Protección contra UNIVERSIDAD DE ATACAMA

C.A. de Copiapó.

Copiapó, treinta y uno de agosto de dos mil veinte.

VISTOS:

Primero: Con fecha 9 de junio del año en curso comparece el abogado don Verardo Rojas Olivares, en representación de don nombre reservado, ingeniero, chileno, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, egresado de construcción civil, domiciliado en domicilio reservado; e interpone acción constitucional de protección en contra de la UNIVERSIDAD DE ATACAMA, representada por su Rector, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la negativa de dicha casa de estudios de entregarle su título profesional o en su defecto un certificado de título, acto que califica arbitrario e ilegal y vulneratorio de sus derechos de igualdad ante la ley y de propiedad de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, conforme a los antecedentes que en síntesis se exponen a continuación.

En primer lugar, refiere que egresó de sus estudios superiores en la universidad recurrida en el año 2019, adquiriendo la calidad académica de Licenciado de la carrera de Construcción Civil, aprobando su tesis de grado en diciembre de dicho año y aprobando además su examen de grado el 29 de mayo del año en curso. En cuanto a su situación financiera expresa que mantiene una deuda reciente al haber novado sus obligaciones pendientes con la mencionada casa de estudios el pasado 12 de mayo, oportunidad en la que además pagó $300.000 con el fin de matricularse y rendir su respectivo examen de grado, novación que además fue respaldada en un pagaré en el que se obligó a solucionar la mencionada deuda en 5 cuotas iguales, mensuales y sucesivas.

Seguidamente, manifiesta que en dicho contexto con fecha 2 de junio pasado, solicitó a la recurrida un certificado de título profesional, el que le fue denegado por el Departamento de Finanzas, mediante una comunicación del siguiente tenor: "Buenas tardes estimado usted está solicitando constancia para título por lo que debe cancelar dos cuotas de la repactación para solicitar una carta de recomendación al secretario general, de lo contrario no puedo emitir constancia de no deuda".

Sobre el particular, señala que dicho actuar es arbitrario e ilegal, pues no sólo impone exigencias que no están establecidas en la ley, sino que además requiere que el recurrente pague 2 cuotas que ni siquiera estaban devengadas, las que recién iban a vencer los días 30 de junio y 31 de julio de este año. De igual manera, aduce que la señalada retención de su título, por una deuda ni siquiera devengada, constituye una medida de apremio ilegítima y carente de toda razón, que vulnera su derecho de igualdad ante la ley y lo priva además de su derecho de propiedad sobre el mencionado título profesional. Por otra parte, sostiene además que tal negativa incumple los deberes de motivación de los actos administrativos establecidos en la Ley 19.880.

Más adelante argumenta que la recurrida al negarse a entregar el certificado de título del recurrente, está ejerciendo una especie de sanción, que vulnera su derecho de igualdad ante la ley, toda vez que importa una expresión de autotutela, por una vía diversa a la jurisdiccional, lo cual vulnera además el artículo 76 de la Carta Fundamental, al atribuirse la facultad reservada para los tribunales de justicia de conocer las causas civiles, resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado. En dicho sentido, afirma que si la universidad pretende cobrar una deuda, debe acudir al juez competente, siguiendo un proceso legalmente tramitado.

Con posterioridad, indica que el actuar de la recurrida además lo ha privado del derecho de propiedad sobre su título profesional, citando al efecto un fallo de la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol 2161-2013, que habría razonado en el mismo sentido, detallando luego que una vez que un estudiante adquiere un determinado grado o nivel académico, éste ingresa a su patrimonio, como un derecho incorporal del cual se hace dueño, en conformidad a los artículos 582 y 583 del Código Civil. Sin perjuicio de ello, aclara que no existe morosidad alguna de su parte, pues las obligaciones que mantenía con la universidad fueron novadas, novación que incluso no se podido perfeccionar a causa de la pandemia por Covid-19. Adicionalmente, indica que todo esto ha limitado sus oportunidades de trabajo, lo que le provoca además un grave perjuicio a su situación económica.

Acto seguido cita numerosos fallos de tribunales superiores de justicia que habrían razonado en un sentido similar, tales como por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt en causa Rol 69-2011 y esta misma Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó en causa 31-2019.

Por último, afirma que la recurrida debe ser condenada al pago de las costas de la causa, por su actitud contumaz y de mala fe, pese a la reiterada jurisprudencia de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, obligando al recurrente a accionar de protección, para obtener el imperio del Derecho.

Por todo lo anterior, solicita que se acoja el presente arbitrio constitucional, ordenándose a la recurrida la entrega de su título profesional o en su defecto un certificado de su título, dentro de tercero día de ejecutoriado el fallo o en el plazo que esta Corte determine, sin perjuicio de las demás medidas que se estime necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

A su presentación acompaña documentos.

Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente indicar además que el recurrente con fecha 21 de julio pasado acompañó un instructivo de la recurrida referido a los trámites a realizar para la obtención de los títulos y grados académicos, que señalaría como uno de sus requisitos el certificado de no deuda, lo cual permite entender la necesidad de la presente acción de protección.

Segundo: Que, la recurrida evacuó el informe que le fue requerido con fecha 20 de julio pasado, manifestando, en primer lugar, que el recurrente atribuye a un simple correo electrónico remitido por la funcionaria del Departamento de Finanzas, doña nombre reservado, la trascendencia de expresar la voluntad de la Universidad, en circunstancias que como servicio público dicha manifestación de voluntad debe ceñirse al principio de juridicidad del artículo 7 de la Carta Fundamental y de las demás normas legales. Así, la comunicación que pueda expresar un funcionario administrativo por correo electrónico, además de no constituir propiamente un acto administrativo como mal lo sostiene el actor, no tiene la aptitud de representar la voluntad de la universidad, pues ésta se expresa mediante actos administrativos formales y respuestas por las vías oficiales. Acto seguido, refiere que tal circunstancia que un correo electrónico remitido por un funcionario público no constituye un acto administrativo por el que se expresa la voluntad de una institución pública, lo ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en los roles STC 237.9​12, C. 31°v; STC 2153-13, C.35° y STC 2982-16, C.34°. Por ello, aduce que si el recurrente pretende obtener una respuesta oficial de la universidad, debió formular un requerimiento formal.

Seguidamente, detalla la organización administrativa interna de la universidad, para luego detallar que no existe ningún acto administrativo, ordenanza, decretos o resolución que entregue alguna facultad especial a la funcionaria administrativa nombre reservado del Departamento de Finanzas para actuar en nombre y representación de la Universidad de Atacama.

Posteriormente, aduce que el recurso de autos debe ser desestimado, pues si bien invoca como vulnerados sus derechos de la igualdad ante la ley y de propiedad, el desarrollo del libelo se centra en una supuesta conculcación de su derecho al debido proceso, que no está amparado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Asimismo, refiere que en lo que respecta al derecho de igualdad ante la ley, la retórica del recurrente nuevamente lo conduce a una pretendida afectación del derecho al debido proceso, en un intento forzado por hacerlo aplicable al caso concreto, pretendiendo hacer exigibles los deberes de fundamentación de los actos administrativos a un simple correo electrónico remitido por una funcionaria.

En cuanto al derecho de propiedad, describe que el recurrente cita un fallo de la Excelentísima Corte Suprema, recaído en causa Rol 2161-2013 y que estima análoga a la presente; sin embargo dicha sentencia se refiere al derecho de propiedad de un alumno sobre sus calificaciones, cuestión muy distinta a la autos. Luego, advierte que la supuesta vulneración del pretendido derecho de propiedad sobre el título, se configuraría pues una funcionaria administrativa le envió un simple correo electrónico en que le manifestó una respuesta negativa a la entrega del certificado de título. Sin embargo, si se observa bien la cadena de correos electrónicos acompañados por el propio recurrente, es posible observar con claridad que éste en ningún momento requirió siquiera la entrega del título, sino sólo una constancia de no deuda. En consecuencia, es forzoso desestimar el recurso en este aspecto, pues es evidente que el recurrente no detenta un derecho de propiedad sobre el documento de "constancia de no deuda".

Por último, menciona todos los esfuerzos realizados por la universidad por dar continuidad a la prestación de los servicios educacionales durante el actual contexto de crisis sanitaria y económica, manifestando que los recursos que se obtendrán del cumplimiento fiel, oportuno e íntegro de aquellos profesionales y egresados que alguna vez pisaron sus aulas permitirán financiar y reinvertir los recursos para aquellos estudiantes que actualmente se encuentran en su proceso de formación, de manera tal que si alguna decisión se pudo haber tomado que podría haber afectado a alguien, ello sólo se hizo considerando el bien superior de toda la comunidad educativa, circunstancia que esta Ilustrísima Corte también debe ponderar al momento de resolver estos autos.

A su presentación adjunta documentos.

Tercero: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Cuarto: Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Quinto: Que son hechos pacíficos en el pleito los siguientes:

a) El recurrente nombre reservado ingresó a la carrera de Construcción en la Universidad de Atacama el año 2012;

b) Egresó de la misma Casa de Estudios en el año 2019;

c) Posteriormente, adquiere la calidad académica de licenciado de la carrera de construcción Civil de la Universidad de Atacama, con su tesis de grado aprobado en diciembre del año 2019 y examen de grado aprobado con data 29 de mayo del presente año;

d) En cuanto a su situación financiera, tiene una deuda vigente con la Universidad mencionada debido a que, con fecha 12 de mayo del año en curso, realizó una novación a modo de pagaré de repactación de la deuda anterior, que asciende a la cantidad de $2.648.621, obligándose a solucionar la mencionada deuda en cinco cuotas iguales, mensuales y sucesivas, y e) Con data 13 de mayo el recurrente pagó la suma de $130.000 a título de Arancel Básico.

Sexto: Que, de las fotografías de los correos electrónicos, aportados por el recurrente, los que dan cuenta de las comunicaciones entre el recurrente y la doña nombre reservado, ejecutiva de cuentas corrientes del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Atacama, se acredita que el señor nombre reservado con fecha 2 de junio de 2020 envió un correo electrónico a la citada funcionaria del siguiente tenor: “solicito constancia de no deuda por favor para agilizar mi proceso de titulación” y luego de varias misivas entre ambos, la citada empleada le contestó en los siguientes términos: “Buenas tardes estimado usted está solicitando constancia para Título por lo que debe cancelar dos cuotas de la repactación para solicitar una carta de recomendación al secretario general, de lo contrario no puedo emitir constancia de no deuda”.

Séptimo: Que, como ya se expuso en el fundamento 2° de este fallo, la recurrida desconoce que la funcionaria del Departamento de Finanzas, señorita nombre reservado, mediante las comunicaciones enviadas por ella al recurrente tenga la trascendencia de expresar la voluntad del ente público Universidad de Atacama, en circunstancias que como servicio público debe dar irrestricto cumplimiento al principio de juridicidad consagrado en el artículo 7 de la Constitución Política de la República, en tanto el actuar de ese órgano público es válido en cuanto sus personeros sean previamente envestidos, mientras lo hagan dentro de sus competencias y en la forma que establece la ley.

Agrega, que la comunicación que pueda expresar un funcionario (a) administrativo por correo electrónico, además de no constituir un acto administrativo como mal lo sostiene el actor, no representa la voluntad de la Universidad de Atacama la cual se expresa concretamente por intermedio de actos administrativos formales y respuestas por las vías oficiales ante requerimientos de información en virtud de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.

Por otra parte, afirma que la Universidad de Atacama, dentro de su autonomía académica ha estructurado las competencias de cada funcionario en diversos cuerpos normativos, sea en los propios estatutos corporativos, así como en las ordenanzas y demás disposiciones que la Universidad se ha brindado para el correcto ejercicio del servicio educacional. Al efecto, el Decreto con Fuerza de Ley N° 151, del 08 de mayo de 1982, que fija los estatutos de esa Corporación, entrega al señor Rector la dirección superior-ejecutiva de la Universidad, encargado de la supervisión de todas las actividades académicas, administrativas y financieras de la corporación. Su autoridad, señala el estatuto, se extiende a todo lo relativo a la Universidad con la sola limitación de las atribuciones otorgadas a la Junta Directiva. (Artículo 11 N° 1, D.F.L N° 151, Estatutos Universidad de Atacama). Al efecto, afirma que el señor Rector determina anualmente los valores de arancel de matrícula y de carrera mediante resolución exenta que discrimina por carrera y por programas regulares y descentralizados (vespertinos), encomendándole al Departamento de Contabilidad y Finanzas el cobro de los mismos, la determinación de deuda de cada alumno y las modalidades de pago cuando este es fraccionado en cuotas. Por tanto, quién aduce la actora como agente del acto arbitrario e ilegal que vulneraría sus derechos carece de competencias para expresar la voluntad de la Universidad en orden a retener o no el título del actor, pues siendo la Universidad de Atacama un ente público manifiesta su voluntad por aquellos personeros que tienen entre sus competencias emitir actos administrativos que así lo señalen. Como órgano de la Administración del Estado, actúan válidamente solo en cuanto sus competencias estén determinadas en la propia normativa que se han dictado para auto-normarse, no existiendo entre todos los actos administrativos, ordenanzas, Decretos y Resoluciones, alguna que entregue facultad especial a la funcionaria administrativa nombre reservado del Departamento de Finanzas para actuar en nombre y representación de la recurrida.

Octavo: Que como bien expone el destacado constitucionalista nacional don nombre reservado: “La acción de protección se concreta y procede contra todo acto administrativo, vía de hecho, actuación material, omisión o abstención que amenace en forma inminente, perturbe o prive del ejercicio de un derecho asegurado constitucionalmente, acorde con la protección constitucional y el deber estatal de garantizar efectivamente los derechos fundamentales de acuerdo con los artículos 1o, 5o inciso 2o y 26, y artículo 20 de la Constitución, sistemática y teleológicamente armonizados con los artículos 1o, 2o, 8o y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

En este contexto, en su artículo “El Recurso de Protección en el Contexto del Amparo de los Derechos Fundamentales Latinoamericano e Interamericano” - Revista “Ius et Praxis”, v.13 n.1, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Talca, año 2007-, el mismo autor menciona los criterios de procesabilidad de esta acción de emergencia, los que indica que han sido normados por la Excma. Corte Suprema mediante el Auto Acordado respectivo en la materia, agregando: “La legitimación pasiva en el proceso de protección está constituida por aquel que haya lesionado o afectado el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, pudiendo ser órganos del poder público, autoridades o agentes del Estado, instituciones o personas jurídicas de derecho privado o personas determinadas o determinables.

Los órganos del poder público puede ser el gobierno o la administración central (Ministerio, Servicios Públicos), órganos de gobierno interior (Intendentes, Gobernadores) Administración descentralizada (gobiernos regionales, municipalidades, corporaciones de derecho público, entre otros), empresas estatales.

Los actos u omisiones del Congreso o de las normas del mismo que no sean preceptos legales, como son los actos administrativos referentes a su personal o actos de ejercicio de potestad judicial o jurisdiccional exclusiva, cuando afecte a través de actuaciones arbitrarias o ilegales normas del debido proceso, del derecho de defensa o contradicción, entre otros”, para luego adicionar: “La acción de protección procede también contra empresas, corporaciones, organizaciones privadas con o sin personalidad jurídica o respecto de personas naturales”.

Noveno: Que la legitimación puede definirse como el reconocimiento que hace el derecho a una persona de la posibilidad de realizar con eficacia un acto jurídico, derivando dicha posibilidad de una determinada relación existente entre el sujeto y el objeto del mismo.

Al respecto, la doctrina procesalista, ha señalado que: “La legitimación sirve para determinar los sujetos que pueden ser justa parte en un determinado litigio, esto es, quienes tienen la calidad de legítimos contradictores para discutir sobre el objeto del proceso en una determinada relación procesal.

Como principio general la acción no compete a cualquiera y ella tampoco puede deducirse en contra de cualquiera.

Que es necesario consignar que la legitimación procesal o legitimario ad causam presenta como características que es personal, subjetiva y concreta respecto de un conflicto determinado.

Ella debe existir al momento de constituirse la relación procesal respecto del demandante y del demandado, y determina quienes deben estar presentes en un proceso para que sea posible emitir una sentencia sobre la pretensión que se ha formulado.

La falta de legitimación activa o pasiva en la causa debe declarase de oficio por el tribunal en la sentencia de fondo y en caso de existir dicha falta la sentencia debe declarar la existencia de ella y omitir el pronunciamiento sobre el conflicto promovido” (nombre reservado, "Disposiciones Comunes a todo Procedimiento", Facultad de Derecho. Universidad de Chile, mayo 2003, páginas 63, 66 y 67).

Décimo: Que, del instrumento acompañado por el recurrente, denominado “Instructivo con Indicación de Trámites a realizar para la obtención de Títulos y Grados Académicos otorgados por la Universidad de Atacama”, se infiere que uno de los requisitos copulativos para requerir el título respectivo es el “certificado de no deuda”, documento que conforme a lo razonado en el considerando sexto de este laudo constituye indudablemente el instrumento que el recurrente solicitó a la recurrida por intermedio de doña nombre reservado, ejecutiva de cuentas corrientes del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Atacama, quien acorde a los antecedentes aportados por las partes, valorados conforme a las reglas de la sana crítica, a juicio de esta Corte representa para esos efectos a la recurrida, no pudiendo ésta asilarse en sus estatutos corporativos, así como en las ordenanzas y demás disposiciones que la Universidad ha invocado para sustraerse de la responsabilidad derivada de un acto que las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica nos indican que forman parte de la competencia de una ejecutiva de cuentas corrientes del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Atacama, quien por lo demás, de las comunicaciones por correo electrónico sostenidas con el recurrente, evidencia conocimiento y competencia para instruirlo y determinar en nombre de la Universidad la improcedencia de emitir el “certificado de no deuda”, de modo que se desestimará la alegación de la recurrida de desconocer los actos de la referida funcionaria como expresivos de la voluntad del ente público Universidad de Atacama.

Undécimo: Que, acorde lo discernido precedentemente, queda asimismo de manifiesto que lo decidido por la recurrida con fecha 2 de junio del año en curso, no corresponde a la negativa de dicha casa de estudios de entregarle al recurrente su título profesional o en su defecto un certificado de título, como se asevera erróneamente en el arbitrio, sino que al rechazo de emitir y entregar al demandante un “certificado de no deuda” o “constancia de no deuda", instrumento imperioso de obtener para reclamar y adquirir el título profesional respectivo.

Duodécimo: Que la Universidad recurrida ha negado otorgar al recurrente el denominado “certificado de no deuda”, fundado en la existencia de una deuda vigente, obligándolo previamente al pago de dos cuotas del crédito repactado.

Tal planteamiento importa recurrir a una conducta de autotutela, por cuanto la existencia de deudas puede ser objeto de cobro de acuerdo a los mecanismos jurídicos normales, pero no puede dar lugar a mecanismos de presión diferentes por parte del acreedor.

En efecto, la Universidad niega el acceso a un trámite indispensable para obtener el título profesional del ex alumno sólo por motivos económicos, en circunstancias que a la fecha de la comunicación de 2 de junio de 2020 ninguna de las cuotas reivindicadas se había hecho exigible, ya que tenían como fecha de vencimiento, el 30 de junio y 31 de julio, ambas del presente año, respectivamente.

Décimo Tercero: Que la autotutela, definida por Eduardo J. Couture como “la reacción directa y personal de quien se hace justicia con manos propias”, está reñida con nuestro ordenamiento constitucional y legal, pues la igualdad ante la ley y ante la justicia la excluyen como medio de solución de conflictos.

La solución del conflicto por la acción directa de uno de los sujetos involucrados en él, atenta contra el artículo 76 de la Constitución Política de la República, que entrega a los Tribunales de Justicia la facultad de conocer las causas civiles, de resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado.

Así las cosas, quien pretenda cobrar una deuda deberá necesariamente recurrir al juez competente en demanda de justicia, quien resolverá oyendo a la otra parte y conforme al mérito de las probanzas que se le suministren en un proceso legalmente tramitado.

Décimo Cuarto: Que la Corte Suprema ha dicho: “Que por existir un contrato de prestación de servicios educacionales del cual emanan derechos y obligaciones para ambas partes, la forma legal de solicitar el cumplimiento de aquéllas que se estiman incumplidas es a través de las acciones jurisdiccionales correspondientes, resultando ilegítimo utilizar cualquier medio de presión para obtener el pago” (SCS, de 02 de abril de 2012, en causa Rol N° 1446-2012). Misma doctrina, reiterada por el máximo Tribunal en recursos Rol N° 14.789-2014, al confirmar una sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción de fecha 30 de mayo de 2014, en causa Rol N° 2021-2014 y fallo más reciente, Rol CS N° 5114-2019, sentencia de 22 de mayo de 2019.

Décimo Quinto: Que negar la entrega de un documento requerido para abrir un expediente de titulación y entregar el respectivo título profesional, por una deuda importa una decisión arbitraria, desde que se encuentra desprovista de toda fundamentación racional, pues la recurrida debe utilizar los mecanismos propios que el derecho contempla para el cobro de una acreencia.

El cumplimiento de una obligación incumplida debe requerirse a través de las acciones jurisdiccionales correspondientes.

Décimo Sexto: Que la conducta de la recurrida importa una afectación a la garantía de la igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que se ha dado al actor una diferencia de trato en relación con otros estudiantes que se encuentran en la misma condición de egresados que aprobaron el examen de grado, impidiéndole ilegítimamente acceder a la documentación necesaria para acceder al título profesional.

En consecuencia, se omitirá pronunciamiento, por inoficioso, respecto de la supuesta vulneración al derecho previsto en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Décimo Séptimo: Que al efecto, esta Corte ha dicho: “Que, así las cosas, una Universidad no puede negar títulos y grados, si es que se ha cumplido con todos los requisitos académicos para ello, debiendo sujetarse el cobro de deudas a los procedimientos ordinarios o ejecutivos que correspondan. Así, el recurso de protección surge como medio idóneo para hacer frente a la antijuricidad lesiva de derechos como lo es la autotutela ilícita de una Universidad pública que pretende cobertura de juridicidad de su obrar en un Estatuto interno, el cual en lo que dice relación con esta materia, aparece contrario a los principios básicos del derecho que impiden la aludida autotutela”. (Sentencia de 9 de abril de 2019, dictada en Recurso N° Protección-31-2019).

Décimo Octavo: Que de conformidad a lo expuesto y siendo imprescindible para esta Corte adoptar de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en los términos contemplados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, se acogerá el arbitrio que ha sido solicitado por medio de esta acción constitucional en los términos que se indicará en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara: Que SE ACOGE, con costas, la acción de protección deducida por el abogado don Verardo Rojas Olivares, en representación de don nombre reservado, en contra de la Universidad de Atacama, representada por su Rector, don nombre reservado, y en consecuencia, se ordena que la Universidad recurrida deberá dentro del plazo de cuarenta y ocho horas de ejecutoriada esta sentencia, emitir y entregar al recurrente el “certificado de no deuda” o “constancia de no deuda" peticionado por él con fecha 2 de junio de 2020 y denegado arbitrariamente por la denunciada con igual data, instrumento necesario para solicitar y obtener el título profesional de constructor civil.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó el Ministro señor Antonio Mauricio Ulloa Márquez.

N° Protección-221-2020.

En Copiapó, a treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.