SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE MICRO EMPRESARIOS DE COPIAPO con I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO

C.A. de Copiapó Copiapó, once de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1, el 20 de junio de 2025, complementada folio 11, comparece el Sindicato de Trabajadores Independientes de Microempresarios, representado por su Presidenta, doña nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Copiapó, por vulneración arbitraria e ilegal a los derechos fundamentales garantizados en los numerales 2, 3, 21, 22, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, así como vulneración al principio de confianza legítima y al derecho a vivir con dignidad.

Refiere que el Sindicato de Trabajadores Independientes Microempresarios de Copiapó está actualmente conformado por 25 afiliados, cuenta con directorio vigente, posee rol único tributario asignado por el Servicio de Impuestos Internos, y se encuentra debidamente registrado ante el Ministerio de Hacienda en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos. Asimismo, figura en el Registro de Colaboradores del Estado y Municipalidades, lo que acredita su calidad de persona jurídica habilitada para recibir fondos públicos, incluyendo aquellos de origen municipal.

Como contexto histórico, señala que, tras diversas gestiones, los vendedores ambulantes lograron obtener permisos municipales para ejercer el comercio en la vía pública, lo que marcó un hito en la formalización de su actividad. Asimismo, asumieron los costos de implementación de sus puestos de trabajo, comúnmente denominados carros, los cuales contaban con numeración individual otorgada por la misma municipalidad, promoviendo el sindicato en 1997 la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y la emisión regular de boletas de ventas y servicios.

Posteriormente, indica que durante las décadas siguientes han sido objeto de constantes amenazas, presiones y vulneraciones, tanto físicas como psicológicas, en relación con la renovación de sus permisos y la permanencia en el eje histórico de calle Chacabuco.

Así, refiere que de manera abrupta y arbitraria se ha visto interrumpida la continuidad de su actividad económica lícita ante la negativa del municipio a renovar las patentes municipales, sin ofrecer alternativas ni mediar procedimiento alguno, lo que ha generado un retroceso sustantivo en su situación socioeconómica, privándolos de su fuente de ingresos y afectando su derecho a desarrollar una actividad económica, así como de su dignidad como trabajadores.

Aduce que producto de esta situación, se han visto obligados a desempeñar sus labores en condiciones precarias, recurriendo a la utilización de toldos, mesas u otros elementos improvisados que no solo desmejoran el entorno urbano, sino que evidencian la ausencia de medidas mínimas de mitigación o resguardo por parte de la autoridad, circunstancia que se agrava aún más si se considera que muchos son personas de la tercera edad, con enfermedades crónicas o condiciones de salud de base, además de jefes de hogar, configurándose un impacto desproporcionado y discriminatorio en su contra.

Igualmente, refiere que realizaron gestiones formales para la instalación del suministro eléctrico en los espacios que ocupaban, asumiendo incluso los costos asociados a ello. No obstante, sin notificación ni fundamento legal, los medidores fueron retirados por la empresa de elctricidad, por orden municipal, sin que hasta la fecha se haya dispuesto su restitución ni compensación alguna.

Indica que, durante los primeros días del mes de junio de 2025, diversos socios del Sindicato concurrieron personalmente a dependencias de la Ilustre Municipalidad de Copiapó con el objeto de realizar el pago correspondiente a sus permisos municipales, pero los funcionarios municipales se negaron a ello, sin ofrecer explicación fundada ni entregar documento formal que justificara dicha negativa, contrariando principios básicos de legalidad y transparencia administrativa.

En esas circunstancias, refiere que el miércoles 18 de junio de 2025, concurrieron como de costumbre a sus puestos ubicados en las calles Atacama con Chacabuco y Chañarcillo con Chacabuco. Sin embargo, sin previo aviso, dichas arterias fueron cerradas y se desplegó un operativo conjunto de Fuerzas Policiales -Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones-, funcionarios municipales, personal de seguridad pública, Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública, Servicio de Impuestos Internos y Servicio de Salud. Durante el operativo, se realizaron controles de identidad y se exigieron permisos municipales cuya renovación, como se indicó, había sido previamente denegada. Luego, al exhibir los permisos correspondientes al mes de mayo, vigentes hasta ese momento por falta de negativa formal fundada, estos fueron retenidos y no devueltos, lo que -a su juicio- constituye una privación ilegítima del derecho de propiedad en tanto documento habilitante para el ejercicio económico regular.

Aduce que si bien los permisos municipales poseen un carácter formalmente precario, su otorgamiento continuo, el cumplimiento de las condiciones establecidas y el pago periódico por parte de los comerciantes, consolidan una situación jurídica estable que genera legítimas expectativas protegidas por el ordenamiento jurídico, por lo que la negativa arbitraria a renovarlos, sin resolución fundada ni procedimiento formal alguno, configura una privación ilegítima del goce y aprovechamiento económico derivado de un derecho patrimonial legítimamente adquirido.

Agrega que, en el mismo contexto del desalojo, varios miembros del sindicato, en su mayoría adultos mayores, fueron objeto de coacciones y situaciones de tensión extrema que derivaron en crisis de salud, incluyendo episodios de desmayos y convulsiones, pese a lo cual no se contó con asistencia médica oportuna en el lugar, lo que agravó la vulnerabilidad de las personas afectadas y puso en riesgo su integridad física y psíquica.

En seguida, refiere que el día 19 de junio de 2025, se sostuvo una reunión con la Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública, quien propuso la conformación de una mesa de trabajo entre las autoridades y los trabajadores. Posteriormente, se celebró un encuentro con el propio alcalde en dependencias municipales, quien se limitó a escuchar la problemática sin ofrecer solución alguna respecto al tiempo ya transcurrido sin poder ejercer la actividad comercial, negándose además a reubicar a los afectados o entregarles permisos provisorios hasta que se resolviera el conflicto de fondo, refiriéndose a una supuesta orden superior, omitiendo completamente su deber legal de adoptar medidas transitorias, mitigadoras o de subsistencia mínima.

Expresa que en esta misma instancia se entregaron los partes cursados durante el operativo policial, los cuales fueron anulados de facto, destruyéndose físicamente en el momento, sin seguir procedimiento administrativo alguno, lo que representa una gravísima vulneración a los principios de legalidad, debido proceso y probidad administrativa.

En seguida sostiene que la negativa unilateral e inmotivada de la Municipalidad de renovar el permiso a un grupo específico de vendedores ambulantes, mientras a otros en circunstancias similares sí se les mantiene dicha autorización, constituye una forma de discriminación arbitraria, diferenciación injustificada que además puede entenderse como una afectación indirecta a otros derechos fundamentales, como el derecho al trabajo y el derecho de propiedad sobre el uso patrimonial derivado del permiso.

Destaca que, conforme a la práctica histórica, los permisos municipales para el ejercicio del comercio ambulante han sido habitualmente pagados por los socios del sindicato entre los días 3 y 5 de cada mes, lo que obedece a la necesidad de contar con la información actualizada respecto al monto correspondiente al permiso. Sin embargo, en el mes de junio del presente año, se permitió el pago anticipado del permiso municipal únicamente a ciertos comerciantes, situación que carece de toda formalidad, dado que no se ha emitido ninguna circular ni resolución que regule nuevos plazos, condiciones o requisitos para acceder al permiso respectivo.

Refiere que dicho otorgamiento selectivo fue dirigido a personas que no forman parte del sindicato, aunque trabajan en el mismo sector, tales como doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, entre otros, lo que revela un trato desigual y carente de justificación objetiva y razonable, lo que configura una discriminación arbitraria, vulneratoria además del artículo 19 N° 22 de la Constitución Política de la República, que prohíbe la discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

Asimismo, refiere que situación análoga se constata respecto de los comerciantes ubicados en las afueras del Hospital Regional de Copiapó, quienes sí han visto renovados sus permisos sin inconvenientes, pese a encontrarse en una condición jurídica similar a la de los recurrentes, manifestando que existen antecedentes que sugieren una relación directa entre el Jefe del Departamento de Patentes de la Municipalidad y algunos de dichos comerciantes, lo que refuerza la sospecha de favoritismo y uso discrecional de la facultad de otorgar permisos, infringiendo con ello los principios de probidad, igualdad y legalidad administrativa.

Advierte que incluso entre los propios socios del sindicato se han evidenciado diferencias arbitrarias respecto de la entrega de permisos, tanto en su cantidad como en los requisitos exigidos para su obtención.

En seguida, argumenta que la decisión de no renovar los permisos municipales para el ejercicio del comercio en la vía pública, sin previo aviso ni fundamento legal suficiente, vulnera el principio de confianza legítima, consagrado como límite a la actuación discrecional de la Administración.

Asimismo, indica que, aunque los permisos tengan carácter precario según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, su revocación o no renovación no puede hacerse en forma sorpresiva ni como una sanción encubierta.

Además -prosigue-, se ha omitido completamente un procedimiento formal que permita a los afectados ejercer su derecho a defensa, infringiendo el debido proceso consagrado en el artículo 19 N°3 de la Constitución. Ello por cuanto la decisión fue adoptada unilateralmente, sin investigación administrativa ni resolución fundada de autoridad competente y sin acreditar formalmente los supuestos hechos en que se basa, lo que contraviene los principios de legalidad, proporcionalidad y buena fe que rigen toda actuación estatal.

De otro lado, denuncia que desde hace años se evidencia una situación de abandono por parte de las autoridades y que históricamente han sido segregados y estigmatizados mediante calificativos como “delincuentes” o “traficantes”, sin fundamento ni justificación alguna. Afirma que esta imagen distorsionada contrasta con su realidad y trayectoria, pues son personas de esfuerzo, que han logrado, gracias a esta fuente laboral, sustentar a sus familias y avanzar en su desarrollo personal y colectivo.

Finalmente, sostiene que como consecuencia directa del hostigamiento, las amenazas constantes, las humillaciones públicas, la incertidumbre laboral y la inseguridad respecto a su fuente de sustento, se han visto afectados por un evidente daño psicológico, pues esta situación les ha generado un profundo menoscabo moral, angustia, cuadros de ansiedad, y un sentimiento de indefensión que se ha visto intensificado ante la falta de respuesta institucional adecuada por parte de las autoridades competentes.

Resalta que el despojo forzoso de sus puestos de trabajo no solo ha significado la pérdida de su único ingreso económico, sino que ha impactado gravemente en la capacidad para sostener a sus familias, pues viven bajo una lógica de subsistencia diaria, es decir, perciben ingresos cada jornada que destinan inmediatamente a cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos y transporte.

Por ello, la imposibilidad de generar ingresos los ha obligado a recurrir a la recolección de alimentos o la organización de ollas comunes, una práctica solidaria que, si bien da cuenta de la resiliencia del grupo, refleja dramáticamente el nivel de precariedad al que se han visto reducidos.

En consecuencia, afirma que la actuación de la Municipalidad no sólo es jurídicamente reprochable por su falta de proporcionalidad y razonabilidad, sino que también infringe el estándar constitucional de respeto a las situaciones jurídicas consolidadas. Tal proceder implica un acto ilegal y arbitrario que justifica la adopción de medidas cautelares como el restablecimiento del permiso u otras soluciones alternativas, en resguardo del principio de juridicidad, del derecho al trabajo y de la dignidad de las personas afectadas.

Termina solicitando acoger la presente acción de protección, ordenando el inmediato restablecimiento del imperio del derecho, permitiéndose a los recurrentes continuar ejerciendo su actividad económica en condiciones similares a las que regían previamente al conflicto, mediante la renovación de los permisos municipales o, alternativamente, mediante la asignación de una solución transitoria y proporcional, que asegure su subsistencia y que se instruya la adopción de medidas administrativas adecuadas, transparentes y conforme a derecho, que garanticen el respeto al debido proceso, a la igualdad ante la ley, y a la confianza legítima de los administrados, entre otras.

A folio Informe 18 comparece el abogado don Luis Hernán González Codocedo, en representación convencional de la recurrida Ilustre Municipalidad de Copiapo, representada legalmente a su vez por su alcalde don Maglio Cicardini Neyra, evacuando el informe solicitado, donde solicita su absoluto rechazo, con expresa condena en costas.

Primeramente, alega la improcedencia de la acción de protección por cuanto de la sola lectura del libelo se advierte que el recurrente no ha fundado de manera concreta y concisa la ilegalidad y arbitrariedad de la Ilustre Municipalidad de Copiapó.

De otro lado, indica que el legislador ha dispuesto, respecto de omisiones y actos contrarios a la normativa legal vigente por parte de la Municipalidad, la interposición de la reclamación de ilegalidad contenida en el artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

En seguida, refiere sobre la facultad del alcalde en el otorgamiento de permisos. Al efecto, indica que la negativa, por parte de la administración municipal, de entregar un permiso para el desarrollo de las actividades como comerciantes ambulantes de los actores en ningún caso podría considerarse como un acto arbitrario e ilegal, ya que es una atribución exclusiva del alcalde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Dicha norma faculta a los alcaldes para otorgar concesiones y permisos de ocupación de los bienes nacionales de uso público. Luego, estos permisos son esencialmente precarios y pueden ser revocados o dejados sin efecto, sin derecho a reclamar indemnización alguna. Tampoco se requiere dar aviso previo, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 36 inciso segundo y 63 letra g) de la referida Ley.

Por consiguiente, indica que la Ilustre Municipalidad de Copiapó no se encuentra obligada a otorgar el permiso que solicitan los recurrentes, así como su negativa tampoco obedece a móviles que permitan dar por entendido que exista algún atisbo de discriminación en su contra, ya que tal decisión es facultativa del alcalde, quien pondera su entrega en base a los antecedentes que le son entregados y por ello no resulta legal cuestionar la voluntad edilicia en orden a conceder o revocar un permiso de naturaleza precaria. Refiere que así lo ha reconocido la jurisprudencia, la que es clara en el sentido de señalar que, en materia de concesión y revocación de permisos municipales, primará siempre la discrecionalidad del alcalde.

Luego se refiere al operativo de desalojo de fecha 18 de junio de 2025, el que fue impulsado por iniciativa de la Seremi de Seguridad Pública en coordinación con distintos organismos. Indica que en el mismo se produjeron fiscalizaciones por parte de inspectores municipales, quienes cursaron las infracciones a comerciantes sin permiso respectivo, así como el decomiso de especies.

Al respecto, precisa que la Ley Nº 21.426, sobre comercio ilegal, establece en su artículo 4, inciso 1º: “Las policías, los inspectores municipales y los funcionarios autorizados del Servicio de Impuestos Internos conforme a lo dispuesto en el artículo 86 del Código Tributario, podrán fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente respecto de quienes ejercen el comercio, sea ambulante o establecido. Al efecto, estarán facultados para requerir la exhibición de los permisos municipales o sanitarios respectivos, así como los documentos que acrediten el origen de las especies que comercializan.”.

En seguida, acerca de una eventual situación jurídica consolidada, como se alega en el recurso, refiere que el artículo 160 de la ley Nº18.290, Ley de Tránsito, señala que: “Las vías públicas deberán destinarse a cumplir su objetivo. Prohíbese en las vías públicas: 1.- Destinar las calzadas de calles o caminos a otro uso que no sea el tránsito de vehículos; (…); 3.- Ejercer el comercio ambulante en calzadas y bermas o el comercio estacionado sin permiso municipal o sin autorización del Ministerio de Obras Públicas, en su caso; 4.- Construir o colocar quioscos, casetas y toda otra instalación similar, sin permiso del Ministerio de Obras Públicas o de la municipalidad, en su caso; 5.- Colocar, cargar, arrastrar o hacer rodar bultos, canastos u otros, cuyo tamaño o forma moleste a los peatones o entorpezca el tránsito; 6.- Colocar propaganda y otros objetos que puedan entorpecer el tránsito de peatones o vehículos; (…)”.

De esta forma, refiere que el legislador ha impuesto la carga de administrar los bienes nacionales de uso público en las Municipalidades, por lo que su omisión podría constituir un real reproche constitucional, según jurisprudencia relativa al tema. Cita fallos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 592-2024 y Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol 10640-2020.

Se trajeron los autos en relación y, agregados extraordinariamente, el día de la vista se escucharon los alegatos de las partes.

La causa quedó en estudio y, posteriormente, pasó a estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: El recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, cuyo objetivo es la adopción de medidas de carácter urgente, tendientes a salvaguardar los derechos o garantías constitucionales preexistentes, conculcados por actos u omisiones ilegales o arbitrarios. En efecto, la Excelentísima Corte Suprema ha señalado, que si bien en virtud de la competencia conservativa que el indicado arbitrio confiere, pueden adoptarse todas las medidas que se estimen conducentes para otorgar la debida protección a quienes han visto amagados sus derechos constitucionales previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, lo cierto es que no se puede perder de vista que esta acción constituye una medida de emergencia consagrada para dar remedio pronto y eficaz a los atropellos que sufra la ciudadanía en sus derechos constitucionales producto de una acción u omisión que a todas luces sea ilegal y/o arbitraria, cuestión que justifica una intervención jurisdiccional rápida que ampare suficientemente el derecho amagado, mientras se acude a la sede ordinaria o especial correspondiente, otorgando una tutela efectiva a las y los recurrentes.

Segundo: Como es unánimemente aceptado, el recurso de protección requiere para su procedencia, la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal y arbitraria; que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; y finalmente, que quien lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción constitucional se dirija en contra de quien ha causado la conculcación de un derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

Tercero: Para comenzar el análisis, ha de indicarse que el recurso de protección que se conoce adolece de imprecisiones que obstan, desde ya, a que las pretensiones que en éste se exponen sean acogidas.

En efecto, quien recurre lo hace en representación del Sindicato de Trabajadores Independientes de Microempresarios, pero no se detiene en individualizar los socios[as] de dicho sindicato que son, en definitiva, quienes habrían resultado afectados por el actuar del municipio recurrido, especialmente, en relación con la conducta que se le imputa de negar la renovación de los permisos municipales. Sólo se limita a señalar su número, esto es, un total de 25 personas.

La imprecisión anterior queda en evidencia también cuando en el libelo de protección se sostiene que: «[…] diversos socios del actual Sindicato de Trabajadores Independientes de Microempresarios de Copiapó concurrieron personalmente a dependencias de la Ilustre Municipalidad de Copiapó con el objeto de realizar el pago correspondiente a sus permisos municipales […] Sin embargo funcionarios municipales les negaron dicho pago […]»; sin detallar cuántos ni quiénes de los socios[as] habrían sido los que concurrieron a las oficinas municipales y habrían resultado afectados por dicho actuar.

Cuarto: En atención a lo señalado precedentemente, se desprende que el presente arbitrio ha sido interpuesto de manera genérica e indeterminada, lo que pugna con su objetivo, ya que esta vía constitucional debe enderezarse en miras a proteger a una o más personas específicas y determinadas, que han sido lesionadas por un acto u omisión arbitrario o ilegal.

Quinto: Cabe recordar que sobre esta materia, que concierne a la legitimación activa para recurrir de protección, la Excma. Corte Suprema ha señalado:

«Segundo: Que la regulación constitucional del recurso de protección, en cuanto a la legitimación activa, distingue claramente entre la persona afectada en sus derechos y quien puede recurrir en su favor, determinando una amplia legitimación para accionar o interponer el requerimiento, pudiendo hacerlo “cualquiera a su nombre”, incluso sin representación. Sin embargo, la persona favorecida por la acción debe estar precisamente identificada, puesto que son los derechos y garantías relacionadas con ellas los que corresponde examinar en su afectación, circunstancia a la cual alude el Constituyente con la expresión “el que”. Es así como no es posible entender que el recurso de protección sea una acción popular, la que es posible interponer en favor de personas indeterminadas.

Tercero: Que habiéndose deducido el presente arbitrio genéricamente en favor de los afiliados y afiliadas de las organizaciones recurrente como asimismo respecto de los RUT reservado de niños, niñas y adolescentes del sistema escolar chileno, sin que se haya efectuado la determinación precisa respecto de las personas por quienes se está accionando, aparece de ese modo palmario que no se ha acreditado el interés directo en las garantías constitucionales que se reclaman afectadas, por lo que carecen de la legitimación activa para accionar como ha acontecido Así lo ha entendido de manera reiterada y uniforme esta Corte Suprema según da cuenta lo resuelto en los autos Roles N°s [cuenta reservada], 19.307-2016, 19.309-2016, 6953-2017, 39.660-2020, 43.834-2020, 50.382-2020, 63.146-2020, 69.668-2020. 79.013-2020, 85.355-2020 y 92.083» [SCS, 22 de octubre de 2020, Rol N° 127.204-2020].

Sexto: A la deficiencia antes señalada se une la ausencia de argumentos acerca de la existencia y/o vigencia de los permisos municipales que habilitarían a cada uno de dichos socios[as] para el desarrollo de sus actividades comerciales en la intersección de las calles Chacabuco y Chañarcillo de la ciudad de Copiapó. En otras palabras, no se desarrollan aspectos tan relevantes como la situación administrativa actual de los permisos municipales de cada socio[a], lo que obsta a la correcta decisión del asunto Séptimo: Los documentos acompañados en el recurso no pueden revertir los problemas advertidos, más aún cuando no tienen la completitud ni precisión necesaria para permitir el análisis del asunto.

Al respecto, el pendrive que se acompañó con el contenido documental registra numerosas carpetas, con antecedentes de diversa naturaleza, pero que no coinciden necesariamente con el total de 25 personas afiliadas que se expresa en el recurso; tampoco se visualiza un orden claro de los documentos para cada uno de los casos, lo que colaboraría a entender quiénes serían los socias[as] afectados y de qué manera se verían vulnerados en sus garantías constitucionales.

Octavo: Sin perjuicio, se debe tener presente que los artículos 36 y 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica de Municipalidades, establecen las prerrogativas de la recurrida en la concesión de permisos para la instalación de ferias en calles y plazas.

Es así, que el inciso primero del artículo 36 señala: «Los bienes municipales o nacionales de uso público, incluido su subsuelo, que administre la municipalidad, podrán ser objeto de concesiones y permisos». El inciso segundo agrega: «Los permisos serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnización».

A su vez, el artículo 63 del mismo cuerpo normativo dispone: «El alcalde tendrá las siguientes atribuciones: f) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna que correspondan en conformidad a esta ley; g) Otorgar, renovar y poner término a permisos municipales».

Noveno: La precariedad que la normativa legal dispone expresamente para los permisos que otorgan los municipios en los bienes municipales o nacionales de uso público, implica que dicho permiso no confiere a su titular un derecho adquirido o permanente, sino una autorización temporal sujeta a las condiciones que la autoridad determine. De tal modo, la I. Municipalidad de Copiapó, en su calidad de administradora de un bien nacional de uso público, se encuentra legalmente facultada para decidir la no renovación de permisos otorgados con anterioridad, sin que ello constituya, por sí solo, una vulneración de las garantías constitucionales de quien fuere afectado. Lo anterior, por cuanto, como se ha venido diciendo, dicha facultad debe entenderse como parte de la potestad administrativa que la ley le reconoce a los órganos municipales para resguardar el interés general, la seguridad y el orden público en los espacios que administra.

Décimo: Finalmente, se debe tener presente que el legislador, conforme al contenido de los artículos 1, 3 y 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, ha entregado a dichos organismos, la obligación de aseo, ornato y protección del medio ambiente, por lo que es su deber fiscalizar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria que rige en la comuna, o bien, comunicar a otras autoridades competentes, si fuese del caso, con el fin de que se adopten las medidas administrativas que correspondan.

Por estas consideraciones y con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional deducida por el Sindicato de Trabajadores Independientes de Microempresarios, representado por su presidenta, doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Copiapó.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la ministra Aída Inés Osses Herrera.

Protección rol N° 264-2025.