Protección contra Ilustre Municipalidad de Copiapó

Foja: 0 Cero C.A. de Copiapó Copiapó, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.

Vistos:

La comparecencia de don nombre reservado, abogado, Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, mandatario judicial de la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, actuando en representación del INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, RUT RUT reservado, corporación autónoma de derecho público, todos/as domiciliados/as en calle nombre reservado° 832, comuna de Providencia, Santiago, interponiendo acción de protección en favor de nombre reservado, RUN N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, RUN NUM001, domiciliada en domicilio reservado; MATÍAS, RUN N° NUM011, domiciliado en domicilio reservado;

EMILIO, de 9 años de edad, RUN N° NUM000, domiciliado en domicilio reservado;

nombre reservado, RUN N° NUM002, domiciliada en domicilio reservado; la menor de edad LIDIA, RUN NUM001; CAMILO, RUN NUM004, domiciliado en domicilio reservado; la menor de edad EMA, RUN NUM003; LUIS, de 17 años de edad, RUN NUM005; doña nombre reservado, RUN NUM006, domiciliada en domicilio reservado; el menor de 12 años de edad HÉCTOR, RUN NUM007; la menor de 12 años de edad JIMENA, RUT NUM008; la menor de 10 años de edad PAOLA, RUN NUM009; la menor de 5 años de edad KAREN, RUN desconocido; el menor de 10 años de edad JOAQUÍN, RUN NUM010; doña nombre reservado, RUN N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; todos de la comuna de Copiapó, y a favor de las comunidades educativas de los establecimientos educacionales públicos que se mencionarán y de los vecinos de dichos establecimientos de la comuna de Copiapó; arbitrio constitucional que se deduce en contra de la Ilustre Municipalidad de Copiapó, representada por su Alcalde don Marcos López Rivera, domiciliado en domicilio reservado; en contra del Ministerio de Salud, representado por su Ministro don Emilio Santelices Cuevas, domiciliado en domicilio reservado; y en Chacabuco 630, Copiapó; en contra de la Superintendencia de Medioambiente, representada por su Superintendente don Cristian Franz Thorud, domiciliado en domicilio reservado y en Colipí 570, Oficina 321, piso 3, Copiapó; y en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, representada por su Superintendente don Ronaldo Bruna Villena, domiciliado en domicilio reservado, por vulnerar los derechos constitucionales a la vida y la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, el derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, de los habitantes de la comuna de Copiapó que conforman las comunidades educativas de los establecimientos educacionales mencionados más adelante, y de los vecinos de dichos establecimientos, establecidos en los artículos 19 N° 1, 19 N° 2, 19 N° 8, 19 N° 10 y 19 N°11 de la Constitución Política de la República, conforme a las consideraciones de hecho y derecho que resumidamente expone en su libelo.

Informaron los recurridos, instando por el rechazo del arbitrio.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que el recurrente manifiesta que a partir del año 2015, posterior al aluvión del mes de marzo de ese año que afectó gravemente a la comuna de Copiapó, y hasta la fecha, en diversos establecimientos educacionales públicos de la comuna, se vienen sucediendo serios episodios de emanaciones de gas de causas y orígenes desconocidos, que aparentemente provienen de los sistemas de alcantarillados y de tratamiento de desechos sanitarios. Estas emanaciones producen olores desagradables y molestias físicas, y amenazan y afectan tanto la calidad de los servicios educativos como la continuidad de estudios en varios establecimientos escolares ubicados en la comuna; emanaciones que también se generan y perciben en viviendas que se ubican en el entorno de dichos colegios, afectando la salud y la calidad de vida de los vecinos y vecinas. La información recogida da cuenta que las emanaciones corresponderían a ácido sulfhídrico (H2S). Sobre el particular, los establecimientos mayormente afectados corresponden a: (1) Escuela nombre reservado, ubicada en DIRECCION005; (2) Escuela nombre reservadoÍDICA002, ubicada en DIRECCION006; (3) Liceo nombre reservadoÍDICA001, ubicado en DIRECCION007; (4) Escuela nombre reservadoÍDICA001, ubicada en DIRECCION004; y (5) Jardín Infantil nombre reservadoÍDICA003, ubicado en DIRECCION005.

Agrega que ha tomado conocimiento que -a modo ejemplar- desde 2015 a lo que va del año 2018 se han producido 29 eventos de este tipo, de mayor o menor intensidad, en la Escuela nombre reservado, la más afectada de todas. Por su parte, en la Escuela nombre reservadoÍDICA002, desde el año 2018 a la fecha, se han producido 18 emergencias por emanaciones de gases, que han provocado desde evacuaciones, suspensiones de clases y prohibiciones de funcionamiento del establecimiento. Se relata además a profesionales de la nombre reservado del INDH por parte de la Subdirectora de la Escuela nombre reservadoÍDICA002 y por la Directora del nombre reservado, que las mediciones de emanaciones realizadas han llegado a niveles que oscilan entre 50 y 178 de Concentración Área PPM (ácido sulfhídrico), cuando al interior de un colegio o zona residencial debiese ser cercano a 0. Según la Asociación Chilena de Seguridad, la exposición prolongada a este elemento podría producir en las personas: i) irritación de las membranas mucosas de la nariz y garganta; ii) conjuntivitis; iii) faringitis; iv) bronquitis, al ser un elemento irritante de las vías respiratorias en general; v) cefaleas; vi) mareos; vii) náuseas; viii) vómitos; ix) diarrea; x) temblor; xi) y debilidad general, entre otras afecciones. Los relatos de las autoridades de los colegios, alumnos, comunidad escolar y vecinos en general confirman que algunos de estos efectos se han producido, ya sea en estudiantes, docentes, paradocentes, auxiliares, apoderados o vecinos. En numerosas ocasiones las personas afectadas han debido ser trasladadas a recintos asistenciales de salud, aunque es preciso señalar que no se han detectado a la fecha casos de atenciones de gravedad ni emergencias sanitarias masivas.

Refiere que producto de dichos eventos, y como medida preventiva para resguardar la integridad de las personas, los establecimientos educacionales se han visto obligados a interrumpir o suspender las clases, lo que provoca una severa alteración en el calendario de actividades académicas y en la revisión de los contenidos mínimos que deben recibir los estudiantes, cuestiones que deberían ser de especial preocupación para la I. Municipalidad de Copiapó, institución que a través de su Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM) tiene bajo su responsabilidad la administración del sistema de educación pública comunal, y cuya misión institucional es lograr que las unidades educativas se desarrollen plenamente, cuestión que bajo las condiciones ambientales actuales, resulta dificultoso. En otras ocasiones, es la propia Seremi de Salud de Atacama, la que ha decretado una prohibición de funcionamiento. Resulta ilustrativo lo señalado por la directora del Liceo nombre reservadoÍDICA001, quien indica que sus actividades se extenderán hasta el 5 de enero de 2019, pero que aun así no alcanzarán a revisar todos los contenidos curriculares exigidos por los planes de estudios aprobados por las autoridades educacionales.

Relacionado con lo señalado, debido a las emanaciones de gases se ha tenido que suspender temporalmente la utilización de las cocinas de los establecimientos, lo que redunda en que, desde hace mucho tiempo, solo se entreguen colaciones "frías" a los alumnos y alumnas, muchos de los cuales, regularmente y por las condiciones de vulnerabilidad en que viven, necesitan de esa alimentación diaria, resultando nuevamente vulnerados sus derechos en este ámbito al ver mermada la calidad de su alimentación.

Manifiesta asimismo, que este problema no es desconocido para las autoridades comunales, provinciales y regionales, ni para la empresa sanitaria de la comuna de Copiapó, Aguas Chañar. Tampoco lo es para el Ministerio de Salud, ni para las Superintendencias recurridas de Medioambiente y Servicios Sanitarios; muy por el contrario, dichos actores no sólo se encuentran conscientes de la gravedad del problema, desde el año 2015 al menos, y de la permanente repetición del mismo, sino que se endosan la responsabilidad unos a otros, sin que a la fecha se hayan adoptado medidas efectivas que normalicen una situación que altera de sobremanera el proceso educativo de estudiantes de la comuna, afecta la calidad de vida de los vecinos de las escuelas, y genera fuertes tensiones al interior de las comunidades educativas. En ese sentido, los propios apoderados han llegado a efectuar medidas de presión como "tomas" de los establecimientos, para que se puedan solucionar estos eventos.

En seguida, relata como último eventos relevantes a la época de presentación de esta acción los acaecidos con fecha 14 de septiembre en el sector aledaño a la Escuela nombre reservadoÍDICA002, y el ocurrido con fecha 30 de agosto del presente año que afectó al nombre reservado. Sin embargo, en las últimas semanas el evento más grave, masivo y con mayores consecuencias negativas de emanaciones de gases tóxicos ocurrió los días lunes 20, martes 21, y miércoles 22 de agosto de 2018, oportunidad en la cual alrededor de 7 establecimientos de la comuna ubicados en diversos sectores de la misma, tuvieron que ser evacuados, resultando alumnos y personal de dichos establecimientos intoxicados con los gases, debiendo recibir asistencia médica en servicios de urgencia. Sumado a ello, las clases fueron suspendidas, retomándose recién los días jueves 23 y viernes 24 de agosto en jornadas diferidas, que comienzan a las 13:00 horas y culminan a las 18:00 horas, en el entendido de que es en los horarios de la mañana cuando se producen con mayor frecuencia estos eventos. Este horario diferido de clases -que reduce la jornada escolar de los alumnos y por consiguiente su plan de aprendizaje- permanece hasta el día de hoy en la Escuela de nombre reservadoÍDICA002. A su turno, los efectos de ese mismo evento en el nombre reservado permanecieron en el tiempo, y solo el día 24 de septiembre volvieron a ser utilizadas las cocinas del establecimiento a modo de prueba. Tratándose de la Escuela nombre reservado, hasta la presentación de este recurso, continúa sin utilizar sus cocinas.

Este último hecho público y notorio, fue de tal entidad que se convirtió en un tema de discusión en la comuna en diversos medios de comunicación. Incluso, se produjo una marcha de alumnos, apoderados, familiares y vecinos de los establecimientos, que culminó en el frontis de la I. Municipalidad de Copiapó.

Posteriormente, y siguiendo con los episodios tantas veces comentados, el día 14 de septiembre del presente año, nuevamente, comenzaron a sentirse las emanaciones de gases en los establecimientos de la comuna. Por otra parte, la autoridad Provincial ha sostenido reiteradamente y en forma pública que la entidad responsable de poner fin a las emanaciones es la I. Municipalidad de Copiapó, pues en su opinión nada tiene que ver el sistema de alcantarillas de la ciudad, sino que más bien la emanación de gases obedece a problemas que ocurren al interior de los colegios, específicamente en las cocinas de los mismos. Si bien ello podría ser posible, dicha explicación no resulta consistente con los hechos corroborados por esta Sede Regional, ya que el problema se repite también al interior de las viviendas vecinas a los establecimientos educacionales, lo que da a entender que podría tratarse de un problema mucho más complejo que la mera mala manipulación de residuos al interior de los colegios.

Con posterioridad la recurrente menciona que para abordar la problemática descrita se han constituido numerosas mesas de trabajo entre los distintos actores involucrados, cuyos resultados han sido infructuosos si se considera la permanente repetición de las emanaciones tóxicas. En ese mismo sentido, a la fecha solo se han adoptado medidas paliativas, sin regularizar adecuadamente el funcionamiento del sistema educativo de la zona. Al respecto, las decisiones adoptadas de suspensión de clases y de funcionamiento en horarios restringidos son medidas regresivas, por cuanto significan un retroceso en la calidad y continuidad del servicio educativo al que accedían los niños y niñas de estos establecimientos previo a las emanaciones de gases. Asimismo, dichas medidas tienen un resultado discriminatorio, pues sólo algunos de los establecimientos de la comuna se ven afectados por ellas, produciendo una diferencia que no se justifica razonablemente en comparación a lo que sucede con los niños y niñas que asisten a otros establecimientos educativos de la ciudad de Copiapó.

Por otro lado, las autoridades locales y la empresa sanitaria que opera en la comuna de Copiapó -Aguas Chañar- han realizado trabajos que han demostrado ser insuficientes, como la construcción de ductos de ventilación, reemplazo en algunos casos y limpieza en otros de cámaras desengrasadoras, y limpieza de cañerías. Dichas medidas, a pesar de la inversión económica que han traído consigo, han resultado del todo ineficaces a la luz de la repetición de estos graves hechos, lo que deriva en la constante amenaza de que eventos como los descritos vuelvan a producirse.

Más adelante, la recurrente sostiene que el contexto relatado anteriormente permite establecer que los sucesivos episodios de emanaciones de gases que afectan a colegios de esta comuna, su permanente reiteración durante los últimos 3 años, al menos hasta el último evento documentado ocurrido el 14 de septiembre del año en curso, y la falta de información clara y precisa sobre el origen de los mismos, se producen como resultado de omisiones de las obligaciones que recaen en las distintas autoridades recurridas en orden a prevenir episodios como los vividos durante todo el tiempo señalado por la comunidad de Copiapó. A su vez, estas omisiones privan, perturban y amenazan los derechos constitucionales a la vida y la integridad física, la igualdad ante la ley, el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, así como el derecho a la libertad de enseñanza de los habitantes de la comuna de Copiapó afectados, todos establecidos en los artículos 19 N° 1, 19 N° 2, 19 N° 8 y 19 N°11 de la Constitución Política del Estado.

Seguidamente, la recurrente alude a una serie de consideraciones en relación a la situación regulatoria de la empresa Aguas Norte S.A., hoy Aguas Chañar S.A., RUT N° RUT reservado, manifestando las diversas normas que rigen su actividad relativa a construir y explotar los servicios públicos de producción y distribución de agua potable, y de recolección y disposición de aguas servidas.

En cuanto al plazo de interposición del presente recurso de protección aduce que éste se ha dispuesto dentro del término de treinta días corridos que establece el artículo 1° del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, toda vez que tanto la amenaza como la privación de los derechos de las comunidades educativas y de los habitantes de la comuna de Copiapó subsisten en la actualidad, debido a que las personas afectadas por las emanaciones permanecen expuestos a los efectos perniciosos de los mismos, determinados por el actuar omisivo de las autoridades recurridas que posibilita que las fugas de gases sean permanentes en el tiempo. Adicionalmente, manifiesta que la última manifestación documentada ocurrió el 14 de septiembre de 2018. En este sentido, resultaría aplicable la doctrina de los efectos permanentes de los actos contaminantes, la que determina la renovación continua del plazo para recurrir de protección. En este sentido, se entiende que este recurso se presenta en razón de una privación actual de derechos constitucionales, pero también en atención a una amenaza permanente en el tiempo en el goce de los mismos, derivada del actuar –omisivo- de las autoridades recurridas, la que subsiste atendida su inacción.

Posteriormente, la recurrida refiere las omisiones que atribuye a cada una de las recurridas según se indica a continuación. a) Ilustre Municipalidad de Copiapó: Luego de mencionar diferentes preceptos de la Ley 18.695 -entre ellos los artículos 4, 5, 22 c), 23 y 25-, aduce que las emanaciones derivan en malas condiciones de salud al interior de los establecimientos, lo que sumado a que las jornadas no son suficientes para cumplir con el currículo mínimo requerido para los niveles educativos a nivel nacional, vulneran de manera clara la disponibilidad del servicio educativo en condiciones mínimas aceptables, tal como lo establece el artículo 29.2 de la Convención de Derechos del Niño y la Observación General N° 13, párrafo 6, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que se ha pronunciado en detalle sobre las características del derecho a recibir educación. Todas estas obligaciones deben cumplirse por parte de la I.

Municipalidad de Copiapó a través de su DAEM, por cuanto es responsable en la actualidad de la administración de las Escuelas y Liceos de la comuna, y en virtud de ese mandato, no han realizado las mantenciones ni las inversiones necesarias y eficaces para que las emanaciones de gases tóxicos no vuelvan a repetirse al interior de sus establecimientos educacionales, a pesar de encontrarse en pleno conocimiento de la situación. Tampoco han asumido la responsabilidad de paliar los efectos sin que se afecten los derechos constitucionales de sus alumnos y alumnas por las constantes suspensiones de clases.

El Estado de Chile se ha comprometido mediante la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, a entregar las mismas posibilidades a sus estudiantes, puesto que la norma pertinente señala que: "Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen, además, a formular, desarrollar y aplicar una política nacional encaminada a promover, por métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas nacionales, la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial, a mantener en todos los establecimientos públicos del mismo grado una enseñanza del mismo nivel y condiciones equivalentes en cuanto se refiere a la calidad de la enseñanza proporcionada;" (artículo 4). La Convención comprende dentro del término "enseñanza", el acceso, el nivel y la calidad de esta y las condiciones en que se da (artículo 1). b) Ministerio de Salud: Tratándose de esta entidad, la recurrente primero realiza un repaso de las normas que considera más relevantes respecto del funcionamiento de dicho servicio, entre ellas el artículo 4 N° 4 del DFL N° 1 de 2006, artículo 3 del Código Sanitario y artículo 14 de la Ley 19.937. Asimismo, alude al artículo 12.1. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a algunos otros instrumentos internacionales, para sostener que la imputación concreta que se le formula a la autoridad sanitaria es la omisión del cumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias de control de las actividades contaminantes y riesgosas para la salud humana y del medio ambiente que se desarrollan en la zona. Así, ha omitido desplegar una actividad fiscalizadora y sancionatoria suficiente que contribuya a aminorar los efectos de las emanaciones de gases tóxicos tantas veces ocurridas en la comuna de Copiapó. De otra manera, no resulta lógico ni comprensible que estas emanaciones sigan repitiéndose en diversos sectores de la comuna. Por el contrario, la entidad ha preferentemente emitido oficios a los establecimientos educacionales de la comuna, señalando instrucciones para mantención de sistemas de alcantarillado, tal cual consta en los siguientes documentos: ORD. N° 1773 de 11 de noviembre de 2015, que contiene instrucciones en las medidas sanitarias preventivas en el mantenimiento y limpieza de los sistemas de alcantarillado de los establecimientos educacionales, y difusión del protocolo preventivo en sistema de alcantarillado; ORD. N°768 de 28 de abril de 2016, donde se instruyen medidas sanitarias preventivas en el mantenimiento y limpieza de los sistemas de alcantarillado de los establecimientos educacionales; y el ORD.

N° 1244 de 5 de junio de 2017, donde se solicita adoptar medidas a los establecimientos educacionales, respecto de las emanaciones de gases orgánicos en los sistemas de alcantarillado. Evidentemente, dichas acciones han sido del todo ineficientes, por cuanto la autoridad sanitaria no desplegó acciones positivas para evitar el grave daño que podían producir las emanaciones de gases sobre la salud de las personas en la magnitud que se evidenció los episodios tantas veces relatados. c) Superintendencia de Medio Ambiente: Respecto de esta institución, aduce que el artículo 64 de la Ley 19.300 y los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, le atribuyen un deber de fiscalización respecto de los proyectos aprobados y vigentes, lo que determina en definitiva que, en el caso materia del presente recurso, le correspondía realizar fiscalizaciones a la empresa sanitaria Aguas Chañar S.A., en particular, con respecto a las RCA N° 050 de fecha 14 de Marzo de 2011 (Distribución Domiciliaria) y RCA N° 229, de fecha 19 de Octubre de 2012 (Plan Tratamiento Aguas Servidas). Esta omisión en el deber de fiscalización ha derivado en la concreción de eventos como el que recientemente determinó uno de las mayores emanaciones de gases tóxicos que han afectado a las comunidades educativas y a los habitantes de la comuna de Copiapó, ocurrido a finales del mes de agosto recién pasado. Por otro lado, la SMA posee amplias facultades sancionatorias respecto de aquellos sujetos que incumplen la normativa medioambiental, en los términos establecidos en los artículos 3 letra o) y 35 letra a) de su Ley Orgánica, las que puede ejercer incluso de oficio. Así, es posible concluir que la ilegalidad imputada a la Superintendencia del Medio Ambiente, se traduce en que teniendo dicha repartición facultades de vigilancia propias en razón de su ley orgánica e instrumentos adecuados para sancionar a los infractores, no desplegaron las actividades necesarias para aminorar o derechamente evitar los impactos ambientales ya descritos. Sobre el particular, afirma la recurrente que hasta el día de hoy la autoridad, teniendo un abanico de facultades de fiscalización y sanción, no las ha ejercido en la forma y con la intensidad necesarias para evitar que situaciones como las relatadas continúen sucediendo en la comuna de Copiapó. d) Superintendencia de Servicios Sanitarios: En cuanto a esta institución, argumenta la recurrente que de acuerdo a los artículos 2, 6 y 11 de la Ley 18.902, ésta tiene potestades para llevar adelante procedimientos sancionatorios, incluso de oficio, sobre todo en casos de notorio y público conocimiento como los que trata el presente recurso. Sin embargo, sólo ha realizado un estudio por los malos olores a través del ORD. SISS N° NUM014, de fecha 10 de noviembre de 2017, que concluye que la presencia de gas sulfhídrico al interior de los colegios municipalizados se produce en las cámaras desengrasadoras, cuya responsabilidad es del titular del establecimiento; pero nada dice sobre los eventos que suceden fuera de estos establecimientos, y que afectan a viviendas vecinas. Por otro lado, solo ha realizado "recomendaciones" al prestador Aguas Chañar S.A. sobre mantención preventiva de las redes del colector público en la comuna, mediante los ORD. SISS N° NUM012, de 12 de abril de 2018, y N° NUM013, de 3 de mayo de 2018. Seguidamente, la recurrente hace alusión a los diferentes procesos sancionatorios desarrollados por esta entidad en contra de la empresa Aguas Chañar S.A. en los años 2015, 2016 y 2017, para luego referir que de la información que consta en poder de la SISS, así como del análisis de aplicación de sus facultades fiscalizadoras y sancionatorias, se desprende que las acciones comprendidas por parte de la Autoridad sectorial han sido absolutamente insuficientes, de manera que no se ha logrado determinar ni el origen de la contaminación ni los mecanismos efectivos para culminar con la vulneración de derechos. Por el contrario, no se ha desplegado, ni con un fin preventivo ni reparador, con fuerza suficiente, las facultades de la Administración, ni tampoco ha optado por analizar la posible relación existente entre los sulfatos detectados en el agua potable, por la que sí ha sido sancionada la empresa Aguas Chañar, con el ácido sulfhídrico, compuesto del cual sólo se tiene información a raíz de lo informado por la SISS, en su ORD. N° NUM014, de fecha 10 de noviembre de 2017.

Más adelante la recurrente sostiene que la omisión ilegal de los recurridos ha generado una vulneración de los derechos constitucionales de los habitantes de Copiapó, las que se pasan a indicar a continuación. 1. Privación, perturbación o amenaza del derecho a la vida y la integridad física y síquica de los habitantes de la comuna de Copiapó afectados por las emanaciones de gases tóxicos (artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República). En esta materia, cita lo señalado por diferentes personas en cuyo favor el Instituto Nacional de Derechos Humanos recurre. Por ejemplo, doña nombre reservado, quien desarrolla sus labores de Agente Educativa, en dependencias de la Sede Vecinal, ubicada a unos pocos metros de la escuela nombre reservado, específicamente en DIRECCION008, da cuenta de los múltiples eventos de emanaciones que a ella le ha tocado vivir, describiendo que principalmente en las jornadas de trabajo que desarrolla en la mañana, entre las 09.30 horas y 13:30 horas, se han sentido en todo el sector olores muy fuertes, los que asocia a "gases peligrosos", y que generan malestar en ella, y en general en toda la comunidad educativa, puesto que se debe evacuar el establecimiento, llegan apoderados y retiran a alumnos y alumnas, ha visto niños y niñas llorando, y acude personal de bomberos a realizar mediciones y procedimientos de emergencia en la escuela. En el mismo sentido, doña nombre reservado, apoderada del establecimiento, relata que en cada uno de los eventos de emanaciones se ve seriamente afectado su hijo Emilio, quien sufre con las emanaciones de ardor en los ojos y dolor de cabeza; Indica además que ha golpeado muchas puertas para que se solucione este grave problema, pero lastimosamente a la fecha nadie los ayuda. Relata que además siendo vecina del sector, en su propio hogar ha sentido las emanaciones de gases, provenientes de los lavamanos, ducha, y lavaplatos por lo que -como medida de precaución- debe constantemente tapar estos lugares de forma artesanal. Por su parte, doña nombre reservado, señala que su nieta Lidia-luego de las emanaciones ocurridas en el mes de agosto de este año- fue evacuada del establecimiento y llevada al Hospital Regional de Copiapó, donde fue diagnosticada con intoxicación por respiración de gases. Producto del mismo evento, Camilo relata lo que le sucedió a su hermana Ema, quien también resultó con un cuadro clínico de intoxicación por emanación de gases, y producto del cual se mantuvo con licencia médica por 3 días luego de este hecho.

El patrón de afectación a menores de edad, resulta completamente concordante con lo señalado por doña nombre reservado, quien describe que los malestares generales, dolor de cabeza, vómitos e irritación de ojos, le han sucedido a cada uno de sus cinco nietos: Jimena, Héctor, Paola, Karen y Joaquín Q1. Pero ello no solo a dichos menores, sino que a sus respectivos grupos familiares completos.

Posteriormente, consigna que los representantes del Centro de Alumnos del nombre reservado, Lucía y Luis, se encuentran contestes en señalar que estos eventos son repetitivos en su establecimiento, y que de lo que les ha tocado experimentar y apreciar, han provocado dolores de cabeza, desmayos y vómitos en el alumnado, docentes, paradocentes y apoderados. Relatan haber estado presentes en varios procedimientos de evacuación. Señalan además que han llegado a efectuar paralizaciones de actividades, como una manera de presionar a las autoridades, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, en especial, con la gravedad y magnitud de los eventos del mes de agosto de 2018.

Por su parte la vecina del Sector Las Brisas, doña nombre reservado, señala que la Escuela que queda cerca de su casa, debe ser evacuada constantemente hacia el Sector de Yerbas Buenas, cada vez que ocurre un evento de emanación de gases. Refiere además que uno de los sucesos de mayor gravedad que recuerda aconteció en el del mes de agosto de 2018, oportunidad en la cual se paralizaron las actividades del establecimiento, y los menores tuvieron que ser retirados por los apoderados. Señala recordar también el evento del 14 de septiembre de 2018, que fue percibido por todos los vecinos del sector en que vive. Indica que ella y quienes participan de la Junta de Vecinos deben tapar las duchas, lavamanos y lavaplatos de sus hogares, como medida precautoria para las emanaciones y eventuales intoxicaciones que puedan ocurrir en el futuro. 2. Privación, perturbación o amenaza del derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República). Al efecto, sostiene el recurrente, que este derecho se ve afectado por las permanentes emanaciones de gases en la ciudad de Copiapó, por cuanto en la comuna, solamente quienes deben soportar esta carga adicional de sufrir emanaciones y perder sus jornadas de clases en el caso de los estudiantes son quienes concurren a algunos establecimientos educacionales, mientras los demás alumnos pertenecientes a establecimientos educacionales no afectados continúan con sus jornadas sin afectaciones de ningún tipo. En el mismo sentido, esta carga adicional es soportada por los vecinos y vecinas aledaños a estos establecimientos, mientras quienes viven fuera de esos radios no se ven perjudicados a lo menos directamente por dichas emanaciones. Si bien la diferencia puede resultar objetiva, dado que el criterio que se utiliza es el de la afectación de estos establecimientos por las emanaciones de gas, no resulta razonable, toda vez que la afectación del derecho resulta desproporcionada en relación a los fines que se buscan y existiendo otras alternativas de medidas menos gravosas para el ejercicio de éste y otros derechos para la población.

Al respecto, señala lo manifestado por los alumnos y dirigentes del Centro de Alumnos del nombre reservado, Lucía y Luis, en el sentido que producto de estos acontecimientos se producen constantes paralizaciones de actividades escolares, que afectan el normal funcionamiento de su liceo, viéndose mermada la calidad de la educación que reciben. En su opinión, ello genera una gran diferencia entre ellos y los alumnos de otros establecimientos que no han sido objeto de estos lamentables hechos. Asimismo, cita lo descrito por los apoderados nombre reservado y nombre reservado, todas de la Escuela nombre reservadoÍDICA000, quienes deben lidiar cada vez que sucede un evento de emanación no solo con los padecimientos médicos de sus hijos, hijas y nietos, sino que también con la falta de continuidad en sus jornadas escolares, lo que deriva en una merma en la calidad educacional que reciben. 3. Privación, perturbación o amenaza del derecho a un medio ambiente libre de contaminación (artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República). Sobre el particular sostiene el recurrente que conforme a los hechos mencionados en el presente recurso es posible vislumbrar nítidamente la afectación al derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación mediante las omisiones atribuibles a las autoridades recurridas, en tanto su falta de actuación provocó, y seguramente seguirá provocando, las emanaciones de gases con posibles efectos conocidos y desconocidos para la salud de las personas. Asimismo, afirma que en este caso concreto el Estado chileno en su conjunto y a través de los organismos técnicos recurridos no ha actuado con la debida diligencia que sus obligaciones de respeto y garantía le exige. Además argumenta que conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 5 de la Ley de Bases de la Administración del Estado y por medio de la observación del principio de coordinación, es el Estado el encargado de desplegar el abanico de facultades y acciones positivas, que tiendan a solucionar definitivamente la crisis ambiental que se vive en la ciudad de Copiapó, coordinando los esfuerzos de los distintos servicios competentes en la materia, lo que se ha visto manifiestamente incumplido. Por último, asevera que el actuar de las autoridades recurridas refleja el nulo respeto a los principios internacionales que permean nuestro ordenamiento jurídico, específicamente el principio preventivo y precautorio, en el sentido que se explica a continuación. a) Principio preventivo: Este principio se traduce en la obligación de prevenir el daño al medio ambiente, o de reducir, limitar o controlar las actividades que pueden causar daño. Su reconocimiento se puede desprender del Mensaje Presidencial de la Ley N° 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente, donde se señala que "mediante este principio, se pretende evitar que se produzcan los problemas ambientales. No es posible continuar con la gestión ambiental que ha primado en nuestro país, en la cual se intentaba superar los problemas ambientales una vez producidos (…)". Seguidamente, aduce que dicho principio se encuentra reconocido también a nivel de Tratados y Declaraciones Internacionales a nivel internacional, como ocurren con los Principios N° 11 y N° 13, situación que también ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este ámbito, aduce que la prescripción de facultades fiscalizadoras para las autoridades competentes es, en sí misma, una expresión de este principio, siempre y cuando ella se ejerza en la forma que determina la ley.

Si las autoridades llamadas a fiscalizar la actividad sanitaria no actúan de manera eficaz, estando en pleno conocimiento de una eventual falta de vigilancia de las normas por parte de los operadores en este contexto, se estará afectando directamente el principio de prevención, lo que en este caso no sólo significa la vulneración directa de la normativa internacional y nacional que establece su debido respeto sino que además la privación de la salud de las personas de algunos sectores de la comuna de Copiapó. b) Principio precautorio: Respecto de este principio, su concepción más reconocida es aquella acuñada a partir del artículo 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, de 1992, que establece: "Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". Respecto de esta definición, la doctrina ha extraído tres elementos esenciales de este principio, que se resumen en la presencia de una amenaza o daño al medio ambiente o la salud humana, sumado a la incertidumbre científica o falta de certeza respecto de la posibilidad del daño, de la relación de causa a efecto entre el riesgo y el daño, o bien su grado de seriedad o irreversibilidad. Como resultado de estas dos situaciones, el tercer elemento viene a ser la acción precautoria, definida por la doctrina estableciendo que "la esencia del principio precautorio es que entrega una razón para tomar medidas preventivas en contra de una actividad en ausencia de certeza científica, antes de continuar la práctica sospechosa, mientras está bajo estudio o sin estudio" (DURAN, Valentina y HERVE, Dominique. "Riesgo Ambiental y Principio Precautorio: Breve Análisis y Proyecciones a partir de dos Casos de Estudio". Revista Derecho Ambiental. Universidad de Chile: Número I, Santiago de Chile, 2003). Seguidamente, afirma la recurrente que resulta relevante en el presente caso en lo que concierne a eventuales efectos adversos sobre el medioambiente, las autoridades deben adoptar todas las medidas que posibiliten su protección, no pudiendo excusarse en la falta de certeza científica de los mismos. Así, los organismos recurridos, desde el primer evento de la magnitud de los que hemos relatado, debieron tomar todas y cada una de las medidas que se encuentran dentro del ámbito de sus competencias, para que las emanaciones no volvieran a ocurrir. Por último, menciona lo expresado por el artículo 24 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en cuanto los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud, debiendo adoptar las medidas apropiadas para asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; asegurar el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente, cuestiones todas que a la luz de los hechos relatados, no se está cumpliendo de forma eficaz y eficiente en favor de las comunidades educativas de Copiapó. 4. Privación, perturbación o amenaza al derecho a la educación y la libertad de enseñanza (artículo 19 N° 10 y n° 11 de la Constitución Política de la República). Al efecto, reitera lo referido por los dirigentes del Centro de Alumnos del nombre reservado, Lucía y Luis, en cuanto a que producto de estos acontecimientos, se producen constantes paralizaciones de actividades que afectan el normal funcionamiento de su establecimiento, con lo que la calidad de su educación se ve desmejorada, produciéndose una gran diferencia entre ellos y los alumnos de otros establecimientos que no han sido objeto de estos lamentables hechos. Esta situación los ha llevado incluso a tomar acciones de poder y presión frente a la autoridad educativa, como tomas y marchas.

Lamentablemente, sus peticiones no han tenido un correlato en acciones concretas que se traduzcan en un término de estos sucesos. En el mismo sentido, las apoderadas nombre reservado y nombre reservado, indican que son ellas quienes deben sufrir cada vez que sucede un evento de emanación, y no solo con los padecimientos médicos de sus hijos, hijas y nietos, sino que también con la falta de continuidad en sus jornadas escolares, lo que deriva en una merma a la calidad educacional que estos reciben y en una alteración de la vida familiar porque los estudiantes se ven muchas veces forzados a volver a sus casas en horarios en los que deberían permanecer en los colegios.

Posteriormente menciona que en autos ha existido una vulneración en el acceso al servicio educativo elegido, refiriendo que la Constitución Política de la Republica establece en su artículo 19 N° 11, inciso 1, que: "La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales"; y en su inciso cuarto que "Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos". Así, destaca que dicho precepto utiliza el vocablo "incluye", indicando claramente que debe incluirse otros elementos en la libertad de enseñanza. Con ello, al interpretar armónicamente el inciso primero del numeral 11, con el inciso cuarto del mismo, así como lo establecido en el numeral 10, inciso tercero, resulta evidente que la libertad de enseñanza no sólo la ejercen los sostenedores de los establecimientos, sino también los padres, quienes tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. En el caso presente, por tratarse de derechos en favor de las personas y no del Estado, la parte de la libertad de enseñanza contenida en el inciso primero del numeral 11 se traduce en una obligación para el Estado: el deber que tiene la Ilustre Municipalidad de Copiapó de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Al omitir esta obligación, se produce una afectación del derecho de los padres de elegir el establecimiento de enseñanza para sus hijos e hijas, como señala el inciso cuarto del mismo numeral y el inciso tercero del numeral 10.

Adicionalmente a lo ya señalado, en el inciso quinto del numeral 11 del artículo 19, se expresa que: "Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento". En ese entendido, uno de los requisitos mínimos que debería exigirse a cada establecimiento, son sus condiciones sanitarias.

En su sentido similar, luego agrega que en estos antecedentes ha existido también una vulneración en la calidad del servicio educativo elegido. Si bien únicamente el numeral 11 se encuentra incluido dentro de las garantías susceptibles de ser amparadas a través del recurso de protección, de manera complementaria no puede ignorarse el hecho de que todos los derechos establecidos en la Constitución Política son normas jurídicas que establecen obligaciones jurídicas, independientemente de su inclusión en el artículo 20. De esta manera, entendemos que esta judicatura no puede dejar de atender las serias vulneraciones que se están produciendo en la calidad de la prestación, afectando la calidad del derecho a la educación de acuerdo a estándares internacionales. Acto seguido expresa que los objetivos de esa prestación están claramente definidos en el artículo 19 número 10, inciso segundo, y también en el Derecho Internacional, citando al efecto el artículo 13.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 29 de la Convención de Derechos del Niño; el artículo 26.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y especialmente la Observación General N° 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en su Párrafo 13 establece que "(…) las instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información, etc."; y que "La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes". En el presente caso, debido a las medidas que ha decidido tomar la autoridad para paliar los efectos de la contaminación, se vulnera gravemente la calidad de la prestación de acuerdo a los estándares impuestos por el propio Estado en materia de educación escolar, así como por los organismos internacionales, resultando extremadamente gravosas para el ejercicio del derecho a la educación.

Por último, el recurrente expresa como peticiones concretas que se acoja el presente recurso de protección y que con ello: a) Se declare la ilegalidad de las omisiones de los recurridos, que amenazan el derecho de las personas afectadas a la vida e integridad física y síquica, igualdad ante la ley, así como el derecho a un medioambiente libre de contaminación, y de libertad de enseñanza. b) Se declaren infringidos los derechos constitucionales a la vida y la integridad física y síquica, y el derecho a la igualdad ante ley, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, y el derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, consagrados en los artículos 19 N° 1, 2, 8, 10 y 11 respectivamente, de la Constitución Política de la República. c) Como consecuencia de lo anterior, se adopten todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados, poniendo fin a los actos ilegales descritos con antelación respecto de las/los afectadas/os; y se impartan instrucciones a los recurridos, a fin de que tanto sus protocolos de actuación como sus actuaciones se adecuen a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de derechos humanos. d) Se ordene a la Ilustre Municipalidad de Copiapó que adopte las medidas preventivas, correctivas y de coordinación de los procedimientos, propendiendo a una reacción oportuna y eficaz para evitar los riesgos para la salud de la población, los daños al medioambiente y el acceso a un proceso educativo de carácter continuo, las que deberán informarse a esta Ilustrísima Corte. e) Se ordene al Ministerio de Salud, a la Superintendencia del Medioambiente y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que adopten en el plazo más breve posible, las medidas preventivas, correctivas y de coordinación de los procedimientos por los que cada uno de estos organismos deba regirse, propendiendo a una reacción oportuna y eficaz para evitar los riesgos para la salud de la población y los daños al medioambiente, las que deberán informarse a esta Ilustrísima Corte. f) Se ordene a los recurridos que instruyan las investigaciones y/o sumarios internos respectivos que permitan dilucidar las responsabilidades administrativas involucradas y adoptar las medidas necesarias para impedir que se repitan actos como los expuestos en este recurso, debiendo los recurridos remitir copia de los resultados de las investigaciones administrativas a esta Ilustrísima Corte. g) Se ordene por esta Ilustrísima Corte a las instituciones recurridas para que -dentro de la esfera de sus respectivas atribuciones legales- lleven a cabo de manera coordinada y en el más breve plazo posible una investigación que determine de manera fehaciente el origen y causa de las emanaciones de gases tóxicos que fundamentan esta acción cautelar, con el objetivo de que se lleven a cabo las obras necesarias para evitar su futura ocurrencia, evitando acciones meramente paliativas.

SEGUNDO: Que con fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, la recurrida Superintendencia del Medio Ambiente evacuó el informe requerido en autos, solicitando su rechazo, con costas.

En relación a su actuar, el recurso de protección señala que ésta tiene un deber de fiscalizar a Aguas Chañar S.A., en particular con respecto a las RCA N°050, de fecha 14 de marzo de 2011 y la RCA N°229, de fecha 19 de Octubre de 2012. En particular, el recurso sostiene que dicha Superintendencia habría omitido este deber de fiscalización, lo cual habría propiciado los episodios de emanaciones de gases objeto del recurso. Manifiesta que la ilegalidad cometida por la SMA estaría dada porque "[...] teniendo dicha repartición facultades de vigilancia propias en razón de su ley orgánica -la Ley N°20.417- e instrumentos adecuados para sancionar a los infractores, no desplegaron las actividades para aminorar o derechamente evitar los impactos ambientales descritos". Sin embargo, sostiene que esta afirmación es a todas luces incorrecta, debido a que no es efectivo el presupuesto en que se basa, toda vez que la Superintendencia del Medio Ambiente no cuenta con competencias para fiscalizar la red de alcantarillado y de tratamiento de derechos sanitarios que es sindicada como fuente de las emisiones de gases, estando por ley entregada dicha competencia a la Superintendencia de Servicios Sanitarios ("SISS"); y en los ámbitos en que la SMA cuenta con competencias, sí ha desarrollado una adecuada fiscalización.

Al efecto, sostiene la recurrida que el Instituto de Derechos Humanos si bien cita correctamente las normas que confieren competencia a la SMA sobre los proyectos que cuentan con RCA, no considera todas las normas pertinentes, resultando especialmente sensible la omisión del artículo 61 de la Ley 20.417, Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente ("LOSMA"), referida específicamente a la superposición de competencias con la SISS, que dispone que "La presente Ley no afectará las facultades y competencias que la Ley N° 18.902 entrega a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en materia de supervigilancia, control, fiscalización, y sanción del cumplimiento de las normas relativas a la prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado que realicen las concesionarias de servicios sanitarios".

Esta norma es relevante en la medida en que opera como una regla especial, sobre las demás reglas de competencia de la LOSMA, fijando una restricción a las actuaciones de fiscalización que la SMA puede desarrollar sobre los proyectos de las concesionarias de servicios sanitarios.

Dicho artículo 61 de la LOSMA se vincula especialmente con el artículo 2 de la Ley N°18.902 que Crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que dispone que "Corresponderá a la Superintendencia de Servicios Sanitarios la fiscalización de los prestadores de servicios sanitarios, del cumplimiento de las normas relativas a servicios sanitarios y el control de los residuos líquidos industriales que se encuentren vinculados a las prestaciones o servicios de las empresas sanitarias, pudiendo al efecto, de oficio o a petición de cualquier interesado, inspeccionar las obras de infraestructura sanitaria que se efectúen por las prestadoras, tomando conocimiento de los estudios que le sirven de base".

El artículo 61 de la LOSMA ha sido objeto de pronunciamientos por parte de la Contraloría General de la República ("CGR"), los cuales han clarificado su alcance. Particularmente ha sido abordado en los siguientes Dictámenes del órgano contralor: Dictamen N° 25.248 de fecha 02 de mayo de 2012; Dictamen N° 298 de fecha 03 de enero de 2014; Dictamen N° 20.018 de fecha 13 de marzo de 2015; y Dictamen N° 28.047, de fecha 10 de abril de 2015.

Así, en el Dictamen N° 25.248/2012, la CGR señala que "[...] la fiscalización y aplicación de sanciones respecto de los mencionados decretos N°s 90 y 46, corresponde a la Superintendencia del Medio Ambiente cuando se trate de fuentes emisoras que no sean concesionarias sanitarias consideradas como fuentes por estos decretos". El Dictamen N° 298/2014 indica que "[...] se concluye que compete a la SISS, y no a la SMA, fiscalizar y sancionar el incumplimiento de los parámetros fijados en el indicado decreto N° 90, de 2000, sin que obste a tal conclusión el hecho de que en el considerando N° 9 de la reseñada resolución exenta N° 94, de 2001, se señale que, entre otras disposiciones, la anotada norma de emisión constituye preceptiva de carácter ambiental aplicable al proyecto, pues conforme a lo establecido en el mencionado artículo 61 de la Ley Orgánica de la SMA, sus prescripciones no tienen la aptitud de afectar las facultades que sobre la materia han sido conferidas a la SISS". El Dictamen N°20.018/2015 fue emitido a solicitud de la SMA, quien pidió que se reconsiderara el Dictamen N°298/2014. La CGR rechazó la solicitud de reconsideración, indicando que "[...] si una concesionaria de servicios sanitarios reúne las características para ser considerada como fuente emisora acorde con lo previsto en el N° 3.7 del artículo primero del decreto N° 90, de 2000, sus descargas constituirán residuos líquidos industriales vinculados a las prestaciones o servicios de aquélla, correspondiendo, por tanto, su control y fiscalización a la SISS, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2° de la ley N° 18.902". El mismo Dictamen citado previamente agrega que "[...] la SISS se encuentra en una situación especial en comparación con los demás organismos sectoriales que desempeñan funciones de fiscalización ambiental y que son aludidos en los incisos segundo y tercero del artículo 2° de la citada ley orgánica, ya que, respecto de aquella superintendencia, se ha fijado una disposición -el mencionado artículo 61- que deja a salvo sus facultades en forma expresa y específica, atribuciones entre las cuales está, precisamente, el control de los residuos líquidos industriales vinculados a las prestaciones o servicios de las empresas sanitarias". En el Dictamen N° 28.047, la CGR indica que partir del 28 de diciembre de 2012, compete a la SMA fiscalizar la observancia de las normas de calidad ambiental y de emisión y de los planes de prevención y/o de descontaminación, agregando que esto es "[...] sin perjuicio, por cierto, de las reglas especiales previstas al respecto en el ordenamiento jurídico, como acontece con la Superintendencia de Servicios Sanitarios en materia de control de residuos líquidos industriales que se encuentren vinculados a las prestaciones o servicios de las empresas sanitarias [...]".

Siguiendo lo resuelto por los anteriores Dictámenes, la SMA celebró con la SISS un protocolo para la delimitación de sus competencias, el cual fue aprobado por la Resolución Exenta N°436, de 1 de junio de 2015, de la SMA ("Protocolo SISS-SMA"), en el que se indica que para efectos de la debida coordinación entre ambos servicios y para asegurar que no queden materias exentas de control y fiscalización, se ha determinado una delimitación de competencias según una distinción entre: i) los aspectos técnicos operacionales de la infraestructura sanitaria afecta a concesión tales como el funcionamiento de las PTAS, y, por otro lado; ii) los efectos de la operación de dicha infraestructura en el entorno. Se agrega en el protocolo la siguiente Tabla:

Fiscalización de infraestructura afecta a Concesión Sanitaria En razón de lo anterior, sostiene que el elemento que permite delimitar la competencia entre ambos organismos, según lo ha fijado la CGR, es "(…) la vinculación a prestaciones o servicios de empresas sanitarias". Así, en el Protocolo SISS-SMA se señala además expresamente lo siguiente: "Por otra parte, como es frecuente que la presencia de olores molestos tenga como origen problemas operacionales, deficiente mantenimiento o funcionamiento de una PTAS, la SISS recibirá, tramitará y resolverá las denuncias que sean presentadas por dicho motivo, informando los resultados a la SMA para la debida coordinación entre ambos organismos ante consultas de otras autoridades y la ciudadanía". De acuerdo al Protocolo SISS-SMA, la SMA mantiene competencias sobre materias que "[...] no se refieran a aquellos aspectos propios del giro sanitario" así como, biodiversidad, medio humano, generación de ruidos molestos, como asimismo las normas, condiciones y medidas establecidas para la etapa de construcción.

En consecuencia, en lo que se refiere a materias propias del giro sanitario, así como olores molestos, corresponden a materias que deben ser fiscalizadas por la SISS, tal como lo ha establecido los Dictámenes de la CGR. En este ámbito de competencia se sitúa, evidentemente, las emanaciones objeto del recurso de protección, las cuales, según se indica, provienen de la red de alcantarillado y de tratamiento de desechos sanitarios.

Sin RCA Con RCA NE NE Aspectos vinculados con prestaciones o servicios de concesionarias sanitarias Aspectos no vinculados con prestaciones o servicios de sanitarias SISS SISS SISS SMA Esta distribución de competencias es lo que explica que la SISS haya tomado un rol activo en la investigación de los episodios denunciados, efectuando labores de fiscalización y participando en mesas técnicas con otras autoridades locales.

Dicho lo anterior, la SMA luego agrega que las Resoluciones de Calificación Ambiental que regulan la Unidad Fiscalizable de Aguas Chañar S.A. no abordan las instalaciones señaladas como causantes de las emanaciones.

En el caso de Aguas Chañar S.A., dentro de este listado es regulada por las Resoluciones de Calificación Ambiental de aquellos procedimientos de evaluación ambiental a los cuales se ha sometido. Estas sin embargo, no abordan el sistema de alcantarillado y de tratamiento de desechos sanitarios. Teniendo en cuenta las precisiones sobre la competencia de la SMA en materia sanitaria, este aspecto es importante, ya que es menos posible aún que la SMA fiscalice los aspectos denunciados si no hay un instrumento de gestión ambiental de competencia de la SMA que lo regule.

En el recurso de protección deducido se identifican correctamente dos Resoluciones de Calificación Ambiental de Aguas Chañar S.A. La primera corresponde al proyecto Planta de Tratamiento de Agua Potable de Osmosis Inversa Planta Placilla, el cual fue aprobado por la Comisión de Evaluación III Región de Atacama, mediante Resolución Exenta N°050, del 14 de marzo de 2011 ("RCA N°050/2011"). La segunda, corresponde al proyecto Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, el cual fue aprobado por la Comisión de Evaluación III Región de Atacama, mediante Resolución Exenta N°229, del 19 de octubre de 2012 ("RCA N°229/2012").

El proyecto aprobado por la RCA N°050/2011 consiste en una Planta de Tratamiento de Agua Potable de Osmosis Inversa, la cual tiene por objetivo el tratamiento mediante osmosis o nanofiltración de las aguas provenientes de pozos del sector Placilla Sierralta, ubicados en la comuna de Copiapó. Esto debido a que la planta es abastecida por aguas que presentan contenidos altos de sales, destacándose el Sulfato y los Sólidos Totales Disueltos. El agua tratada es impulsada hasta el estanque Manuel Rodríguez desde donde es distribuida hacia la población. Dentro de las instalaciones de este proyecto no se encuentra la red de agua potable ni la red de alcantarillado.

Por su parte, el proyecto Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, aprobado por la RCA N°229/2012, considera la incorporación de la tecnología de lodos activados en el sistema de tratamiento de aguas residuales de Copiapó, en reemplazo de lagunas aireadas. El proyecto se emplaza dentro de los límites ya existentes de las Plantas de Copiapó, fuera de los límites urbanos y no considera la evaluación ambiental de la red de alcantarillado o de agua potable.

En el caso de ambos instrumentos, la SMA ha efectuado fiscalizaciones, las cuales han abordado diferentes aspectos de las instalaciones. Estas fiscalizaciones no han cubierto la red de alcantarillado y de tratamiento de desechos sanitarios, ya que, como se ha indicado, los instrumentos descritos no regulan esas instalaciones, pero además se trata de una materia cuya fiscalización está a cargo de la SISS de manera exclusiva.

Posteriormente, la recurrida menciona los informes de fiscalización que ha efectuado en relación a la empresa Aguas Chañar, pero que no guardan relación con los hechos de autos, sino con las Resoluciones de Calificación Ambiental antes reseñadas. Acto seguido agrega que la SMA no ha recibo denuncias relativas al objeto del recurso de protección de marras, no pudiendo por tanto informar sobre la gestión de alguna denuncia vinculada, para señalar que en el caso del INDH, habría sido recomendable que antes de iniciar una acción de protección en contra de la SMA, como la de autos, hubiera presentado una denuncia por estos hechos. De esta forma la SMA habría podido analizar los antecedentes y emitir un pronunciamiento en la línea de lo que se ha expuesto en el presente Informe, es decir, explicando los ámbitos de competencia que le caben a cada Servicio.

Por último, refiere que ninguna de las peticiones concretas realizadas por el recurrente resulta aplicable a la SMA, precisamente por carecer de competencias en la materia, habiendo ajustado la recurrida en todo momento su actuar a la normativa que le rige.

TERCERO: Con fecha veintiséis de octubre del año en curso, la recurrida Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), evacuó el informe requerido en autos, solicitando el rechazo del presente recurso de protección.

En primer lugar, el recurrente realiza una revisión de las principales normas que regulan su actuar y que se vinculan con la empresa Aguas Chañar. Así, manifiesta que de conformidad con lo establecido en la Ley N° 18.902, Ley Orgánica de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y D.F.L. MOP N° 382/88, Ley General de Servicios Sanitarios, las concesionarias de los servicios de agua potable y saneamiento de las aguas servidas, están obligadas a dar efectivo cumplimiento a las normas legales y a las órdenes e instrucciones escritas, impartidas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. En este sentido, es tarea de la Superintendencia velar porque tales concesionarios cumplan con las exigencias que le impone esa condición. Es así, que la empresa Aguas Chañar S.A. explota los servicios sanitarios en la Región de Atacama lo que comprende la producción y distribución del agua potable y la recolección y disposición de las aguas servidas y se encuentra sometida a la fiscalización y control de dicha Superintendencia. Por último, el D.F.L. MOP N° 382/88, Ley General de Servicios Sanitarios, LGSS, dispone que todo concesionario deberá garantizar a los usuarios de su territorio geográfico de atención, la calidad y la continuidad de los servicios, las que sólo podrán ser interrumpidas por causa de fuerza mayor calificada por la Superintendencia. Mediante Decreto Supremo MOP N°l.199/04, Reglamento de las concesiones sanitarias de producción y distribución de agua potable y recolección y disposición de las aguas servidas, se establecen las normas de calidad de atención de los usuarios de estos servicios, por lo que el prestador sanitario es responsable de la red pública que surge a continuación de la última cámara interior del inmueble y su empalme con el colector, que se conoce como unión domiciliaria (artículos 40 inciso 2° y 53 letra d) de la LGSS).

Con posterioridad, manifiesta la recurrida que como consecuencia del evento climático que afectó a la Región de Atacama el año 2015, varios sectores de la ciudad de Copiapó evidenciaron presencia de gas sulfhídrico en las redes de alcantarillado, lo que dio lugar a un proceso de fiscalización desplegado por la Superintendencia que culminó con un informe que fue enviado a las distintas autoridades en junio de 2016, mediante Oficio SISS N° 4541.

Debido a la presencia de estos olores molestos, que han afectado a establecimientos de educacionales de la comuna de Copiapó que han visto alterado su normal funcionamiento, la SISS procedió a realizar y reportar, a la Intendencia de la Región de Atacama, Ilustre Municipalidad de Copiapó, Gobernación de Copiapó, Seremi de Educación Atacama, Seremi de Salud Atacama y a la Onemi Atacama, a través de Oficio SISS 8.504 de fecha 10.11.17, un estudio técnico que concluyó que la presencia de gas sulfhídrico al interior de los colegios municipalizados, se produce en las cámaras desgrasadora de responsabilidad del titular de esos recintos educacionales.

Para lo anterior, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, efectuó en el Liceo nombre reservadoÍDICA001 y en el nombre reservado, entre otros, un estudio y fiscalización, comprobándose que la presencia de ácido sulfhídrico proviene de la infraestructura sanitaria interior del inmueble en que se emplazan dichos recintos educacionales, pues se constata que la red pública de alcantarillado no presenta problemas estructurales y opera con normalidad, sin advertir restricción que permita el escurrimiento de las aguas servidas.

Por su parte, se verificó que en las instalaciones domiciliarias del nombre reservado existía una cámara desgrasadora que presentaba deficiencias estructurales y de mantención, siendo incapaz de tratar o abatir los elementos y/o sustancias dispuestos en las aguas residuales provenientes del casino del recinto educacional, situación que contribuye a generar olores molestos al interior de la instalación y que la cámara construida en el Liceo para tratar el total de las aguas residuales generadas no se construyó conforme a diseño, motivo por el cual persiste el potencial riesgo frente a la generación de gases, situación que en los hechos ha ocurrido.

A consecuencia de los resultados obtenidos por la Superintendencia y la determinación de su causa, los recintos administrados por JUNAEB-JUNJI- INTEGRA, establecen nuevos protocolos de limpieza para las cámaras desgrasadora y la Ilustre Municipalidad de Copiapó formula un plan de obras para la renovación de infraestructura dañada e implementación de obras y/o equipamiento ausente. Luego, hace presente que conforme al ámbito de las atribuciones de la Superintendencia, las medidas implementadas por los recintos educacionales dado su carácter domiciliario, no están comprendidas en el ámbito de lo que puede instruir o fiscalizar este Organismo, lo que no impidió sin embargo, hacer una serie de recomendaciones y sugerencias relativas a la infraestructura, los protocolos de operación y mantención de estas instalaciones a fin de combatir la generación de olores molestos al interior de esos inmuebles, como una forma de contribuir y orientar en la solución del problema.

Las recomendaciones y sugerencias efectuadas por la Superintendencia consideraron tres aspectos esenciales, a) la manipulación de alimentos, b) la mantención de redes interiores y c) la infraestructura del sistema de alcantarillado interior de los recintos educacionales. Sin perjuicio de lo anterior y velando por el buen funcionamiento del sistema público sanitario, a partir del año 2018 la Superintendencia instruyó a Aguas Chañar S.A., en su calidad de concesionaria sanitaria, un programa de mantención preventiva en las redes del colector público de la comuna de Copiapó, según consta en los Oficios SISS N°NUM012 y N°NUM013, de fecha 12.04.18 y 03.05.18 respectivamente, incorporando al programa de fiscalización del año 2018, la inspección de los colectores públicos que enfrentan a establecimientos que acusan mayor recurrencia de olores molestos, a fin de anticipar situaciones de emergencia que pudiesen agravar la presencia de malos olores.

Posteriormente, la recurrida sostiene que en el ejercicio de sus funciones y con la finalidad de supervigilar la correcta prestación de los servicios sanitarios, ha efectuado constantes fiscalizaciones al sistema de recolección de aguas servidas de la concesionaria sanitaria Aguas Chañar S.A., realizando visitas a los recintos educacionales de la comuna de Copiapó y ha atendido los reclamos de los vecinos de la ciudad. Así, desde el 18 de enero del año 2017 hasta el 1 de octubre del presente ha levantado más de noventa Actas de Fiscalización, que dan cuenta que el problema de los olores molestos tienen su origen en las instalaciones interiores de los recintos educacionales y no en la red pública de responsabilidad del prestador sanitario, por lo que de conformidad con los artículos 40, inciso primero, 53 letra c) y 57 de la Ley General de Servicios Sanitarios (D.F.L. MOP N° 382/88) los titulares de los inmuebles de los lugares en que se producen estos olores molestos, son los responsables de la mantención de sus instalaciones domiciliarias hasta la última cámara inclusive. Lo anterior, es sin perjuicio de que en las fiscalizaciones de fechas 29 de mayo, 1 y 7 de junio de 2018, se realizaron observaciones al sistema de recolección de aguas servidas de la concesionaria sanitaria, las que fueron comunicadas a través del Oficio SISS Regional N° 4652 del 18 de junio pasado, relativas entre otras, a sedimentos en banqueta, colector con sedimento y tapas apretadas que no permitían la inspección, a fin de que éstas fueran debidamente subsanadas.

La determinación del origen de los malos olores, fue dispuesto por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, quien solicitó al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Copiapó, seleccionar recintos educacionales afectados, designándose el nombre reservado y la Escuela nombre reservadoÍDICA001, en ambos casos, con ayuda de auscultación, fue posible descartar la influencia de terceros sobre la generación de gases u olores molestos.

Establecida la responsabilidad en la generación de olores molestos, la Superintendencia propició la instancia para dar a conocer una serie de "Recomendaciones y Sugerencias", tras constatar que los propios establecimientos educacionales carecen de infraestructura idónea, así como de protocolos de operación y mantención que permitan evitar la generación de olores molestos al interior de los establecimientos afectados.

Por su parte, a partir del año 2018 la Superintendencia establece e instruye al prestador (Aguas Chañar) un programa de mantención preventiva en las redes del colector público de la comuna de Copiapó, según consta en los Ordinarios SISS ISTNUM012 y N°NUM013, ya señalados, incorporándose al programa de fiscalización del año 2018 la inspección de los colectores público que enfrentan a establecimientos que acusan mayor recurrencia de olores molestos. Durante el período de receso académico invernal, la Superintendencia estableció un plan de inspección exclusivo para el montaje y habilitación de sistemas de tratamiento por parte de la Ilustre Municipalidad de Copiapó, en los recintos educacionales en los que se implementó un nuevo proyecto para el tratamiento de los efluentes generados en la cocina; no obstante lo anterior, se debe precisar que dicho proyecto consideró la implementación de una cámara tipo, la cual no propone la caracterización de cada fuente emisora. En efecto, de la información obtenida se puede establecer que cada establecimiento cuenta con un numero particular de matrículas, al igual que el consumo de agua potable que dichas matriculas generan, por lo que no resulta prudente instalar o remplazar la cámara desgrasadora con una cámara tipo. Enseguida, la inspección permitió constatar que existe un patrón que llevó a instalar ductos de ventilación en puntos que presentan reducida efectividad de evacuación, es así que la ventilación ubicada aguas arriba de la cámara desgrasadora pierde efectividad en la medida que se aleja del punto de generación (cámara desgrasadora) y se pudo apreciar, que en la mayoría de los casos el extractor forzado (cabeza) se encuentra detenido, producto de la falta de corrientes que permitan generar la inercia del equipo extractor. Según lo constatado en terreno, el sistema de tratamiento particular continúa generando gas sulfhídrico, hecho que quedó de manifiesto al monitorear la concentración de gas al activar las cámaras desgrasadoras.

En definitiva las inspecciones y visitas efectuadas por este organismo y que dan cuenta las actas de fiscalización antes reseñadas, dejan constancia de las siguientes circunstancias:

I. La red de alcantarillado público, ubicada frente a los colegios inspeccionados, no presenta problemas estructurales que impidan la libre evacuación del efluente y opera con normalidad.

II. La red pública no presenta restricción hidráulica, por el contrario, se observa en ella un porcentaje de capacidad ociosa en horario de máximo consumo, descartándose una influencia negativa sobre los establecimientos educacionales.

III. El diseño del sistema de tratamiento particular implementado en los recintos educacionales visitados, no resulta propio para el número de matrículas que presenta cada establecimiento, es decir, se utilizó una cámara tipo que no garantiza la inocuidad del efluente y se constató la modificación de algunos diseños sin fundamento técnico.

IV. De la evaluación de las recomendaciones y sugerencias, establecidas por la Superintendencia en octubre del año 2017, es posible informar que persisten incumplimientos asociados a tres aspectos; a) Medidas asociadas a manipulación de alimento, b) Medidas asociadas a mantención de redes interiores, y c) Medidas asociadas a infraestructura.

V. El sistema de tratamiento implementado al interior de los nueve colegios inspeccionados evacúa efluentes con gas sulfhídrico, es decir, persiste su condición como fuente emisora, por lo tanto deben evaluar el reformular el tipo de tratamiento.

VI. En la mayoría de los casos el sistema de ventilación no permite la evacuación de gas desde la redes interna hacia la atmósfera, los ductos deben ser reubicados y modificar su mecanismo de succión (instalar sistema electromecánico).

VII. Los nueve colegios municipalizados (9) que presencian gas sulfhídrico al interior de sus redes en la ciudad de Copiapó, abarcan un área de 7.5 km2, siendo muy particular que dentro y fuera de dicho perímetro, existen establecimientos de carácter privado que no han acusado presencia de gas sulfhídrico.

Conforme a lo anterior, acto seguido la recurrida manifiesta que resulta evidente que no es efectiva la alegación realizada por la recurrente en cuanto a que dicha Superintendencia ha incurrido en una omisión de su obligación legal de fiscalizar, al no determinar el origen de la contaminación ni los mecanismos efectivos para poner término a dicha situación. Adicionalmente, expresa que no obstante las fiscalizaciones e instrucciones impartidas a la concesionaria Aguas Chañar, no tiene antecedentes que ameriten la aplicación de sanciones sobre esta materia en contra de dicha empresa.

Teniendo presente todo lo reseñado en los puntos anteriores, aduce que no existe omisión arbitraria e ilegal de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, haciendo presente que el recurso de protección en lo que respecta a dicha entidad le imputa haber omitido su función fiscalizadora y de control y no haber determinado el origen de la emanación de los olores molestos, todas cuestiones que resultan no ser efectivas.

CUARTO: Que la recurrida Ilustre Municipalidad de Copiapó evacuó el informe requerido en su oportunidad, solicitando el rechazo del presente recurso de protección, con costas, sin perjuicio que en primer término requiera que el arbitrio sea declarado extemporáneo, señalando que el último episodio de emanación de gases mencionado en el mismo corresponde al ocurrido con fecha 14 de septiembre de 2018, en un sector aledaño a la Escuela nombre reservadoÍDICA002, por lo que del propio texto del libelo de protección se desprende que éste no se originó en el establecimiento educacional, sino en la red pública de alcantarillado, cuyo prestador es la empresa Aguas Chañar S.A., que se encuentra bajo la tutela de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. En la misma línea, luego manifiesta que tratándose de los eventos ocurridos con fecha 30 de agosto del año en curso en el nombre reservado, la acción de autos es del todo extemporánea, en los términos referidos en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia. Así, al haberse interpuesto el recurso de protección con fecha 04 de octubre de 2018, transcurrieron 35 días desde tal episodio. Sobre el particular agrega que no es posible sostener que la emanación de gases ocurrida el 14 de septiembre de 2018, en el sector aledaño a la Escuela nombre reservadoÍDICA002, corresponda a un hecho que tenga la atribución de suspender el plazo de interposición de la acción, puesto que el origen de las emanaciones de gases para que la Ilustre Municipalidad de Copiapó ostente la calidad de recurrido debe producirse al interior del Establecimiento Educacional y tampoco se trata de hechos o actos que se consuman día a día.

En subsidio a la alegación de extemporaneidad y refiriéndose al fondo del asunto, expresa que la acción de protección en comento no cumple con los presupuestos legales para que prospere puesto que se funda en la circunstancia que la Ilustre Municipalidad de Copiapó, no ha realizado las mantenciones ni las intervenciones necesarias y eficaces para que las emanaciones de gases tóxicos no vuelvan a repetirse al interior de los establecimientos educacionales, a pesar de encontrarse en pleno conocimiento de la situación, lo que no es efectivo. Al efecto, consta de los documentos que se acompañan en un otrosí, que a finales del año 2015, post-aluvión, comenzaron a generarse una serie de problemas asociados a las emisiones de gases orgánicos desde el sistema de alcantarillado interno en los establecimientos de uso público, el que posee una serie de causas probables, tales como factores ambientales, estructurales de diseño, manipulación de alimentos, mantención de los sistemas de manejo de aguas residuales, sobrecarga del sistema de alcantarillado público aledaño, entre otros. Durante el año 2016, se implementó una mesa de trabajo intersectorial, encabezada por la Gobernación Provincial de Copiapó y conformada por los siguientes estamentos:

Dirección de Administración de Educación Municipalidad de Copiapó, SEREMI de Educación Atacama, Superintendencia de Servicios Sanitarios, ONEMI Atacama, Junji Atacama, Fundación Integra, Empresa Sanitaria Aguas Chañar y Junaeb Atacama. Esta mesa tenía por objetivo elaborar un diagnóstico de los sistemas de alcantarillado de los establecimientos educacionales de Copiapó, evaluando la dinámica y funcionamiento de las redes de alcantarillado a cargo de Aguas Chañar y la Dirección de Administración de Educación Municipal, con apoyo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Seguidamente, manifiesta la recurrida que al asumir la nueva Administración Municipal, se realizaron limpiezas de las cámaras desgrasadoras, adoptando la decisión de efectuar estudios para el diseño de proyectos de obras de infraestructura que permitieran suprimir el problema de las emanaciones de gases. Es así como se realizaron proyectos Sanitarios tanto en la Escuela y nombre reservado con una inversión de $33.204.110. En el presente año se han desarrollado 7 proyectos de soluciones sanitarias para los sistemas desgrasadores de la Escuela nombre reservado, nombre reservadoÍDICA002, nombre reservado, nombre reservado, Las Canteras, nombre reservado y nombre reservado, con una inversión total de $145.789.315.

Estos proyectos tenían por finalidad construir una segunda unión domiciliaria exclusivamente para las cocinas de los establecimientos, cuya primera intervención fue realizada en la Escuela Hernán Márquez Huerta, establecimiento que desde el mes de enero de 2017 no ha presentado episodios de emanaciones a la fecha, agregando luego que esta solución sanitaria se ha ejecutado con éxito en los diversos establecimientos educacionales.

Posteriormente, señala la recurrida que actualmente se trabaja en el desarrollo de 7 proyectos más, que benefician a los Jardines VTF nombre reservadoÍDICA003, Alicanto, Gotitas del Desierto, Viñita dPERSONA_JURÍDICA001, Punta Negra, Aguas Blancas e Instituto Comercial.

Refiere además que se han propuesto como medidas de mitigación en el Liceo y Escuela nombre reservadoÍDICA001, el levantamiento del ducto de ventilación en 4 metros quedando a una altura de 15 metros aproximadamente y que se cambiarán las tapas de la cámara desgrasadora por tapas de fierro fundido herméticas. En la Escuela nombre reservado, se construirá un ducto de ventilación de 15 metros. Además se han establecido cambios en el sistema de distribución de la alimentación en la Escuela nombre reservadoÍDICA002, nombre reservado, Escuela y nombre reservado, reemplazando la preparación de alimentos en los establecimientos por la distribución de comida caliente HOT BOX, que se traslada al establecimiento educacional para evitar el uso de las cámaras desgrasadoras.

De esta manera, refiere la recurrida que se han realizado todas la gestiones tendientes a solucionar el problema de las emanaciones de gases en los distintos establecimientos educacionales, adoptándose en el minuto medidas como la suspensión de clases o cambios de horarios del establecimiento educacional con la finalidad de proteger la vida y la integridad física de los alumnos de los establecimientos educacionales, hecho que es reconocido por el propio recurrente.

Desde esta perspectiva, el recurso de protección debe ser rechazado, pues la Ilustre Municipalidad de Copiapó, ha adoptado todas las medidas que el presupuesto municipal permite para solucionar los problemas de las emanaciones de gases de los distintos establecimientos educacionales públicos de la comuna.

Por último, enfatiza la recurrida que desde el Municipio se han generado las acciones tendientes a que evitar que los eventos de emanaciones de gases en los diversos Establecimiento de la Comuna se reiteren en el tiempo, lo que sin duda está lejos de ser constitutivo de una omisión ilegal como lo sostiene el recurrente.

Ergo, existe ausencia de ilegalidad, de manera tal que no es efectivo que se hayan conculcado las garantías constituciones indicadas en la acción deducida.

QUINTO: Que la recurrida Ministerio de Salud evacuó el informe que le fue requerido, alegando que durante el año 2015, por definición regional, se implementó una vigilancia epidemiológica de sospecha de intoxicación por gases, enmarcada en el riesgo a la salud generado post-aluviones. Esto debido a que se comenzaron a evidenciar episodios de emanaciones de gases, principalmente ácido sulfhídrico proveniente desde los alcantarillados. Esta vigilancia estuvo enfocada en un inicio a establecimientos educacionales, dado que ahí comenzaron a experimentarse los eventos de emanaciones. Para desarrollar esta vigilancia, se elaboró un instructivo breve y una ficha de notificación (Anexo N°1 y N°2). En un comienzo, los eventos fueron bastante aislados, así como las notificaciones; sin embargo, durante el año 2017, se observó un aumento de las notificaciones desde los centros de salud, especialmente SAMU y urgencias, y se solicitó apoyo al Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, en la revisión y actualización de los documentos antes mencionados a fin que cumplieran el objetivo de entregar antecedentes que permitan velar por el bienestar de la comunidad. Adicionalmente, desde el nivel central del Ministerio de Salud, fue enviada una minuta relacionada a ácido sulfhídrico, elaborada en el marco de eventos de emanaciones registrados en Antofagasta, para ser utilizada en Atacama. Asimismo, se hicieron refuerzos permanentes de esta vigilancia, a través de correos a la red de vigilancia epidemiológica de los centros de salud de la Región, así como en las distintas jornadas anuales de la unidad. Además, se dispone tanto la ficha como el instructivo, en la página web de la Seremi de Salud Atacama.

En lo relativo a las actividades de vigilancia, los centros de salud que reciben a los pacientes con sospecha de intoxicación por gases, envían la ficha de notificación con la información de dichos pacientes, por correo electrónico a la unidad de epidemiología ambiental y enfermedades no transmisibles. Posteriormente, la información es ingresada a una base de datos local, con la cual se realizan los análisis de los datos recabados, permitiendo tener un panorama epidemiológico asociado a estos eventos. Con estos análisis se elaboran informes de vigilancia periódicos, enviados a las jefaturas, con el objetivo de actualizar los antecedentes que se manejen y solicitar que se tomen las medidas para subsanar los eventos de emanaciones a los servicios correspondientes. Además, al momento de recepcionar la información relacionada con notificaciones de personas o eventos de emanaciones, se comunica en whatsapp de turnos institucional. Esto con el objeto de difundir internamente la información de eventos de emanaciones y favorecer la oportunidad de respuesta.

Los efectos en salud del ácido sulfhídrico, así como el análisis de la vigilancia epidemiológica de sospecha de emanaciones, se presentaron durante este año (2018) en una sesión de la mesa técnica intersectorial de malos olores, compuesta por varios servicios e instituciones relacionadas al tema. Por otro lado, está comprometida la capacitación y educación de comunidades escolares referentes a efectos sanitarios de este gas, siendo esta iniciativa coordinada por el sector educación.

Con posterioridad, la recurrida realiza un análisis epidemiológico en relación a las notificaciones con sospecha de intoxicación por gases de alcantarilla, refiriendo entre otros datos que si se hace el análisis de casos notificados según los 5 principales establecimientos educacionales, se observa que la Escuela nombre reservado de Rosario, registra el 21,6% de las notificaciones por sospecha de gases relacionados con alcantarilla, seguido de Escuela nombre reservadoÍDICA002 con un 18,5%, más atrás nombre reservado con 17,9%, Escuela nombre reservadoÍDICA001 con un 12,9% y Jardín Infantil nombre reservadoÍDICA001 con un 8%.

Posteriormente, la recurrida expresa que a la fecha se ha mantenido la vigilancia sanitaria en el contexto de atender, en forma oportuna y en terreno de manera inmediata, todo requerimiento asociado a la emergencia por emisiones de malos olores y emanación de gases en cualquier establecimiento educacional de la región de Atacama, según el procedimiento de atención que se estableció en el protocolo de acción, donde asisten profesionales de la Unidad de Saneamiento básico y Salud Ocupacional en conjunto con equipo detector de ácido sulfhídrico y amónico. Asimismo, dado que los eventos se mantienen, se oficiará nuevamente a los estamentos públicos responsables, con el objeto de instruir la aplicación de medidas tendientes a solucionar definitivamente del problema asociado y que se ha mantenido su participación en la mesa de trabajo con el fin de buscar una solución definitiva a la problemática, en conjunto con las Instituciones responsables.

Dentro de las conclusiones relativas a las acciones desplegadas por la Seremi de Atacama cabe consignar que el gas que predomina en las notificaciones de sospecha de intoxicación por gases es el ácido sulfhídrico (gas de alcantarilla), que normalmente está presente de forma natural en nuestras vidas sin ser perjudicial para la salud, pero que a concentraciones de 100 ppm o más por tiempos superiores a 30 minutos pueden producir daños a la salud; que de acuerdo a la revisión bibliográfica, a nivel general la sintomatología por gases produce cefaleas, mareos, náuseas, vómitos, diarrea, temblor, debilidad, lo cual concuerda con lo pesquisado a través de la vigilancia de sospecha de intoxicación por gases, donde los signos más recurrentes son cefalea y náuseas y que la exposición de la población a este gas se ha extendido en el tiempo, por lo que se hace muy necesario tomar medidas definitivas para minimizar este riesgo.

Más adelante, la recurrida afirma que con la información aportada ha quedado demostrado ostensiblemente que el Ministerio de Salud a través de la Seremi de Salud de Atacama, ha sido capaz de desplegar de forma eficaz y oportuna todas las acciones tendientes a dar cumplimiento a las funciones que le señala la ley y su reglamento orgánico, que ha sido especialmente diligente en adoptar medidas en uso de sus facultades para salvaguardar la salud de la población y en especial de la comunidad escolar. Agrega que la autoridad Sanitaria ha realizado inspecciones y ha levantado los procesos de sumarios sanitarios que competen y según ha correspondido, cada que vez que se ha originado una emergencia de emanaciones de gases, en especial de ácido sulfhídrico (H2S).

Con posterioridad refiere que las medidas sanitarias y los procesos de sumarios aplicados hasta la fecha han sido por la constatación de focos de insalubridad asociado a falta de limpieza y mantención de los sistemas de alcantarillado con emanaciones de olores molestos intensos, producto de la liberación de gases producidos por la descomposición de materia orgánica en los establecimientos educacionales principalmente de la comuna Copiapó, problema sanitario que tiene su origen específico en el sistema de manejo de residuos semisólidos del sector de manipulación v preparación de alimentos de los establecimientos, el cual, al tener un funcionamiento inadecuado genera los factores ideales en cuando a las condiciones anaeróbicas para el origen de una gran cantidad de gases orgánicos, en especial el gas ácido sulfhídrico (H2S) v su acumulación en el sistema de alcantarillado.

Acto seguido, recalca que no existe una metodología específica en el manejo de emergencias asociadas a emisiones de gases orgánicos en establecimientos de uso público, específicamente de H2S, lo cual se fundamenta en que la normativa sanitaria que regula estos establecimientos no lo contempla.

Como consecuencia de lo anterior, desde el 2016 se implementó la mesa de trabajo encabezada por la Gobernación Provincial de Copiapó en la que ha participado activamente. En este contexto, no es dable imputarle acciones u omisiones de algún tipo que puedan provocar un menoscabo a la salud tanto de lla recurrente como de terceros, pues la conducta desarrollada a lo largo del tiempo ha sido precisamente la de participar y dar una respuesta precisa a cada evento y requerimiento de las autoridades y de la población.

Posteriormente la recurrida hace notar que la acción de protección debe ser rechazada, también, por el hecho de no acreditarse ni verificarse en la especie el presupuesto de procedencia consistente en la existencia de una afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución. En este punto, expresa que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional, son contestes en el hecho de reconocer que la protección del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, dice relación con actos positivos que amenacen, amaguen o ataquen directamente la vida de una persona, que configuren un detrimento o imposibilidad de la continuación de la vida o integridad física del afectado, citando luego diversos fallos de la Excelentísima Corte Suprema que avalarían a su juicio lo anteriormente señalado.

Por todo lo anteriormente dicho, solicita el rechazo total e íntegro de la acción de protección interpuesta, con expresa condena en costas.

SEXTO: Que, como se ha dicho reiteradamente por este Tribunal, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

SÉPTIMO: Que de acuerdo a lo antes expuesto, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque algunas de las situaciones o consecuencias que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales preexistentes, protegidas por la norma antes citada y que el recurso mediante el que se impugna tal acto u omisión arbitraria sea deducido dentro del plazo de treinta días corridos desde la ejecución de dicho acto u omisión, conforme lo dispone el N°1del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia.

OCTAVO: Que, en cuanto a la extemporaneidad alegada por la recurrida Ilustre Municipalidad de Copiapó, según da cuenta el basamento cuarto de esta resolución, debe considerarse que sea que el último episodio de emanación de gases mencionado en el recurso corresponda al ocurrido con fecha 14 de septiembre de 2018, en un sector aledaño a la Escuela nombre reservadoÍDICA002, esto es, no originado en un establecimiento educacional, sino en la red pública de alcantarillado, cuyo prestador es la empresa Aguas Chañar S.A., que se encuentra bajo la tutela de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, o bien corresponda al verificado con fecha 30 de agosto del año en curso en el nombre reservado, si bien el recurso se interpuso el día 4 de octubre del mismo año, esto es, habiendo transcurrido más de treinta días, no puede desconocerse que la afectación que sufrieron los recurrentes no solo fue el día en que ocurrieron los hechos, sino que se mantuvo días después, por lo que no puede estimarse que el recurso es extemporáneo. Por lo demás, las supuestas vulneraciones a los derechos constitucionales invocados, así como la eminente amenaza a la vida e integridad física de los recurrentes, se configura por un hecho material de perturbación “permanente”, que los afectados sindican provienen de actos arbitrarios e ilegales de responsabilidad, entre otros, de la Municipalidad aludida, situación que se inició con posterioridad al aluvión de marzo de 2015 y recrudeció con posterioridad, persistiendo desde las fechas ya citadas, renovándose día a día.

NOVENO: Que, en cuanto al fondo del asunto, el actuar denunciado por los recurrentes como ilegal y arbitrario, radica básicamente en que los recurrentes sostienen que el contexto relatado en arbitrio incoado permite establecer que los sucesivos episodios de emanaciones de gases que afectan a colegios de esta comuna, su permanente reiteración durante los últimos tres años, al menos hasta el último evento documentado ocurrido el 14 de septiembre del año en curso, y la falta de información clara y precisa sobre el origen de los mismos, se producen como resultado de omisiones de las obligaciones que recaen en las distintas autoridades recurridas en orden a prevenir episodios como los vividos durante todo el tiempo señalado por la comunidad de Copiapó. A su vez, estas omisiones privan, perturban y amenazan los derechos constitucionales a la vida y la integridad física, la igualdad ante la ley, el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, así como el derecho a la libertad de enseñanza de los habitantes de la comuna de Copiapó afectados, todos establecidos en los art. 19 N° 1, 19 N° 2, 19 N° 8 y 19 N°11 de la Constitución Política del Estado.

DÉCIMO: Que durante la tramitación del recurso, los intervinientes aportaron los siguientes elementos de convicción:

A) DOCUMENTOS INDH: 1) Informe de Emanaciones de Gases Escuela "nombre reservado", período 20152018. 2) Recopilación de artículos de prensa año 2017. 3)

Recopilación de artículos de prensa año 2018.

B) DOCUMENTOS SISS: 1) Oficio SISS N° 4541 de junio de 2016. 2) Resultados y diagnóstico de visita de la SISS a recintos educacionales de Copiapó del 24.8.2018, 3) Oficios SISS N°NUM012 y N'NUM013, de fecha 12.04.18 y 03.05.18. 4) Actas de Fiscalización del Sistema de Recolección Aguas Servidas. 5) Oficio SISS Regional N9 4652 del 18 de junio 2018. 6) Oficio SISS Regional N° 7748, de 09/10/2015 para Aguas Chañar, instruyendo inspección especial en área de emplazamiento de establecimientos educacionales que denunciaron presencia de gases. 6) Carta ACA N°319, de Aguas Chañar, de 12/11/2015, respondiendo requerimiento. 7)

Oficio SISS N° 3860, de 11/10/2018, por el cual se informa situación de olores molestos a Contraloría General de la República. 8) Oficio SISS Regional N°8107, de 20/10/2017 para Aguas Chañar, instruyendo medidas por fiscalizaciones realizadas entre el 11 al 18 de octubre, en sistemas de recolección de aguas servidas. 9) Oficio SISS Regional N° NUM014, de 10/11/2017, para Seremi de Salud de Atacama, informando requerimiento de inspecciones y denuncias de establecimientos educacionales. Este oficio incluyó un CD con fotografías, minuta "Presencia de gas en redes de alcantarillado de colegios", minuta con recomendaciones y sugerencias, gráfico de la situación general de colectores públicos en Copiapó, además de tabla excell que detalla la mantención preventiva de colectores del segundo trimestre del 2017 realizado por Aguas Chañar. 10)

Oficio SISS Regional N° 1844, de 13/03/2018, para Aguas Chañar, instruyendo medidas respecto de la red de recolección de aguas servidas. 11) Carta ACA N° 266, de 24/04/2018, respondiendo instrucción. 12) Oficio SISS Regional N° 6411, de 30/08/2018, para Seremi de Salud de Atacama, enviando informe de seguimiento de fiscalizaciones. 13) Oficio SISS Regional N° 6908, de 26/09/2018, para Aguas Chañar, instruyendo medidas por reclamo de olores molestos. 14)

Oficio SISS Regional N° 5405 del 30.8.2018. 15) Oficio SISS Regional N° 9143 del 06.12.2017. 15) Recomendaciones y Sugerencias de la SISS a establecimientos educacionales del 6.10.2017.

C) DOCUMENTOS I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ: 1) Ord. A 111 N° 4599, de fecha 04 de diciembre de 2017, emitido por la Ministra de Salud al Presidente de la Cámara de Diputados, en el que se informa que se adjunta Ord N° 2264 de fecha 24 de octubre. 2) Ord N° 2264 de fecha 24 de octubre de 2017, dirigido por el Subsecretario de Salud al Secretario Regional de Ministerial de Salud Atacama, en el que informa acerca e sus competencias y las gestiones realizadas al momento de una emanación de gases. 3)

Antecedentes respecto a eventos de emisiones de gases orgánicos en establecimiento educacionales y otros, Región de Atacama, de fecha 12 de octubre de 2017 y sus anexos 1 y 2. 4) Ordinario N° 000042, de fecha 26 de enero de 2018, emitido por la subsecretaria de educación a la abogada secretaria de la Comisión de Educación, Cámara de Diputados. 5) Oficio Ordinario 055, de fecha 11 de enero de 2018, emitido por el jefe de la División de Planificación y presupuesto a la subsecretaría de educación. 6) Oficio Ordinario N°01/656, de fecha 16 de octubre de 2018, emitido por la jefa de gabinete de la Ministra de Educación al jefe de la División de Planificación y Presupuesto. 7) Resolución exenta N° 000903, de fecha 07 de noviembre de 2017, que autoriza suspensión de clases con recuperación a la escuela nombre reservadoÍDICA001 y el nombre reservado, dependiente del Departamento de Administración de Educación Municipal, comuna de Copiapó, Región de Atacama. 8) Ord. Int.

N° 01/10, de fecha 04 de diciembre de 2017 emitido por el Secretario Regional Ministerial de Educación de Atacama y dirigido al Jefe de la División Jurídica. 9)

Informe Técnico de situación de emergencia en establecimientos educacionales afectados por emanaciones de gas. 10) Informe de fecha 10 de octubre de 2018, denominado acciones de respuesta realizadas por esta SECPLA, respecto al tema de las emanaciones de Gases y Mala calidad del Aire cercano a los Establecimientos Educacionales de la Comuna de Copiapó y tabla anexa. 11)

Decreto Alcaldicio N° 5150 que aprueba acta de análisis y adjudica licitación pública mercado público N° 9/2018 denominada "modificación sanitaria Escuelas nombre reservado e nombre reservado , Copiapó L 9/18. 12) Contrato de fecha 02 de marzo 2018, entre la Ilustre Municipalidad de Copiapó y la Sociedad Ingeniería y Servicios AF Ltda., relativo al proyecto denominado "modificación sanitaria Escuelas nombre reservado e nombre reservado, Copiapó L 9/18.13)

Acta de entrega de terreno de fecha 12 de marzo de 2018 correspondiente a la obra "Modificación Sanitaria Escuelas nombre reservado e nombre reservado , Copiapó L 9/18. 14) Decreto Alcaldicio N° 5151, que aprueba acta de análisis y adjudica licitación pública mercado público N° 10/2018 denominada modificación sanitaria Escuelas nombre reservado y Las Canteras, Copiapó L 10/18. 15) Contrato de fecha 02 de marzo 2018 entre la Ilustre Municipalidad de Copiapó y la Sociedad Ingeniería y Servicios AF Ltda., relativo al proyecto modificación sanitaria Escuelas nombre reservado y las Canteras, Copiapó L 10/18. 16)

Acta de entrega de terreno de fecha 12 de marzo de 2018, correspondiente a la obra Modificación Sanitaria Escuelas nombre reservado y Las Canteras, Copiapó L 10/18. 17) Decreto Alcaldicio N° 5152, que aprueba acta de análisis y adjudica licitación pública mercado público N° 11/2018 denominada nombre reservado , nombre reservadoÍDICA002 y nombre reservado, Copiapó L 11/18. 18) Contrato de fecha 02 de marzo 2018, entre la Ilustre Municipalidad de Copiapó y la Sociedad Ingeniería y Servicios AF Ltda, relativo al proyecto modificación sanitaria Escuelas nombre reservado, nombre reservadoÍDICA002 y nombre reservado, Copiapó L 11/18. 19) Acta de entrega de terreno de fecha 12 de marzo de 2018, correspondiente a la obra modificación sanitaria Escuelas nombre reservado, nombre reservadoÍDICA002 y nombre reservado, Copiapó L 11/18. 20)

Decreto N° 13908, de fecha 09 de agosto 2017, que aprueba acta de análisis y adjudica licitación pública mercado público N° 14/2017 denominada construcción soluciones sanitarios aérea cocina Escuela nombre reservadoÍDICA001, Copiapó L14/17. 21) Contrato de 28 de agosto de 2017, entre la Ilustre Municipalidad de Copiapó y la Sociedad Ingeniería y Servicios AF Ltda., relativo al proyecto construcción soluciones sanitarios aérea cocina Escuela nombre reservadoÍDICA001, Copiapó L14/17. 22) Acta de entrega de terreno de fecha 13 de septiembre de 2017, correspondiente a la obra construcción soluciones sanitarios aérea cocina Escuela nombre reservadoÍDICA001, Copiapó L14/17. 23) Decreto N° 13.907 de fecha 09 de agosto de 2017, que aprueba acta de análisis y adjudica licitación pública mercado público N° 15/2017 denominada construcción soluciones sanitarios aérea cocina nombre reservado, Copiapó L14/17. 24) Contrato 28 de agosto de 2017 entre la Ilustre Municipalidad de Copiapó y la Sociedad Ingeniería y Servicios AF Ltda., relativo al proyecto construcción soluciones sanitarios aérea cocina nombre reservado, Copiapó L15/17. 25) Acta de entrega de terreno de fecha 13 de septiembre de 2017 correspondiente a la obra construcción soluciones sanitarios aérea cocina nombre reservado, Copiapó L15/17. 26) Decreto Alcaldicio 7920, de fecha 11 de abril de 2018, que aprueba acta de recepción provisoria de Licitación Pública N° 15/17, construcción soluciones sanitarios aérea cocina nombre reservado, Copiapó L15/17. 27) Acta de recepción provisoria de fecha 06 de abril de 2018, obra construcción soluciones sanitarios aérea cocina nombre reservado, Copiapó L15/17. 28) Decreto Alcaldicio N° 5460 de fecha 06 de marzo de 2018, reanuda plazos de ejecución y aprueba modificación de contrato de licitación pública N° 15/2017 denominada construcción soluciones sanitarios aérea cocina nombre reservado, Copiapó L15/17. 29) Modificación de Contrato de fecha 06 de marzo de 2018, entre la Ilustre Municipalidad de Copiapó y la Sociedad Ingeniería y Servicios AF Ltda. , relativo al proyecto construcción soluciones sanitarios aérea cocina nombre reservado, Copiapó L15/17. 30) Decreto Alcaldicio N° 19906 de fecha 23 de noviembre de 2017, que aprueba suspensión de plazo N° 5 de la obra por licitación pública de la obra denominada mejoramiento de la infraestructura del establecimiento educacional Escuela nombre reservado, R.B.D 416, Copiapó L 15. 31) Decreto Alcaldicio N° 2986 de fecha 05 de febrero de 2018, aprueba 4ta modificación de contrato por suspensión de plazo de la obra por licitación pública N° 15/2017 denominada construcción soluciones sanitarios aérea cocina nombre reservado, Copiapó L15/17. 32) Modificación de Contrato de fecha 05 de febrero de 2018, entre la Ilustre Municipalidad de Copiapó y la Sociedad Ingeniería y Servicios AF Ltda., relativo al proyecto construcción soluciones sanitarios aérea cocina nombre reservado, Copiapó L15/17. 33) Decreto Alcaldicio N° 2312 de fecha 26 de enero de 2018, que aprueba 3ra modificación de contrato por suspensión de plazo de la obra por licitación pública N° 15/2017 denominada construcción soluciones sanitarios aérea cocina nombre reservado, Copiapó L15/17. 34) Modificación de Contrato de fecha 19 de enero de 2018 entre la Ilustre Municipalidad de Copiapó y la Sociedad Ingeniería y Servicios AF Ltda., relativo al proyecto construcción soluciones sanitarios aérea cocina nombre reservado, Copiapó L15/17. 35) Decreto Alcaldicio N° 19372, de fecha 13 de noviembre de 2017 aprueba 2da modificación de contrato por suspensión de plazo de la obra por licitación pública N° 15/2017 denominada construcción soluciones sanitarios aérea cocina nombre reservado, Copiapó L15/17. 36) Modificación de Contrato de fecha 13 de noviembre de 2017, entre la Ilustre Municipalidad de Copiapó y la Sociedad Ingeniería y Servicios AF Ltda., relativo al proyecto construcción soluciones sanitarios aérea cocina nombre reservado, Copiapó L15/17. 37) Decreto Alcaldicio N° 18310 de fecha 24 de octubre de 2017 que aprueba modificación de contrato por suspensión de plazo de la obra por licitación pública N° 15/2017 denominada construcción soluciones sanitarios aérea cocina nombre reservado, Copiapó L15/17. 38) Modificación de Contrato de fecha 24 de octubre de 2017, entre la Ilustre Municipalidad de Copiapó y la Sociedad Ingeniería y Servicios AF Ltda., relativo al proyecto construcción soluciones sanitarios aérea cocina nombre reservado, Copiapó L15/17. 39) Acta de entrega de terreno de fecha 13 de septiembre de 2017, correspondiente a la obra denominada construcción soluciones sanitarios aérea cocina nombre reservado, Copiapó L15/17. 40) Decreto Alcaldicio N° 14767 de fecha 28 de agosto de 2017, que aprueba contrato de obra N° 15/17 denominada construcción soluciones sanitarios aérea cocina nombre reservado, Copiapó L15/17. 41) Contrato de fecha 28 de agosto de 2017 entre la Ilustre Municipalidad de Copiapó y la Sociedad Ingeniería y Servicios AF Ltda., relativo al proyecto construcción soluciones sanitarios aérea cocina nombre reservado, Copiapó L15/17.

D) DOCUMENTOS MINISTERIO DE SALUD: 1) Siete solicitudes de fiscalización por malos olores año 2015. 2) Cuatro solicitudes de fiscalización por malos olores año 2016. 3) Solicitud de fiscalización por malos olores año 2017. 4) Solicitud de fiscalización por malos olores año 2018. 5) Actas de Inspecciones de H2S en comuna de Copiapó 2016-2018. 6) Oficios asociados a los procesos inspectivos H2S 2016-2018. 7) Detalle de los procesos de sumarios sanitarios 2016-2018. 8) Asistencia de fecha 24 de agosto 2018. 9)

Minuta Técnica H2S año 2018. 9) Informe de emanaciones H2S años 2016-2017. 10) Informes SISS 1 y 2, 11) Plan Específico Emergencia de 24 de Agosto 2018.

UNDÉCIMO: Que, a fin de resolver la controversia de que se trata, y acorde a la prueba rendida en esta acción constitucional, valorada conforme a las reglas de la sana crítica, corresponde dar por asentado los siguientes hechos de relevancia fáctico jurídica: a) Los recurrentes corresponden a alumnos, apoderados, agentes educativos y vecinos de los establecimientos educacionales (1) Escuela nombre reservado, (2) Escuela nombre reservadoÍDICA002, (3) Liceo nombre reservadoÍDICA001, (4) Escuela nombre reservadoÍDICA001 y (5) Jardín Infantil nombre reservadoÍDICA003, todos ubicados en la comuna de Copiapó; b) Como consecuencia del evento climático que afectó a la Región de Atacama el año 2015, varios sectores de Copiapó evidenciaron presencia de gas sulfhídrico en las redes de alcantarillado, lo que dio lugar a un proceso de fiscalización decretado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios que culminó con un informe que fue enviado a las distintas autoridades en junio de 2016, mediante Oficio SISS N° 4541; c) A causa de la presencia de reiterados olores molestos, que afectaron a establecimientos de educacionales de la comuna, se implementó una vigilancia epidemiológica de sospecha de intoxicación por gases, enmarcada en el riesgo a la salud generado post-aluviones, y la SISS procedió a realizar y reportar, a la Intendencia de la Región de Atacama, Ilustre Municipalidad de Copiapó, Gobernación de Copiapó, Seremi de Educación Atacama, Seremi de Salud Atacama y a la Onemi Atacama, a través de Oficio SISS 8.504 de fecha 10.11.17, un estudio técnico que concluyó que la presencia de gas sulfhídrico al interior de los colegios municipalizados, se produce en las cámaras desgrasadoras de responsabilidad del titular de esos recintos educacionales, constatándose además que la red pública de alcantarillado no presenta problemas estructurales y opera con normalidad, sin advertir restricción que permita el escurrimiento de las aguas servidas.

Por su parte, se verificó que en las instalaciones domiciliarias del nombre reservado existía una cámara desgrasadora que presentaba deficiencias estructurales y de mantención, siendo incapaz de tratar o abatir los elementos y/o sustancias dispuestos en las aguas residuales provenientes del casino del recinto educacional, situación que contribuye a generar olores molestos al interior de la instalación y que la cámara construida en el Liceo para tratar el total de las aguas residuales generadas no se construyó conforme a diseño, motivo por el cual persiste el potencial riesgo frente a la generación de gases, lo que en la práctica ha acaecido; d) Como consecuencia de los resultados obtenidos por los estudios encargados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la determinación de su causa, los recintos administrados por JUNAEB-JUNJI-INTEGRA, establecieron nuevos protocolos de limpieza de las cámaras desgrasadoras y la I. Municipalidad de Copiapó formuló un plan de obras para la renovación de infraestructura dañada junto con la implementación de obras y/o equipamiento ausente. Tales medidas ejecutadas por los recintos educacionales dado su carácter domiciliario, no están comprendidas en el ámbito de lo que puede instruir o fiscalizar dicho organismo, lo que no impidió sin embargo, hacer una serie de recomendaciones y sugerencias relativas a la infraestructura, los protocolos de operación y mantención de estas instalaciones a fin de combatir la generación de olores molestos al interior de esos inmuebles, como una forma de contribuir en la solución del problema; e) En el ejercicio de sus funciones y con la finalidad de supervigilar la correcta prestación de los servicios sanitarios, la SISS ha efectuado constantes fiscalizaciones al sistema de recolección de aguas servidas de la concesionaria sanitaria Aguas Chañar S.A., realizando visitas a los recintos educacionales de la comuna de Copiapó y ha atendido los reclamos de los vecinos de la ciudad, en términos que desde el 18 de enero del año 2017 y hasta el 1 de octubre del presente año ha levantado más de noventa Actas de Fiscalización, que dan cuenta que el problema de los olores molestos tienen su origen en las instalaciones interiores de los recintos educacionales y no en la red pública de responsabilidad del prestador sanitario; f) A partir del año 2018 la SISS establece e instruye al prestador Aguas Chañar un programa de mantención preventiva en las redes del colector público de la comuna de Copiapó, según consta en los Ordinarios SISS ISTNUM012 y N°NUM013, ya señalados, incorporándose al programa de fiscalización del año 2018 la inspección de los colectores públicos que enfrentan a establecimientos que acusan mayor recurrencia de olores molestos. Durante el período de receso académico invernal, la Superintendencia estableció un plan de inspección exclusivo para el montaje y habilitación de sistemas de tratamiento por parte de la I. Municipalidad de Copiapó, en los recintos educacionales en los que se implementó un nuevo proyecto para el tratamiento de los efluentes generados en la cocina; no obstante lo anterior, dicho proyecto consideró la implementación de una cámara tipo, la cual no propone la caracterización de cada fuente emisora. En efecto, de la información obtenida se puede establecer que cada establecimiento cuenta con un número particular de matrículas, al igual que el consumo de agua potable que dichas matrículas generan, por lo que no resulta prudente instalar o remplazar la cámara desgrasadora con una cámara tipo. Enseguida, la inspección permitió constatar que existe un patrón que llevó a instalar ductos de ventilación en puntos que presentan reducida efectividad de evacuación; es así que la ventilación ubicada aguas arriba de la cámara desgrasadora pierde efectividad en la medida que se aleja del punto de generación (cámara desgrasadora) y se pudo apreciar que en la mayoría de los casos el extractor forzado (cabeza) se encuentra detenido, producto de la falta de corrientes que permitan generar la inercia del equipo extractor. De este modo. según lo constatado en terreno, el sistema de tratamiento particular continúa generando gas sulfhídrico, hecho que quedó de manifiesto al monitorear la concentración de gas al activar las cámaras desgrasadoras; g) En definitiva las inspecciones y visitas efectuadas por la SISS y que dan cuenta las actas de fiscalización antes reseñadas, dejan constancia de las siguientes circunstancias: i) La red de alcantarillado público, ubicada frente a los colegios inspeccionados, no presenta problemas estructurales que impidan la libre evacuación del efluente y opera con normalidad, ii) La red pública no presenta restricción hidráulica, por el contrario, se observa en ella un porcentaje de capacidad ociosa en horario de máximo consumo, descartándose una influencia negativa sobre los establecimientos educacionales, iii) El diseño del sistema de tratamiento particular implementado en los recintos educacionales visitados, no resulta propio para el número de matrículas que presenta cada establecimiento, es decir, se utilizó una cámara tipo que no garantiza la inocuidad del efluente y se constató la modificación de algunos diseños sin fundamento técnico, iv) De la evaluación de las recomendaciones y sugerencias, establecidas por la Superintendencia en octubre del año 2017, es posible informar que persisten incumplimientos asociados a tres aspectos; a) Medidas asociadas a manipulación de alimento, b) Medidas asociadas a mantención de redes interiores, y c) Medidas asociadas a infraestructura, v) El sistema de tratamiento implementado al interior de los nueve colegios inspeccionados evacúa efluentes con gas sulfhídrico, es decir, persiste su condición como fuente emisora, por lo tanto deben evaluar el reformular el tipo de tratamiento, vi) En la mayoría de los casos el sistema de ventilación no permite la evacuación de gas desde la redes interna hacia la atmósfera, los ductos deben ser reubicados y modificar su mecanismo de succión (instalar sistema electromecánico), vii) Los nueve colegios municipalizados (9) que presencian gas sulfhídrico al interior de sus redes en la ciudad de Copiapó, abarcan un área de 7.5 km2, siendo muy particular que dentro y fuera de dicho perímetro, existen establecimientos de carácter privado que no han acusado presencia de gas sulfhídrico. h) La I. Municipalidad de Copiapó efectivamente realizó limpiezas de las cámaras desgrasadoras de los establecimientos educacionales que administra, adoptando la decisión de realizar estudios para el diseño de proyectos de obras de infraestructura que permitan suprimir el problema de las emanaciones. Es así como se realizaron proyectos sanitarios tanto en la Escuela y nombre reservado con una inversión de $33.204.110. En el presente año se han desarrollado 7 proyectos de soluciones sanitarias para los sistemas desgrasadores de la Escuela nombre reservado, nombre reservadoÍDICA002, nombre reservado, nombre reservado, Las Canteras, nombre reservado y nombre reservado, con una inversión total de $145.789.315.

Estos proyectos tenían por finalidad construir una segunda unión domiciliaria exclusivamente para las cocinas de los establecimientos, cuya primera intervención fue realizada en la Escuela Hernán Márquez Huerta, establecimiento que desde el mes de enero de 2017 no ha presentado episodios de emanaciones.

Asimismo, la entidad edilicia actualmente trabaja en el desarrollo de siete proyectos más, que benefician a los Jardines VTF nombre reservadoÍDICA003, Alicanto, Gotitas del Desierto, Viñita dPERSONA_JURÍDICA001, Punta Negra, Aguas Blancas e Instituto Comercial. Refiere también que se han propuesto como medidas de mitigación en el Liceo y Escuela nombre reservadoÍDICA001, como el levantamiento del ducto de ventilación en 4 metros quedando a una altura de 15 metros aproximadamente y que se cambiarán las tapas de las cámaras desgrasadoras por tapas de fierro fundido herméticas. En la Escuela nombre reservado, se construirá un ducto de ventilación de 15 metros.

Además, se han establecido cambios en el sistema de distribución de la alimentación en la Escuela nombre reservadoÍDICA002, nombre reservado y Escuela y nombre reservado, reemplazando la preparación de alimentos en los establecimientos por la distribución de comida caliente HOT BOX, que se traslada al establecimiento educacional para evitar el uso de las cámaras desgrasadoras; i) Desde que se comenzaron a evidenciar episodios de emanaciones de gases, principalmente ácido sulfhídrico proveniente de los alcantarillados, se procedió a ejecutar una constante vigilancia por parte de la Seremía de Salud de Atacama, la que estuvo enfocada en un inicio a establecimientos educacionales, dado que ahí comenzaron a experimentarse los eventos de emanaciones. Para desarrollar esta vigilancia, se elaboró un instructivo breve y una ficha de notificación (Anexo N°1 y N°2 de los documentos aportados por este interviniente).

En un comienzo, los eventos fueron bastante aislados, así como las notificaciones; sin embargo, durante el año 2017, se observó un aumento de las notificaciones desde los centros de salud, especialmente SAMU y urgencias, y se solicitó apoyo al Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, en la revisión y actualización de los documentos antes mencionados a fin que cumplieran el objetivo de entregar antecedentes que permitan velar por el bienestar de la comunidad. Adicionalmente, desde el nivel central del Ministerio de Salud, fue enviada una minuta relacionada a ácido sulfhídrico, elaborada en el marco de eventos de emanaciones registrados en Antofagasta, para ser utilizada en Atacama. Asimismo, se hicieron refuerzos permanentes de esta vigilancia, a través de correos a la red de vigilancia epidemiológica de los centros de salud de la Región, así como en las distintas jornadas anuales de la unidad. Además, se dispone tanto la ficha como el instructivo, en la página web de la Seremi de Salud Atacama.

Los efectos en salud del ácido sulfhídrico, así como el análisis de la vigilancia epidemiológica de sospecha de emanaciones, se presentaron durante el año 2018 en una sesión de la mesa técnica intersectorial de malos olores, compuesta por varios servicios e instituciones relacionadas al tema. A su turno, se comprometió la capacitación y educación de comunidades escolares referentes a efectos sanitarios de este gas, siendo esta iniciativa coordinada por el sector educación.

Con posterioridad, la referida recurrida realiza un análisis epidemiológico en relación a las notificaciones con sospecha de intoxicación por gases de alcantarilla, refiriendo entre otros datos que si se hace el análisis de casos notificados según los 5 principales establecimientos educacionales, se observa que la Escuela nombre reservado de Rosario, registra el 21,6% de las notificaciones por sospecha de gases relacionados con alcantarilla, seguido de Escuela nombre reservadoÍDICA002 con un 18,5%, más atrás nombre reservado con 17,9%, Escuela nombre reservadoÍDICA001 con un 12,9% y Jardín Infantil Viñita dPERSONA_JURÍDICA001 con un 8%; j) La vigilancia sanitaria se mantiene hasta la fecha, a fin de atender, en forma oportuna y en terreno de manera inmediata, todo requerimiento asociado a la emergencia por emisiones de malos olores y emanación de gases en cualquier establecimiento educacional de la región de Atacama, según el procedimiento de atención que se estableció en el protocolo de acción, donde asisten profesionales de la Unidad de Saneamiento básico y Salud Ocupacional en conjunto con equipo detector de ácido sulfhídrico y amónico. Asimismo, de acuerdo a los estudios que ha realizado la Seremi de Salud, dado que los eventos se mantienen, se oficiará nuevamente a los estamentos públicos responsables, con el objeto de instruir la aplicación de medidas tendientes a solucionar definitivamente el problema asociado, manteniéndose su participación en la mesa de trabajo con el fin de buscar una solución definitiva a la problemática, en conjunto con las Instituciones responsables; k) Dentro de las conclusiones relativas a las acciones desplegadas por la Seremi de Salud de Atacama cabe consignar que el gas que predomina en las notificaciones de sospecha de intoxicación por gases es el ácido sulfhídrico (gas de alcantarilla), que normalmente está presente de forma natural en nuestras vidas sin ser perjudicial para la salud, pero que a concentraciones de 100 ppm o más por tiempos superiores a 30 minutos pueden producir daños a la salud; que de acuerdo a la revisión bibliográfica, a nivel general la sintomatología por gases produce cefaleas, mareos, náuseas, vómitos, diarrea, temblor, debilidad, lo cual concuerda con lo pesquisado a través de la vigilancia de sospecha de intoxicación por gases, donde los signos más recurrentes son cefalea y náuseas y que la exposición de la población a este gas se ha extendido en el tiempo, por lo que se hace muy necesario tomar medidas definitivas para minimizar este riesgo; l) La Autoridad Sanitaria ha realizado inspecciones y ha levantado los procesos de sumarios sanitarios que competen y según ha correspondido, cada que vez que se ha originado una emergencia de emanaciones de gases, en especial de ácido sulfhídrico (H2S). Tales medidas sanitarias y los procesos de sumarios aplicados hasta la fecha han sido por la constatación de focos de insalubridad asociado a falta de limpieza y mantención de los sistemas de alcantarillado con emanaciones de olores molestos intensos, producto de la liberación de gases producidos por la descomposición de materia orgánica en los establecimientos educacionales principalmente de la comuna Copiapó, problema sanitario, que como ya se expresó, tiene su origen específico en el sistema de manejo de residuos semisólidos del sector de manipulación v preparación de alimentos de los establecimientos, el cual, al tener un funcionamiento inadecuado genera los factores ideales en cuando a las condiciones anaeróbicas para el origen de una gran cantidad de gases orgánicos, en especial el gas ácido sulfhídrico (H2S) v su acumulación en el sistema de alcantarillado; m) Al no existir una metodología específica en el manejo de emergencias asociadas a emisiones de gases orgánicos en establecimientos de uso público, específicamente de H2S, lo cual se fundamenta en que la normativa sanitaria que regula estos establecimientos no lo contempla, desde el año 2016 se implementó la mesa de trabajo encabezada por la Gobernación Provincial de Copiapó en la que el Seremi de Salud ha participado activamente; n) En relación a Aguas Chañar, las Resoluciones de Calificación Ambiental que regulan la Unidad Fiscalizable de ese servicio sanitario, no abordan las instalaciones señaladas como causantes de las emanaciones, motivo por el cual la Superintendencia del Medio Ambiente ha efectuado fiscalizaciones, las cuales han abordado diferentes aspectos de las instalaciones. Estas fiscalizaciones no han cubierto la red de alcantarillado y de tratamiento de desechos sanitarios, ya que, como se ha indicado con antelación, los instrumentos descritos no regulan esas instalaciones, pero además se trata de una materia cuya fiscalización está a cargo SISS de manera exclusiva, y ñ) Los informes de fiscalización que ha efectuado la Superintendencia del Medio Ambiente en relación a la empresa Aguas Chañar, no guardan relación con los hechos denunciados en esta acción, sino que son atingentes con las Resoluciones de Calificación Ambiental antes reseñadas. Por lo demás, la SMA no ha recibo denuncias relativas al objeto del presente recurso.

DUODÉCIMO: Que, en mérito de los hechos asentados en el basamento que antecede, se ha demostrado que como consecuencia del evento climático que afectó a la Región de Atacama el año 2015, y especialmente a la ciudad de Copiapó, varios sectores de la ciudad evidenciaron presencia de gas sulfhídrico en la infraestructura sanitaria interior de los inmuebles en que se emplazan determinados recintos educacionales, vulnerándose por omisión los derechos constitucionales a la vida y la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, el derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, de los habitantes de esta comuna que conforman las comunidades educativas de los establecimientos educacionales mencionados en el recurso, establecidos en los artículos 19 N° 1, 19 N° 2, 19 N° 8, 19 N° 10 y 19 N°11 de la Constitución Política de la República.

DÉCIMO TERCERO: Que conforme a lo señalado en el Oficio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios SISS N° 4541, que da cuenta del proceso de fiscalización desplegado por esta Superintendencia que culminó con un informe que fue enviado a las distintas autoridades involucradas en el problema en junio de 2016. En efecto, debido a la presencia de olores molestos, que han afectado a establecimientos de educacionales de la comuna de Copiapó que han visto alterado su normal funcionamiento, la SISS procedió a realizar y reportar, a la Intendencia de la Región de Atacama, Ilustre Municipalidad de Copiapó, Gobernación de Copiapó, Seremi de Educación Atacama, Seremi de Salud Atacama y a la Onemi Atacama, a través de Oficio SISS 8.504 de fecha 10.11.17, un estudio técnico que concluyó que la presencia de gas sulfhídrico al interior de los colegios municipalizados, se produce en las cámaras desgrasadoras de responsabilidad del titular de esos recintos educacionales. Para lo anterior, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, efectuó en los establecimientos afectados un estudio y fiscalización, comprobándose que la presencia de ácido sulfhídrico proviene de la infraestructura sanitaria interior del inmueble en que se emplazan dichos recintos educacionales, pues se constata que la red pública de alcantarillado no presenta problemas estructurales y opera con normalidad, sin advertir restricción que permita el escurrimiento de las aguas servidas.

Lo anterior significó por parte de la SISS la dictación de medidas de mitigación, todas detalladas en los literales b) a g) del fundamento undécimo de este veredicto, por lo que resulta acreditado que esta repartición pública no ha incurrido en una omisión de su obligación legal de fiscalizar, al determinar palmariamente el origen de la contaminación producida, así como implementar los mecanismos efectivos para poner término a dicha situación de anormalidad. A mayor abundamiento, conforme al mérito del proceso, las fiscalizaciones e instrucciones impartidas a la concesionaria Aguas Chañar, no ameritan la aplicación de sanciones sobre esta materia en contra de dicha empresa, por lo que se desestimará a su respecto el arbitrio constitucional de marras.

DÉCIMO CUARTO: Que, a su turno, los hechos asentados y pormenorizados en los literales i) a l) del considerando undécimo de esta resolución, evidencian ostensiblemente que el Ministerio de Salud a través de la Seremi de Salud de Atacama, ha desplegado de forma eficaz y oportuna todas las acciones tendientes a dar cumplimiento a las funciones que le señala la ley y su reglamento orgánico, adoptando medidas eficaces en uso de sus facultades para salvaguardar la salud de la población y en especial de la comunidad escolar.

Asimismo, la autoridad sanitaria ha realizado inspecciones y ha levantado los procesos de sumarios sanitarios que competen y corresponden, en cada oportunidad que se ha originado una emergencia de emanaciones de gases, en especial de ácido sulfhídrico (H2S), de modo que se desechará el recurso en los que dice relación a esta institución estatal.

DÉCIMO QUINTO: Que, en relación al actuar de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el recurso de protección señala que ésta tiene un deber de fiscalizar a Aguas Chañar S.A., en particular con respecto a las RCA N°050, de fecha 14 de marzo de 2011 y la RCA N°229, de fecha 19 de Octubre de 2012. En particular, el arbitrio sostiene que esta repartición habría omitido este deber de fiscalización, lo cual habría propiciado los episodios de emanaciones de gases objeto del recurso. No obstante lo anterior, esta Corte comparte los argumentos jurídicos esgrimidos por la SMA al evacuar su informe, expresando latamente la normativa aplicable al caso, la que clarifica en síntesis que la misma no cuenta con competencias para fiscalizar la red de alcantarillado y de tratamiento de derechos sanitarios que es sindicada como fuente de las emisiones de gases, estando por ley entregada dicha competencia a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

Sobre el particular, en la especie, debemos estarnos a lo previsto en el artículo 61 de la Ley N° 20.417, Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente ("LOSMA"), referida específicamente a la superposición de competencias con la “SISS”, que dispone que: "…La presente Ley no afectará las facultades y competencias que la Ley N° 18.902 entrega a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en materia de supervigilancia, control, fiscalización, y sanción del cumplimiento de las normas relativas a la prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado que realicen las concesionarias de servicios sanitarios…".

Esta norma opera como una regla especial, sobre las demás reglas de competencia de la LOSMA, fijando una restricción a las actuaciones de fiscalización que la SMA puede desarrollar sobre los proyectos de las concesionarias de servicios sanitarios.

Dicho artículo 61 de la LOSMA se vincula especialmente con el artículo 2 de la Ley N°18 .902 que Crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que dispone que: "…Corresponderá a la Superintendencia de Servicios Sanitarios la fiscalización de los prestadores de servicios sanitarios, del cumplimiento de las normas relativas a servicios sanitarios y el control de los residuos líquidos industriales que se encuentren vinculados a las prestaciones o servicios de las empresas sanitarias, pudiendo al efecto, de oficio o a petición de cualquier interesado, inspeccionar las obras de infraestructura sanitaria que se efectúen por las prestadoras, tomando conocimiento de los estudios que le sirven de base…".

Tal precepto legal, por lo demás ha sido objeto de pronunciamientos por parte de la Contraloría General de la República, los cuales han aclarado su alcance. Particularmente ha sido abordado en los Dictámenes N° 25.248, de fecha 02 de mayo de 2012; N° 298, de fecha 03 de enero de 2014; N° 20.018, de fecha 13 de marzo de 2015; y N° 28.047, de fecha 10 de abril de 2015, normativa que es analizada latamente en el informe respectivo de la SMA, y cuyas conclusiones esta sede cautelar comparte, en términos de discernir que, en lo que se refiere a materias propias del giro sanitario, así como olores molestos, corresponden a materias que deben ser fiscalizadas por la SISS, tal como lo ha establecido los Dictámenes citados. En este ámbito de competencia se sitúa, evidentemente, las emanaciones objeto del recurso de protección, las cuales, por lo demás, como ya se estableció provienen de las cámaras desgrasadoras de responsabilidad del titular de esos recintos educacionales, esto es, de la infraestructura sanitaria interior del inmueble en que se emplazan dichos recintos educacionales, pues se constata que la red pública de alcantarillado no presenta problemas estructurales y opera con normalidad, sin advertir restricción que permita el escurrimiento de las aguas servidas.

Lo anterior, explica que la SISS haya tomado un rol activo en la investigación de los episodios denunciados, efectuando labores de fiscalización y participando en mesas técnicas con otras autoridades locales, y en cambio, la SMA al carecer de competencia en la materia, se limitó a indagar y actuar en los ámbitos en que efectivamente cuenta con competencias, desarrollado las labores que se especifican en los literales n) y ñ) de la motivación undécima de este fallo, lo que forzosamente nos lleva a rechazar el recurso formalizado en su contra.

DÉCIMO SEXTO: Que, es un hecho acreditado en esta sede cautelar, que la Ilustre Municipalidad de Copiapó, ha procedido a ejecutar un plan de limpieza de las cámaras desgrasadoras de los establecimientos educacionales que administra, adoptando la decisión de realizar estudios para el diseño de proyectos de obras de infraestructura que permitan suprimir el problema de las emanaciones de gas. De igual modo, se han aprobado proyectos sanitarios en determinados establecimientos educacionales, desarrollado proyectos de soluciones sanitarias para los sistemas desgrasadores de otros establecimientos de la comuna y diseñado y ejecutado medidas de mitigación en otros tantos, lo que evidencia la preocupación de tal entidad edilicia por finiquitar y/o morigerar los perniciosos efectos que origina la presencia de gas sulfhídrico en la infraestructura sanitaria interior de los inmuebles en que se emplazan los recintos educacionales de responsabilidad del titular de los mismos.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, no obstante lo anterior, acorde a los hechos asentando en los literales j) y k) del raciocinio undécimo, la vigilancia sanitaria se mantiene hasta la fecha, a fin de atender, en forma oportuna y en terreno de manera inmediata, todo requerimiento asociado a la emergencia por emisiones de malos olores y emanación de gases en cualquier establecimiento educacional de la región de Atacama, y de acuerdo a los estudios que ha realizado la Seremi de Salud, dado que los eventos denunciados se mantienen, esa entidad oficiará nuevamente a los estamentos públicos responsables, con el objeto de instruir la aplicación de medidas tendientes a solucionar definitivamente el problema asociado, considerando que la exposición de la población a este gas se ha extendido en el tiempo, por lo que se hace muy necesario tomar medidas definitivas para minimizar el riesgo de intoxicación por gases, en especial el ácido sulfhídrico.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en su calidad de titular de los establecimientos educacionales que han sido afectados por la emanación de gases denunciados en esta acción constitucional, la I. Municipalidad de Copiapó es responsable, acorde a lo preceptuado en los artículos 4, 5, 22 c), 23 y 25 de la Ley N° 18.695, siendo su obligación legal diseñar y ejecutar medidas tendientes a hacer cesar la presencia de gas sulfhídrico en la infraestructura sanitaria interior de los inmuebles en que se emplazan los recintos educacionales, de responsabilidad del titular de los mismos, de modo que siendo un hecho demostrado que las perturbaciones, o al menos las amenazas al legítimo ejercicio de los derechos constitucionales que se buscan amparar por intermedio de esta acción, al tenor de las normas precedentemente citadas, y de los hechos asentados en las motivaciones undécima, décimo sexta y décimo séptima de esta sentencia, acreditados mediante los antecedentes aportados por las partes y allí mencionados, según se ha explicado detalladamente, a juicio de esta Corte, el recurso formalizado será acogido en los términos que se ordenará en lo resolutivo de la misma, desde que ha quedado de manifiesto que los eventos descritos en el basamento duodécimo e imputables por omisión a la I. Municipalidad de Copiapó, aparecen como ilegales y arbitrarios, vulnerando las garantías contempladas en los numerales 1, 2, 8, 10 y 11 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que importan una constante amenaza y perturbación a los citados derechos y garantías de los recurrentes.

DÉCIMO NOVENO: Que los demás antecedentes aportados por las partes no alteran lo concluido precedentemente.

Por estas consideraciones y lo previsto en los numerales 1, 2, 8, 10 y 11 del artículo 19, artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, se declara que:

I.- SE DESESTIMA la extemporaneidad del recurso interpuesto por el Instituto Nacional de Derecho Humanos con data 4 de octubre de 2018, alegado por la recurrida I. Municipalidad de Copiapó.

II.- SE ACOGE la acción de protección interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en cuanto se dirige en contra de la Ilustre Municipalidad de Copiapó y sólo en cuanto se ordena a esta entidad estatal: 1.- Proseguir con las medidas preventivas, correctivas y de coordinación de los procedimientos adoptados en la materia hasta la fecha, propendiendo a una reacción oportuna y eficaz para salvar los riesgos para la salud de las personas que acceden a los establecimientos educacionales aludidos en este recurso y cualquier otro que sea de su responsabilidad legal, evitando asimismo los daños al medioambiente y el acceso a un proceso educativo de carácter continuo. 2.- Proseguir, a su costa, con las obras que detalló en su informe a esta Corte, a las que se alude en la letra h) del basamento undécimo de este fallo, así como a cualquier otra obra material necesaria para terminar con la vigilancia sanitaria que existe a la fecha, en términos de solucionar definitivamente el problema asociado, esto es, minimizando el riesgo de intoxicación por gases, en especial el ácido sulfhídrico. 3.- Tales procesos deberán ser definidos y controlados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, como ente fiscalizador y cumplirse por la I. Municipalidad de Copiapó en un plazo máximo de tres meses.

III.- Con el objeto de velar por el íntegro y adecuado cumplimiento de lo decretado precedentemente, la Superintendencia de Servicios Sanitarios deberá implementar y ejecutar, a lo menos mensualmente actividades de fiscalización a los establecimientos educacionales de responsabilidad de la entidad edilicia.

IV.- SE RECHAZA el arbitrio constitucional impetrado, respecto de las recurridas Superintendencia del Medio Ambiente, Ministerio de Salud y Superintendencia de Servicios Sanitarios.

V.- Se exime del pago de las costas a los intervinientes, por haber existido motivo plausible para litigar por parte de todos ellos.

Redactó el Ministro señor Antonio Mauricio Ulloa Márquez.

Regístrese, ofíciese en su oportunidad a la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Atacama, y archívese, si no es apelada.

Rol Nº 246-2018.

En Copiapó, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.