Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Copiapó Copiapó, veintiséis de junio de dos mil veinticuatro.

Vistos y considerando:

Primero: A folio 1, con fecha 28 de abril de 2024, comparece el abogado don Tomás Guillermo Matheson Mujica, interponiendo recurso de protección en favor de don nombre reservado, trabajador, haitiano, pasaporte del mismo origen R10132480, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por su director, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, con motivo de la excesiva demora en la tramitación de su solicitud de nacionalidad chilena, lo que produce una vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 19 N°s. 2, 16 y 21 de la Constitución Política de la República, en la forma que indica.

Expone que el afectado, siendo titular de permanencia definitiva, postuló al otorgamiento de la nacionalidad chilena, solicitud que lleva pendiente de resolución más de 1 año y 8 meses.

Añade que dicha demora genera las preocupaciones propias de no contar con un acto administrativo terminal que le permita tener la seguridad de su nacionalidad, o que le permita conocer el estado de su solicitud para presentarla nuevamente.

Continuadamente, refiere que según el artículo 10 N° 3 de la Constitución Política de la República, son chilenos, quienes obtengan carta de nacionalidad de conformidad a la ley; que el decreto N°5142 de 1960, del ex Ministerio del Interior, regula la tramitación de las cartas de nacionalización y la nacionalización de extranjeros; y, que dado que dicha normativa no establece plazos ni formas de tramitación, rige la ley N° 19.880, cuyo artículo 7 prevé el principio de celeridad, el que no ha sido cumplido en este caso.

Añade que el artículo 11 del Decreto N°5142 establece que los documentos incorporados al expediente de nacionalización tendrán, para estos efectos, validez de un año, por lo que, al haberse extendido el procedimiento por más de dicho plazo, se ha producido una falta de servicio de la Administración estatal, la que pugna con los principios de economía procedimental -al efectuar trámites dilatorios- y de inexcusabilidad -al no haber dictado la resolución expresa a la que se encuentra obligada según veremos- regulados en los artículos 9 y 14, respectivamente, de la Ley 19.880.

Seguidamente, sostiene que en el caso de autos se ha cuadruplicado el plazo de seis meses previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880 para la terminación del procedimiento administrativo de que se trata, lo que constituye un abuso y una vulneración de la garantía de igualdad ante la ley.

Sostiene que se vulnera la igualdad ante la ley, reconocida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en relación con otras personas extranjeras que, estando en las mismas condiciones, han recibido una respuesta en menor tiempo, otorgándoseles las respectivas cartas de nacionalización.

Estima que la dilación del proceso pugna, además, con el artículo 19 N°16 de la Carta Fundamental, en cuanto garantiza la libertad de trabajo y su protección, ya que, si bien aquella disposición permite que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena, en el caso de auto se ha impedido u obstaculizado producto de la omisión ilegal o arbitraria indicada.

Por otra parte, refiere que por la demora aludida no puede optar a cargos públicos y mejorar su situación laboral, impidiéndosele desarrollar su actividad económica en organismos del Estado, ya que no cumple con el requisito establecido en el artículo 12 letra a) de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, esto es, ser ciudadano.

Esgrimiendo jurisprudencia y normativa que estima aplicable, solicita, que se acoja la acción de protección, ordenando a la brevedad la dictación del acto administrativo terminal referente a la nacionalidad del afectado.

A su presentación, adjunta: 1. Copia de Pasaporte y, 2. Comprobante de envío de solicitud de Nacionalización.

Segundo: En folio 6 informa don nombre reservado, jefe de la Región Policial de Atacama de la Policía de Investigaciones de Chile, señalando que el 28 de marzo de 2024 se lleva a cabo entrevista del recurrente para efectos de su nacionalización; que el actor cuenta con residencia definitiva; y, que, no le corresponde pronunciarse sobre su nacionalización, siendo competencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

A folio 11 comparece don nombre reservado, por el Servicio Nacional de Migraciones, evacuando el informe requerido, oponiendo, en primer término, la excepción de cosa juzgada.

Lo anterior, ya que en su oportunidad se interpuso recurso de protección a favor de don nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por los mismos hechos y peticiones, el que fue tramitado bajo el rol protección N° 584-2023 de esta Corte de Apelaciones, la que lo rechazó por sentencia de 04 de diciembre de 2023, que se encuentra firme o ejecutoriada, y en relación con la cual, en este caso, concurre la triple identidad establecida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

En subsidio, pide el rechazo en todas sus partes de la acción, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el recurrente ingresó por primera vez al país con fecha 07 de junio de 2017, por el paso fronterizo Aeropuerto nombre reservado, por motivos laborales.

Indica que el 25 de marzo de 2019 el recurrente solicitó el beneficio migratorio de la permanencia definitiva ante el Departamento de Extranjería y Migración de Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la cual fue otorgada mediante Resolución Exenta N°305.157, de fecha 18 de noviembre de 2019.

Añade que el 29 de agosto de 2022 el recurrente remitió ante el Servicio Nacional de Migraciones solicitud de carta de nacionalización, a través de la plataforma SIMPLE, bajo el número ID N°54030796.

Respecto de esta última, plantea que el 26 de abril de 2023, se le comunicó que la referida solicitud se encontraba incompleta, dado que no reunía los requisitos exigidos por la legislación vigente, debiendo acompañar certificado de antecedentes penales del país de origen, documento que acreditara la actividad que desarrollaba en Chile y el certificado del Servicio de Impuestos Internos que acreditara estar al día en el pago de obligaciones tributarias, constando que el extranjero acompañó antecedentes con fecha 05 de mayo de 2023.

Relata que el 06 de septiembre de 2023, nuevamente se envía comunicación electrónica folio N° 45838673, solicitándole que acompañara certificado de antecedentes penales del país de origen, ya que el allegado al procedimiento no correspondía, constando que el extranjero cumplió lo solicitado el 07 de septiembre de 2023.

Señala que, analizados los antecedentes, el Servicio comunicó a la Policía de Investigaciones de Chile sobre la solicitud de carta de nacionalización, para que realizar la entrevista de rigor que se incluye en este tipo de procedimientos; y, que la Policía de Investigaciones entrevistó efectivamente al recurrente y remitió su informe a esa autoridad.

Indica que, actualmente, el requerimiento ID N°54030796 se encuentra en etapa de etapa de “Resolución”, subrayando que el requerimiento del extranjero ante el Servicio recurrido ha sido incompleto, motivo por el cual en dos oportunidades se le ha solicitado nuevos antecedentes, retrasando su normal tramitación.

Agrega que, en todo caso, el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no tiene el carácter de fatal, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada a su transcurso.

Además, informa que la competencia del Servicio Nacional de Migraciones cesa al enviar los antecedentes al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, conforme el artículo 157 N° 8 de la Ley N° 21.325, sugiriéndole a dicha autoridad la aprobación o el rechazo de la solicitud.

Lo anterior, ya que en la tramitación de una solicitud de carta de nacionalización y su otorgamiento, intervienen distintos organismos públicos, a saber, el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio del Interior, por lo que su otorgamiento escapa a las facultades de este Servicio, cumpliendo cada uno de los organismos señalados una determinada función, siendo finalmente el Ministro del Interior quien otorga o no la nacionalidad chilena, por delegación de facultades del Presidente de la República.

En efecto, sostiene que la obtención de la nacionalidad chilena mediante el otorgamiento de carta de nacionalización según el artículo 10 N°3 de la Constitución Política de la República, corresponde a una facultad del presidente de la República conforme al artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960, del ex Ministerio del Interior, la que podrá ser objeto de decretos o resoluciones expedidos por el ministro de dicha secretaría de Estado de acuerdo con el artículo 1°, Título IV, N°4, de la Ley 16.436.

De otro lado, aduce que el recurrente cuenta con un permiso de permanencia definitiva actualmente vigente, por lo que mantiene situación migratoria regular en el país, estimándose que la situación de pendencia de su solicitud de carta de nacionalización no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de alguna de sus garantías fundamentales.

En consecuencia, estima el recurrido ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, por lo que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, y no existe por tanto perturbación alguna de los derechos del extranjero, toda vez que la solicitud del recurrente se encuentra actualmente en tramitación y su situación migratoria es regular.

Tercero: El recurso de protección es una acción constitucional que persigue restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado cuando, por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal cometida por un tercero, aquél sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías fundamentales protegidas por la Constitución Política.

Por lo anterior, atendida la especial naturaleza tutelar del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que: a. quien lo intente deba acreditar la existencia del derecho fundamental y que éste lo favorezca; b. que el derecho esté claramente establecido, determinado y que corresponda a los referidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; y c. como asimismo, que la arbitrariedad o la ilegalidad que afecta el derecho haya resultado comprobada y produzca perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo del derecho garantizado por la carta fundamental.

Cuarto: En cuanto a la excepción de cosa juzgada, esta será rechazada, porque esta no es compatible con la naturaleza cautelar y de urgencia del recurso de protección, en el que, por el solo transcurso del tiempo, pueden producirse nuevas afectaciones a los derechos fundamentales de que se trata o intensificarse las originalmente denunciadas, al margen de la posible verificación de las condiciones previstas en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, por lo que esta acción no se ve limitada por la institución indicada.

Quinto: Para analizar la situación planteada por la parte recurrente deberá establecerse la efectividad de los hechos que resultan justificados con los antecedentes aportados en la presente acción constitucional.

En este ámbito, no resulta controvertido que el 29 de agosto de 2022 el recurrente solicitó ante el Servicio Nacional de Migraciones el otorgamiento de carta de nacionalización, bajo el número ID N°54030796, la que se encuentra pendiente de resolución.

Sexto: Luego, es posible comprobar que desde que la solicitud se tuvo por admitida a trámite por la autoridad migratoria recurrida no existe aún pronunciamiento final, transgrediéndose el marco normativo contenido en las leyes encargadas de delinear la forma y la manera en que se verifica la interacción administrativa, básicamente los principios y disposiciones contenidas en la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y en la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado.

Séptimo: En esa línea, resulta constatado el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la autoridad migratoria, desde que esta ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, dilatando la decisión final de la solicitud de permanencia definitiva de los recurrentes más allá del plazo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880, demora que no puede sino considerarse ilegal y arbitraria, además de vulneratoria de la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N°2 de la carta fundamental, porque importa una discriminación en contra de la persona a cuyo favor se recurre en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, motivo que aparece como suficiente para acoger la acción deducida, sin que resulte necesario pronunciarse sobre los demás derechos fundamentales invocados.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de don nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones y, en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda, y que se encuentre dentro del ámbito de su competencia, acerca de la solicitud de nacionalización de la persona referida, ajustándose para ello al estado de avance que registre dicho trámite, en un plazo que no excederá de treinta (30) días contabilizados desde la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-224-2024.