Protección contra INSPECTORA PROVINCIAL DEL TRABAJO DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, nueve de octubre de dos mil catorce.

VISTOS:

Comparece a fojas 4 WALDO FERNÁNDEZ NOME, en representación de LOGÍSTICA HUALPÉN LTDA., ambos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la INSPECTORA PROVINCIAL DEL TRABAJO DE ANTOFAGASTA, solicitando se deje sin efecto el ordinario Nº1915, de fecha 7 de julio de 2014, se declare que la recurrida ha privado y perturbado las garantías constitucionales que indica y se le ordene tramitar pronunciándose sobre solicitud de reconsideración administrativa interpuesta con fecha 6 de junio de 2014, respecto de una resolución de multa, con costas.

A fojas 33 informó la recurrida, pidiendo el rechazo del recurso, con costas.

Efectuada la vista del recurso, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso interpuesto se funda en que con fecha día 29 de abril último, su representada fue sancionada por medio de la resolución de multa Nº 3835.201422-1-2 y 3, la que daba cuenta de tres infracciones, interponiéndose el 6 de junio de 2014 y dentro del plazo de 30 días una solicitud reconsideración administrativa, conforme artículo 512 del Código del Trabajo.

No obstante lo anterior, la inspectora del trabajo mediante la actuación recurrida les notificó que no se dio curso a dicha solicitud por no haberse presentado ésta dentro del plazo legal de 30 días contados desde su notificación. Esta última resolución fue notificada mediante carta por correo certificado ingresada a oficina de Correos el 22 de julio de 2014, entendiéndose notificada al sexto día hábil, esto es, el 29 de julio de 2014.

En cuanto a la ilegalidad de esta última actuación, expone que consiste en considerar que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, no obstante el título donde se sitúa esta norma no contiene reglas que señalen la forma de computar el término para deducir reconsideraciones administrativas relativas a multas impuestas por la Dirección del Trabajo, por lo que ante este silencio y tratándose de un procedimiento administrativo, afirma que deben aplicarse las normas de la ley 19.880 sobre bases de procedimientos administrativos, la que rige los actos de los órganos de la administración pública, de modo que conforme al artículo 2 de este cuerpo legal, su ámbito de aplicación está circunscrito a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y servicios públicos que cumplen funciones administrativas, encontrándose dentro de estos últimos, a su entender claramente, la Dirección del Trabajo, por ser esta además un servicio dependiente del Ministerio del Trabajo, al que también resulta aplicable esta normativa.

Respecto a lo anterior, cita el artículo 1 del mismo texto legal así como jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de distintas nombre reservado de Apelaciones del país, conforme a las que, al procedimiento administrativo en cuestión, le resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 19.880, el que señala que los plazos de días establecidos en esta son de días hábiles, entendiendo inhábiles, los sábados, domingos y festivos.

Por lo anterior, estima que la solicitud de reconsideración administrativa de su representada con fecha 6 de junio de 2014, fue interpuesta a los veintiséis días hábiles de haberse notificado la resolución de multa respectiva, el 29 abril del presente año.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas afirma, en primer lugar, que la recurrida al dictar la resolución impugnada conculca el principio de igualdad ante la ley, privándola de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política y, asimismo, el derecho de propiedad consagrado en el Nº 24 de la misma disposición constitucional. Lo anterior, desde que se le negó el derecho a tramitar un recurso contemplado en la ley presentado dentro de plazo legal, desconociendo arbitrariamente este último en toda su extensión, y, además, por cuanto dicha actuación ha privado a su representada de parte de su patrimonio, agregando en cuanto a esto último que existen antecedentes suficientes para dejar sin efecto las multas impuestas, por cuanto la fiscalizadora habría violado el principio de constatación directa de los hechos constitutivos de las supuestas infracciones.

SEGUNDO: Que informando la recurrida, alegó en primer lugar la extemporaneidad del recurso conforme al numeral primero del auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales. Al respecto señala que el acto que se indica como supuesto de afectación de derechos del recurrente, es un pronunciamiento emitido por la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, mediante ordinario Nº 1915, de fecha 7 de julio 2014, el que declaró inadmisible el recurso administrativo de reconsideración de multa, documento que conforme a la guía de correos se recepcionó por el organismo notificador en esa esa misma fecha, comenzando a correr el plazo de 6 días que establece el artículo 508 del Código del Trabajo para tener por notificada dicha resolución administrativa, entendiendo que esta resolución se tuvo notificada con fecha 14 de julio del presente año, por lo que el plazo para presentar el respectivo recurso judicial venció el 13 de agosto de 2014, por lo que habiéndose deducido este el 28 de ese mes, procede el rechazo por extemporaneidad.

Luego alega la inadmisibilidad del recurso dada la naturaleza del acto recurrido, toda vez que los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo establecen de manera expresa un procedimiento para revisar judicialmente ante el Juez del Trabajo competente, la legalidad de un procedimiento de fiscalización, resolución y sanción llevado a cabo por la Dirección del Trabajo, por tanto entiende que la acción constitucional interpuesta es inadmisible por cuanto, si bien esta puede ser interpuesta sin perjuicio de otros derechos conforme al artículo 20 de la Constitución Política, esto no significa que por esta vía se reemplace el procedimiento contemplado de modo expreso por el legislador para este tipo de controversias por una acción constitucional destinada, en forma y fondo, a un objeto diverso al pretendido por el recurrente.

Agrega que por lo anterior acciones como la interpuesta han sido declaradas inadmisibles por las nombre reservado de Apelaciones, pues no parece adecuado otorgar una posibilidad más de recurrir a quien infringe la norma laboral, desplazando la actividad jurisdiccional de los Juzgados de Letras del Trabajo hacia las nombre reservado de Apelaciones, ya que esto significaría la práctica una perdida competencia para los primeros. En este sentido, señala que no es propio de un debate constitucional someter al conocimiento de esta Corte, la procedencia de una sanción administrativa, ya que esta no solamente tiene un debido resguardo por las vías ordinarias, sino que además es sólo una consecuencia del ejercicio de las facultades que la ley laboral otorga la Dirección del Trabajo. En cuanto este punto, cita jurisprudencia concordante.

Además de lo anterior, arguye que la acción de protección es insuficiente para lograr la destrucción de la presunción de veracidad que otorga el D.F.L. Nº 2 de 1967 en su artículo 23, a lo constatado por un fiscalizador el ejercicio de sus funciones. Para ello, según expone, es indispensable que exista un juicio de lato conocimiento, lo que no permite la acción de protección al requerir la existencia de un derecho indubitado que amparar. Afirma en este sentido que aceptar que el recurso de protección es apto para conocer y analizar los hechos de la especie, con la profundidad suficiente como para desvirtuar una presunción establecida en la ley, permitiría convertir esta acción en una impugnación del acto administrativo sin un debido proceso, lo que haría más débil la protección que esta busca entregar, argumento reconocido por jurisprudencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Respecto al fondo el recurso, señala que no se verifica ninguno de los elementos de hecho y de derecho que la constitución exige como condición para la interposición de este, siendo evidente la falta de actos ilegales o arbitrarios de esta parte.

En cuanto los hechos, señala que con fecha 24 de abril de 2014 se efectuó una visita inspectiva por la fiscalizadora Hilda Molina Bustamante, para verificar el cumplimiento por la empresa reclamante de la normativa laboral vigente, constatándose la efectividad de tres infracciones y cursándose la sanción de multa. Estas infracciones consistieron en no llevar correctamente el registro de asistencia y horas trabajadas, no dar cumplimiento a la resolución de jornada excepcional respecto de varios trabajadores y no pagar horas extraordinarias. La resolución de multa fue notificada de forma personal el 29 abril 2014 a la empresa infractora representada por el jefe de relaciones laborales, nombre reservado. La recurrente interpuso con fecha 6 de junio de 2014, reconsideración de multa, solicitud declarada inadmisible al haber sido presentada excediendo el plazo de 30 días corridos, cuestión que fue notificada por medio de ordinario Nº 1915 de fecha 7 de julio de 2014.

Afirma que la actuación impugnada no es una actuación ilegal por cuanto se efectuó conforme a las atribuciones que se le otorgan al servicio, al disponer el artículo 512 del Código del Trabajo la posibilidad de reconsideración a solicitud escrita del interesado, que debe presentarse dentro del plazo de 30 días de notificada la resolución que aplicó la multa. Al efecto, la doctrina de la Dirección del Trabajo, contemplada en la circular Nº 72 de fecha 6 de junio de 2010, indica que el plazo de 30 días corridos no tiene excepciones, por lo que si el último día cae en sábado o domingo, no se extiende para el día hábil siguiente, debiendo los empleadores tomar las medidas necesarias para que la respectiva solicitud sea presentada dentro de plazo. Tal circunstancia es informada a la empleadora el día la fiscalización, mediante la entrega impresa del formulario F-10, en el que se refiere expresamente el término fatal para presentar la solicitud de reconsideración.

Agrega que el artículo 50 del Código Civil, establece la regla general en materia de plazos, señalando que estos comprenden días feriados, salvo que se señale un término de días útiles. Además, el artículo 25 de la ley 19.880, alude a los plazos de ese cuerpo legal, por lo que, de ningún modo, puede pretenderse una supletoriedad respecto al artículo 512 del Código del Trabajo. Ahora bien, acudiendo a una interpretación sistemática, manifiesta que en este cuerpo legal -artículos 223, 282 y 360 entre otros- existen una serie de plazos de días hábiles, desprendiéndose de lo anterior que la regla general es de días corridos.

Por lo anterior, concluye que no resulta aplicable el artículo 25 de la ley 19.880, citando jurisprudencia de esta Iltma. Corte de Apelaciones, concordante con esta posición.

Asimismo, afirma que conforme a lo dictaminado por la Contraloría General de la República, particularmente en el ordinario 64.985 de fecha 20 de noviembre de 2009, del estudio de las disposiciones del Código del Trabajo se llegó a la misma conclusión.

Por todo lo anterior, concluye que la solicitud de reconsideración fue ingresada por la reclamante fuera del plazo fatal de 30 días corridos, por lo que no existe una vulneración de las garantías constitucionales alegadas por la contraria, excluyéndose cualquier tipo de ilegalidad o arbitrariedad.

TERCERO: Que conforme se establece en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de Protección de Garantías Constitucionales, el recurso o acción debe interponerse ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o de la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

CUARTO: Que de los antecedentes que acompañó la recurrida –copias de guías de despacho y resolución de marras- queda claramente demostrado que la resolución impugnada fue notificada a la recurrente mediante carta certificada ingresada al correo con de fecha 7 de julio de 2014, entendiéndose la parte notificada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción en la oficina de correos respectiva, como prescribe el artículo 508 del Código el Trabajo, aplicable en la especie, por ende, el plazo para interponer la acción de protección empezó a correr el 15 de julio último y venció el 13 de agosto pasado.

QUINTO: Que de la misma manera consta del timbre de cargo que se estampó en el presente recurso que éste fue ingresado a esta I. Corte de Apelaciones con fecha 28 de agosto de 2014, esto es cuando el plazo para recurrir se encontraba latamente vencido.

SEXTO: Que ahora bien, lo anterior es suficiente para concluir que el recurso no puede prosperar, sin perjuicio de lo cual y teniendo presente que conforme a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, se analizará la situación de fondo de la acción deducida.

SÉPTIMO: Que la recurrente reclama que la Resolución Nº 1915 de 7 de julio de 2014 dictada por la recurrida es arbitraria e ilegal en cuanto no dio tramitación a la reconsideración de la multa impuesta en procedimiento de fiscalización propio de esa Inspección por estimar que fue deducida fuera de plazo, ya que alega que el plazo para la reconsideración es de días hábiles y no de días corridos.

OCTAVO: Que al respecto cabe señalar que la resolución recurrida no reviste los caracteres de arbitraria e ilegal toda vez que basta recordar que la recurrida Inspección del Trabajo como servicio del Estado debe ajustar su acción a la fiscalización e interpretación que efectúa la Contraloría General de la República, siendo sus dictámenes obligatorios para los servicios a los que se refieren tales dictámenes, por lo que ante una interpretación o decisión efectuada por el ente contralor a la recurrida sólo le compete acatarla y obrar conforme a ella, lo que la Contraloría citada zanjó en Circular 64.985, de 20 de noviembre de 2009, al instruir respecto a las disposiciones del Código del Trabajo referidas a plazos, que cuando se trata de días hábiles la ley lo señala en forma expresa, por lo que al no establecerse expresamente en la norma se trata de un plazo de días corridos, no siendo aplicable la ley 19.980, dado que sus disposiciones sobre plazos no se concilian con los consagrados en el Código del Trabajo, a ello debe unirse la circunstancia que la resolución recurrida fue dictada dentro de las facultades conferidas por el mismo Código del Trabajo a la recurrida cuando actúa en el ámbito de sus atribuciones fiscalizadoras, existiendo además en el mismo cuerpo legal un procedimiento para recurrir judicialmente ante los Juzgados de Letras del Trabajo reclamando respecto de las multas impuestas en fiscalizaciones efectuadas por la recurrida.

NOVENO: Que de lo expuesto se desprende que el recurso incoado debe ser rechazado toda vez que no se advierte una acción u omisión arbitraria e ilegal de parte de la recurrida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992, sobre Tramitación Y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción constitucional deducida por WALDO FERNÁNDEZ NOME, en representación de LOGÍSTICA HUALPÉN LTDA., en contra de la INSPECTORA PROVINCIAL DEL TRABAJO DE ANTOFAGASTA.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 984-2014 Redactó la Ministro Interina Jasna Pavlich Núñez.

Pronunciada por la Segunda Sala, constituida por las Ministras Sra. Virginia Soublette Miranda, Sra. Myriam Urbina Perán y Ministra Interina doña Jasna Pavlich Núñez. Autoriza don nombre reservado, Secretario.

En Antofagasta, a nueve de octubre de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.