nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE

Antofagasta, a veintiséis de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, y nombre reservado, abogados, en representación de nombre reservado, en su calidad de presidente y representante de la nombre reservado de Ollagüe, quien dedujo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Ollagüe, por la privación, perturbación y amenaza de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 1, 2, 8 y 9 de la Constitución Política de la República, producto de las acciones y omisiones ilegales y arbitrarias, que vienen ocurriendo a lo menos desde el año 2023 a la fecha, consistentes con el vertimiento irregular, sin manejo ambiental o sanitario de aguas servidas en el Salar de Ollagüe, solicitando se acoja la presente acción, estableciendo medidas urgentes para detener el rebalse y vertimiento de dichas aguas; requerir a la recurrida para que implemente medidas orientadas a dar una solución definitiva a la problemática denunciada; así como también a adoptar las medidas necesarias para recomponer el estado ambiental del Salar de Ollagüe; y/o lo que esta Corte determine que en derecho corresponda.

Informó la recurrida, instando por el rechazo del arbitrio constitucional. Asimismo, habiéndose oficiado a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Dirección General de Aguas, se incorporaron los informes por ellas evacuados.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el presente recurso de protección se funda en hechos que vienen sucediendo, a lo menos desde el año 2023, y que dicen relación con el vertimiento de aguas servidas sin tratamiento alguno en el interior del Salar de Ollagüe, en una zona próxima al área poblada de la comuna del mismo nombre. Esta situación, atribuible a la responsabilidad de la Ilustre Municipalidad de Ollagüe, ha derivado en el rebalse persistente de aguas residuales en uno de los extremos del salar, lo que ha dado origen a la formación progresiva de pequeñas acumulaciones de líquidos contaminantes asimilables a “lagunas artificiales”, con un evidente deterioro de las condiciones sanitarias y ambientales del sector.

Los hechos de contaminación descritos se verifican a escasa distancia del área poblada de Ollagüe, afectando directamente a viviendas, servicios públicos y establecimientos comerciales, los cuales se ven expuestos a olores y otras externalidades. Actualmente, persiste el rebalse de aguas servidas desde una cámara subterránea, con vertimiento directo sobre la superficie del Salar de Ollagüe.

Dichas “lagunas artificiales” de aguas servidas han ido creciendo y proliferando, con una acumulación de microorganismos, acumulación de algas, emanaciones de olores y una serie de consecuencias ambientales y sanitarias asociadas a dicha acumulación de aguas. Lagunas que, no tienen ningún tipo de manejo, medida de impermeabilización o de mitigación que controle de alguna forma las consecuencias e impactos sanitarios y ambientales provocados directamente en el suelo del salar.

Sobre el rol de la recurrida, afirma que, entre los años 2012 y 2014 se implementó en la comuna de Ollagüe un sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas servidas, cuya gestión fue asumida por la Ilustre Municipalidad de Ollagüe. Con el tiempo, dicha infraestructura colapsó producto de la falta de mantención y de personal capacitado, lo que derivó en el mal funcionamiento de las bombas de impulsión y, en consecuencia, en el rebalse de las fosas de almacenamiento. Desde el año 2023, se ha generado una operación irregular, persistiendo el vertimiento directo de aguas servidas al Salar de Ollagüe, sin tratamiento ni medidas de control. Pese a que el municipio ha informado sobre eventuales soluciones provisorias y un proyecto de reposición de la planta, no se han concretado acciones eficaces ni se ha implementado un sistema de emergencia, manteniéndose hasta hoy el daño ambiental. Asimismo, se ha observado la presencia de camiones y operarios municipales en el sitio, lo que sugiere la continuidad del vertido.

Alega que, las consecuencias sanitarias, ambientales y sociales del vertimiento denunciado se traducen en impactos sanitarios de alto riesgo para la población, exponiéndola a agentes infecciosos presentes en aguas residuales, como bacterias, virus y parásitos. Esta situación favorece la propagación de enfermedades gastrointestinales, dérmicas, respiratorias y sistémicas, además de propiciar la proliferación de vectores como mosquitos y roedores. La exposición ocurre por diversas vías, incluyendo la ingestión de agua o alimentos contaminados, el contacto dérmico directo y la inhalación de gases y aerosoles tóxicos, infringiendo normativas sanitarias nacionales e internacionales.

Desde el punto de vista ambiental, el vertimiento afecta gravemente el equilibrio químico del Salar de Ollagüe, sistema endorreico altamente sensible. La introducción de nutrientes y contaminantes ha alterado sus procesos naturales, provocando pérdida de biodiversidad, deterioro del ecosistema y riesgo de eutrofización por exceso de nutrientes como nitrógeno y fósforo, lo que conlleva el crecimiento descontrolado de algas y la disminución de la calidad del agua. Todo ello configura una amenaza seria tanto para el medio ambiente como para la salud pública local, mientras que la infiltración de aguas servidas puede provocar contaminación de acuíferos, afectando la disponibilidad de agua potable para comunidades rurales o periurbanas.

Sostiene además, que la exposición permanente a las aguas servidas vertidas irregularmente ha generado impactos negativos significativos en la vida cotidiana de los habitantes de Ollagüe, afectando directamente su calidad de vida. Esta situación se ha manifestado con mayor intensidad durante los meses de verano, con la emanación constante de olores fétidos que se perciben en toda la localidad, incluso desde las viviendas, así como con un incremento anormal en la presencia de moscas, lo que evidencia un deterioro de las condiciones sanitarias del entorno.

Además del riesgo sanitario constante, la proximidad del foco de contaminación con instalaciones sensibles, como la escuela, el centro de salud, la iglesia, restaurantes y residencias turísticas, agrava la afectación a la comunidad. Esta situación ha generado un perjuicio directo a la actividad turística local, al comprometer las condiciones básicas de habitabilidad y salubridad de la comuna, desincentivando el arribo de visitantes y afectando negativamente la economía asociada a dicho sector.

Finalmente, indican que la Comunidad recurrente ha denunciado reiteradamente los hechos ante autoridades competentes. El 8 de julio de 2024 presentó una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente, sin obtener respuesta. Una segunda denuncia fue ingresada el 21 de febrero de 2025, la cual fue derivada por dicha entidad a la SEREMI de Salud y a la Dirección General de Aguas. No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta formal ni se ha verificado fiscalización efectiva.

En cuanto al derecho, sostienen que la comunidad recurrente, así como su presidente tienen domicilio y habitan el territorio de la comuna de Ollagüe y sufren diariamente los efectos y consecuencias del vertimiento ilegal en que se funda la presente acción, pues el mismo se encuentra a menos de 200 metros de la zona poblada donde habitan parte de los recurrentes y sus familias y donde opera regularmente la sede de la comunidad; para concluir, con el desarrollo de las garantías constitucionales que invoca y su vulneración producto de los hechos denunciados.

SEGUNDO: Que, informó Carolina Paz Latorre Cruz, abogada, en representación de la recurrida Ilustre Municipalidad de Ollagüe, solicitando rechazar la presente acción.

En primer lugar, desarrolla los aspectos de forma que a su juicio hace que la presente acción deba ser rechazada. En dicho contexto, alega falta de legitimación activa, bajo el argumento de que el recurso de protección no constituye una acción popular, pues requiere que los derechos presuntamente vulnerados afecten a personas determinadas o, al menos, determinables. Y, que en el presente caso la acción ha sido interpuesta genéricamente en favor de todos los habitantes de la comuna de Ollagüe, sin individualizar a los afectados ni acreditar un interés directo. Esta falta de precisión transforma la acción en una presentación de carácter popular, contraviniendo lo dispuesto en la Constitución y en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, sin cumplir con el estándar de procesabilidad exigido, razón por la cual debe ser rechazada.

Afirma que, en la especie, no concurre una acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la Ilustre Municipalidad de Ollagüe que habilite la procedencia del recurso de protección. La comuna presenta condiciones geográficas y climáticas extremas, que dificultan la provisión de servicios básicos, razón por la cual la Municipalidad ha asumido directamente funciones que, en otros territorios, corresponden a empresas sanitarias o eléctricas. Así, la generación y distribución de electricidad, la captación y potabilización del agua, así como el manejo de aguas servidas, han sido gestionadas por el propio municipio, sin cobro alguno a la población.

En materia de aguas servidas, y ante la inexistencia de empresa sanitaria, la Municipalidad ha implementado infraestructura básica y medidas de emergencia, además de avanzar desde el año 2024 en una solución definitiva, según consta en los antecedentes que acompaña. Por tanto, la conducta municipal evidencia una gestión activa y comprometida frente a la situación, descartándose la existencia de ilegalidad o arbitrariedad que justifique el amparo constitucional solicitado, lo que determina la improcedencia del recurso.

En dicha línea, hace referencia a un proyecto de corto plazo “Reposición Planta de Tratamiento de Aguas Servidas”, el que fue gestionado y licitado bajo el programa de mejoramiento de barrios por un monto total de $320.005.253.-, 100% girado al municipio hace 250 días al 11 de junio de 2025, el que ha sido sometido a dos procesos de licitación sin éxito, por lo que actualmente se están realizando las adecuaciones necesarias para un nuevo proceso licitatorio. Asimismo, menciona un proyecto a largo plazo “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Evacuación, Tratamiento y Disposición de las Aguas Servidas”, con el fin de dar una solución estructural y sostenible al sistema de evacuación y tratamiento de aguas servidas, el que se encuentra en proceso de formulación técnica, y que busca resolver de forma definitiva las carencias históricas del sistema de aguas servidas de la comuna.

Añade que, como antecedente técnico relevante para lo discutido, la constatación de un aumento significativo en el consumo de agua en la comuna de Ollagüe, especialmente durante los meses de invierno. Esta situación fue identificada durante la fase de pruebas del proyecto “Habilitación Planta Tratamiento Agua Potable Abatidora de Arsénico, APR Ollagüe”, financiado por SUBDERE y con aporte municipal. El incremento del caudal distribuido se vincula a condiciones climáticas extremas, tomas irregulares, presencia de población flotante y prácticas habituales de los habitantes, como dejar llaves abiertas durante la noche para evitar la congelación de las cañerías. Este aumento en el consumo incide directamente en la cantidad de aguas servidas generadas, situación que ha dificultado la planificación y operación del sistema, y que es de conocimiento de los recurrentes.

Igualmente, la Municipalidad recurrida ha desplegado una serie de acciones técnicas y operativas continuas para enfrentar las complejidades del sistema de aguas servidas, incluyendo el uso de maquinaria propia con capacidad de procesar hasta 15.000 litros por viaje. Estas medidas se han implementado de forma diaria y constante, lo que demuestra una gestión activa orientada a satisfacer las necesidades sanitarias de la comunidad. Asimismo, se ha avanzado en una estrategia de largo plazo que contempla autorizaciones administrativas, proyectos de infraestructura y coordinación interinstitucional con organismos como la SUBDERE, el Gobierno Regional y Fundación Huella Local.

La respuesta municipal ha considerado las condiciones particulares del territorio, como el aislamiento geográfico, el clima extremo y la presencia de población flotante. Por tanto, no puede sostenerse que exista una omisión por parte de la autoridad local, pues las medidas adoptadas obedecen a criterios técnicos, ajustados a la normativa vigente y al interés superior de la comunidad. En consecuencia, los hechos expuestos por los recurrentes no permiten configurar la inexistencia de gestión ni la supuesta vulneración de derechos fundamentales, careciendo el recurso de protección de uno de sus requisitos esenciales de procedencia.

TERCERO: Que, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta, a través de su secretario Alberto Godoy Tordoya, evacuó el oficio solicitado, en el sentido de informar sobre las diligencias y antecedentes levantados en virtud de las denuncias efectuadas por la recurrente, y que le fuera derivada el 24 de febrero del año en curso por la SMA, relacionadas con los episodios de contaminación descritos en autos.

Para lo anterior, acompañó un “Informe Técnico Sanitario Sistema de Aguas Servidas Comunitario de la Localidad de Ollague”, de fecha 04 de junio del año en curso, y de cuya parte conclusiva se consignó lo siguiente:

“-La Municipalidad de Ollagüe, responsable de los sistemas inspeccionados, mantiene instalaciones en condiciones que transgreden las normativas sanitarias vigentes, en especial el D.S. N°236/1929 Reglamento General de alcantarillados particulares, fosas sépticas, cámaras filtrantes, cámaras de contacto, cámaras absorbentes y letrinas domiciliarias; Decreto 735/1969 Reglamento de Los Servicios de Agua Destinados al Consumo Humano; D.S. N°594/1999 Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias Y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, y el DFL N°725/1967 Código Sanitario.

- Las condiciones constatadas implican un riesgo directo e inminente para la salud pública de la comunidad, iniciando Sumario Sanitario por riesgos comprobados.

- La disposición directa de aguas servidas sin tratamiento constituye una infracción sanitaria grave, con riesgo altamente significativo para la salud pública de enfermedades infecciosas (gastroenteritis, hepatitis, colera).

- Posible afectación de zonas habitadas, establecimientos educacionales, centro de salud y residencias turísticas.

- Contaminación de suelos y napas subterráneas.

- Proliferación de vectores de interés sanitarios (moscas, roedores).

- Vulneración de principios básicos de salubridad pública para trabajadores, escolares y población residente en zonas pobladas y cercanas a servicios esenciales (escuela, posta rural, viviendas).

- Se reitera que no existe autorización sanitaria para el actual sistema de descarga, y que las condiciones operacionales incumplen estándares técnicos y normativos.”

CUARTO: Que, habiéndose oficiado a la Dirección General de Aguas Región de Antofagasta, dicha entidad evacuó el mismo a través de su Director Regional, Arturo Beltrán Schwartz.

Señala que, dicho Servicio no ha recibido antecedentes derivados de la SMA conforme lo indicado en el recurso.

Luego, se remite al artículo 55 ter del Código de Aguas, norma que determina su competencia, para afirmar que, en virtud de dicho precepto legal, las facultades de policía y vigilancia de las aguas de la D.G.A. son plenamente aplicables, respecto de los hechos que se investigan, por lo que ha estado gestionando las últimas semanas los recursos económicos y técnicos para poder efectuar una toma de muestras en las aguas que se vierten y aquellas que afloran, de modo de poder generar prueba respecto de los hechos que se investigaran. De igual forma, se sostiene que estaría gestionando con la Dirección General de Aeronáutica Civil (D.G.A.C.), la realización de un vuelo con R.P.A. (Remotel y Piloted Aircraft), de modo de poder caracterizar la extensión de los afloramientos. Que, el 03 de julio de 2025 se ingresó el respectivo formulario de requerimiento de fiscalización, a fin de investigar una eventual responsabilidad atribuible a la Ilustre Municipalidad recurrida; fiscalización que se estaría programando para el jueves 10 de julio del año en curso, el que eventualmente podría ser reprogramado dada la necesidad de tener finiquitadas las coordinaciones tendientes a realizar un muestreo, inspección ocular y vuelo RPA.

Hace presente que, los resultados del muestreo sólo estarían disponibles en 20 días hábiles administrativos de recepcionadas las muestras en el laboratorio, los que una vez recibidos se remitirán hasta esta Corte, junto con los demás antecedentes de la fiscalización; destacando que el expediente de fiscalización se abrió bajo un procedimiento simplificado, el que tiene una duración máxima de 3 meses.

No obstante lo anterior, habiéndose solicitado complementación del informe en cuestión, con relación a la fiscalización practicada el 10 de julio del año en curso, la DGA cumplió lo ordenado a folio N°32 del expediente electrónico. De dicho informe, se extrae su parte conclusiva que reza del siguiente tenor:

“- Se verifica la descarga de aguas servidas sin tratar sobre el acuífero del Salar de Ollagüe, las cuales, a su vez, escurren superficialmente, hacia una zanja construida artificialmente que alumbra las aguas del acuífero somero a la superficie. En este sentido, es posible indicar que las aguas servidas no solo se infiltran al acuífero somero, sino también se descargan directamente a él a través de la zanja.

- La descarga de aguas servidas sobre el Salar de Ollagüe, ha generado un espejo de agua de al menos 4.781,95 m2 (4,8 Há. Aproximadamente).

- Dicho espejo de agua, dadas sus características, ha permitido la generación de especies vegetales y la presencia de aves.

- La descarga de aguas servidas sobre el Salar de Ollagüe, puede afectar la calidad del agua del acuífero somero de la zona, toda vez que se verificó la presencia de aceites, grasas e hidrocarburos volátiles en las aguas del acuífero.

En este sentido, la normativa que regula la descarga de RILES sobre aguas subterráneas, a saber, DS N° 46 de 2003, sólo determina como límite máximo un valor de 10 mg/l (distintas vulnerabilidades de acuífero) para el parámetro aceites y grasas, mientras que el máximo valor medido en las muestras fue de 3 mg/l.

Respecto de los otros parámetros indicativos de intervención antrópica, no existe regulación respecto a ellos, pero dado a que su presencia sería nula en las aguas continentales de forma natural, es posible indicar que habría una afectación a la calidad de las aguas subterráneas, dado el hallazgo de hidrocarburos volátiles. Sin embargo, considerando que su concentración medida fue muy cercano al límite de detección del laboratorio y a su no detección en las aguas servidas que se descargan, es posible que se trate a un error de medición.”

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SÉPTIMO: Que, según se desprende del libelo recursivo, el acto u omisión que se reprocha como ilegal y arbitrario en contra de la recurrida, consiste en el vertimiento de aguas servidas en el interior del Salar de Ollagüe, cercana al sector poblado de dicha comuna, lo que ha provocado la generación de a lo menos tres lagunas artificiales con crecimiento y proliferación de microorganismos, acumulación de algas y emanaciones de olores, las que ha su vez provocan graves consecuencias, tales como, impactos sanitarios al generar condiciones propicias para proliferación de vectores de enfermedades, así como afecciones dérmicas y respiratorias; daño al medio ambiente, al contener dichas aguas residuales nutrientes como el nitrógeno y fósforo que pueden modificar profundamente la composición química del sistema, afectando los procesos de precipitación y evaporación que caracterizan los salares, como el de Ollagüe. Además de provocar alteraciones en la calidad del agua, pérdida de biodiversidad acuática y deterioros de ecosistemas. Exceso de nutrientes que puede desencadenar procesos de eutrofización.; igualmente, provoca un impacto a la comunidad al verse afectados en su vida diaria al convivir con un foco infeccioso de contaminación a escasos metros, en particular la emanación de malos olores sobre todo en verano, y el aumento significativo de presencia de moscas, lo que altera claramente su calidad de vida, exponiéndolos al riesgo de enfermedades, incidiendo también en la actividad turística de la zona.

A su turno, la entidad edilicia recurrida, opuso en primer lugar la excepción de falta de legitimación activa, cuyo pronunciamiento se verificará en el considerando que sigue.

Acto seguido, alega la ausencia de una acción u omisión ilegal, arbitraria o carente de racionalidad que pudiera hacer procedente el recurso de marras, debiendo rechazarse. Ello, fundado en la ubicación geográfica de la comuna de Ollagüe y sus condiciones climáticas, donde la temperatura en las noches puede llegar hasta los 20 grados bajo cero, producto de lo cual las cañerías se congelan.

Señala que, la distribución del agua, la captación y tratamiento del agua lo realiza la propia municipalidad, para lo cual a la fecha mantiene planta de agua y distribuye a todos los habitantes de la comuna, quienes no desembolsan dinero alguno por dicho servicio.

Sobre el manejo de aguas servidas, y ante la necesidad de los ciudadanos, al no existir una empresa sanitaria en la comuna, es el municipio el que se ha hecho cargo del manejo de aguas servidas, implementando plantas y bombas, así como también un manejo de emergencia. Que, desde el 2024 se encuentra trabajando en una solución definitiva, mostrando una acción constante destinada a cumplir tal fin, cuestión que, a su juicio, se traduce en que el presente recurso carezca de uno de los elementos propios exigidos por el legislador, cual es, que no exista un acto ni omisión en los términos que se le reprocha. En dicho orden de cosas, se refiere en primer lugar, a un proyecto de corto plazo con la finalidad de reponer la planta de tratamiento de aguas servidas, precedido por dos procesos de licitación fallidos, proyectando publicar nuevamente la licitación durante junio de 2025, con una ejecución estimada de 4 meses una vez adjudicado. En segundo lugar, se remite a un proyecto de largo plazo, que tiene por objeto el mejoramiento y ampliación del sistema de evacuación, tratamiento y disposición de aguas servidas, el que actualmente se encuentra en etapa de formulación técnica, y cuyo objeto es resolver de forma definitiva las carencias históricas del sistema de aguas servidas de la comuna, con una mirada integral, sustentable y adaptada al crecimiento demográfico y funcional proyecto para la comuna.

Adicionalmente, y como un factor a considerar en la problemática denunciada, se refiere al aumento del consumo de agua y al impacto de la misma en las aguas servidas, principalmente dada las condiciones climáticas del sector donde la población mantiene las llaves abiertas durante la noche para evitar congelación de cañerías.

Su última alegación, dice relación con mantener maquinaria para apoyar operativamente en la evacuación de aguas servidas, procesándose un máximo de 15.000 litros por viaje, lo que daría cuenta de que la municipalidad realiza acciones tendientes a satisfacer las necesidades de la comuna.

OCTAVO: Que, antes de entrar al fondo del asunto, cabe primeramente emitir pronunciamiento sobre la excepción de falta de legitimación activa promovida por la recurrida, la que funda en el hecho de que la presente acción corresponde a una de carácter popular con absoluta indeterminación, lo que hace desde ya y desde un punto de vista formal, que no cumpla con los requisitos señalados por la Constitución Política de la República, ni con el Auto Acordado que la regula, pues la misma se dedujo por la nombre reservado que el recurrente representa, sin señalar la cantidad de afectados.

NOVENO: Que, a diferencia de lo alegado por la recurrida, esta Corte entiende que, el presupuesto formal y de admisibilidad que invoca, no se encuentra presente en autos, por encontrarse la parte recurrente total y absolutamente determinada. Ello, según se extrae del propio libelo recursivo, donde se indica que el Sr. nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, quien actúa por sí y en su calidad de presidente y representante de la nombre reservado de Ollagüe, Rut RUT reservado, número de registro CONADI N°11, domiciliados en domicilio reservado, Región de Antofagasta.

A Mayor abundamiento, se acompañó el documento titulado “Registro de Instrumentos Públicos Mandato Judicial y Administrativo nombre reservado de Ollague a nombre reservado y Otros”, Repertorio N°254, extendido con fecha 14 de febrero de 2025, ante Notario Público de la Tercera Notaría de la ciudad de Calama, nombre reservado, de cuya lectura se desprende indefectiblemente la comparecencia de la nombre reservado de Ollagüe, representada por su presidente, el Sr. nombre reservado. Documento en virtud del cual se otorgó mandato judicial y administrativo especial, entre otros, a los abogados recurrente de autos, Sr. nombre reservado y nombre reservado.

Que, en la cláusula sexta del documento en cuestión, se consignó que la personería del Sr. nombre reservado para representar a la nombre reservado de Ollagüe, consta en los estatutos de conformación de la comunidad, inscrita en el Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas, y en el certificado electrónico de personalidad jurídica emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la que tuvo a la vista el notario público ante el cual se extendió el mentado instrumento público; de manera tal que, la indeterminación alegada y que volvería el ejercicio de la presente acción en una de carácter indeterminada, no tiene sustento alguno al ser confrontada con los antecedentes expuestos precedentemente, debiendo necesariamente se rechazada la excepción de falta de legitimación activa.

DÉCIMO: Que, enseguida, corresponde discurrir sobre el fondo de la acción deducida por la nombre reservado recurrente, así como también, sobre las alegaciones vertidas por la municipalidad, circunscritas en el considerando séptimo de la presente sentencia.

Para ello, en primer lugar, se debe tener presente y consignar, ciertos hechos que resultan inconcusos al ser reconocidos por las partes, al plasmarse en los antecedentes incorporados al expediente digital, y por no haber sido negados y/o controvertidos por la entidad municipal.

Desde ahí, que se tendrá por acreditado la efectividad del vertimiento de aguas servidas al interior del Salar de Ollagüe, cercano a la zona poblada de la comuna; la existencia de a lo menos tres lagunas artificiales generadas a propósito del vertimiento referido, en los términos descritos por la recurrente; que el tratamiento de aguas servidas y/o residuales es de absoluta competencia y responsabilidad de la Ilustre Municipalidad de Ollagüe; que, el vertimiento de aguas denunciado, y según lo consignado en el informe técnico sanitario evacuado por la SEREMI de Salud de la Región, data desde el mes de abril del año 2023, y que se mantiene hasta la fecha; que, actualmente, existen dos proyectos impulsados por la municipalidad, el primero de corto plazo con la finalidad de reponer la planta de tratamiento de aguas servidas, precedido por dos procesos de licitación fallidos, proyectando publicar nuevamente la licitación durante junio de 2025, con una ejecución estimada de 4 meses una vez adjudicado. El segundo, de largo plazo y que tiene por objeto el mejoramiento y ampliación del sistema de evacuación, tratamiento y disposición de aguas servidas, el que actualmente se encuentra en etapa de formulación técnica, y cuyo objeto es resolver de forma definitiva las carencias históricas del sistema de aguas servidas de la comuna.

UNDÉCIMO: Que, lo anterior, nos permite presumir, a través de hechos graves, precisos y concordantes, que efectivamente, las garantías invocadas en el presente recurso se han visto vulneradas, perturbadas y/o amenazadas, producto del vertimiento de aguas servidas y de la generación de las lagunas artificiales al interior del salar y muy próximos al poblado de la comuna; pues razonando desde la normalidad, los daños a la salud pública y al medio ambiente resultan evidentes en caso de no adoptarse medidas que hagan desaparecer el problema denunciado o al menos logren ser mitigados hasta la completa ejecución de los proyectos en trámite dados a conocer por la Ilustre Municipalidad de Ollagüe; consecuentemente, la afectación social y turística que se esgrime, también es tal.

De igual modo se debe considerar que los presupuestos fácticos que se describen no son refutados por la recurrida, antes bien, lo que propone que el déficit sanitario que se reclama se debe a factores ajenos a dicha corporación, y que además en forma permanente ha desarrollado y ejecuta acciones a propósito de impedir o mitigar las afectaciones denunciadas.

No obstante lo anterior, y las buenas intenciones y trabajo del Municipio, los hechos que se describen por los recurrentes, y las consecuencias que se denuncian en su presentación, existen y se producen en la cotidianidad del devenir comunitario en la localidad afectada, exponiendo a sus habitantes a las afectaciones y desgracias que se han relacionado con precedencia.

Abona la conclusión anterior, el oficio evacuado por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta, de fecha 04 de junio del año en curso y que consta a folio N°6 del expediente digital. Dicho informe, fue evacuado y confeccionado en base a los antecedentes de las fiscalizaciones desarrolladas por funcionarios del Departamento de Acción Sanitaria, y comprendieron el sistema de alcantarillado comunitario, el sistema de agua potable rural y relleno sanitario manual, cuyo responsable es justamente, el municipio recurrido. Las referidas fiscalizaciones se habrían efectuado como parte del Programa de Agua y tenía por objeto informar el estado sanitario de los sistemas de aguas servidas comunitarias efectuadas durante el año 2023 al actual; fiscalizaciones que constan en las actas N°013632, de fecha 24 de abril de 2023; N°00119511, de fecha 13 de mayo de 2024; y, N°0020501, de fecha 15 de mayo de 2025, las que acompañaron como documentos anexos al informe técnico en cuestión.

DUEDÉCIMO: Que, tal como se indicó en el considerando anterior, y se adelantó en la motivación tercera del presente fallo, las conclusiones a las cuales arribó la entidad fiscalizadora del ramo resultan ser categóricas, pues no sólo se limitó a indicar que la Ilustre Municipalidad de Ollagüe es la responsable de los sistemas inspeccionados, particularmente el de tratamiento de aguas servidas y/o residuales, sino que también determinó que dichas instalaciones se mantienen en condiciones que transgreden las normativas sanitarias vigentes, entre ellas, el D.S. N°236/2019 del Reglamento General de Alcantarillados Particulares, fosas sépticas, cámaras filtrantes, cámaras de contacto, cámaras absorbentes y letrinas domiciliarias; Decreto N°735/2019, que fija el reglamento de los servicios de agua destinados al consumo humano; D.S. N°594/1999, sobre reglamento de condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo; y, el Código Sanitario.

Dicha autoridad, afirma que las condiciones constatadas implican un riesgo directo e inminente para la salud pública de la comunidad, lo que llevó incluso, a iniciar un sumario sanitario por riesgos comprobados, pues la disposición directa de aguas servidas sin tratamiento resulta ser constitutiva de una infracción sanitaria grave, con riesgo altamente significativo para la salud pública de enfermedades infecciosas, tales como gastroenteritis, hepatitis y cólera.

Concluye además, una posible afectación a zonas habitadas, establecimientos educacionales, centro de salud y residencias turísticas; contaminación de suelos y napas subterráneas; proliferación de vectores de interés sanitarios, como moscas y roedores; lo que implica una vulneración a principios básicos de salubridad pública para trabajadores, escolares y población residente en zonas pobladas y cercanas a servicios esenciales.

Por último, sostiene que no existe autorización sanitaria para el actual sistema de descarga, y que las condiciones operacionales incumplen estándares técnicos y normativos.

DÉCIMO TERCERO: Que, tal como se ha venido razonando y, aun cuando la recurrida alega y de lo que da cuenta también los antecedentes adjuntos a su presentación, ha efectuado acciones, tales como la elaboración de proyectos para dar una solución a corto plazo y también de manera definitiva al problema denunciado, dichas gestiones según lo reconoce, datan a contar del año 2024, en circunstancias que los hechos constatados por la autoridad sanitaria fijan como primera fecha de fiscalización el 24 de abril de 2023, época en la cual ya se había constatado un sistema en mal estado y sin autorización sanitaria, formación de piscinas con aguas servidas sobre el terreno natural, fosas sépticas desconectadas, sin tapa, y cámara decantadora abierta, y un cierre perimetral deficiente, sin acceso controlado.

Desde ahí, que el actual control adoptado por la municipalidad, como una medida y/o plan de emergencia, desarrollado por medio de maquinarias que le permiten procesar un máximo de 15.000 litros por viaje para evacuar las aguas servidas, no resulta ser suficiente para morigerar el impacto causado ni prevenir eventuales daños de salud a la comunidad; tampoco se puede atribuir el estado actual del sistema de tratamiento a problemas geográficos, climáticos ni a ninguna otra externalidad como las aludidas por la recurrida en su informe, y que principalmente dicen relación con hábitos de la comunidad para evitar el congelamiento de cañerías, lo que se traduce en un sobre consumo del elemento vital, pues como se dijo y se reitera, los hechos denunciados se vienen verificando a lo menos desde abril del año 2023.

DÉCIMO CUARTO: Que, aun soslayando lo anterior, y deteniéndonos brevemente en los proyectos impulsados por la municipalidad para hacer frente al vertimiento de aguas servidas denunciado, y de aquella manera alegar inexistencia de un acto u omisión ilegal y/o arbitrario y junto con ello enervar la presente acción, por no verificarse uno de los presupuestos exigidos por el legislador para su interposición, cabe hacer presente las siguientes apreciaciones.

La primera de ellas dice relación con el proyecto a corto plazo denominado “Reposición Planta de Tratamiento de Aguas Servidas”, gestionado bajo el programa mejoramiento de barrios, tradicional de la SUBDERE, por un monto total de $320.005.253.-, 100% girado al municipio hace 250 días al 11 de junio del año en curso. En dicho contexto y según los antecedentes aportados, se desprende que la postulación al proyecto en cuestión fue el 22 de julio de 2024, aprobado el 27 de septiembre de 2024, y por el monto antes indicado. Que, el mismo tiene por objeto la realización de obras civiles a fin de dar solución al contexto actual del servicio sanitario, y que se traducen en reponer la infraestructura sanitaria, mejorar el pretratamiento y recolección de sólidos, renovar el sistema de bombeo, reconstruir los componentes auxiliares y, reponer el sistema eléctrico. Dicho proceso, fue sometido a dos procesos de licitación, sin éxito, razones que llevaron a su adecuación para un nuevo proceso licitatorio conforme las instrucciones de carácter general dadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que modificaron el formato de evaluación en contratos de obras civiles, y que proyectaba publicar nuevamente la licitación durante junio de 2025, con una ejecución estimada de 4 meses una vez adjudicado el contrato.

Que, en dicho orden de cosas, valga la reiteración de lo razonado en los considerandos anteriores, pues los antecedentes de la gestión, postulación y publicación del proyecto se enmarcan en el año 2024, en circunstancias que los hechos denunciados tiene fecha anterior, esto es, al mes de abril de 2023; lo que amerita justamente la intervención de esta Corte a fin de cautelar las garantías constitucionales invocadas, pues los hechos denunciados son coetáneos incluso, a la dictación de la presente sentencia.

El segundo proyecto, destinado a buscar una solución definitiva al sistema de evacuación, tratamiento y disposición de las aguas servidas y que se encuentra actualmente en proceso de formulación técnica, claramente se proyecta como una medida idónea al efecto, que no amerita un mayor desarrollo en marras al considerarse como uno de largo plazo, y que puede avanzar mientras aquel de corto plazo se ejecute a la brevedad posible dadas las premisas fácticas desarrolladas y acreditadas precedentemente.

Razones todas que conllevan necesariamente a acoger la presente acción en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, y nombre reservado, abogados, en representación de nombre reservado, en su calidad de presidente y representante de la nombre reservado de Ollagüe, en contra de la Ilustre Municipalidad de Ollagüe, sólo en cuanto, se le ordena evacuar dentro del plazo de 30 días, los informes que den cuentas del avance y estado actual del proceso de licitación pública para el proyecto denominado “REPOSICIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS”, procurando adoptar las medidas tendientes a su pronta ejecución; debiendo además, y mientras no se ejecute el proyecto anterior, elaborar un plan de mitigación y control en el actual tratamiento de aguas servidas, procurando que las condiciones operacionales cumplan los estándares técnicos y normativos requeridos por la legislación vigente, tendientes a poner pronto termino a los focos de contaminación denunciados, en particular la formación de lagunas artificiales, y que constituyen una afectación a las garantías constitucionales de la nombre reservado recurrente, lo que deberá informar dentro del mismo plazo.

Regístrese y comuníquese.

Rol 984-2025 (Protección)