vista a la vista de la causa, compareciendo a estrados el señor abogado, don Osvaldo Ignacio López Bugueño, por la parte recurrente, mientras que por la recurrida se presentó la señora letrada, doña nombre reservado, quedando la causa en estado de estudio con esa misma fecha, en conformidad a lo que dispone el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales, para luego, pasar a estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: La Constitución Política de la República de Chile establece en su artículo 20 la acción de protección de derechos fundamentales de algunos de aquellos que aparecen en el artículo 19 de la misma Carta Fundamental, consagrando con ello un arbitrio para la tutela urgente cuando éstos fueren amenazados o conculcados mediante un acto ilegal o arbitrario. Entre estos derechos fundamentales se encuentran los signados por la recurrente, esto es, el derecho a la integridad física y psíquica de la persona y la igualdad ante la ley.

SEGUNDO: El antes referido arbitrio está consagrado para la tutela urgente de los derechos fundamentales a los que garantiza, lo que implica corregir, o restablecer el imperio del derecho en los casos en que estos pudieren verse amenazados o conculcados sin que ello suponga realizar una aplicación de esos derechos sobre un asunto de fondo, o que implique efectos jurídicos más permanentes que aquellos que exige el restablecimiento urgente del derecho en cuestión.

En cuanto a la extemporaneidad:

TERCERO: Considerando, particularmente, la relación de los hechos de la presente causa, de acuerdo con el tenor de lo expositivo, esta Corte necesariamente ha arribado a la convicción que la presente acción de protección resulta extemporánea.

En efecto, si bien es cierto la actora recurrió de protección con fecha 28 de agosto del año pasado, en contra del Oficio Nº E133062/2025, de fecha 7 de agosto de 2025, emanado de la Contraloría Regional de Atacama, dentro del plazo de treinta días, no se puede perder de vista que la dictación de la referida resolución surge a raíz de una serie gestiones en que la propia recurrente, al margen de la normativa legal y no queriendo asumir lo ya decidido con varios años de anticipación, procedió a autogenerarse un nuevo plazo para deducir la presente acción constitucional.

En ese orden de ideas, conforme al mérito de los antecedentes aportados en esta sede, resulta evidente y manifiesto que, en definitiva, lo que se cuestiona por la recurrente en el presente caso, es la dictación del Oficio N° E132525, de fecha 23 de agosto de 2021, mediante el cual la Contraloría Regional de Atacama, junto con ordenar al SLEP reincorporar a la señora nombre reservado a sus funciones, también instruyó efectuar el pago de las remuneraciones de las cuales se vio impedida de percibir desde el 1 de enero de ese mismo año, fecha en la cual fue traspasada por el solo ministerio de la ley y sin solución de continuidad al servicio recurrente.

Luego, es posible advertir que lo ordenado precedentemente por la entidad fiscalizadora recurrida, no se cumplió por parte de la actora hasta el día 11 de noviembre de 2024, fecha en que recién se suscribió el contrato de trabajo respectivo.

CUARTO: En consecuencia, aparece como evidente que la excesiva demora en la reincorporación de la trabajadora es lo que determina el monto definitivo que se le deberá pagar a ésta, puesto que ello ya había sido determinado más de tres años antes, esto es, con fecha 23 de agosto de 2021, mediante el Oficio N° E132525 de la Contraloría Regional de Atacama, no pudiendo pretenderse más de cuatro años después que se desconozca lo allí resuelto, más aún, si es que no se reclamó oportunamente por esta vía constitucional, que establece un plazo perentorio de treinta días para para impetrar la acción respectiva, apareciendo como manifiesto que todas esas otras gestiones que se desarrollan con posterioridad, hasta llegar al acto recurrido que nos convoca, no forma parte de la ritualidad procedimental que el legislador ha considerado para estos efectos, sino que, más bien, aparece como una gestión propia por parte de quien recurre, con la finalidad de revivir un plazo fenecido, razón por la cual, la presente acción constitucional de protección resulta ser extemporánea y corresponde proceder a su rechazo.

QUINTO: A mayor abundamiento, y sin perjuicio de lo precedentemente concluido, en cuanto al fondo del asunto, no está demás tener presente que el inciso primero del artículo 98 de la Constitución Política de la República, el cual prescribe:

“Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad general de la Nación, y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva”.

A su turno, y en similar sentido, el artículo 1° de la Ley 10.336, Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, dispone lo siguiente:

“La Contraloría General de la República, independiente de todos los Ministerios, autoridades y oficinas del Estado, tendrá por objeto fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos del Fisco, de las Municipalidades, de la Beneficencia Pública y de los otros Servicios que determinen las leyes; verificar el examen y juzgamiento de las cuentas que deben rendir las personas o entidades que tengan a su cargo fondos o bienes de esas instituciones y de los demás Servicios o entidades sometidos por ley a su fiscalización, y la inspección de las oficinas correspondientes; llevar la contabilidad general de la Nación; pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de los decretos supremos y de las resoluciones de los Jefes de Servicios, que deben tramitarse por la Contraloría General; vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo y desempeñar, finalmente, todas las otras funciones que le encomiende esta ley y los demás preceptos vigentes o que se dicten en el futuro, que le den intervención.

La Contraloría estará obligada a ejercer en forma preferente las atribuciones señaladas en el inciso anterior, en los casos de denuncias hechas o investigaciones solicitadas en virtud de un acuerdo de la Cámara de Diputados”.

Posteriormente, en relación con la materia que nos convoca, se debe tener en consideración lo que disponen los incisos primero y segundo del artículo 6° de la Ley 10.336, los cuales expresan lo siguiente:

“Corresponderá exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen.

Del mismo modo, le corresponderá informar sobre cualquier otro asunto que se relacione o pueda relacionarse con la inversión o compromiso de los fondos públicos, siempre que se susciten dudas para la correcta aplicación de las leyes respectivas”.

Así las cosas, en conformidad a la normativa constitucional y legal ya expuesta, no cabe duda de que el pronunciamiento emitido en el presente caso por la entidad recurrida, se encuentra en el ámbito propio de sus competencias, sin que se hayan invocado vicios de procedimiento que pudieran afectar tal decisión, por lo que tampoco correspondería a los Tribunales de Justicia inmiscuirse en el fondo de lo ya resuelto por el órgano contralor.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

- Que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por don nombre reservado, en representación del Servicio Local de Educación Pública de Atacama, en contra de la Contraloría Regional de Atacama, representada por don nombre reservado.

Regístrese y archívese si no se apelare.

Redacción del señor Fiscal nombre reservado, don nombre reservado.

Rol Corte Protección N° 388-2025.