nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE ATACAMA

C.A. de Copiapó Copiapó, trece de febrero de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: A folio 1, con fecha uno de diciembre del 2022, comparece doña nombre reservado, RUN N° RUT reservado, estudiante y dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo acción de protección de sus garantías constitucionales y la de sus hijos en contra del CONSEJO ESCOLAR ESCUELA MANUEL ORELLA ECHANEZ, de la ciudad de Caldera, y en contra de CONSEJO DE PROFESORES DE ESCUELA MANUEL ORELLA ECHANEZ, de la ciudad de Caldera, representados legalmente por la Directora del Establecimiento, doña nombre reservado, todos con domicilio en domicilio reservado.

Expone que desde el 7 de diciembre del año 2021 una doctora de CEDIMED le toma exámenes de sangre encontrando la vitamina D baja, por lo que indica una dosis de vitamina la cual venia con otro medicamento, y que luego de 2 horas, salió con sus hijos a la plaza de Caldera, donde comenzó a marearse, vomitar y con taquicardias, hasta un momento en que no puede más, por lo que le pide a su hija que busque ayuda y su hijo Vicente queda a su lado. Agrega que cae al suelo, golpeando su mandíbula y que piden una ambulancia, la que la lleva al Cesfam, donde le señalan que la vitamina le había dado un efecto adverso.

Explica que, buscando ayuda, llega hasta la Clínica Atacama de Copiapó, donde le dicen que en dos meses pasaría la situación, porque la vitamina se absorbe en el cuerpo. Por ello, siguió con espasmos musculares, los que detonaron que se luxara la mandíbula producto del golpe y la tensión, debiendo someterse a un proceso de rehabilitación de 8 meses en La Serena.

Refiere que llegó el mes de marzo del año 2022 y sus hijos debían asistir al colegio. Por ello, pidió una reunión el 8 de marzo con la directora del establecimiento, vía correo, quien la cita para el 14 de marzo, participando don nombre reservado, Encargado de Convivencia, doña nombre reservado, Directora, doña nombre reservado, Encargada UTP y el Inspector General don nombre reservado. Señala que en dicha reunión les comenta sus padecimientos, y que no podría asistir a reuniones hasta estar bien, ya que el golpe de la mandíbula habría movido el hueso, afectando su equilibrio, por la conexión con el oído. En la instancia, les informa que Vicente tiene TDAH, encontrándose en evaluación de TEA, y que su hija sufrió bullying, pero que el sistema de admisión la dejó en el mismo colegio, accediendo las autoridades del colegio a prestar el resguardo de que no sucedería más, quedando tranquila, ya que la directora era nueva, y sintió que convivencia escolar trabajaría con las alumnas que antes hicieron bullying.

Refiere que su situación de salud era compleja, pues no podía abrir la boca, desembolsando una cantidad importante de dinero sus padres, ya que la patología no la cubre el sistema de salud, y agrega que su esposo renunció a su trabajo para cuidarla, ya que perdía el equilibrio constantemente, siendo diagnosticada con disfunción de la articulación temporomandibular con osteoartritis.

Señala que su hija es alumna regular del establecimiento Manuel Orella Echanez desde los 3 años de edad, y agrega que presentó problemas de aprendizajes, pero que el colegio presentó seguridad y apoyo hacia ella. Refiere que se mantuvo en el establecimiento, y que fue premiada por ser alumna destacada, siendo elegida reina por su conducta. Sin embargo, advierte que desde 4° básico, una alumna llamada Meily nombre reservado comienza con burlas desde el aspecto físico, que hacían llorar a su hija, sugiriéndole que fuera amiga de ella, afirma que habló con su mamá para que fuera al cumpleaños de su hija y generaron lazos positivos en el colegio y fuera del mismo ya que las niñas se visitaban.

Refiere que lo anterior, se mantuvo hasta sexto básico, período en que reinician las burlas hacia su hija, su cuerpo, ropa, golpes, rallando cuadernos, la mojaban, le pegaban el cabello con silicona, lo cual informó al colegio, pero no hicieron nada, por encontrarse en la administración del DAEM como jefa doña nombre reservado, quien junto con la directora de ese entonces, doña nombre reservado hicieron injurias y calumnias hacia su persona, para dejarla como vulneradora de derechos y a su hija como una mentirosa. Por ello, inició una denuncia en Defensoría de la Niñez, OPD, Corte de Apelaciones, Tribunales de Familia, Superintendencia de Educación.

Refiere que solicitó peritajes para ella y su hija, con el DAM de Copiapó Caldera, perteneciente a Sename para esclarecer que no vulneraba los derechos de la niña. Afirma que se concluyó que es el colegio el vulnerador de derechos, cesando el proceso porque su hija estaba recibiendo ayuda, y agrega que se trata de las causas P-58-2019 y 168-2019.

Agrega que el SAE arrojó a su hija al mismo establecimiento, y que no la cambió, ya que, por la pandemia, las clases eran vía remota. Afirma que, en abril del 2022, informa al establecimiento que comienza nuevamente el acoso a su hija, de parte de Meily nombre reservado, Khrisna Canivilo, y nombre reservado. Explica que, en abril, el colegio pide cuotas obligatorias para útiles de aseo, y agrega que en aquél momento no tenían quien comprara, por lo que le piden a su hija un borrador, respondiendo ésta en el grupo de whatsapp de los alumnos, que no puede, por lo que, las alumnas la comienzan a desprestigiar, tratándola de “pobre”, “hedionda” y “que no tenía padres”.

Agrega que le indicó que hablara con don nombre reservado, Encargado de Convivencia Escolar, quien, pese a que habla con las alumnas, no le hacen caso, y siguen acosando y golpeando a su hija, lo que vuelve a conversarlo al referido, quien guarda copia del relato, pero no se lo entrega, ni la cita, ni a los otros apoderados.

Sostiene que las alumnas sacaron a su hija del grupo de banda de guerra con insultos y descalificaciones, y afirma que su hija le cuenta que el profesor dice: “esa es mi chora” avalando la situación.

Explica que su hija dejó de asistir a clases por las amenazas. Por ello, el profesor jefe Gabriel la llama y le pregunta por la situación, comprometiéndose a ayudar a Emilia.

Refiere que su hija vuelve al colegio y comienzan los insultos, amenazas de golpes, hasta que un día la acorralan para cortar su rostro, lo que pone en conocimiento del colegio, y afirma que nombre reservado la insta a poner una denuncia, concurrir a Fiscalía, y que ellos no podían hacer nada, que PDI les dijo que los padres deben denunciar.

Explica que su hija asistió solo a dar una prueba, dejándola en la reja, momento en que se acercan las alumnas mencionadas, más 2 alumnos varones de otro curso 8°A, a tirarla del pelo y golpearla, siendo defendida por el padre, quien les dijo: “si tocan a mi hija les pegare”. Afirma que concurre al lugar, su hija estaba con crisis de ansiedad, cerraron la reja con llave y su esposo queda adentro con los apoderados de las niñas que asistieron porque sus hijas habían sido amenazadas, y agrega que la directora nombre reservado y nombre reservado sin ningún apoyo le dicen a su hija que es un real problema ella y su familia, que como podía ser tan sensible por unas amenazas. Agrega que nombre reservado, madre de las alumnas, amenaza a su hija de que les quemaría la casa, por lo que pide ayuda a Carabineros, ya que la apoderada intenta golpear a su hija, y los demás padres a su esposo. Agrega que al llegar los funcionarios policiales, la directora culpa a su esposo y lo llevan detenido, dejando a su hija en desamparo, echándolos del colegio, ausentándose un mes su hija, y agrega que nunca denunciaron a la apoderada ni a las menores de edad.

Por lo expuesto, debió abandonar su tratamiento médico, y concurrir al colegio desde agosto, conversando un día con una madre de las niñas agresoras nombre reservado, quien le indica que, desde abril no la citaban para explicar lo sucedido ella, y que pedía explicaciones, porque de saber, hubiera puesto freno. Añade que el Encargado de Convivencia le señala que no podía denunciar, que el investigaba y preguntaba a los niños si vieron, y si todos dicen que no hasta ahí llega el trabajo, y que nunca vieron maltrato hacia su hija.

Refiere que concurrió en septiembre al establecimiento con certificado médico e informe psicológico para pedir el “Cierre anticipado del año escolar” a la directora, quien se niega, y la amenaza con denunciarla a tribunales por vulnerar el derecho a la educación, diciéndole que los problemas de bullying tenían que pasar por Consejo Escolar y de Profesores.

Afirma que hacen un acta donde escriben que si su hija se sentía mal, tenían que reevaluar como establecimiento el cierre del año no respetando sus informes. Además, se le retiraría antes de las 15:15, que es su horario de salida, por otro lugar para que no sucedan conflictos; y denunciarla a tribunales por vulnerar derechos. Añade que, por su salud, debió firmar el documento, y le señaló que hablaría con los profesores para que repitieran las notas a su hija por sus ausencias.

Refiere que su hija ha sido grabada en el establecimiento, que ha sido interceptada en la escalera con amenazas, afirma que existen conversaciones de WhatsApp de otros compañeros que son testigos de los hechos, y que las alumnas no han sido amonestadas.

Asevera que su hija fue calificada con notas rojas por la profesora de historia, quien la agredió verbalmente señalando que el bullying sería una excusa. Afirma que UTP no le da solución, dañando más a su hija, y el colegio no le entrega información, ni la deja entrar, debiendo pedir la asistencia de Carabineros.

Sostiene que, respecto del bullying que se constató con peritaje en el 2019, por el tribunal se ofició al Ministerio Público, los que no la citaron. Así, ha debido cargar con los gastos médicos, viajes a otra ciudad para interconsultas.

Asevera que el 17 de noviembre del 2022, la Superintendencia le remitió ordinario, donde quitó responsabilidad al establecimiento por un intento de suicidio de su hija, y ella no habría asistido, por lo que no debía pedir ayuda. En este sentido, explica que asistió al Cesfam pidiendo explicaciones por el intento de suicidio de su hija del 29 de mayo, ya que no le avisaron, y agrega que el 6 de junio tenía hora de control. Indica que se devolvió al colegio a entrevistarse con nombre reservado, quien niega haber dicho aquello, y reafirma que su hija no pudo subir al techo del comedor, porque es grande. Señala que, por tal mentira, aumentó el bullying.

nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, fecha de nacimiento el 30 de junio 2014, sostiene que ingresó a prekínder con 4 años, manteniendo conducta inquieta, sin que lo llevara al médico, no obstante cumplir con los controles. Refiere que al ingresar al colegio, tuvo problemas de adaptación, y que doña nombre reservado le pidió que lo evaluara un médico, llevándolo a un neurólogo, quien lo diagnosticó con trastorno de hiperactividad sin déficit atencional, dando psicoterapias, que tomó particularmente, para que tuviera una atención rápida y accesible.

Refiere que el establecimiento insistía en la medicación, por lo que presentó denuncia a Superintendencia de Educación, Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, OPD y Departamento de Educación Municipal.

Sostiene que el colegio la denuncia por una conducta sexualizada de su hijo, al tocar el trasero de una parvularia, determinando el juez que se trataba de una sobre exposición a tribunales. Agrega que, hicieron una reunión entre apoderados exponiendo a su hijo, pidiendo que tomara medidas y lo sacaran del curso, acusando que éste era golpeado por la familia de la recurrente.

Refiere que su hijo empezó clases en marzo del 2022 y con la ayuda psicológica dio buenos resultados, con avance con notas y conducta, manteniendo una relación fluida con el colegio. Agrega que solicitaron otra evaluación, exigiendo certificado médico el señor nombre reservado, Inspector General, supuestamente para ingresar al PIE, lo que cumplió con su médico y psicólogo usual, agregando que el colegio se negó, y le señaló que lo llevarían con el neurólogo del colegio, quien si le daba medicación, no podría seguir con el tratante. Asevera que se negó a ello y que amenazó con denunciarlos.

Agrega que desde julio empezaron a sacarlo de clases, que la llaman hasta 5 veces para que se lo lleve cada vez que se descompensa, y sostiene que en sus 8 años no ha tenido una descompensación, añade que lo dejaron fuera de las fiestas, siendo suspendido 3 veces por semana y que, pese a ello, tiene promedio 6,7 y sus cuadernos con sus tareas.

Explica que el 11 de octubre la cita la directora, y ve que su hijo tiene el ojo morado, quien le informa que, con un amigo, tiraron barcos de papel por la taza del baño, y que al llegar el inspector Rodrigo los llevó a inspectoría a las 9:30 am, y que luego un compañero empezó a decir la palabra “poto, pene”, y agrega que su hijo lleva una Tablet al colegio, donde ven el cuerpo de las personas al quedar con curiosidad, y que a las 12 P.M. Agustín le dice puto, gay, hijo de puta, y le pega en su ojo un combo y en las costillas, lo que produce que su hija entre en crisis de ira agrediendo, y le aprieta los testículos de su compañero.

Por ello, la citan alrededor de las 14:00 pm, y no le creen la situación, recurriendo a la Directora, Encargado de Convivencia Escolar, Orientadora, quienes le indican que harán una acusación por conductas sexualizadas de su hijo, ante lo cual los enfrenta por el daño a su hijo, y agrega que su hijo es víctima de Agustín, señalándolo que lo verían de otra manera, porque su madre y abuela son funcionarias del colegio, a lo que les refiere que los demandará, y les dice que grabará, y ello proceden a humillarla, gritarla, y don nombre reservado le dice su hijo es sucio, por lo que les recuerda que en marzo les pidió apoyo por su enfermedad, a lo que le responden que al irse a los tratamientos, con quien deja a su hijo, juzgándola como madre, a lo que explica que cuida a sus hijos, porque de niña sufrió abuso, e indica que la comprendieron.

Por lo anterior, conversa con su hijo, el que se coloca agresivo en su contra, refiriendo que en el colegio le dijeron que ella no le puede dar órdenes, por lo que conversa con el psicólogo, quien indica que el niño sostiene que no hablará porque lo echarán del colegio y el ama mucho a su profesor Daniel, quien le cree y lo protege de otros niños. Así, se descubre que tiene secretos con un psicólogo del colegio, quien le decía que debe mentir, señalar que su familia es mala, con esto el niño llora y le pide perdón, y agrega que no quiere ver al psicólogo del colegio, porque le hace daño. Ante esto, pidió explicaciones, y añade que el profesional tomó a su hijo y le pide perdón, indicándole que tiene su enfermedad, y hace cosas malas. Explica que la situación tiene confundido a su hijo.

Explica que el 20 de octubre asistió su madre a retirar al niño, y no se lo entregaban, por lo que debe ir al colegio, encontrando a su hijo distraído mojado con su cabeza. Ante ello, se acerca el profesor de música, quien le indica que al tratar de sacar al niño de la sala, se golpeó la cabeza, y al tocársela, ve que le sale sangre, por lo que le pregunta a don nombre reservado, que le hicieron, los que se limitan a completar un acta, y ante su negativa a firmar, le gritan “ándate loca chispeando los dedos”, y le indican que no la recibirían a reunión si no firmaba el documento.

Indica que le brindó primeros auxilios y lo llevó a Carabineros, y al ver una ambulancia, les pide ayuda, porque el niño vomita, llevándolo de urgencia, siendo diagnosticado con un traumatismo craneal, y le explica al médico que un compañero le hace bullying y que para evitar golpearlo, en un ataque de ira golpeó su cabeza contra la pared, teniendo una pérdida de memoria de lo sucedido, lo que sería contrario al relato del profesor, y se percata de una lesión en el codo del niño, la cual explica en tirones de la profesora jefe o de educación física. Asevera que por tales hechos, nadie la llamó, debiendo costear todo particular, y que a su madre se le entrega el report que dice que se trató de un accidente a las 11:20, siendo entregado a las 12:50, estimando que es mentira, y que no se cumplió con el protocolo.

Refiere que el colegio, paralelamente envía al niño a un PPF del Programa Mejor Niñez, recibiéndolo nombre reservado, quien de manera indolente e irrespetuosa le habría dicho que lo iban a intervenir por conducta sexualizada, y cuestiona los controles médicos, pidiéndole que entregue los números de los profesionales, y le afirma que debe retroalimentar al colegio, que fue quien lo pidió como psicólogo. Asevera que su hijo se siente loco por estar con dos psicólogos, con intervención con el PIE, del establecimiento o el psicólogo del PPF. Por ello, no lo ha enviado al colegio en más de un mes, para mantener su salud mental. Agrega que el profesional del PPF le dice que su hijo tiene mala conducta, lo que es contrario a los informes escolares, y la opinión de sus profesores.

Asevera que, en la actualidad, sus hijos no asisten al colegio, Vicente por ser asmático, no la dejan ingresar ni le informan ni le entregan documentos, siendo calificados con rojos, engañándola, pidiendo informes de salud mental y médicos para ingresar a PIE y asegurar su cupo el próximo año, pero transgredieron la privacidad de su hijo, al entregar la documentación al PPF.

Refiere que esconden documentación, que le mienten y que no ayudan a sus hijos, teniendo reuniones, pero le quitaron la calidad de apoderada el 28 de noviembre del 2022, sin que la SLEP le ayude.

Pide que se le mantenga como apoderada de su hijo, ya que no le permiten matricularlo. Añade que su hija se licencia este mes, y no podrá asistir ni su padre, por orden del colegio, que no le entregan sus documentos, y que no puede matricular a su hijo Renato en prekínder, a quien no quieren recibir en el establecimiento.

Asevera que la medida de pérdida de la calidad de apoderada titular es arbitraria, acusándola de faltar al artículo 51 del Reglamento de Convivencia, pero no se le indica por qué hechos, estimando arbitraria la misma. Y alega que no ha podido defenderse, no respetándose el debido proceso, estimándola ilegal, por no tener los órganos tal competencia.

Manifiesta que la conducta de la recurrida ha vulnerado sus garantías de los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues dice que la decisión de expulsarla como apoderada es una decisión unilateral, ilegal e inconstitucional. Primero porque la decisión adoptada por los recurridos, ha alterado el debido proceso, en el sentido que ha sido sancionada por órganos que si bien están facultados para tomar tal decisión, no se realiza conforme indica su propio reglamento y en ausencia absoluta de proceso previo, justo y racional, que garantice debidamente sus derechos fundamentales, violándose de esta forma la garantía establecida en el artículo 19 Nº 3 ya señalado, esto es, “el derecho de estar sujeto a un racional y justo procedimiento”. Por último, señala también que este acto ilegal y arbitrario, lesiona la garantía constitucional contemplada en el Nº 24 del artículo 19 de la Carta Política, esto es, su derecho de propiedad, desde que la recurrente era titular de un derecho inmaterial sobre su calidad de apoderado titular, derecho que le fue desconocido y perturbado por los recurridos al no haberla escuchado antes de su decisión de decretar la pérdida de su calidad de apoderada titular.

Solicita que se ordene restablecer el imperio de la Ley, dejándose sin efecto la decisión de expulsión o la pérdida de su calidad de apoderada titular adoptada por los recurridos, declarando que deberán permitirle desempeñarse como apoderada titular de los alumnos nombre reservado y nombre reservado en el establecimiento educacional, libre de toda turbación o embarazo.

SEGUNDO: Que se requirió de informe a los recurridos Consejo Escolar y Consejo de Profesores de la Escuela Manuel Orella Echanez, de la ciudad de Caldera, y en Folio 18, con fecha 26 de diciembre del 2022, comparece doña nombre reservado en representación de ambos recurridos, evacuando el informe solicitado, refiriendo que la mayor cantidad de hechos relatados por la recurrente son anteriores al año 2019, y que fueron resueltos por la SUPREEDUC, no detectando infracciones a la normativa educacional.

Respecto de la decisión actual del Consejo de Profesores, señala que esta se basa netamente en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, debido a causales de incumplimiento de la apoderada, faltas graves, retirando su calidad de titular y suplente para los años 2022-2023. Indica que lo anterior se le notificó a la recurrente por carta certificada. Añade que no existen recursos administrativos en contra del establecimiento, ni del sostenedor educacional y manifiesta la autoridad su preocupación por la sana convivencia del establecimiento.

Asevera que desde el colegio se remitieron los antecedentes al PPF Gabriela Mistral, donde la recurrente no tuvo adherencia, por lo que se inició la causa proteccional ROL P-275-2022, seguida ante Juzgado de Familia de Caldera, la que se encuentra vigente. Asevera que la recurrente no confía en las instituciones, recurriendo a Consejo de Profesores o Consejo Escolar, o DAEM Caldera, SLEP Atacama, Superintendencia de Educación, OPD Caldera, Fiscalía Caldera, PPF Gabriela Mistral o Servicio de Salud Atacama.

Señala que el PPF Gabriela Mistral, inicia proceso de protecciones en contra de la recurrente ante Tribunales de Familia, generando una medida cautelar de alejamiento, por parte del padre respecto al establecimiento.

Afirma que no se ha negado la matricula a Vicente,y que doña nombre reservado, es la apoderada titular del estudiante, siendo más directo y cercano, conforme al Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

Especifica que el proceso proteccional del niño Vicente es por eventuales situaciones que podrían constituir conductas sexualizadas y que podrían estar vulnerando sus derechos, llevado a cabo por el programa PPF Gabriela Mistral de la comuna de Copiapó.

TERCERO: En folio 20, el 28 de diciembre de 2022, comparece don nombre reservado, Director Ejecutivo Subrogante y representante legal del Servicio Local de Educación Pública de Atacama, evacuando el informe ordenado, solicitando el rechazo del presente recurso de protección.

Expone que la Ley N° 21.040 que creó el sistema de educación pública, en el artículo Cuarto transitorio regula el proceso de traspaso del servicio educacional que prestan las Municipalidades directamente o a través de las Corporaciones Municipales, creadas por Decreto con Fuerza de Ley N° 1-3.063/1980, a los Servicios Locales de Educación Pública. Para ello, gradualmente, se implementó el artículo Sexto transitorio, y que por Decreto Supremo N° 74, del año 2018, se estableció la denominación, el ámbito de competencia territorial, domicilio y calendario de instalación del Servicio Local de Educación Pública de Atacama, delimitando su competencia a las comunas de Diego de Almagro, Tierra Amarilla, Copiapó, Caldera y Chañaral, y fijando el inicio de sus funciones con fecha 02 de enero de 2020.

En cuanto al fondo, indica que se le notificó el acta de Consejo Escolar de fecha 24 de Noviembre 2022, y que no se interpusieron recursos administrativos ante el SLEP Atacama, o ante el Consejo de Profesores, y que el primero es el sostenedor legal del Establecimiento.

Refiere que el establecimiento emitió informe, señalando que la recurrente contextualiza la relación que tendría con el establecimiento, así como historial en Red de Familia, esbozando procesos judiciales en medidas de protección, así como la intervención de programas de prevención focalizada, indicando roles de causa, así como situaciones personales que la aquejan. Que la Directora del Establecimiento, refiere que la mayor cantidad de hechos son anteriores al 2019, no siendo temporal con la instalación de sostenedor legal del informante. Añade que los hechos relatados fueron resueltos por la SUPREEDUC, no detectando infracciones a la normativa educacional.

Respecto de la decisión actual del Consejo de Profesores se basa netamente en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, debido a causales de incumplimiento de la apoderada, faltas graves, retirando su calidad de titular y suplente para los años 2022-2023. Indica que lo anterior se le notificó a la recurrente por carta certificada. Añade que no existen recursos administrativos en contra del establecimiento, ni del sostenedor educacional, y manifiesta la autoridad su preocupación por la sana convivencia del establecimiento.

Asevera que se encuentra vigente proceso proteccional P-275-2022, seguida ante Juzgado de Familia de Caldera, y que la recurrente no confía en las instituciones, recurriendo a Consejo de Profesores o Consejo Escolar, o DAEM Caldera, SLEP Atacama, Superintendencia de Educación, OPD Caldera, Fiscalía Caldera, PPF Gabriela Mistral o Servicio de Salud Atacama.

Señala que el PPF Gabriela Mistral, inicia proceso protecciones en contra de la recurrente, ante Tribunales de Familia, generando una medida cautelar de alejamiento, por parte del padre respecto al establecimiento.

Asevera que no se ha negado la matricula a Vicente, y que doña nombre reservado, es la apoderada titular del estudiante, siendo más directo y cercano, conforme al Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

Especifica que el proceso proteccional del niño Vicente es por eventuales situaciones que podrían constituir conductas sexualizadas y que podrían estar vulnerando sus derechos, llevado a cabo por el programa PPF Gabriela Mistral de la comuna de Copiapó.

Niega que concurran los requisitos de la acción de protección esgrimida, y sostiene que la decisión del Consejo de Profesores se encuentra razonada, y adecuada conforme al Reglamento de Convivencia Escolar, en los términos del artículo 11 de la Ley N° 19.880, siéndole comunicada la decisión por carta certificada.

Indica que los argumentos del cambio de apoderado, sería la alteración a la buena convivencia escolar, del artículo 16 A de la Ley N° 20.370, Ley General de Educación.

Refiere que la normativa aplicable del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, son los artículos 14, 16, 17, los cuales reproduce. Señala que se han respetado las garantías de la recurrente, y que, por las conductas imputadas se tomó la determinación: “Del análisis del acta respectiva se concluye que se discutió y deliberó sobre el fondo del asunto, adoptándose la decisión de desestimar el referido recurso, acuerdo que fue notificado a la recurrente mediante carta certificada acompañada al proceso”.

Niega una vulneración a la igualdad ante la Ley, dado que se adoptaron procedimientos apegados al Manual de Convivencia Escolar, conforme la Ley N° 19.070 y la Ley N° 20.370, Ley General de Educación, manteniendo la estabilidad del niño y disponiendo medidas que tiendan a evitar perjuicios a otros miembros de la comunidad educativa.

Asevera que la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha establecido que el recurso de protección no es la vía idónea para amparar situaciones que no constituyen un derecho indubitado afectado, ni situaciones que no sean de urgencia, y que no afecten concretamente una garantía constitucional protegida, especialmente si cuenta con las instancias de Juzgados de Familia y Superintendencia de Educación, y cita fallos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Rol 61405/2022, sentencia 5 de septiembre 2022, de la Corte Suprema, Rol 3950-2017 y Rol 33271/2019, que confirma sentencia de C.A Santiago, Rol 163079/2019, de fecha 28 de octubre 2019.

Niega que se haya vulnerado las garantías del artículo 19, N° 2, N° 10 y N° 11 de la Constitución Política de la República, y señala que el numeral 10 no se encuentra dentro de los derechos protegidos por esta acción.

En el primer otrosí, adjunta los siguientes documentos: 1.- Resolución Exenta Nº 0413 de fecha 10 de mayo del año 2022.

CUARTO: Que el recurso de protección tiene por finalidad el amparo de los derechos constitucionales que son objeto de esta acción de tutela, cuando por acción u omisión ilegal o arbitraria, se amenace, prive o perturbe su ejercicio, debiendo adoptarse las medidas de carácter urgente tendientes al restablecimiento del derecho y a la debida protección de los afectados. De este modo, este tribunal debe examinar si de los antecedentes proporcionados por los recurrentes se produce lesión a los derechos constitucionales de aquellos, conculcados por actos u omisiones ilegales o arbitrarios.

QUINTO: Que para una acertada resolución de la materia sub lite, en cuanto al fondo, cabe tener presente que la cuestión debatida en lo sustancial en estos antecedentes, se reduce a determinar la existencia de una acción arbitraria e ilegal imputable por la decisión de expulsión o la pérdida de su calidad de apoderada titular adoptada por los recurridos Consejo Escolar y Consejo de Profesores de la Escuela Manuel Orella Echanez, de la ciudad de Caldera, lo que vulnera los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 numerales 3 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a no ser sancionada por comisiones especiales y el derecho de propiedad, que puedan ser cauteladas mediante el recurso de protección, declarándose que deberán permitirle desempeñarse como apoderada titular de los alumnos nombre reservado y nombre reservado en el establecimiento educacional, libre de toda turbación o embarazo.

Manifiesta que la conducta de la recurrida ha vulnerado sus garantías de los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues dice que la decisión de expulsarla como apoderada es una decisión unilateral, ilegal e inconstitucional. Primero porque la decisión adoptada por los recurridos, ha alterado el debido proceso, en el sentido que ha sido sancionada por órganos que si bien están facultados para tomar tal decisión, no se realiza conforme indica su propio reglamento y en ausencia absoluta de proceso previo, justo y racional, que garantice debidamente sus derechos fundamentales, violándose de esta forma la garantía establecida en el artículo 19 Nº 3 ya señalado, esto es, “el derecho de estar sujeto a un racional y justo procedimiento”. Por último, señala también que este acto ilegal y arbitrario, lesiona la garantía constitucional contemplada en el Nº 24 del artículo 19 de la Carta Política, esto es, su derecho de propiedad, desde que la recurrente era titular de un derecho inmaterial sobre su calidad de apoderado titular, derecho que le fue desconocido y perturbado por los recurridos al no haberla escuchado antes de su decisión de decretar la pérdida de su calidad de apoderada titular.

SEXTO: Que, atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad estén comprobados y que con estos hechos se hayan producido y se estén actualmente produciendo perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Carta Fundamental asegura a todos los ciudadanos, siendo las garantías invocadas como afectadas en el caso de autos, las siguientes: 1) La del artículo 19 N° 3, inciso cuarto, esto es, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, por la decisión de expulsarla como apoderada porque con esta se ha alterado el debido proceso, en el sentido que ha sido sancionada por órganos que si bien están facultados para tomar tal decisión, no se realiza conforme indica su propio reglamento y en ausencia absoluta de proceso previo, justo y racional, que garantice debidamente sus derechos fundamentales, en cuanto a que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, como ha ocurrido en su caso y, 2) Finalmente, la del artículo 19 N° 24, esto es, el derecho de propiedad desde que la recurrente era titular de un derecho inmaterial sobre su calidad de apoderado titular, derecho que le fue desconocido y perturbado por los recurridos al no haberla escuchado antes de su decisión de decretar la pérdida de su calidad de apoderada titular.

SEPTIMO: Que para los efectos del presente recurso de protección, es conveniente tener presente que el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (R.I.C.E.,) de la Escuela Manuel Orella Echanez, de la ciudad de Caldera, se encuentra fijado y aprobado con vigencia para los años 2022-2023, el cual es aplicable a toda la comunidad educativa del citado establecimiento, entre los que se consideran los profesores, alumnos, padres y apoderados, tratando en los artículos 14 al 17 los derechos y deberes que tienen los padres, las madres y los apoderados de los alumnos de dicha Escuela.

Así, en el artículo 14 del citado Reglamento, reconoce y garantiza el derecho de las madres, padres y apoderados a solicitar y recibir información relativa a las políticas y programas del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Establecimiento y a solicitar toda la información académica referida a su hijo o pupilo, como también a solicitar entrevistas con el cuerpo docente y directivo del Establecimiento, el derecho a retirar y matricular al alumno, estableciéndose que toda la documentación será entregada sólo al apoderado titular y, por último, establece el derecho del apoderado de expresar por escrito cualquier observación o reclamo fundado a situaciones que estime injustas o arbitrarias, siguiendo el conductor regular establecido en dicho Reglamento.

Luego, el artículo 15 del R.I.C.E. al cual nos referimos, establece que el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento está abierto a la participación activa de las madres, padres, apoderados y tutores de los estudiantes; orientándolos con normas claras, disciplina, respeto y afecto, fortaleciendo con ello la formación valórica que se les debe entregar como familia, para lo cual se hace necesario que las madres, padres, apoderados y tutores velen por el cumplimiento que establecen las normas de dicho Reglamento para propiciar un clima favorable en los aprendizajes y a la formación integral de sus pupilos(as), de modo que constituyan sus proyectos de vida basados en los principios que otorga la familia y refuerza el establecimiento.

Por su parte, el artículo 16 del Reglamento en análisis establece que todo estudiante matriculado, debe contar con un apoderado titular y un apoderado suplente, ambos mayores de edad, que se comprometan y adquieran como propias las obligaciones que debe asumir su pupilo, y deben responder por él ante el establecimiento, motivo por el cual el apoderado debe comprometerse a conocer y aceptar lo establecido en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

Por último, en el artículo 17, el mentado Reglamento dispone que la Escuela Manuel Orella Echánez se reserva el derecho a solicitar cambio de apoderado, cuando se compruebe que éste no cumple con los compromisos adheridos al Reglamento Interno de Convivencia Escolar ni con las normas conductuales y perfil de padres, madres y apoderados establecidas en dicho cuerpo reglamentario (página N° 158 del mismo), enumerando específicamente las tareas que se imponen a las madres, padres, apoderados y/o tutores, señalándose en su numeral 9° que “En casos de que los apoderados no cumplan con su deber, protejan las malas acciones de sus pupilos, subestimen la capacidad de los funcionarios del establecimiento y/o se dirijan de manera impropia hacia algún docente, administrativo y/o asistente de la educación, será considerado una falta gravísima, sujeta a la revisión del caso por parte de la Dirección del Establecimiento la que podrá solicitar el cambio de Apoderado Titular o suplente, con aviso escrito y con la debida antelación” agregándose que la medida del cambio de apoderado(a) titular será evaluada por el Equipo Directivo, en conjunto con el Consejo de Profesores, quienes determinarán solicitar el cambio de apoderado(a), que el apoderado titular será notificado por escrito de lo resuelto por dicho órgano a través de carta certificada, respecto a la medida del cambio de apoderado, quien tendrá un plazo de 2 días hábiles para apelar por escrito, que en caso de apelación por parte del apoderado titular, será el Consejo de Profesores quien determine si acoge o no dicha apelación, entregando por escrito a través del director/a la respuesta a esta apelación y que, de no haber apelación por parte del apoderado titular, será el apoderado suplente quien pase a ser el nuevo apoderado titular.

OCTAVO: Que, en primer lugar, la recurrente sostiene que existe una acción arbitraria e ilegal imputable a los recurridos por la decisión de expulsarla como apoderada porque con esta se ha alterado el debido proceso, en el sentido que ha sido sancionada por órganos que si bien están facultados para tomar tal decisión, no se realiza conforme indica su propio reglamento y en ausencia absoluta de proceso previo, justo y racional, que garantice debidamente sus derechos fundamentales, violándose de esta forma la garantía establecida en el artículo 19 Nº 3 que estatuye el derecho de estar sujeto a un racional y justo procedimiento, tratándose en la especie del inciso cuarto de dicha disposición en cuanto este establece que “corresponde al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.

NOVENO: Que con el mérito de los documentos allegados a esta causa, tanto por la recurrente como por los órganos recurridos y por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama, se tiene por establecido lo siguiente:

1).- Que con fecha 24 de noviembre de 2022 y conforme a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento R.I.C.E., se reunió el Consejo de Profesores de la Escuela Manuel Orella Echanez, para conocer del Caso N° 002/2022, referido a doña nombre reservado, apoderada titular y suplente de su hija nombre reservado y apoderada suplente de su hijo nombre reservado, con el objeto de evaluar su continuidad como apoderada del citado establecimiento para el periodo 2022 y 2023.

2).- Que el Consejo de Profesores referido adoptó la medida de “Cambio de apoderado”, luego de ser evaluada dicha decisión por el Equipo Directivo en conjunto con el Consejo aludido, por el periodo comprendido entre el 28 de noviembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, ambas fechas inclusive, quedando en consecuencia inhabilitada en sus calidades de apoderada de sus hijos ya individualizados, a la vez que dejó constancia que la recurrente doña nombre reservado, no reúne las condiciones para ser apoderada de ningún otro estudiante del establecimiento indicado, durante el periodo del año 2022 y año 2023, disponiéndose su notificación por escrito, mediante carta certificada remitida a su domicilio en domicilio reservado, señalándose que tendrá un plazo de 2 días hábiles para apelar por escrito al Consejo de Profesores. Además, en la decisión referida se señala expresamente que al no contar el apoderado suplente con las condciones para asumir la responsabilidad de los estudiantes, ”debe asumir como apoderado/a, el siguiente familiar directo del estudiante: Abuelo/a, o Tio/a. Por parte de la madre o padre del estudiante con la identidad de parentesco debidamente comprobada con documentos de registro Civil, tales como certificado de nacimiento con nombre de padre y madre de la persona individualizada para definir el parentesco con el o los estudiantes”.

Que consta del Acta respectiva, que el acuerdo del Consejo de Profesores aparece firmado por un total de 29 Docentes de la Escuela citada.

3).- Que con fecha 28 de noviembre de 2022, la recurrente fue notificada en su calidad de apoderado titular y suplente de los estudiantes – sus hijos nombre reservado y nombre reservado, de la Resolución adoptada por el Consejo de Profesores de la Escuela Manuel Orella Echanez, mediante Notificación N° 002 del año 2022, en la cual se consigna expresamente que “El apoderado titular y suplente, doña nombre reservado, será notificada por escrito, a través de carta certificada a su domicilio en domicilio reservado, respecto a la medida del cambio de apoderado, quien tendrá un plazo de 2 días hábiles para apelar, por escrito al Consejo de Profesores”, notificación que aparece remitida al domicilio de la recurrente señora nombre reservado de domicilio reservado, de la ciudad de Caldera, por carta certificada depositada con fecha 28 de noviembre de 2022, en la oficina de Caldera de la Empresa de Correos de Chile, con código de Envío N° 1179945403081, según consta de documento emitido por la señalada Empresa y que fue acompañado a los autos por la Dirección de la Escuela mencionada.

DECIMO: Que, en consecuencia, para esta Corte, el procedimiento empleado por las entidades recurridas en cuanto a la evaluación que se ha efectuado por los órganos pertinentes de la Escuela Manuel Orella Echanez de Caldera, esto es, el Consejo de Profesores y el Equipo Directivo de dicho establecimiento, respecto de la situación de la recurrente señora nombre reservado para desempeñarse como apoderada titular y suplente de sus hijos nombre reservado y nombre reservado, se ha ajustado a derecho, específicamente a las normas contenidas en el artículo 17 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (R.I.C.E.), de la citada Escuela, además de considerar que los órganos señalados están establecidos en el indicado Reglamento, por lo que no pueden considerarse como comisiones especiales, como lo pretende la recurrente de autos, motivo por el cual estos sentenciadores arriban a la conclusión que el proceso administrativo llevado a cabo por los órganos del referido establecimiento educacional, se ajustó a la legalidad establecida para dicho efecto, no divisándose de que manera la actuación de tales órganos al adoptar la medida de inhabilitación de la calidad de apoderada de la recurrente para el período del mes de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2023, pueda calificarse de ilegal. Del mismo modo, tampoco se aprecia la existencia de un procedimiento arbitrario en el actuar de tales órganos, toda vez que las normas por las cuales se ha procedido a afectar la calidad de apoderada de sus hijos de la señora nombre reservado, se encuentran fijadas con anterioridad a la fecha en que se reunieron tales órganos (el 24 de noviembre de 2022) siendo de general aplicación para todos los padres, madres, apoderados y tutores de los alumnos de la referida Escuela y, atendida su calidad de apoderada de aquella, le eran plenamente conocidas y aceptadas.

UNDECIMO: Que debe considerarse, además, que la norma que invoca la recurrente, que es el inciso cuarto del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al mencionar que en la tramitación del procedimiento administrativo efectuado por el Consejo de Profesores del citado establecimiento, se ha vulnerado su garantía constitucional de “el derecho de estar sujeto a un racional y justo procedimiento”, no se encuentra señalada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, como una de las garantías por las cuales pueda recurrirse de protección constitucional, de tal manera que por consiguiente y de todo lo antes razonado, estos sentenciadores concluyen que no puede considerarse que haya existido una vulneración, amenaza, privación o perturbación de la garantía constitucional invocada del artículo 19 N° 3° de la Constitución Política de la República, en los términos como ha argumentado la recurrente, DUODECIMO: Que, en segundo lugar, la recurrente alega que existe una acción arbitraria e ilegal imputable a los recurridos pues la decisión adoptada por estos de privarle de su calidad y condición de apoderada de sus hijos, lesiona la garantía constitucional contemplada en el Nº 24 del artículo 19 de la Carta Política, esto es, su derecho de propiedad, desde que aquella es titular de un derecho inmaterial sobre su calidad de apoderado titular, derecho que le fue desconocido y perturbado por los recurridos al no haberla escuchado antes de su decisión de decretar la pérdida de su calidad de apoderada titular.

DECIMO TERCERO: Que, al respecto, como se ha referido en el Considerando Séptimo de esta sentencia, en el artículo 17 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (R.I.C.E.) de la Escuela Manuel Orella Echanez, se establecen las normas de procedimiento conforme a las cuales el Consejo de Profesores y el Equipo Directivo del referido establecimiento, pueden revisar y evaluar si un padre, madre, apoderado o tutor de un estudiante del mismo, se encuentran en condiciones de continuar siendo el apoderado del educando, incluyendo la pérdida de dicha calidad, pronunciada luego del procedimiento establecido en la citada disposición Reglamentaria, lo que efectivamente aconteció en el caso que nos ocupa, en que los órganos referidos en una resolución fundada declaran, conforme a sus facultades reglamentarias, que la recurrente señora nombre reservado queda inhabilitada de la calidad de apoderada de sus hijos para el período del mes de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2023. Que sobre este particular, esta Corte tiene presente que según se desprende del citado Reglamento, sobre todo en las normas que se mencionan en el señalado Fundamento Séptimo, la calidad de apoderado que puede tener un padre o madre de un estudiante de la Escuela señalada, no puede considerarse que se trata de un derecho indiscutido o indiscutible, por cuanto en la misma reglamentación que informe el procedimiento que es impugnado por la recurrente, se establece que los derechos que pueden entenderse conferidos a los padres, madres, apoderados o tutores del educando, como aquellos que se reconocen en los artículos 14 a 16 del citado Reglamento R.I.C.E. , pueden ser evaluados en cuanto a su continuidad por los órganos que la misma reglamentación establece, de lo cual puede inferirse que el derecho de ser apoderado no es absoluto, permanente ni inmutable, pues si las condiciones de la dinámica escolar lo ameritan, en lo que respecta a la relación apoderado - Escuela, o apoderado – alumno o apoderado –docentes, el derecho a ser apoderado puede ser modificado por la vía de la inhabilitación, como ha ocurrido en el caso que nos ocupa. De todo lo antes razonado, esta Corte concluye que no puede considerarse que haya existido una vulneración, amenaza, privación o perturbación de la garantía constitucional del derecho de propiedad consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, en los extremos como lo considera la recurrente.

DECIMO CUARTO: Que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política, para que prospere ésta acción cautelar de protección, el acto u omisión que la motiva debe ser arbitrario o ilegal, afectando las garantías constitucionales protegidas por este recurso, por lo que primeramente es necesario pronunciarse acerca si la decisión adoptada por el Consejo de Profesores de la Escuela Manuel Orella Echanez de Caldera, de fecha 24 de noviembre de 2022, contra el cual se recurre en autos, es un acto administrativo arbitrario o ilegal.

Sabido es, que por arbitrariedad se entiende el acto o proceder contrario a la justicia, a la razón o a las leyes, dictado sólo por la voluntad o capricho de quien lo emite, en tanto que la jurisprudencia de nuestros tribunales ha señalado que una actuación es arbitraria, cuando la decisión no se funda en la razón, en la justicia o no atiende al bien común, en aquellos casos en que es realizada por el legislador o una autoridad pública y también, cuando resulta contraria a la ética elemental o no tiene justificación racional.

En el caso que nos convoca, la decisión adoptada por el Consejo de Profesores recurrido no resulta ser arbitraria, pues dicho acto administrativo aparece debidamente fundado y razonado, como consecuencia del ejercicio de las facultades que a este órgano le confiere el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (R.I.C.E.), no siendo la resolución aludida ni meramente voluntaria ni caprichosa, sino que emitido en virtud de la aplicación de normas procedimentales establecidas, por lo que no siendo arbitrario, es razón suficiente para no dar lugar al recurso deducido por este capítulo.

DECIMO QUINTO: Que en lo que respecta a si la decisión adoptada por el Consejo de Profesores de la Escuela Manuel Orella Echanez de Caldera, de fecha 24 de noviembre de 2022, el cual se ha impugnado por vía de protección, se trata de un acto ilegal, por tal debe entenderse aquello que es contrario a la ley, no autorizado por la ley o no ejecutado conforme a la ley y, en el caso en estudio, esta actuación ilegal debe afectar una garantía constitucional del recurrente, que se encuentre taxativamente protegida por la acción cautelar promovida, para que esta prospere.

Sobre el particular, debemos señalar que conforme a lo razonado en los Considerandos Séptimo, Noveno y Décimo que anteceden, la decisión del Consejo de Profesores del referido establecimiento educacional tiene su fundamento en las normas reglamentarias contenidas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (R.I.C.E.), que rigen en dicha Escuela, de tal manera que lo obrado por dicho órgano escolar que lo dictó no es constitutivo de un acto contrario a la ley o sin fundamento legal expreso, lo que conduce a desestimar la acción deducida en estos autos, sin perjuicio de lo ya dicho en el Considerando Undécimo que antecede, toda vez que no existe quebrantamiento al orden jurídico que sea necesario restablecer, ni medida alguna que esta Corte pueda adoptar.

DECIMO SEXTO: Que, conforme al mérito de lo razonado y no habiéndose constatado una conducta arbitraria e ilegal por parte de la recurrida que haya significado una vulneración o perturbación de las garantías constitucionales consagradas como derechos fundamentales del recurrente, expresamente amparados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República e invocadas en el recurso, no existe razón suficiente para la intervención de esta Corte por la vía ejercitada, por lo cual se rechazará el presente recurso de protección, sin perjuicio de otros derechos que puedan asistir a la recurrente de conformidad al ordenamiento legal nacional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección constitucional deducido por doña nombre reservado, en contra del CONSEJO ESCOLAR ESCUELA MANUEL ORELLA ECHANEZ y del CONSEJO DE PROFESORES DE ESCUELA MANUEL ORELLA ECHANEZ, de la ciudad de Caldera, representados legalmente por la Directora del Establecimiento, doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante señor Oscar Iriarte Avalos.

N°Protección-1516-2022.