PREFABRICADOS DE HORMIGON GRAU S.A. CON nombre reservado

VISTOS:

Comparece nombre reservado, en representación de Prefabricados de Hormigón Grau S.A., quien interpone recurso de protección en contra de la Gobernadora Provincial de Antofagasta doña nombre reservado por vulneración de las garantías constitucionales previstas en los numerales 3 y 24 del articulo 19 de la Constitución Política de la República, que constituyen una acción ilegal y arbitraria por parte de la recurrente, consistente en el desalojo y despojo de sus instalaciones industriales, sin mediar proceso previo ni instancia alguna en la que pueda hacer valer sus derechos, solicitando, en consecuencia, se adopten de inmediato todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a sus derechos.

Un segundo recurso de protección de los trabajadores de la empresa Prefabricados Hormigón Grau S.A., señores nombre reservado, nombre reservado, Valerio Britez Sanguina, nombre reservado, nombre reservado

Carrasco, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado

Ledezma, nombre reservado, nombre reservado

Ibáñez Bueno, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado

Roberto, nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado

Diuza, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Nilso nombre reservado, nombre reservado

Pérez, nombre reservado, nombre reservado

y Robledo Armudio Vera en contra de doña nombre reservado Provincial de Antofagasta, a objeto se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y otorgárseles la debida protección contra su actuar arbitrario e ilegal, el cual vulnera la garantía constitucional PODER JU D IC IA L R E P U B L I C A D £ C H I L E CORTE DE A ̂ ELACIONES ANTOFAGASTA Antofagasta, a veinticinco de mayo de dos mil dieciséis.

PO D ER JU D IC IA L R E P U B L I C A D E C H I L E CORTE OE APELACIONES ANTOFAGASTA prevista en el artículo 19 N° 16 de la Carta fundamental, al ordenar el cierre de su fuente laboral, privándolos de su derecho al trabajo.

Informa la recurrida, solicitando se declare inadmisible por carecer de fundamentos de hecho y de derecho, con costas.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: La recurrente Prefabricados de Hormigón Grau S.A. interpone recurso de protección en contra de la Gobernadora Provincial de Antofagasta, indica que el 27 de abril del año 2000, la empresa Hasbún S.A. arrendó parte de la pertenencia minera nombre reservado 1 al 3 con el objeto de explotar los áridos e instalar su planta de fabricación de productos prefabricados de hormigón. Unos meses más tarde, el día 20 de septiembre del mismo año, Hasbún S.A. suscribe y paga acciones de Prefabricados de Hormigón Grau S.A. a través de la cesión de su inventario, maquinaria, equipos, cesión de patentes industriales, etc. y subarrendamiento de parte de la pertenencia minera nombre reservado 1 al 3, todo con el objeto de traspasar su actividad a GRAU. Entre los activos aportados por Hasbún S.A. a GRAU, se encuentran las instalaciones, maquinaria, equipos y contratos de la planta ubicada en la ciudad de Antofagasta, antiguamente con acceso por calle Pablo Neruda N 1025, actualmente debido a la urbanización y cambio en el sector La Chimba y la habilitación de nuevos caminos, su actual entrada al lote arrendado se hace por domicilio reservado no existía. Esta planta se encuentra amparada por la patente Municipal Rol N 100186, para fábrica de hormigón industrial. Agrega que, la actividad industria de la empresa GRAU se ha desarrollado en la misma ubicación desde hace mas de 16 años, en forma pacífica, pública, legítima e ininterrumpida, siendo fuente de trabajo de PO D ER JU D IC IA L R E P U B L I C A D E C H I L E CORTE DE APELACIONES ANTOFAGASTA más de 35 trabajadores que laboran actualmente en ella, además de proveedores.

Expresa que la actual propietaria de la pertenencia minera denominada "nombre reservado 1 al 3", constituida legalmente en el año 1980, es la sociedad Inmobiliaria El Ancla S.A., quien la obtuvo por transferencia de Constructora Industrial Mario Reyes y Compañía Limitada, también conocida como ECOMAR Limitada. La citada pertenencia minera se encuentra superpuesta a terrenos fiscales en el sector de la Chimba Alto, Antofagasta, y tanto Inmobiliaria El Ancla S.A, como su antecesora en el dominio ECOMAR, han sostenido una serie de litigios en contra del Fisco, relativos al ejercicio de sus derechos como concesionario minero. A saber la Causa Rol N- 23.004-2006 seguida ante el Cuarto Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, y Causa Rol 37,717 seguida ante el Tercer Juzgado de Letras de Antofagasta, ambas solicitudes de servidumbre legal minera, que terminaron por sentencia de abandono del procedimiento. Además, la causa Rol 4.045-2008 seguida ante el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, sobre indemnización de perjuicios, y Causa Rol 2.244-2013 del Segundo juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, sobre servidumbre. En cada una de estas causas se reconoce la existencia legitima de derechos de Concesión minera a inmobiliaria El Ancla S.A. y su predecesor ECOMAR Limitada sobre "nombre reservado 1 a 3", reconociéndole en cada oportunidad su derecho de propiedad sobre la concesión, desde el año 1980. Resulta importante destacar que la titular de las pertenencias ha reconocido y hecho valer en juicio, incluso ante el propio Tribunal Constitucional, el uso pacifico de parte de su pertenencia por parte de GRAU, hecho conocido por el propio Estado en cada una de las instancias judiciales.

Indica que el día, 15 de abril de 2016 funcionarios de la gobernación de Antofagasta, acompañados de Carabineros, por orden de la Gobernación, proceden a desalojar bajo amenaza de uso de la fuerza pública a los operarios y personal de la Planta GRAU * Refiere que siete días antes, el viernes 08 de abril de 2016, Carabineros notificó al gerente de la Planta, don nombre reservado, la orden de restitución inmediata del inmueble bajo apercibimiento de desalojo inmediato dictada por la Gobernadora mediante Resolución Exenta N° 410 de fecha 30 de Marzo de 2016, resolución que se funda en la facultad que le confiere al Gobernador el inciso primero de la letra f del artículo 26 del D.F.L N-22/1959 ante una supuesta negativa de su representada a desocupar el inmueble Fiscal y calificando, además, la ocupación de ilegitima.

En respuesta a esta orden recibida, el dia lunes 11 de abril, su representada solicita por escrito a la Gobernadora abstenerse de actuar, porque los supuestos fácticos de la Resolución Exenta W° 410 eran falsos, ya que no fue requerida en forma previa para efectuar el desalojo y además, de no ser un ocupante ilegal ya que está amparado por un título de mera tenencia o arrendamiento con la Inmobiliaria El Ancla S.A.

titular indubitado de la pertenencia minera nombre reservado 1 al 3. Lo anterior conforme al D.F.L. N 22 de 1959, que en su artículo 26 letra F) inciso segundo, dispone: "Si el ocupante exhibe un título aparente de ocupación o de mera tenencia, (El gobernador) enviará los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para su pronunciamiento, dando cuenta a los Ministerios de Interior y de Tierras y Colonización. En el intertanto se abstendrá de actuar'1. Es así como lejos de abstenerse, la Gobernadora recurrida doña nombre reservado, actuando por sí y ante sí resolvió mediante Oficio N°324 de fecha 14/04/2016 "rechazar formal y expresamente la oposición del desalojo administrativo decretado" haciendo caso omiso a su obligación de abstenerse de actuar y de enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, tal como imperativamente señala el inciso segundo de la letra F) del artículo 26 recién citado.

PODER JU D IC IA L H f P U e t f C A O E C H I L E CORTE DE APELACIONES ANTOFAGASTA declarando que la empresa ocupaba ilegalmente el inmueble ya que, a su juicio, no contaba con ningún tipo de autorización del Ministerio de Bienes Nacionales y además de haber sido informada por Bienes Nacionales conforme la fiscalización efectuada el día 17 de marzo de 2016. Por lo cual, arbitraria y fuera de toda legalidad, la Gobernadora sin mediar un proceso previo, escuchando sólo al Ministerio de Bienes Nacionales, arrogándose facultades jurisdiccionales dictaminó y resolvió que su representada no estaba arrendando el bien raíz sino que lo estaba ocupando ilegalmente como su planta industrial.

Luego, la Gobernadora, cita un Oficio que desconocen, de fecha 28 de marzo de 2016 del Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región Antofagasta, que señala que su representada se negó a restituir el inmueble, constituyendo aquello "una ocupación material ilegal, sin derecho alguno".

Sin embargo, la recurrente jamás ha sido requerida ni formal ni sustancialmente por Bienes Nacionales, quien detentaría la calidad de dueño del predio, lo que en los hechos trasunta en presumir la negativa a restituir basada en una visita a la planta efectuada recién el día 17 de marzo de 2016 por doña nombre reservado, fiscalizadora de la Seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta, pese a que no ha sido requerida de restitución hasta la fecha. O sea, para la Gobernación, la visita de un fiscalizador constituye un acto de requerimiento y el silencio de GRAO constituye negativa. Luego a las 13:30 horas, bajo las ordenes de la recurrida irrumpe un contingente de Carabineros a la planta acompañados por los funcionarios, doña nombre reservado, de Gobernación Provincial de Antofagasta, don nombre reservado de la Intendencia Regional y don nombre reservado como fiscalizador Seremi de Bienes Nacionales, quienes piden el desalojo del terreno notificando al gerente de sucursal del Oficio N-324 antes aludido. Ante la presencia de Carabineros, debe la recurrente sufrir el despojo de sus instalaciones, la paralización de sus faenas y enviar a PODER JU D IC IAL R E P U B L I C A D E C H I L E CORTE OE APELACIONES ANTOFAGASTA sus casas a los 35 operarios, secretarias y personal administrativo, asumir el problema de custodia de las maquinarias y productos acopiados al interior de la planta.

Además de la paralización de despachos por contratos vigentes, como la fabricación y suministro de 4 9.237,5 m2 de adocretos, adjudicada en el mes de febrero de este año por el Puerto de Angamos para el "Proyecto Ampliación Patio Cobre Zona Norte".

Por tanto, la autoridad administrativa, dictó la Resolución Exenta ND 410 de 30 de marzo 2016 y el Oficio N° 324 de 14 de abril de 2016, ambos actos arbitrarios e ilegales, contrarios a la Constitución y las leyes, abocándose al conocimiento y resolución de una materia que se encuentra fuera de su competencia y respecto de la cual es precisamente un órgano jurisdiccional el llamado a conocer y resolver, toda vez que el Ministerio de Bienes Nacionales debe, conforme a Derecho, ejercer las acciones judiciales correspondientes tendientes a establecer sus derechos frente a GRAU, tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia.

Por todo lo anterior el proceder de la Gobernadora, mediante los referidos actos administrativos de aparente legalidad, que ordenan la restitución inmediata del inmueble a solicitud del Secretario Regional Ministerial de Ministerio de Bienes Nacionales, determinado que la ocupación de Grau es ilegal sin fundamento alguno, importa tomar la justicia por propia mano, abusando del monopolio de la fuerza conferido al Estado para por sí y ante sí decidir unilateralmente expulsar a GRAU de sus instalaciones fabriles, privándola de sus bienes, vulnerando su derecho a un proceso justo racionalmente tramitado, procediendo como como si GRAU fuera alguien sorprendido en flagrante usurpación o que hubiese ingresado informalmente a los terrenos, desconoce el hecho irrefutable público y notorio de estar afectando un establecimiento industrial consolidado, que ha desarrollado su actividad en la ciudad de Antofagasta cumpliendo con todas las normas legales y PODER JU D IC IA L ■ E ^ V I U C A D E C H I L E Co r te de a pe lac io n e s an to fa g a s ta PO D ER JU D IC IA L R E P U f t l l C A D E C H I L E CORTE OE APELACIONES ANTOFAGASTA administrativas por más de 16 años a la fecha» Es más, la gobernadora contraviene los principios básicos de un Estado de Derecho, en cuanto a que la facultad de requerir administrativamente la restitución y la entrega de bienes fiscales que le otorga el inciso primero de la letra F) del artículo 26 del D.F.L N 22 de 1959 importaría también atribución de funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de la República, es decir, la recurrida no sólo tendría la facultad de requerir la restitución sino que también la de decretar el desalojo de predios fiscales juzgando arbitrariamente, ejerciendo la función jurisdiccional, resuelve un conflicto de relevancia jurídica. La nombre reservado ejerció abusivamente su deber/facuitad de requerir administrativamente la restitución de un bien, vulnerado la garantía constitucional reconocida en el N°3 inciso cuarto del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que se ha erigido en un tribunal especial juzgando acerca de una cuestión de hecho reservada a los Tribunales de Justicia.

Hace presente que al momento instalarse la planta de prefabricados, regía el Plan Regulador Comunal de la ciudad de Antofagasta del año 1989, objeto de una modificación el año 2000 en la Seccional La Chimba para extensión urbana de las zonas E4, E9, U2 y U3A, seccionales que han sido objeto posterior de sucesivas modificaciones conforme al crecimiento experimentado por la ciudad.

Asimismo, este actuar arbitrario e ilegal, contenido en la resolución exenta N° 410, vulnera el derecho de propiedad, importa privación de sus instalaciones y afectación patrimonial de la empresa.

La ilegalidad de su acción está dada porque en su resolución excede sus atribuciones, erigiéndose en una comisión especial que se avoca al conocimiento, resolución y ejecución de una cuestión cuya resolución es de exclusiva competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia. Igualmente, este actuar es arbitrario, toda vez que pugna con la lógica y la recta razón, sanciona como ocupación ilegal aquella que se encuentra amparada por sendos contratos de arrendamiento de quien detenta legítimo derecho sobre e! terreno, como lo es el titular de la pertenencia minera de áridos y arenas superficiales nombre reservado 1 al 3.

En la especie, los actos ilegales y arbitrarios son la resolución exenta N° 410 de 30 de marzo de 2016, el oficio N 324 de 14 de abril de 2015 y, finalmente, el no abstenerse de actuar conforme lo prescribe el D.F.L N 22 del año 1959, procediendo al desalojo forzado de los trabajadores de la planta de Grau y clausura con sellos y candados.

Por ello, termina solicitando la adopción de las providencias necesarias para mantener el statu quo vigente en el desenvolvimiento de los derechos, impidiendo precisamente las acciones de facto que alteran el orden jurídico, y en definitiva, remover el actuar de hecho y retrotrayendo a las partes al estado de normalidad en que se encontraban antes de la actuación arbitraria e ilegal de la recurrida.

SEGUNDO: El recurso de protección presentado por la trabajadores de la empresa Prefabricados de Hormigón Grau S.A., señalan que desempeñan distintas labores en ella, algunos hace más de 15 años.

Refieren que, el día 15 de abril último, Carabineros bajo requerimiento de la Gobernadora los desalojo de la planta, obligándolos a dejar sus puestos de trabajo sin poder poner término adecuadamente a sus faenas, asearse ni retirar sus pertenencias de los casilleros que ocupaban. Explican que el gerente de planta les informó que por resolución exenta N° 410 de 30 de marzo de 2016 y posterior oficio N° 324 de 14 de abril de 2016, la Gobernadora ordenó el desalojo de la planta, calificándolos de ocupantes ilegales, no obstante funcionar la PODER JU D IC IA L R E P U B L I C A D C C H I L E CORTE DE APELACIONES ANTOFAGASTA actividades industriales licitas, con los permisos municipales respectivos. Que tales actos arbitrarios e ilegales han conculcado la garantía constitucional de la libertad de trabajo, amparada por nuestra carta fundamental.

TERCERO: Que la recurrida informa, solicitando se declare inadmisible la acción interpuesta por carecer de fundamentos de hecho y de derecho, con costas.

Que el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región, a través del ORD SEQ2 - 001111­ 2016 de 28 de marzo último, le solicitó la restitución administrativa del lote fiscal ubicado en calle Abracita Lote A, Sector Chimba Alto, por estar siendo ocupado irregularmente, haciendo usufructo de un sitio respecto al cual 1 a referida Secretaria tiene su administración por ser una propiedad del fisco de Chile. Al efecto se acompañó inscripción conservatoria rolante a fojas 3509 vuelta bajo número 3776 del Registro de Propiedad del año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de esta ciudad, y el informe de fiscalización N° 134 de 28 de marzo pasado. Conforme a esos antecedentes, dictó la resolución exenta N° 410 de 30 de marzo de 2016, que requiere el desalojo administrativos de los ocupantes irregulares de la propiedad fiscal, conjuntamente con todos sus ocupantes y cualquiera tercera persona extraña que pudiese estar ocupándola indebidamente, por carecer de derecho alguno para uso de tal beneficio. Refiere que esa resolución les fue notificada por la autoridad policial el 08 de abril del presente, personalmente, al representante de la recurrente, entregándosele copia de la misma. La resolución indicaba que la restitución debía ser inmediata después de realizada la notificación respectiva, lo que se efectúo el 15 de abril en presencia de funcionarios de la Secretaria Regional de Bienes Nacionales, poniendo a su disposición el inmueble desalojado, entregándoseles los elementos de acceso al mismo, levantándose el acta respectiva.

Previo a aquello, la empresa afectada formuló oposición a la P O D E R J U D I C I A L * t P U * L C C A O E C H I L E CORTE DE APELACIONES ANTOFAGASTA orden de desalojo administrativa por medio de escrito de 1 1 de abril, lo que fue resuelto en el Oficio N° 324 de 14 de abril, denegando formal y expresamente la oposición. Acto seguido deduce acción de protección, fundada principalmente en que su ocupación deriva de un contrato de arrendamiento.

Expresa que en el informe de fiscalización N° 887889 realizado por la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales se establece que los fiscalizadores de dicha entidad fueron atendidos por el encargado de la empresa, señor nombre reservado, quien les indicó que ocupaban el inmueble desde el año 2000. Manifestándoles los funcionarios públicos, que realizaban una ocupación de inmueble fiscal sin autorización alguna de la Seremi, organismo que por ley otorgaba la misma, por lo cual se solicitarla su desalojo y restitución.

Luego de hacer referencia a normativas legales propias de las concesiones mineras, previstas tanto en el Código de Minería como en la Ley Orgánica Constitucional N° 18.097 sobre concesiones mineras, así como doctrina de autor, indica que resulta evidente que la concesión minera no le permite al concesionario ocupar el suelo sobre el cual está el yacimiento sino mediare una servidumbre otorgada en su favor, ya sea convencional o judicialmente. Expresa que tratándose de suelos ubicados en zonas urbanas, como es el caso del sector de la Chimba, además debe pedirse autorización al Gobernador Provincial, quien necesariamente debe oír al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, debiendo todas estas autoridades atenerse al uso de suelo conforme al plan regulador comunal. Por ellos, es que la empresa recurrida se encuentra realizando una ocupación ilegal de un inmueble fiscal, ya que no cuenta con ningún tipo de servidumbre a su favor, ni con autorización de la autoridad provincial ya que esa autorización no resulta posible en atención al uso de PODER JU D IC IAL R E P U B L I C A D E C H I L E CORTE DE APELACIONES ANTOFAGASTA Este inmueble se encuentra emplazado en una zona urbana dentro del plan regulador comunal norte. Estas tres zonas se denominan ZEC-1, y conforme al articulo 5 del referido plan, "son uso de suelos prohibidos: cualquier actividad productiva: industria. Talleres. Bodegajes y similares". En este caso, prefabricados de hormigón.

Por último, señala que el inmueble en cuestión ha sido destinado para el levantamiento de un barrio provisorio, con el fin de erradicar los campamentos habitacionales existentes, enmarcados dentro de un plan regional para la construcción de viviendas sociales según un proyecto a cargo del Gobierno Regional, conforme consta en resolución exenta N° 0309 de 6 de abril, de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales.

Finalmente expresa que actúo en conformidad a la normativa que la rige, esto es, el Decreto Fuerza Ley N“ 22 del año 1959, articulo 26 letras E) y F) , artículos 33 y 34 modificados por la Ley 3.457 del año 1980, asi como por la Ley 19.175, que contiene la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, sin que exista en sus resoluciones arbitrariedad e ilegalidad alguna CUARTO: Que el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional y cualquier persona puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo cuando sus derechos se sientan amagados por actos u omisiones arbitrarios o ilegales de terceros y la Corte de Apelaciones correspondiente debe adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

De ello, se desprende que es requisito indispensable de esta acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión contrario a la ley o producto del mera capricho de quién incurre en él que provoque las consecuencias o efectos PODER JU D IC IA L R E P U B L I C A D E C H I L E CORTE DE APELACIONES ANTOFAGASTA que se denuncian, afectando uno o más garantías constitucionales protegidas.

QUINTO: Que el recurrente Grau sostiene que el 27 de abril del año 2000 arrendó a la empresa Hasbún parte de la pertenencia minera 1 al 13, con el objeto de explotar los áridos e instalar su planta de fabricación de productos prefabricados de hormigón, posteriormente la arrendataria suscribió y pago acciones de Prefabricados Hormigón Grau S.A mediante la cesión de su inventario, maquinarias, equipos, etc.

y subarrendamiento de parte de la pertenencia minera nombre reservado 1 al 3, entre esos activos, se encuentra las instalaciones, maquinarias, equipos de la planta ubicada en esta ciudad, domicilio reservado.

Afirma que la planta Grau se encuentra amparada por patente municipal para fábrica de hormigón industrial, actividad desarrollada desde hace 16 años en forma pacífica, pública, legítima e ininterrumpida y fuente de trabajo de más de 35 trabajadores.

Indica que la actual propietaria de la pertenencia minera nombre reservado 1 al 3 es la sociedad Inmobiliaria El Ancla S.A, la que se encuentra superpuesta a terrenos fiscales en el sector de la Chimba Alto de Antofagasta, y en diversos litigios se le ha reconocido la existencia legítima de sus derechos de concesión minera, quién a su vez, ha hecho valer en juicio el uso pacífico de parte de su pertenencia por parte de la empresa Grau.

SEXTO: Que el recurrente Grau denuncia como actos arbitrarios e ilegales que provocan privación y perturbación de las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 3, inciso cuarto y Nc 24 del Constitución Política de Chile, el desalojo efectuado el 15 de abril pasado, bajo amenaza de uso PODER JU D IC IA L R E P U B L I C A D E C H I L E CORTE OE APELACIONES ANTOFAGASTA Asimismo, solicitó a la Gobernadora abstenerse actuar, pues los supuestos fácticos de la resolución exenta eran falsos, atendido el título de mera tenencia o arrendamiento señalado, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 26, letra F), inciso segundo del D.F.L. N “ 22 de 1959, petición que fue rechazada por la Gobernación con fecha 14 de abril del presente ario, argumentando que la empresa ocuparla ilegalmente el inmueble, por cuanto Grau no contaría con ningún tipo de autorización del Ministerio de Bienes Nacionales, circunstancia que estaba en su conocimiento en virtud de una fiscalización efectuada el 17 de marzo de 2016.

Niega el hecho de haber sido requerida por el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Antofagasta, mediante oficio de 28 de marzo de 2016, de que se habría negado a restituir el inmueble, produciéndose una ocupación material ilegal, sin derecho alguno para la empresa Sostiene que la Gobernadora dictó la resolución exenta, acto arbitrario e ilegal, abocándose al conocimiento y resolución de una materia que se encuentra fuera de su competencia, que debe conocer y resolver un órgano jurisdiccional, por lo que el Ministerio de Bienes Nacionales debe ejercer las acciones judiciales correspondientes.

Estima que los actos de la Gobernadora representan una vulneración al derecho al debido proceso y a la jurisdicción, pues cuestiona los actos y contratos suscritos por Grau, desconociéndolos, todo lo cual infringe los principios de un justo y racional proceso, y adicionalmente afectan severamente las facultades jurisdiccionales de los tribunales de justicia. A su vez, vulnera el derecho de propiedad sobre cosas corporales, afectando el derecho de su representada sobre su establecimiento industrial, sus equipos, maquinarias e instalaciones, además del derecho a servir contratos comerciales en curso.

PODER JU D IC IA L R E P U B L I C A O i C H I L E CORTE D t APELACIONES ANTÜFAGASTA PODER JUDICIAL R E P U B L I C A D i C H I L E CORTE DE APELAClOrJES AN T Of AGASTA SEPTIMO: Que el recurso de protección interpuesto por operarios, trabajadores de la empresa Prefabricados de Hormigón Grau S.A, fundado el mismo hecho del desalojo efectuado el día 15 de abril de 2016, que los obligó a dejar sus puestos de trabajo, asearse como corresponde y retirar sus pertenencias de sus casilleros de la planta.

Sostiene que el acto de desalojo indicado como la Resolución Exenta N° 410, de fecha 30 de marzo de 2016, los ha privado injustamente de sus fuentes de trabajo, conculcando la garantía constitucional de la libertad de trabajo.

OCTAVO: Que la recurrida sostiene que una concesión minera no le permite al concesionario ocupar el suelo el cual está el yacimiento si no mediare una servidumbre otorgada a su favor, que tratándose de suelos que se encuentren en áreas urbana, como es el caso, sector La Chimba, además deberá pedirse autorización al Gobernador Provincial, por ello afirma que la empresa Grau se encuentra haciendo una ocupación ilegal de un inmueble fiscal. Agrega que la empresa tenía conocimiento de esta ocupación ilegal, el contrato de arrendamiento de pertenencias mineras celebrados con otro particular no es oponible al dueño. Fisco de Chile, no constituyen títulos aparentes de ocupación o de mera tenencia, al no ser otorgados con las formalidades requeridas, que el hecho de contar con una pertenencia minera o arrendarla no faculta para ocupar el suelo que está sobre el yacimiento, sí no mediare servidumbre minera, que las concesiones mineras son derechos distintos e independientes del dominio del predio superficial.

Asimismo, señala que las atribuciones de la Gobernadora Provincial emanan del D.F.L. N D 22, del año 1959, letras E) y F) y artículos 33 y 34, además de la Ley 19.175 del año 1992, Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

NOVENO: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar, es PODER JUDICIAL * e f > u * L i c A d e c h i l e CORTE 0£ APELACIONES AMTOFACASTA indispensable que quién lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado, y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Igualmente, es sabido que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad estén comprobados y que se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio. legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y, que son los taxativamente enumerados en el artículo 20 de este cuerpo legal.

DÉCIMO: Que se ha recurrido en contra de la Resolución Exenta N° 41C, de fecha 30 de marzo de 2016 y con su mérito, que decretó el desalojo administrativo del predio fiscal ocupado por los recurrentes, Debe indicarse que no hay controversia respeto de la efectividad del desalojo alegado y que el inmueble objeto de la medida es de propiedad fiscal.

Tampoco existe controversia en cuanto al hecho que entre el recurrente Prefabricados de Hormigón Grau S.A. y Hasbún S.A. se celebró el 2 0 de septiembre del año 2000 un contrato de arrendamiento de una bodega correspondiente a una parte de la propiedad ubicada en domicilio reservado, hoy Abracita N° 1020, sector Alto La Chimba de esta ciudad.

A su vez, consta contrato de arrendamiento entre la Empresa Constructora Industrial Mario Reyes y Cia. Ltda., Ecomar, y llasbún Ltda S.A., que entrega en arrendamiento a ésta parte de la pertenencia minera denominada "nombre reservado 1 al 3", que recae sobre 15.000 metros cuadrados ubicada en la comuna de Antofagasta, que tiene su entrada por calle Pablo Neruda S” 1D20, sector Alto La Chimba.

UNDÉCIMO: Que los recurrentes han pretendido una violación de sus derechos constitucionales, sobre la base de que el arrendador tiene constituida en la zona una pertenencia minera amparada por el derecho de propiedad, y que sobre parte de ella, han celebrado con éste un contrato de arrendamiento para el uso de una bodega.

DUODÉCIMO; Que dicho aserto debe ser rechazado, debiendo analizar las disposiciones legales referentes a la propiedad minera, en relación al derecho de propiedad sobre el predio superficial regulado en el derecho común.

El artículo 19 N° 24, inciso sexto de la Constitución Política de la República de Chile señala que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, no obstante la propiedad de las personas naturales sobre los terrenos de en cuyas entrañas estuvieran situadas, agrega que los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y beneficio de las minas. Es deoir, desde el punto de vista jurídico la riqueza mineral y el terreno en que ésta se encuentre son completamente independientes, porque sobre ellos recaen derechos de dominio que son diferentes.

La Constitución dispone, entonces, que los predios superficiales están sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de las minas.

El artículo Io del Código de Minería reproduce esta norma constitucional en su inciso primero reconociendo este dominio especial del Estado. En el inciso segundo de esa norma, establece que toda persona tiene la facultad de catar y cavar para buscar sustancias minerales y el derecho de constituir concesión minera de exploración o de explotación sobre las sustancias que la ley orgánica declara concesibles.

DECIMOTERCERO: Que a su vez, el artículo 2 de la Ley Orgánica Constitucional dispone que las concesiones mineras son derechos reales inmuebles, distintos e independientes del PODER JU D IC IA L R E P U B L I C A D E C H I L E CORTE DE APELACIONES ANTOFAGASTA PODER JUDICIALREPUBLICA O C CHILE CORTE DE APELACIONES ANTOFAGASTA dominio del predio superficial, existe un separación absoluta entre el dominio del suelo y el dominio sobre la concesión minera.

La ley Orgánica Constitucional en su articulo octavo establece que -OS titulares de concesiones mineras tiene derecho a que se constituyan las servidumbres convenientes para la exploración y explotación mineros, disponiendo que los dueños de los predios superficiales están sujetos al gravamen de ser ocupados en toda la extensión necesaria para la práctica de los trabajos mineros, por canchas y depósitos de minerales, desmontes, relaves y escorias, por plantas de extracción de beneficio de minerales, por subestaciones y líneas eléctricas y de comunicación, canales, tranques, cañerías, habitaciones, construcciones y obras complementarias y de ser ocupados además, por caminos, ferrocarriles, etc.

agrega que las servidumbres a favor de las concesiones mineras son esencialmente transitorias, no podrán ser aprovechadas para fines distintos a aquellos para los cuales han sido constituidas y cesarán cuando termine su aprovechamiento.

A mayor abundamiento, en el articulo 11 de ese cuerpo legal se establecen los derechos del concesionario de explotación, tales como, el derecho a explorar y explotar libremente las minas sobre las cuales recae su concesión y realizar todas las acciones que conduzcan a esos objetivos, salvo la observancia de los reglamentos de policía y seguridad y lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo de esa ley y hacerse dueño de '.as sustancias minerales que extraiga y que sean concesibles a la fecha de quedar judicialmente constituida y dentro de los limites de su concesión.

DECIMOCUARTO: Que "el dominio otorga al dueño del terreno el derecho de usar, gozar y disponer. En consecuencia el dueño del suelo tiene un derecho prioritario sobre su PODER JUDICIAL R E P U B L I C A O C C H I L E CORTE DE APELACIONES ANTOFAGASTA por mandato constitucional, lo que no significa que el minero concesionario pueda sustituir al dueño del predio o disponer del terreno, ya que si asi fuera estaríamos ante una privación del dominio y ante una violación de la respectiva garantia constitucional". (obra "Curso de Derecho Minero", Carmen Ansaldi D, pag. 77.

DECIMOQUINTO: Que estas normas constituyen el principio básico, de rango constitucional, que regulan los derechos y obligaciones de los dueños del predio superficial y del propietario de una concesión minera, DECIMOSEXTO: Que conforme lo anterior, es claro que la pertenencia minera que ostenta el arrendador del inmueble cuyo desalojo se reclama, no lo autoriza para ocupar el predio superficial, pues para ello requiere de la constitución de un derecho real de servidumbre, que se ejercerá de conformidad a la legislación minera.

No habiéndose alegado la existencia de la misma, ni que la ocupación se encuentre ligado al ejercicio de la facultad de catar y cavar, el contrato de arrendamiento de una bodega de 1 . 0 0 0 metros cuadrados, que se destinará al almacenaje de prefabricados de hormigón, cuyos fines son ajenos a la actividad minera, debe ser desestimado de plano, por cuanto necesariamente se concluye que la ocupación del inmueble es ilegal, DECIMOSÉPTIMO: Que similar argumentos deben estarse respecto del recurso de protección presentado por los trabajadores, en relación a la garantia alegada de libertad de trabajo, por cuanto no se aprecia la violación o perturbación de la libertad de trabajo.

DECIMOCTAVO: Que conforme a lo razonado en los considerandos precedentes, que concluye que el contrato de arrendamiento sobre parte de una pertenencia minera es ilegal, habilita a la Gobernadora Provincial para actuar de conformidad con sus atribuciones reguladas en el artículo 26 del D.F.L. 22 PO D ER JU D IC IA L R E P U B L I C A D E C H I L E CORTE DE APELACIONES ANTOFASASTA de 1959, especialmente su letra f) que la faculta para exigir administrativamente la restitución de cualquier propiedad fiscal, sin que los títulos aparentes alegados por el recurrente, puedan ser opuestos al dueño del inmueble, atendida su ilegalidad.

DECIMONOVENO: Que de los antecedentes analizados se concluye que los recurrentes no han acreditado la existencia de un derecho indubitado que asista a los recurrentes y que deba ser resguardado por el presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, autos acordados de la Corte Suprema, de fecha 24 de junio de 1992 y 4 de mayo de 1998 sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZAN, con costas, los recursos de protección deducidos por doña nombre reservado, en representación de Prefabricados de Hormigón Grau S.A., y de los trabajadores de la empresa señalada en contra de la Gobernadora Provincial de Antofagasta, doña nombre reservado.

Regístrese, comuniqúese y archívese en su oportunidad.