Protección contra Dirección de Obras Municipales

Foja: 129 Ciento Veintinueve C.A. de Copiapó C.A. de Copiapó Copiapó, treinta de enero de dos mil trece.

VISTOS:

En presentación de 14 de junio de 2012, rectificada y complementada con fecha 26 de junio de 2012, a fojas 4 y 14, respectivamente, compareció don Rafael Cortés Guzmán, abogado, en nombre de la Sociedad Educacional del Norte Limitada, sostenedora del Colegio Almenar, e interpuso recurso de protección en contra de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Ilustre Municipalidad de Copiapó, representada por su alcalde, don Maglio Cicardini Neyra, por los actos arbitrarios e ilegales que privan a su representada de las garantías contenidas en los numerales 11, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Como cuestión previa, refiere que su representada es dueña de los inmuebles ubicados en Callejón nombre reservado°s 971 y 981, roles ante el S.l.l. 574-32 y 574-33, lugar físico donde tiene emplazadas sus dependencias y funciona el Colegio Almenar de Copiapó, del cual es sostenedora ante el Ministerio de Educación.

Indica, que en el marco de la regularización de la ampliación del referido colegio, con fecha 4 de febrero de 2011, se ingresa la carpeta respectiva con todos los antecedentes a la DOM, planteando ésta –fuera de plazo legal- diversas observaciones, las que, según afirma el recurrente, fueron subsanadas, pagándose posteriormente los derechos municipales por concepto de permiso de edificación, el que se extendió el 20 de septiembre de 2011, ingresándose con fecha 30 de noviembre de 2011, la carpeta de recepción definitiva de las obras con solicitud N° 9597, proceso este último en el cual, con fecha 29 de diciembre de 2011, el Director de la DOM, don nombre reservado, dictó la Resolución N° 1.540, adicionando una nueva exigencia que señala: "1.-Se deberá fusionar los lotes donde se encuentra emplazado el proyecto".

Expresa el recurrente que con fecha 9 de enero de 2012, personalmente, ingresó en la DOM una solicitud de reconsideración de exigencia al proyecto rechazado, requiriendo la recepción definitiva de las obras ya construidas y operativas desde el año 2010, dictándose el día 31 de enero de 2012 la Resolución Aclaratoria N° 049, que cambia los términos “ampliación” por “obra nueva” y “ampliación de salas de clases” por “salas de clases”.

Posteriormente –continúa-, con fecha 1 de febrero de 2012, doña nombre reservado, Directora subrogante de la DOM, dictó el Ord. N° 111, en donde expresa -en el punto 2- que se procederá a efectuar la recepción definitiva de acuerdo al permiso de edificación y la resolución aclaratoria con una prohibición expresa que no puede funcionar como parte del Colegio Almenar, mientras no se hayan fusionado los terrenos de acuerdo al artículo 3.1.3. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Agrega que con fecha 7 de febrero de 2012, mediante Resolución Exenta de la entidad edilicia N° 053, se otorga la recepción definitiva de las obras de la segunda etapa del Colegio Almenar, acto que –afirma- no fue notificado a su representada por ningún medio, habiendo tomando conocimiento del mismo únicamente con motivo de la entrega de copia íntegra del expediente con fecha 15 de mayo de 2012, como consta en boleta de pago que adjunta al recurso.

Refiere que en la aludida Resolución N° 053, suscrita por la subrogante, doña nombre reservado, si bien se resuelve aceptar la recepción definitiva de las obras –lo que implica reconocer que están bien construidas-, se agrega una frase condicionante, mediante una “NOTA”, en donde se expresa la prohibición de funcionamiento del proyecto como parte del Colegio Almenar, mientras no se haya procedido a fusionar los terrenos de acuerdo al artículo 3.1.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, lo que el recurrente estima constituye una actividad administrativa arbitraria e ilegal.

Explica al efecto que resulta impropio que una resolución administrativa, por un lado, apruebe la recepción definitiva de la ampliación del Colegio Almenar, pero por otro, niegue el funcionamiento del mismo en aquellas dependencias a través de una nota marginal.

Dice que de lo anterior pudiera colegirse que la norma 3.1.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, mencionada en la nota en cuestión, no impide la recepción definitiva de las obras, pero sí autorizaría al Director de Obras a condicionar el funcionamiento de un establecimiento educacional. Sin embargo, agrega, analizada la referida norma y verificadas las atribuciones del Director de Obras, no se aprecia el fundamento legal y fáctico de la discrecionalidad que se arrogó su subrogante para prohibir el funcionamiento de un colegio.

Alega que el Director de Obras puede otorgar o no la recepción definitiva de obras, pero que es resorte de otra autoridad aprobar o prohibir el funcionamiento de un colegio y, en este contexto, si el señalado funcionario tenía la convicción de que el Colegio Almenar no cumplía el estándar para funcionar, debió rechazar la recepción definitiva, fundando su decisión en el ámbito de sus atribuciones, y no otorgarla y prohibir el funcionamiento de un Colegio, atribuyéndose potestades que no ostenta o condicionándola a una nueva exigencia que no expresó en su oportunidad legal y que además no está contemplada en la Ley ni en la referida Ordenanza.

Pide tener presente lo dispuesto en los artículos 2 y 11 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, y 8 de la Ley de Procedimientos Administrativos, los que estima vulnerados, y a modo de conclusión advierte acerca de lo irracional, ilógico y arbitrario que resulta que mediante una nota al margen, se prohíba lo que la propia Resolución aprueba, sin fundamentos, ni formas, afectando los derechos de los administrados.

En cuanto a las garantías constitucionales afectadas, en primer lugar, estima infringida aquella contenida en el artículo 19 N° 11 de la Carta Fundamental, relativa a la libertad de enseñanza, explicando que se ha visto coartada con la actividad administrativa desplegada por la recurrida, la que se ha excedido en sus atribuciones. Asimismo, estima vulnerado el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, establecido en el Artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, al impedirse el ejercicio de la actividad económica de su representada a cabalidad, mediante la prohibición del funcionamiento de la obra recibida como parte del Colegio Almenar, en circunstancias que su objetivo era que en ellas funcione justamente dicho establecimiento. De igual modo, sostiene que se ha transgredido el derecho de propiedad, contenido en el Artículo 19 N° 24 del mismo Texto Fundamental, ya que la decisión de la autoridad comunal ha afectado las facultades de uso y goce de su representada, al no poder utilizar las dependencias para los fines que fueron creadas por sus dueños, ni obtener frutos de ellas.

Manifiesta el recurrente que se han agotado las instancias de reclamación administrativa ante la DOM, pues se solicitó una reconsideración a la autoridad correspondiente con fecha 22 de mayo, la que no fue resuelta en el plazo del Artículo 24 de la Ley 19.880, circunstancia que determinó que, con fecha 6 de junio de 2012, se solicitara la Certificación de Silencio Administrativo del artículo 64 de la Ley N° 19.880, salvada extemporáneamente por el Director del Departamento de Asesoría Jurídica, mediante Ord. N° 40 de 18 de junio de 2012, emitido por el Director del Departamento de Asesoría Jurídica y comunicado por Ord. N° 831 suscrito por el Director de Obras titular, en el cual se insiste en mantener las ilegalidades denunciadas. Menciona también que por estos mismos hechos, con fecha 6 de enero de 2012, se requirió un pronunciamiento al MINVU, quien hasta la fecha de interposición del recurso nada había resuelto, a la espera de un informe de la misma DOM.

Solicita en definitiva que se acoja el presente recurso de protección, restableciéndose el imperio del derecho quebrantado, esto es, compeliendo y ordenando a la recurrida que deje sin efecto la Resolución N° 111, de 1 de febrero de 2012, y elimine la frase de condicionalidad que se contiene en la Resolución de Recepción Definitiva N° 053, de 7 de febrero de 2012, cesando en su actividad de prohibir el funcionamiento de las dependencias descritas como parte del colegio Almenar, mediante la incorporación ilegal y arbitraria de la referida nota al margen de la Resolución Administrativa de Recepción Definitiva de Obras, otorgando la recepción definitiva conforme al permiso de construcción N° 415 y sin la condicionante establecida fuera de sus atribuciones, con costas.

A fojas 80, informa Rodrigo Videla Pérez, en representación de la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Expone, en síntesis, que en la respectiva solicitud de permiso de edificación, el recurrente no hizo una declaración precisa de su propiedad, omitiendo expresar que las salas de clase se encontraban en un terreno distinto al del Colegio al que pretendían complementar, lo que significó autorizar la edificación, pero a la hora de preparar la recepción definitiva y descubrirse tal inexactitud, no se pudo autorizar el objetivo de dichas salas de clase, hasta que no se fusionaran los lotes y así pudieran ser consideradas como parte de un todo –el colegio- única manera en que se puede entender que las obras sean una ampliación y no una obra nueva, todo lo cual conllevó a la dictación de la Resolución DOM N° 53, de 7 de febrero de 2012, otorgando la recepción definitiva de la obra nueva, la que incluye la nota final condicionante indicada por el recurrente.

Detalla que el reclamante solicitó el correspondiente permiso de edificación mediante Folio N° 896, de 2 de febrero de 2011, haciendo referencia a una ampliación en el sector “Callejón nombre reservado° 994”, signado con el Rol de Avalúo N° 574-33. Luego, con fecha 20 de septiembre de 2011, se concedió el Permiso de Edificación N° 415, para la ampliación del Colegio Almenar, destinado a salas de clases, ubicado en “Callejón nombre reservado° 281”, teniéndose en vista que el inmueble estaba signado con el Rol de Avalúo N° 574-33.

Indica que este permiso de edificación fue objeto de una modificación a través de la Resolución Aclaratoria DOM N° 049, de 31 de enero de 2012, la cual cambió la solicitud, en orden a que se resolvió otorgar permiso para obra nueva conservando lo resuelto en todo lo demás del punto N° 1 en el permiso de edificación, y además, en el punto 7.1, se modificó el destino específico de: "Ampliación de salas de clase", por simplemente: "Salas de Clase".

Luego –prosigue-, como reacción a lo comunicado, el recurrente remitió a la DOM una carta de reconsideración, ingresada con el Folio N° 216, de 9 de enero de 2012, en la que reconoce expresamente que se trata de dos propiedades, ubicadas en Callejón nombre reservado° 971 y 981, colindantes, y que pertenecen al mismo propietario, pero desconoce que esté obligado a realizar la fusión de los terrenos.

En este orden de ideas, refiere, mediante solicitud Folio N° 9597, de 30 de noviembre de 2011, la parte reclamante solicitó la recepción definitiva de las obras, pero, en respuesta a ello, la Dirección de Obras Municipales, a través del Oficio Ordinario N° 1540, de 29 de diciembre de 2011, instruyó al propietario fusionar los lotes donde se encuentra emplazado el proyecto y con cumplir lo dispuesto en el artículo 1.4.9 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Indica que posteriormente, con fecha 1 de febrero de 2012, la DOM remitió a la recurrente el Oficio Ordinario N° 111, informándole que se cambió el Permiso de Edificación N° 415, mediante la Resolución Aclaratoria N° 049, de 31 de enero de 2012, explicando que "el Permiso mencionaba antecedentes anteriores correspondiente a otra propiedad (Rol de Avalúo 574-32)", por lo que, en definitiva, el permiso rectificado hacía referencia a una Obra Nueva en el predio signado con el Rol de Avalúo N° 574-33.

Agrega que se le explicó también al recurrente en el Oficio Ordinario N° 111, que se procedería a recepcionar las Obras de manera Definitiva de acuerdo al Permiso de Edificación y la Resolución Aclaratoria, con la prohibición expresa que no puede funcionar como parte del Colegio Almenar, precisándose la necesidad de fusionar los lotes enrolados por el Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3.1.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y, finalmente, se le instruyó en orden a recurrir de su disconformidad frente a lo resuelto ante el MINVU Región de Atacama.

Afirma que en ese contexto se dictó la Resolución de Recepción Definitiva de Obras N° 053, de 7 de febrero de 2012, ya referida, conteniendo la nota reclamada por la recurrente.

Señala que resulta evidente que el propietario ha pretendido que las salas de clase constituyen una ampliación o dependencia anexa a la estructura principal del colegio, sin embargo, tropieza en su intención con el hecho concreto que las salas de clase edificadas no están emplazadas en el mismo inmueble, por ello la Dirección de Obras Municipales, apegándose a la normativa urbanística, no puede autorizar el proyecto como una ampliación del Colegio, cuestión que se soluciona con la fusión de los lotes de propiedad del recurrente, como se le ha solicitado.

Indica que la facultad del Director de Obras para exigir la fusión de los lotes involucrados en un proyecto de obras de construcción ha sido manifestada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la División de Desarrollo Urbano, en Circular Ordinaria N° 944, de 5 de noviembre de 2007, que reproduce en su parte pertinente.

Refiere que en el caso sublite, la exigencia de la fusión de los lotes para aprobar el permiso de edificación no se concretó debido a que el recurrente no comunicó dicha situación en su solicitud, lo que indujo a la Dirección de Obras Municipales a cometer el error de conceder el permiso sin requerir la fusión en su momento, y no es sino hasta el momento de tramitar la recepción definitiva de las obras cuando, en virtud del proceso de fiscalización en terreno, se descubrió que las salas de clase fueron edificadas en un terreno distinto al del Colegio Almenar.

Indica, finalmente, que la solución del conflicto es tan sencilla como que el recurrente cumpla con la instrucción contenida en el Oficio ordinario N° 1540, de 29 de diciembre de 2011, y presente el proyecto de fusión de los lotes signados con los roles de avalúo N° 574-32, donde se emplaza el Colegio Almenar, y N° 574-33, en el cual se construyeron las salas de clases, única manera en que se puede aceptar que existe una unidad estructural que sirva con todos sus servicios al referido establecimiento educacional, y hace presente que de aceptarse lo pedido por el recurrente, implicaría autorizar la existencia de una irregularidad urbanística, que contraría los principios del DFL N° 458, de 1976, y el Decreto Supremo N° 47, de 1992, que regulan las materias sobre urbanismo y construcciones.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

2°) Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado, y que corresponda a uno de aquéllos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

3°) Que igualmente es sabido que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y que con estos hechos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y, que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 de este cuerpo legal.

4°) Que, como ha quedado consignado latamente en la parte expositiva de este fallo, el recurrente impugna por esta vía la Resolución de Recepción Definitiva de Obras de Edificación N° 053, emitida el 7 de febrero de 2012, suscrita por la Directora de Obras Municipales subrogante, doña nombre reservado, y estima que la misma amaga ilegal y arbitrariamente las garantías constitucionales que invoca al prohibir el funcionamiento de las obras -que la referida resolución autoriza- como parte del Colegio Almenar, ello a través de una simple nota.

Por su parte, la recurrida sostiene contar con facultades para ello y justifica dicha actuación en la omisión incurrida por el propio recurrente, quien no indicó en su solicitud de permiso de edificación que las salas de clase se encontraban en un terreno distinto al del Colegio al que pretendían complementar.

5°) Que de los antecedentes documentales aportados por las partes aparece que:

a) el reclamante solicitó permiso de edificación obra nueva mediante Folio N° 896, de 4 de febrero de 2011, indicando como dirección de la actividad, el de Callejón nombre reservado° 994, y como Rol S.I.I. de la propiedad el N° 574-33;

b) con fecha 3 de mayo de 2011, mediante ORD. 487, la DOM planteó exigencias a la solicitante en el contexto de la Solicitud de Permiso de Edificación de Ampliación de Escuela “Colegio Almenar”;

c) el 24 de junio de 2011 se ingresó Solicitud Recepción de Carpetas mediante folio N° 4742, por observaciones subsanadas;

d) mediante ORD. N° 874, de 3 de agosto de 2011, la DOM planteó nuevas observaciones al referido proyecto;

e) el 10 de agosto de 2011, mediante Folio N° 6193, nuevamente se ingresó Solicitud Recepción de Carpetas por observaciones subsanadas;

f) el 25 de agosto de 2011 se emite el Informe Revisión de Carpetas del proyecto, Rol 574-33, visado conforme, con las firmas del funcionario revisor y el Director;

g) con fecha 20 de septiembre de 2011, se concedió el Permiso de Edificación N° 415, por obra nueva, Rol S.I.I N° 574-33, para la ampliación de una superficie de 639,4 m2 y 2 pisos de altura, destinado a salas de clases, ubicado en “Callejón nombre reservado° 281”;

h) mediante folio N° 9597, de 30 de noviembre de 2011, Solicitud Recepción de Obras, se requirió por la recurrente Sociedad Educacional del Norte Ltda., la recepción definitiva de obras de edificación;

j) a través del ORD. 1540, de 29 de diciembre de 2011, emitida por el Director de Obras Municipales, se indica a la recurrente que deberá proceder a la fusión de los lotes donde se encuentra emplazado el proyecto;

k) el 5 de enero de 2012 se ingresó ante la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Atacama presentación de la recurrente, impetrando la aprobación del proyecto y reclamando de la exigencia que se formulara, en orden a fusionar los predios colindantes;

l) el 9 de enero de 2012, la recurrente igualmente solicitó reconsideración de la negativa de recepción final del proyecto y de la exigencia de fusionar los predios;

m) con fecha 31 de enero de 2012, a través de la Resolución Aclaratoria N° 049, se modificó el Permiso de Edificación N° 415, en el sentido de otorgar permiso para “obra nueva” y además, en el punto 7.1, se modificó el destino específico de: "Ampliación de salas de clase", por "Salas de Clase";

n) mediante ORD. 111, de 1 de febrero de 2012, suscrito por la Directora de Obras Municipales subrogante, Doña nombre reservado, en respuesta a su carta de 9 de enero de 2012, se comunica a la recurrente que se procedió a rectificar el Permiso de Edificación N° 415, de 20 de septiembre de 2011, debido a que el mismo mencionaba antecedentes de otra propiedad (Rol de Avalúo N° 574-32), rectificándose a un permiso correspondiente a obra nueva, en el predio rol de avalúo N° 574-33, anunciando que se procedería a efectuar la recepción definitiva de acuerdo al Permiso de Edificación y la Resolución Aclaratoria, con una prohibición expresa que no puede funcionar como parte del Colegio Almenar mientras no se haya procedido a fusionar los terrenos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3.1.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

ñ) el 7 de febrero de 2012, previa Acta de Inspección de esa misma fecha, se dicta la Resolución de Recepción Definitiva de Obras de Edificación N° 053, expresando en ella que se otorga resolución de recepción definitiva de obra nueva de aquella destinada a sala de clases, ubicada en Callejón nombre reservado/N, aludiéndose al permiso N° 415 de 20 de septiembre de 2011 y a la Resolución Aclaratoria N° 49 de 31 de enero de 2012, incluyéndose al final una nota que señala: “ESTE PROYECTO CUENTA CON LA PROHIBICIÓN EXPRESA QUE NO PUEDE FUNCIONAR COMO PARTE DEL COLEGIO ALMENAR, CUYO ROL DE AVALÚO N° 574-32, MIENTRAS NO SE HAYA PROCEDIDO A FUSIONAR LOS TERRENOS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 3.1.3 DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES.”

o) con fecha 22 de mayo de 2012, mediante ORD. N° 44, la Sociedad recurrente efectuó presentación a la Dirección de Obras Municipal, reclamando de la nota puesta en la Resolución N° 053.

p) mediante ORD. (DOM) N° 831 de 19 de junio de 2012, la recurrida atiende la presentación referida anteriormente, adjuntado copia del ORD. N° 40, de 18 de junio de 2012, del Director de Asesoría Jurídica del Municipio.

6°) Que para discernir acerca de la ilegalidad y arbitrariedad atribuida por la recurrente a la actuación de la recurrida cabe, en primer término, acudir a la norma invocada por esta última para justificar su proceder –aquella del artículo 3.1.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones-, que prescribe:

“Artículo 3.1.3. Para la fusión de dos o más terrenos se presentará una solicitud en que el propietario declare, bajo su exclusiva responsabilidad, ser titular del dominio de los lotes que desea fusionar y un plano firmado por éste y por el arquitecto proyectista, en donde se grafique la situación anterior y la propuesta, indicando los lotes involucrados y sus roles, sus medidas perimetrales, la ubicación de los predios y un cuadro de superficies. Revisados dichos antecedentes, el Director de Obras Municipales aprobará sin más trámite la fusión, autorizando su archivo en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.

Para la aprobación de anteproyectos que involucren dos o más predios, no se requerirá efectuar las fusiones, subdivisiones o rectificaciones de deslindes que se contemplen. En la resolución aprobatoria del anteproyecto se consignará la obligación de solicitar dichas acciones en forma previa o conjunta con la solicitud de permiso, siendo requisito para otorgar éste que se haya perfeccionado la actuación correspondiente.

Para la subdivisión y fusión simultánea de dos o más predios, será requisito que el resto del predio que se subdivide cumpla con la superficie predial mínima que establezca el instrumento de planificación territorial, no siendo aplicable este requisito al retazo que se fusionará en el mismo acto.

En los casos que señala el inciso precedente, se presentará una solicitud suscrita por el propietario de los predios involucrados, en la que declare, bajo su exclusiva responsabilidad ser titular del dominio del predio respectivo, acompañando un plano firmado por éste y por el arquitecto proyectista, en el que se grafique la situación anterior, la intermedia y la que se aprueba, indicando los lotes involucrados, sus roles, sus medidas perimetrales, la ubicación de los predios y un cuadro de superficies.

Los derechos municipales a cobrar por la revisión del plano de fusión de que trata este artículo corresponderán a los indicados en el número 9 de la tabla del artículo 130° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En el caso señalado en el inciso tercero del presente artículo, corresponderá, además, el cobro por concepto de subdivisión, indicado en el número 1 de la tabla antes referida.”

Asimismo -y en segundo lugar-, debe tenerse presente las instrucciones contenidas en la Circular ORD. N° 944, de 5 de noviembre de 2007, emanada del Jefe División de Desarrollo Urbano del MINVU, referida a la aplicación de los artículos 1.2.2 y 3.1.3. OGCU, para el caso de aprobar anteproyecto en predio que requiere ser fusionado y subsidividido. En dicho documento se atiende una consulta referida a la pertinencia de que un Director de Obras Municipales exija la inscripción de la fusión predial en el Conservador de Bienes Raíces al momento de otorgar un permiso de edificación, se aclare el plazo de que dispone la DOM para emitir un pronunciamiento, en el caso que se presente la solicitud de fusión y permiso de edificación en forma paralela y, por último, si es factible que la DOM exija que en el plano de fusión se incorpore una nota que vincule dicho trámite al otorgamiento de un permiso de edificación y una memoria explicativa de la fusión. La referida Circular se remite al artículo 3.1.3. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, señalando que el mismo considera una disposición de excepción, que prevé la posibilidad de aprobar un anteproyecto que involucre dos o más predios, sin que se requiera efectuar previamente las fusiones o modificaciones de deslindes que se contemple, debiendo en estos casos, consignarse en la resolución aprobatoria del respectivo anteproyecto la obligación de solicitar dichas acciones en forma previa o conjunta con la solicitud de permiso. A continuación indica que el inciso segundo del artículo 1.2.2. de la Ordenanza General, dispone los antecedentes necesarios para acreditar la calidad de propietario, al momento de solicitar los correspondientes permisos ante la Dirección de Obras Municipales y que el inciso tercero se contempla una excepción aplicable sólo cuando se trata de anteproyectos en los que aún no se haya perfeccionado la venta de terreno. En el N° 4 del referido documento se concluye que “De las disposiciones antes señaladas y las excepciones contempladas en ellas para los anteproyectos, es posible inferir que la fusión podrá ser perfeccionada en forma previa a la solicitud del permiso de edificación o en forma paralela a éste, debiendo quedar acreditada la calidad de propietario al momento del otorgamiento del permiso de edificación. Para tales efectos debe entenderse “perfeccionada”, la fusión cuando ésta aprobada y archivada en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente.” Agrega luego que aun cuando el interesado solicite la fusión en forma conjunta con la solicitud de permiso “la Dirección de Obras Municipales podrá exigir se perfeccione el trámite de fusión, antes de autorizar el permiso de edificación respectivo. Por último, se indica en su numeral 7 que: “Con todo, la Dirección de Obras Municipales no podrá solicitar más antecedentes que los señalados en el inciso primero del artículo 3.1.3. de la aludida Ordenanza. Esto es que, para los efectos de gestionar la aprobación de una fusión, el interesado debe presentar una solicitud en que declare, bajo su exclusiva responsabilidad, la titularidad de dominio de los lotes involucrados, y un plano en el que se grafiquen la situación anterior y la propuesta, identificando los roles de los lotes, sus medidas perimetrales, la ubicación y un cuadro con las respectivas superficies.”.

7°) Que analizadas tanto la norma del artículo 3.1.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones como la Circular ORD. N° 944, de 5 de noviembre de 2007, emanada del Jefe División de Desarrollo Urbano del MINVU, referidas en la consideración que precede, en parte alguna se advierte que confiera al Director de Obras Municipal la atribución de ordenar imperativamente una fusión predial, como sostiene la recurrida, sino que ellas regulan una problemática completamente distinta: por un lado, cómo debe procederse ante una solicitud de fusión de terrenos, y por el otro, vinculado a lo anterior, la situación de los anteproyectos que involucren dos o más predios que requieren ser fusionados y subdivididos. Del mismo modo, tampoco se confieren a la referida autoridad facultades para prohibir el desarrollo de una actividad en las instalaciones a cuyo respecto se ha otorgado la recepción definitiva de las obras, más aun considerando que, tratándose en la especie de salas de clase, dicha prerrogativa se encuentra radicada en el Ministerio de Educación, repartición que tiene bajo su tuición la supervigilancia de la normativa aplicable a la citada actividad.

8°) Que por consiguiente, no cabe más que concluir que la Resolución de Recepción Definitiva de Obras de Edificación N° 053, de 7 de febrero de 2012, emanada de la Dirección de Obras Municipal, suscrita por doña nombre reservado -impugnada por esta vía-, ha conculcado las garantías constitucionales contenidas en los numerales 11, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en cuanto a través de la nota puesta al final de la misma, se prohíbe el funcionamiento del proyecto como parte del Colegio Almenar.

Por estas consideraciones y con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE HACE LUGAR al recurso de protección deducido a fojas 4 y 14, respectivamente, por el abogado don Rafael Cortés Guzmán, en representación de la Sociedad Educacional del Norte Limitada, en contra de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Ilustre Municipalidad de Copiapó, solo en cuanto se dispone que la referida repartición deberá dejar sin efecto la nota de prohibición de funcionamiento, puesta al final de la Resolución de Recepción Definitiva de Obras de Edificación N° 053, de 7 de febrero de 2012.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Pablo Krumm de Almozara.

N°Civil-194-2012.

Pronunciada por los Ministros Titulares: señor nombre reservado y señor nombre reservado y el Abogado Integrante señor MARIO MATURANA CLARO. No firma el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a su vista y acuerdo, por encontrarse ausente, fuera de la ciudad. Autoriza la Secretaria Subrogante, doña MARGARITA GARCÍA CORREA.

Copiapó, a treinta de enero de dos mil trece, notifiqué por el Estado la resolución que antecede.