Protección contra universidad recurrida

Antofagasta, once de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien dedujo acción de protección contra de la Universidad del Alba, por su proceder arbitrario e ilegal, no se le permite rendir el examen de grado para obtener su título, por existir una deuda pendiente de pago. Solicitó, se acoja el recurso y se le permita rendir el examen pendiente para la obtención de su título profesional.

Evacuó informe la recurrida como obra del proceso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la actora precisó que cursó la carrera de Educación Parvularia y egresó el año 2021, y solo le falta rendir el examen de grado para poder titularse. Indicó que su situación actual académica, se encuentra en proceso de título.

Señaló que posee una deuda, y que se le ha dificultado ponerse al día con las cuotas, ya que se encuentra sin trabajo, al que se le ha complejizado acceder pues presenta un 55% de discapacidad, y las empresas lamentablemente no contratan personas como ella.

Agregó que sus hijos también presentan discapacidad y se le dificulta más acceder a pagar, ya que uno de ellos sale a las 13:00 horas del colegio y le es imposible trabajar.

Precisó que la deuda asciende a $2.500.000 junto con intereses, adeudando en $1.700.000 la deuda original.

Acompañó a su escrito el certificado de egreso de 27 de julio de 2022 emitido por la recurrida, en el que hace constancia que se encuentra en calidad de alumna egresada de la carrera de Educación Parvularia con fecha 28 de diciembre de 2021.

Solicitó, se acoja el recurso y se le permita rendir el examen pendiente para la obtención de su título profesional, a pesar de la deuda pendiente.

SEGUNDO: Que Alejandra Elisabet Bustos Cárdenas, abogada, en representación de Universidad del Alba, informó el recurso y en relación el hecho que se le estaría obstaculizando la culminación de su proceso académico, al supuestamente impedirle rendir su examen de grado por razones de índole económica, precisó que tal aseveración carece de sustento fáctico y jurídico, resultando manifiestamente improcedente.

En tal sentido, destacó que el marco normativo vigente en la institución regula de manera expresa y detallada los requisitos y procedimientos necesarios para acceder a los procesos de titulación, incluyendo de manera específica las condiciones que deben cumplirse para rendir los exámenes de grado. En este contexto, la recurrente no ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por la normativa universitaria, lo que desvirtúa las alegaciones formuladas en su acción y descarta la existencia de cualquier vulneración de derechos atribuible a la recurrida. En consecuencia, concluyó que los planteamientos de la parte recurrente no solo resultan infundados, sino que también desnaturalizan las disposiciones normativas que rigen el proceso de titulación, cuya observancia es obligatoria para todos los estudiantes sin excepción.

Señaló que la alumna ingresó a la institución de educación superior en el primer semestre del año académico 2016, con el propósito de cursar la carrera de Educación Parvularia, con Mención en Expresión Artística. Durante los años 2016, 2017 y 2018, desarrolló regularmente sus actividades académicas conforme al plan de estudios establecido para su programa de formación. No obstante, en el año académico 2019, la recurrente fue objeto de eliminación académica, dado que no efectuó el proceso de matrícula correspondiente para dicho período, lo que generó la suspensión de su vínculo con la institución conforme a la normativa interna aplicable a los estudiantes que incurren en omisión de matrícula. Luego, la recurrente solicitó y obtuvo su reincorporación a la carrera, retomando sus estudios en el primer semestre del año 2021. Durante el transcurso de dicho período académico, cumplió con la totalidad de los requisitos curriculares y administrativos exigidos por la universidad para la finalización del plan de estudios de la carrera de Educación Parvularia.

En virtud de ello, adquirió formalmente la condición de egresada de la referida carrera, circunstancia que quedó debidamente registrada en los antecedentes académicos institucionales con fecha 28 de diciembre de 2021.

Agregó que, en relación con los hechos sostenidos, en cuanto la universidad de manera arbitraria y por razones económicas, le habría impedido culminar su proceso de titulación, es preciso rechazar categóricamente tales aseveraciones, por cuanto carecen de sustento fáctico y jurídico. En ese sentido, puntualizó que la recurrente egresó de la carrera de Educación Parvularia en la sede Antofagasta en diciembre de 2021, conforme consta en los registros académicos de la Universidad.

Así, indicó que, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de Títulos y Grados, formalizado mediante Decreto de Rectoría N.º 06/2022, de 24 de mayo de 2022, los estudiantes egresados deben observar los plazos y requisitos establecidos para la conclusión de su proceso de titulación. En este sentido, la normativa pertinente dispone lo siguiente: Artículo 2.º: “El estudiante egresado tendrá un plazo máximo de un (1) año para concluir su proceso de titulación.”. Aplicado al caso, dicho plazo venció en diciembre de 2022.

Luego, citó el artículo 3.º: “El estudiante podrá solicitar una prórroga ante su Decanatura o Dirección de Escuela, la que, de ser aceptada, no podrá exceder los doce (12) meses contados desde el vencimiento del plazo ordinario”; y describió que, en este caso, no existen antecedentes que acrediten que la estudiante haya solicitado ni obtenido la aprobación de una prórroga. En caso de haber sido concedida, el plazo extendido habría vencido en diciembre de 2023.

Enseguida, señaló que el artículo 4° dispone que: “Transcurridos dos (2) años desde la fecha de egreso, el estudiante podrá solicitar un remedial de titulación, el cual tendrá una duración máxima de un (1) semestre.” No consta en los antecedentes administrativos que la recurrente haya efectuado tal solicitud.

Así también mencionó el artículo 5º el que señala: “Con todo, el plazo máximo para concluir el proceso de titulación no podrá exceder de dos años y medio (2,5) contados desde la fecha de egreso.” En el caso de la recurrente, el plazo máximo venció en agosto de 2024.

Concluyó que, por lo expuesto, y en estricta aplicación de la normativa institucional vigente, nombre reservado no cumple con los requisitos establecidos para rendir su examen de titulación, por encontrarse fuera del plazo reglamentario. En consecuencia, cualquier afirmación que atribuya una negativa arbitraria por parte de la Universidad carece de fundamento, en tanto la imposibilidad de acceder al examen de titulación se origina exclusivamente en la inobservancia de los plazos y procedimientos establecidos en la normativa aplicable, más no en temas económico y financieros. Agregó que, su argumentación hacia aspectos ajenos a la esfera académica, centrando su reclamación en consideraciones de orden económico, las cuales, en el contexto del presente procedimiento, carecen de relevancia jurídica para la determinación de la procedencia de su pretensión. En efecto, omite deliberadamente la normativa interna aplicable y los antecedentes académicos que regulan de manera clara y precisa los requisitos y plazos exigidos para la culminación del proceso de titulación.

Añadió que tal omisión parece responder a una estrategia dirigida a generar una impresión errónea ante esta Corte, buscando desviar la atención respecto de los incumplimientos en los que ha incurrido y tergiversar el actuar de la universidad, así como el alcance y la correcta aplicación de las disposiciones institucionales vigentes.

Arguyó que ningún caso se ha incurrido en prácticas discriminatorias o arbitrarias, sino que, por el contrario, se ha dado estricto cumplimiento a las normas que rigen el desarrollo académico y administrativo de la institución, garantizando la igualdad de trato entre todos los estudiantes. La Universidad ha ejercido su potestad reglamentaria dentro del ámbito de su autonomía institucional, aplicando las reglas que estructuran el desarrollo académico y administrativo de sus programas de estudio en plena conformidad con los principios de legalidad, objetividad y transparencia que rigen su relación contractual con los estudiantes.

Precisó que no existe acto ilegal o arbitrario ni mucho menos vulneración a los derechos constitucionales aludidos, por ello la acción debe rechazarse de plano. Así pues, la universidad al no autorizar la rendición del examen de grado respectivo y demás trámites tendientes a obtener el título profesional, únicamente ha hecho aplicables sus reglamentos y normativa universitaria, que la misma estudiante se obligó a cumplir en el marco del contrato de prestación de servicios educacionales celebrado con la recurrida en su momento.

En ese orden de ideas, indicó que universidad posee autonomía académica, reconocida en la ley, lo que la faculta para diseñar los planes y programas de estudios, su metodología y enseñanza y su forma de evaluación, los que se aplican en igualdad de condiciones a todos los estudiantes. Se refiere a estos aspectos, el artículo 2° letra a) de la Ley 21.091 sobre Educación Superior, al describir el principio de autonomía. Con ello, el sistema reconoce y garantiza la autonomía de las instituciones de educación superior, entendida ésta como la potestad para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales en la dimensión académica, económica y administrativa, dentro del marco establecido por la Constitución y la ley.

Añadió que además las instituciones de educación superior deben ser independientes de limitaciones a la libertad académica y de cátedra, en el marco de cada proyecto educativo, orientando su ejercicio al cumplimiento de los fines y demás principios de la educación superior, buscando la consecución del bien común y el desarrollo del país y sus regiones. Orientando su ejercicio al cumplimiento de los fines y demás principios de la educación superior, buscando la consecución del bien común y el desarrollo del país y sus regiones.

Previo a la cita de un fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, donde se ventilaron hechos similares en contra de la universidad recurrida, enfatizó que el actuar de la institución educacional se encuentra amparado en la autonomía e independencia académica que sus propios estatutos y la ley le reconocen, toda vez que en virtud del mandato y autorización que ellos contienen, generó los reglamentos que rigen su actuar y la de los protegidos en su calidad de alumnos, lo que lleva la razón en afirmar que no ha actuado de manera ilegal.

En cuanto a la supuesta vulneración de garantías constitucionales invocada por la recurrente, precisó que alegación carece de precisión y fundamentación suficiente, toda vez que no identifica de manera concreta ni expresa qué derecho fundamental se habría visto afectado ni expone con claridad la forma en que dicha vulneración se habría materializado. La omisión de esta precisión genera una evidente ambigüedad en su solicitud, lo que impide una adecuada determinación de la naturaleza jurídica de la supuesta transgresión y su eventual procedencia; lo que a su vez torna improcedente la pretensión de la recurrente, al carecer de los elementos básicos que permitan analizar su viabilidad jurídica.

Finalmente, señaló que el auxilio constitucional, por su generalidad, debe ser dejado para situaciones graves y urgentes en que no se haya consagrado otra vía de reclamo que permita restablecer el imperio del derecho frente a acciones u omisiones arbitrarias e ilegales que conculcan garantías fundamentales, y que en el evento que encontrara asidero lo aseverado por la estudiante, de todos modos, éstas requieren de acreditación a través de medios probatorios idóneos, los que sólo se pueden rendir en un juicio de lato conocimiento, en que se respete la bilateralidad de la audiencia para las partes, tal como ha resuelto nuestra Corte de Apelaciones y confirmado nuestra Excma. Corte Suprema.

Con todo, solicitó el rechazo, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, como se desprende de lo anterior, para la procedencia de la acción cautelar de protección, debe configurarse un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera. O bien que sea arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, provoque algunas de los efectos de amenazar, privar, o restringa una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que nombre reservado alega que la Universidad del Alba, recurrida en autos, ha incurrido en una acción ilegal y arbitraria toda vez que se le ha impedido rendir el examen de grado, por imponer un requisito adicional en orden a que la alumna pague la deuda que mantiene vigente. Además, reseñó una serie de antecedentes personales y de sus hijos en cuanto se encontrarían en situación de discapacidad, lo que le impediría ponerse al día y cumplir con el pago de lo adeudado, dejando entrever que tales aspectos no habrían sido considerados por la universidad.

SÉPTIMO: Que del mérito de los antecedentes aportados por la misma actora y aquellos que han sido confirmados por la recurrida al evacuar el informe, son hechos asentados que: la estudiante egresó de la carrera de Educación Parvularia en diciembre de 2021, y que, dentro del plazo de 3 años para rendir el examen de grado, éste no fue rendido. Asimismo, consta de la ficha curricular histórica de la actora que, durante los años 2016, 2017 y 2018, desarrolló regularmente sus actividades académicas conforme al plan de estudios establecido para su programa de formación. Luego el 2019, la fue objeto de eliminación académica, dado que no efectuó el proceso de matrícula correspondiente para dicho período. Así, en enero de 2021 obtuvo su reincorporación a la carrera, retomando sus estudios en el primer semestre del año 2021, para alcanzar la calidad de egresada para fines de dicho año.

OCTAVO: Que, por su parte, y en concordancia con las normas reglamentarias citadas por la recurrida, específicamente las contenidas en el Título II. De la solicitud de titulación, es posible establecer que la estudiante no ejerció ninguna de las solicitudes de prórrogas asociadas o que se haya acogido al Programa Remedial de Titulación, toda vez que tales trámites y las resoluciones asociadas, deberían figurar en el historial de su ficha curricular, cuestión que no acontece. En tal sentido, si la recurrida informó a través de la ficha curricular histórica de la estudiante, los trámites y resoluciones asociadas hasta la fecha del egreso, deberá primar lo allí asentado, sumado a que la recurrente no acompañó antecedente alguno que permita dar asidero a lo alegado en torno a la negativa de rendir el examen de grado por existir deuda pendiente. En efecto, del documento acompañado por la recurrida “cuenta corriente del alumno” es posible advertir que a pesar de que, para la cuota de abril de 2021, ya se encontraba morosa; cuestión que no obstó a que en diciembre de dicho año se le confiriera la calidad de egresada.

NOVENO: Que conforme a lo que se ha dejado asentado en los motivos anteriores, no es posible advertir una actuación ilegal y arbitraria de parte de la recurrida que amague alguna de las garantías constitucionales que resguarda la acción de protección, por tanto, solo corresponde el rechazo de esta acción.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la recurrida Universidad del Alba.

Regístrese y comuníquese.

Rol 98-2025 (PROTECCIÓN)