ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPRESARIOS VALLE DEL RIO CALAMA con SEREMI DE BIENES NACIONALES DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, once de noviembre dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece Rodrigo Andrés Moreno Silva, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación convencional de la Asociación Gremial de Empresarios Valle del Río (ASOEMVAR), con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, con domicilio en domicilio reservado, en contra de la Delegación Presidencial Provincial de El Loa, con domicilio en domicilio reservado, y en contra de la Primera Comisaria de Carabineros de Calama, con domicilio en domicilio reservado, por dictar la Resolución Exenta N°2 de 2021 de la Delegación Presidencial Provincial de El Loa, ordenando el desalojo administrativo de los inmuebles fiscales del Sector Industrial Puerto Seco, Calama, vulnerando su derecho consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, solicitando dejar sin efecto la resolución recurrida.

Informan las recurridas, instando por el rechazo de la acción.

Puesta en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda su recurso porque mediante ORD SE02-000023/2017 de fecha 04 de enero de 2017, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, se autorizó la concesión onerosa respecto de las quince empresas que integran la Asociación Gremial de Empresarios Valle del Río, para ocupar el inmueble fiscal, por lo que han hecho ocupación de buena fe respecto de su presencia en el predio, conforme a la decisión de la autoridad, quien mediante solicitud de fecha 21 de octubre del año 2016, resolvió autorizar por medio de Ord. SE02-000023/2017 de fecha 04 de enero de 2017, la asignación directa del predio, el cual es designado en dicho acto administrativo como “la propuesta de polígono presentada por vuestra agrupación.” El 05 de octubre del año en curso, se presentaron en las instalaciones industriales que ocupan en forma pacífica y no clandestina, un piquete de Carabineros de Chile de la Primera Comisaría de Calama, quienes portaban una orden emanada de la Delegación Presidencial Provincial del Loa, entidad que a petición de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta, solicitaba el desalojo de los terrenos.

ASOEMVAR ocupa el predio desde el año 2015, existiendo un acto administrativo que autoriza el uso, no siendo un inmueble fiscal de uso público, y existiendo un procedimiento judicial establecido en el Decreto Ley 1939, optando por utilizar un procedimiento administrativo no contradictorio, donde sus representados no tienen derecho a ser oídos ni a presentar sus descargos ni pruebas, causando un menoscabo en sus bienes, en su propiedad y afectando sus garantías constitucionales.

Solicita dejar sin efecto la Resolución Exenta N°2 de fecha 4 de octubre de 2021 dictada por la Delegación Presidencial Provincial del Loa y ordenar a los recurridos proceder en forma legal, deduciendo las acciones legales que corresponden conforme al ordenamiento jurídico vigente con costas del recurso.

SEGUNDO: Que Luis Colman Vega, Abogado, Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, informa solicitando el rechazo del recurso.

Expone que la recurrente, en el mes de diciembre de 2016, y luego de haber hecho ocupación desde el año 2015, solicitó un permiso de ocupación gratuito del inmueble fiscal, respondiendo la Seremi de la época que podía tramitarse en su favor una concesión de uso, la que debía ser onerosa y no gratuita, explicitando los pasos de la postulación y los antecedentes requeridos. Sin que a la fecha, la recurrente haya realizado alguna gestión de postulación al Ministerio de Bienes Nacionales, solicitando ese u otro inmueble fiscal, bajo ninguna forma de administración (Concesión de Uso, arriendo, permiso de ocupación, etc.).

Plantea que la recurrente tiene una apreciación distorsionada de los hechos, al considerar que el Ministerio entregó en su favor una Concesión de Uso Oneroso, fundado en el oficio Ord. SE02- 23-2017 de 4 de enero de 2017, el que indicó que no procede autorizar la ocupación gratuita y deben postular a la correspondiente concesión de uso oneroso. Oficio que no es una Concesión de uso oneroso ni nada que se le parezca. Por ende, no es efectivo que el recurrente goce de una concesión de uso oneroso, puesto que además de no haberla solicitado (o al menos no consta que lo haya hecho) no se dictó el decreto supremo que así lo debía disponer, conforme al Decreto Ley 1939.

Refiere que la solicitud de desalojo tuvo un extenso devenir administrativo que culminó con la solicitud de desalojo administrativo y la recuperación por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, de los terrenos afectos a la Concesión de Obra Pública. Por lo que careciendo la Seremi de facultades suficientes para realizar un desalojo administrativo, se solicitó en tres oportunidades el desalojo administrativo a la otrora Gobernación Provincial de El Loa, hoy Delegación Presidencial.

Relata que la ocupación por parte de empresarios industriales de Calama en el sector Yalquincha de Calama, ubicados al poniente del Parque Fotovoltaico Calama, colindante con la Ruta 21 a Chiu Chiu, abarca una importante extensión de 67 hectáreas. Luego, por razones de costo y de los plazos comprometidos en el Contrato de Concesión de Obra Pública, el Ministerio de Bienes Nacionales, en conjunto con la Delegación y la Inspección Fiscal de la Dirección de Concesiones del MOP, determinaron efectuar sólo el desalojo de la faja afecta a la Ruta Concesionada, la cual era ocupada en total por siete ocupantes ilegales. Carabineros de Chile no intervino en la acción de desalojo, teniendo una presencia preventiva, sólo se botaron los cierres perimetrales de los diversos sitios ocupados por los ocupantes, y el único caso en que fue necesario destruir una construcción, correspondiente a la ocupación de Grúas Maule, en el Lote 8 (que no es recurrente en autos), la cual fue previamente desmantelada por el propio ocupante para poder recuperar todo lo que le sirviera.

En definitiva, se realizó un desalojo de ocupantes ilegales, a quienes se le entregó facilidades para el retiro de sus pertenencias de forma voluntaria, sin necesidad de la intervención de la fuerza pública, con el objeto de poder ejecutar en los plazos establecidos la entrega de la faja fiscal afecta a la obra pública concesionada.

Agrega que de acuerdo a lo dispuesto en las normas del D.L. 1.939 de 1977, corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales la fiscalización de los bienes del Estado cuidando que se respeten y conserven para el fin a que están destinados. A su vez, la legislación somete a los bienes nacionales (bienes nacionales de uso público y bienes fiscales), a un particular régimen de administración (v. gr. Art. 589 y ss del Código Civil; DL 1939 de 1977; DFL 789 de 1978; DFL 340 de 1960; etc.) y de protección (v.gr. Ley 19.175; art. 32 Ley 18.695; etc.), dotando a los órganos de la Administración del Estado, diversas competencias exorbitantes en vistas del fin a que están destinados o afectos.

En este sentido, el bien cuyo desalojo administrativo se ha procurado, utilizando para ello las expresas facultades que la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional entrega a los Delegados Presidenciales Provinciales, ciertamente exorbitantes, se justifica en orden al fin para el cual está destinado el bien fiscal desalojado, esto es la Construcción de una Obra Pública Concesionada, de conformidad al DS N°900 del Ministerio de Obras Públicas, y según consta en la Resolución N°6 de 20 de enero de 2017 de la Dirección General de Obras Públicas del MOP, que aprueba las Bases de Licitación de la Obra Pública Fiscal denominada "Concesión Vial Rutas del Loa", a ejecutar por el sistema de concesiones.

Concluye que la solicitud de desalojo administrativo fue realizada en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; la dictación y ejecución de desalojo administrativo llevado a cabo por la Delegación Presidencial del Loa y en definitiva todos los medios jurídicos, materiales y humanos puesto por la administración pública en orden a obtener el desalojo de los ocupantes ilegales, se han ajustado plenamente a derecho.

TERCERO: Que Jaime Antonio Siares Campusano, Abogado, en representación de nombre reservado, Delegada Presidencial Provincial de El Loa, informa solicitando el rechazo del recurso, porque conforme a lo requerido por la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales II Región Antofagasta, mediante el Oficio Ord. SB02 N° 4095/2021, de fecha 05 de agosto de 2021, se solicitó en su calidad de Delegada Presidencial Provincial de El Loa, la restitución administrativa del inmueble fiscal ubicado en el Sector Industrial Puerto Seco, de la comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta, por tratarse de ocupantes irregulares, dictando la Resolución Exenta N°242 de fecha 04 de octubre de 2021, en la cual se resuelve requerir el desalojo administrativo de la asociación ASOEMVAR, asociación Tomas Paniri; y de cualquier tercera persona extraña de difícil individualización, y de quienes se ignora mayores antecedentes de identificación que pudiese estar ocupando indebidamente el bien inmueble, por carecer de derecho alguno para tal beneficio, hechos que constituyen una ocupación irregular de propiedad raíz fiscal, lo que justifica impetrar las acciones que correspondan en derecho y resguardo de los intereses superiores del Estado.

Sostiene que la resolución impugnada no constituye acto ilegal o arbitrario pues se ha efectuado conforme a las atribuciones legales expresamente conferidas, correspondiendo al Delegado Presidencial Provincial velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen a los diversos Servicios Públicos de la Provincia, conforme la Ley N°19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Refiere, además, que el desalojo motivo del presente recurso de protección, ha sido materializado o ejecutado el día 05 de octubre de 2021, donde los recurrentes desalojaron de manera voluntaria los inmuebles y restituyeron él inmueble, por lo que el recurso de protección ha perdido oportunidad.

CUARTO: Que nombre reservado, Coronel y Prefecto de Carabineros Calama, informa que efectivamente el 5 de octubre del corriente, se presentó en las instalaciones del recurrente un piquete de Carabineros de la Primera Comisaría de Calama, conformado por quince funcionarios policiales, quienes estaban a cargo de dos oficiales, con la finalidad de dar cumplimiento a la Resolución de Desalojo Administrativo dictada por la Delegación Presidencial Provincia El Loa, la que disponía; requerir administrativamente a la Asociación ASOEMVAR, Asociación Tomás Paniri y cualquier tercero extraño, que se encontraban ocupando un inmueble en el sector industrial de Puerto Seco, indicando claramente las coordenadas del inmueble, lo que permitía su singularización, ello con la finalidad de efectuar la restitución del citado inmueble. Limitándose a cumplir la orden emanada de la Delegación Presidencia de la Provincia El Loa.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SÉPTIMO: Que en lo sustantivo se reclama en contra del acto administrativo que ordena el desalojo, desde que, se debieron ejercer las acciones civiles que dispone el artículo 19 del Decreto Ley 1.939 de 1977.

OCTAVO: Que la recurrente no desconoce la ocupación de los terrenos fiscales, por el contrario, asegura ocupar los terrenos desde el año 2015, y de buena fe desde el año 2017, fundado en el oficio ORD.SE02-000023/2017 de fecha 04 de enero de 2017, del Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, de la época, que dando respuesta a la solicitud de la agrupación ASOEMVAR, informa que “considerando en plan de trabajo impulsado por nuestro Ministerio en el sector industrial, normativas vigentes y finalmente antecedentes aportados por vuestra organización que dan cuenta de la alta necesidad de obtener inmuebles para dar solución al desarrollo local en materia de proyectos productivos, se ha dispuesto la asignación directa del inmueble pero a título oneroso, no siendo posible otorgar permiso de ocupación gratuito”.

De esta manera, se colige que existe un principio de confianza legítima de los administrados, en cuanto, han hecho ocupación de buena fe del inmueble fiscal.

NOVENO: Que en lo esencial el recurso ha perdido oportunidad por cuanto el desalojo se produjo y que por lo demás tenía un objeto de bien común de acuerdo a los informes efectuados y a lo reconocido por los propios recurrentes, debiendo considerarse especialmente que la inscripción global del Fisco de Chile con las facultades del Decreto Ley 1939, no puede menos que iniciar el desalojo respecto de ocupantes que se encuentran por mera tolerancia, desde que el tiempo transcurrido habilitaba perfectamente la tramitación regular de la adquisición de los terrenos en la forma propuesta por el organismo administrativo, omisión demostrativa de la actitud de los recurrentes caprichosa al desconocer las exigencias administrativas para adquirir terrenos fiscales de forma onerosa, sin que hasta la fecha siquiera se haya pagado alguna suma representativa de estas ocupaciones gratuitas y de grandes extensiones que deterioran las funciones esenciales que tiene el Estado en la administración de sus bienes que van en beneficio de toda la comunidad.

DÉCIMO: Que resolviendo el conflicto, si bien existió una ocupación de buena fe, tolerada y no autorizada, en su momento, por las autoridades sectoriales, la que se extendió por seis años, debió en este caso imperar el estado de derecho que se aviene al ordenamiento jurídico en su conjunto, resultando aplicable el Decreto Ley N°1939 de 1977, que permite ejercer las facultades de desalojo justamente en cumplimiento de bienes superiores de utilidad pública y, por lo demás, entregar un mensaje a la comunidad de respetar las normas reglamentarias para la adquisición de terrenos fiscales, sin que proceda ejercer las acciones posesorias establecidas en el Título IV del Libro III del Código de Procedimiento Civil, porque no concurren los presupuestos exigidos en el artículo 19 del Decreto Ley en comento, desde que no ha mediado autorización, concesión o contrato originado en conformidad a la ley u otras disposiciones legales.

En consecuencia, la autoridad recurrida al disponer el desalojo administrativo sin ejercer las acciones civiles, ha actuado en conformidad a lo dispuesto por la ley sin que exista la vulneración a la garantía consagrada en el artículo 19 N°2 de Constitución Política de la República, por ende, sólo cabe rechazar el recurso, porque ha producido pleno efecto la Resolución Exenta N°242 de 4 de junio del presente año.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Rodrigo Andrés Moreno Silva, abogado, en representación convencional de la Asociación Gremial de Empresarios Valle del Río (ASOEMVAR), en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, Delegación Presidencial Provincial de El Loa, y de la Primera Comisaria de Carabineros de Calama.

Regístrese y comuníquese.

Rol N°9877-2021 (Protección)