Protección contra JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, trece de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado, en representación de su hijo nombre reservado, quien interpone recurso de protección de garantías fundamentales en contra de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA, domiciliada en domicilio reservado, representada legalmente por nombre reservado; en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE ANTOFAGASTA, domiciliada en domicilio reservado, representada legalmente por nombre reservado; y en contra de FUNDACIÓN INTEGRA, domiciliada en domicilio reservado, representada legalmente por nombre reservado, por las acciones u omisiones ilegales y arbitrarias consistentes en no generar matrícula a su hijo, en la educación pública parvularia de la comuna de Antofagasta; entendiendo con ello vulneradas las garantías consagradas en la Constitución Política de la República en el artículo 19 N.°2, N.°10 y N.°11; solicitando ordenar a las recurridas entregar la matrícula a su hijo y adoptar las providencias y medidas adecuadas para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

Evacuaron informe las recurridas instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda su acción constitucional de protección, denunciando en su libelo la existencia de una omisión que califica de ilegal y arbitraria, consistente en no generar u otorgar una matrícula que permita el ingreso de su hijo nombre reservado a la educación parvularia pública, situación que se ha prolongado por más de diez meses, privando al menor de su legítimo derecho a la educación.

Expone en cuanto a los hechos que, con fecha 04 de marzo del año 2025, tomó conocimiento de los resultados de la postulación realizada para su hijo en el proceso masivo de la red JUNJI, registrada bajo el código de postulación NUM000. Señala que el resultado para el nivel medio mayor en el jardín infantil nombre reservado, ubicado en la DIRECCION001 de Antofagasta, fue la no selección de su hijo, sin que se le otorgara justificación alguna que diera cuenta de las razones de dicha negativa. Refiere que, de idéntica forma, el menor figuró como “no asignado” en las postulaciones efectuadas a los jardines nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos recintos dependientes o vinculados a la red parvularia pública de la misma comuna.

Agrega, para ilustrar el apremio y la necesidad de tutela, que actualmente se encuentra desempleada y se desempeña como dueña de casa, asumiendo el rol de cuidadora y teniendo a su cargo exclusivo tanto a su hijo nombre reservado como a su abuela por línea paterna. Hace presente que esta situación socioeconómica, sumada a la imposibilidad material de acceder a un trabajo remunerado producto de sus labores de cuidado, le impide generar los ingresos económicos necesarios para optar a un establecimiento educacional privado, viéndose en la imperiosa necesidad de matricular a su hijo en una institución del Estado.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la recurrente argumenta que las autoridades recurridas han incumplido sus deberes legales constitucionales. Cita extensamente la Ley N.°21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, subrayando que dicho sistema tiene por objeto proveer una educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva, garantizando el ejercicio del derecho a la educación bajo principios de cobertura nacional, garantía de acceso, desarrollo equitativo e igualdad de oportunidades. Asimismo, asienta su argumentación en la normativa internacional, exigiendo a esta Magistratura un control de convencionalidad al amparo del artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política de la República. Al efecto, invoca el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que consagra el derecho a la educación y el deber de fomentar la asistencia regular, y los artículos 19 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San nombre reservado

Rica), referidos a las medidas de protección de la niñez y al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales.

Afirma que esta inactividad de las instituciones —al no generar el financiamiento para crear las matrículas ni asegurar las condiciones para la entrega efectiva del servicio educativo— conculca directamente las garantías consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Específicamente, denuncia la vulneración de: el numeral 10°, sobre el derecho a la educación y el deber ineludible del Estado de promover la educación parvularia; el numeral 11°, relativo a la libertad de enseñanza; y el numeral 2°, sobre la igualdad ante la ley, sosteniendo que se ha producido una diferenciación arbitraria que priva a su hijo del acceso a la educación escolar, dejándolo sin colegio en clara desventaja frente a otros alumnos de su misma edad que sí se encuentran ejerciendo este derecho.

Por tanto, solicita acoger la acción de protección en todas sus partes, declarando que las recurridas han actuado de forma ilegal y arbitraria con su conducta omisiva; y que, en definitiva, adopte las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando que se entregue y garantice una matrícula para su hijo nombre reservado en la comuna de Antofagasta, con expresa condena en costas a las recurridas dada la palmaria actuación ilegal que se ha arrastrado por más de diez meses.

SEGUNDO: Que evacuó informe Aníbal Rodrigo Díaz Díaz, abogado, en representación de la recurrida JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI) de la Región de Antofagasta, solicitando el rechazo de la acción de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Sostiene, primeramente, la improcedencia de la acción por caducidad y manifiesta extemporaneidad. Argumenta que, de conformidad con los plazos fatales dispuestos en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, han transcurrido con creces los treinta días corridos contados desde la ocurrencia de los hechos y la toma de conocimiento de los mismos. Detalla que la actora conoció la no selección del menor en el Jardín nombre reservado con fecha 4 de marzo de 2025, mientras que para el proceso masivo 2026, los resultados fueron publicados e informados el 19 de diciembre de 2025. Dado que la fecha límite para recurrir de este último hecho era el 18 de enero de 2026, y el recurso se interpuso el 19 de enero, la acción ha caducado respecto de todos sus fundamentos.

Asevera, asimismo, la falta de un derecho indubitado cuya tutela de urgencia corresponda ser conocida mediante esta acción constitucional. Enfatiza que no existe un derecho cierto, absoluto y de ejercicio inmediato a obtener automáticamente una matrícula en un establecimiento determinado, por cuanto el acceso está sujeto a límites técnicos, criterios de priorización y a la capacidad presupuestaria del Estado. En tal sentido, argumenta que la pretensión es una discrepancia de políticas públicas que requiere un debate probatorio propio de un juicio de lato conocimiento.

En cuanto al fondo, descarta tajantemente la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuar. Explica que la JUNJI carece de facultades ilimitadas o discrecionales para crear cupos o ampliar coberturas, debiendo ceñirse estrictamente al presupuesto que el Poder Ejecutivo y el Congreso le aprueban anualmente a través de la Ley de Presupuestos (artículo 67 de la Constitución). Afirma, por tanto, que la falta de vacantes no es una omisión ilegal ni un capricho de la institución, sino el reflejo de un límite jurídico y financiero objetivo que afecta a la Administración del Estado.

Recalca que la no selección del niño nombre reservado derivó de la correcta aplicación del “Modelo Institucional de Priorización de Párvulos y sus familias”, instaurado mediante Resolución Exenta N.º 560/2022, normativa amparada expresamente en las potestades que le otorga el artículo 38 de la Ley N.º 17.301. Detalla que al revisar los antecedentes del párvulo postulante —tanto en el proceso 2025 para el Jardín nombre reservado como en el proceso masivo 2026 en modalidad de multipostulador— se constató que no presentaba ninguna de las variables requeridas para ser catalogado en los grupos de mayor vulnerabilidad (Prioridad 1, 2 o 3), tales como pertenencia a programas del Subsistema Seguridades y Oportunidades o Chile Crece Contigo, hallarse bajo medidas de protección de Mejor Niñez, situación de discapacidad, madre adolescente, trabajo remunerado acreditado de la responsable, u hogar monoparental.

Por consiguiente, el menor fue clasificado en la Prioridad 4 —grupo correspondiente al 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, pero sin condiciones de vulnerabilidad adicionales—, resultando las vacantes disponibles ocupadas en su totalidad por familias pertenecientes a prioridades superiores. No obstante, aclara que su postulación permanece activa en el sistema para futuras reasignaciones mediante el proceso de priorización continua.

Respecto de las garantías constitucionales denunciadas como conculcadas, argumenta que el derecho a la educación (artículo 19 N.°10) se encuentra excluido de la acción de protección conforme a lo preceptuado en el artículo 20 de la Carta Fundamental, correspondiendo además a una obligación estatal de desarrollo progresivo. Descarta también toda vulneración a la libertad de enseñanza. Por último, niega que se haya vulnerado la garantía de igualdad ante la ley o que exista discriminación arbitraria, subrayando que el niño no fue excluido mediante un trato diferenciado hacia su persona, sino por la aplicación impersonal, objetiva y automatizada de los criterios generales de focalización social dispuestos normativamente para todos los postulantes del sistema.

En consideración a lo expuesto, solicita el rechazo total del recurso, argumentando que el actuar institucional se ha ajustado a derecho y al cumplimiento objetivo de la normativa aplicable y disponibilidad material.

TERCERO: Que evacuó informe don nombre reservado, abogado, en su calidad de Secretario Regional Ministerial (SEREMI) de Educación de la Región de Antofagasta, solicitando el rechazo de la acción de protección en todas sus partes respecto de su representada, con expresa condena en costas.

Sostiene, primeramente, su falta de legitimación pasiva para comparecer en estos autos como responsable de la omisión denunciada. Argumenta que la Subsecretaría de Educación Parvularia y, por extensión, dicha Secretaría Regional, no tienen injerencia ni dependencia administrativa sobre las salas cunas y jardines infantiles a los cuales postuló la actora. Detalla que, según el propio tenor del recurso, los jardines “nombre reservado”, “nombre reservado” y “nombre reservado” tienen como sostenedor directo a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI); mientras que el jardín “nombre reservado” tiene como sostenedor a la Universidad de Antofagasta, operando bajo la modalidad de transferencia de fondos (VTF) administrada también por JUNJI.

En consecuencia, enfatiza que los órganos competentes para responder y proveer la información o eventuales matrículas son exclusivamente JUNJI o Fundación Integra, organismos que poseen estructuras administrativas e independencia de gestión.

Asevera, en cuanto a la mecánica de postulación, que el acceso a la oferta de educación parvularia a nivel nacional opera mediante una plataforma unificada compartida entre JUNJI y Fundación Integra. Si bien este sistema facilita a las familias postular de manera centralizada —priorizando a aquellos pertenecientes a los tramos de mayor vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares—, aclara que la aprobación final de dichas postulaciones estará siempre sujeta a la disponibilidad real y efectiva de cupos en los establecimientos respectivos.

Agrega que, dada la edad del niño (nacido el NUM001 de 2022), existe una vía alternativa de ingreso al sistema educativo regular en caso de presentar necesidades educativas transitorias: las Escuelas de Lenguaje (particulares subvencionadas), las cuales forman parte de la Educación Especial y atienden a niños desde los 3 años cumplidos a marzo, permitiendo una postulación directa en sus dependencias.

En cuanto al fondo de la omisión denunciada, descarta tajantemente la existencia de un actuar ilegal o arbitrario en el sistema público. Informa, desde un punto de vista técnico y pedagógico, que la imposibilidad de otorgar matrícula no obedece a una decisión discrecional, caprichosa o discriminatoria, sino a la inexistencia material de cupos disponibles conforme a la normativa aplicable. Argumenta que el sistema de admisión se desarrolla mediante procesos centralizados y objetivos en los cuales la asignación se realiza en función de cupos autorizados. Enfatiza que matricular a un niño fuera de los límites normativos establecidos, forzando la generación de vacantes sin contar con las condiciones técnicas, humanas y materiales suficientes, no resulta compatible con los principios de la educación parvularia y, por el contrario, vulneraría el principio del interés superior del niño consagrado en el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, al exponerlo a condiciones inadecuadas de atención, sobrecarga de salas y disminución en la calidad del servicio educativo, afectando su bienestar y seguridad.

En consideración a lo expuesto, reiterando su falta de legitimación pasiva al no administrar los establecimientos requeridos y descartando cualquier vulneración a las garantías constitucionales imputable a su servicio, solicita a esta Ilustrísima Corte se sirva rechazar en todas sus partes el recurso intentado, con expresa condena en costas.

CUARTO: Que evacuó informe doña Betsabé García Vargas, abogada, en representación de la recurrida FUNDACIÓN INTEGRA de la Región de Antofagasta, solicitando el rechazo de la acción de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Sostiene, primeramente, la existencia de vicios procesales que hacen insalvable la acción, alegando su absoluta falta de legitimación pasiva. Argumenta que Fundación Integra es una institución de derecho privado sin fines de lucro que recibe financiamiento público, y no un servicio público del Estado ni parte de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), evidenciando una grave confusión institucional y orgánica por parte de la actora. En tal sentido, aclara que los jardines infantiles a los cuales postuló la recurrente ("nombre reservado", "nombre reservado", "nombre reservado" y "nombre reservado") dependen exclusivamente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y de la Universidad de Antofagasta, no teniendo su representada ninguna injerencia ni administración sobre ellos. Añade que Fundación Integra posee una red de 34 establecimientos propios en la ciudad de Antofagasta —tales como "Gabriela Mistral", "Los Llamitos" o "Granito de Arena"—, a los cuales la recurrente jamás ha postulado, por lo que malamente podría detentar la calidad de sujeto pasivo en esta controversia.

Asevera, en el mismo orden de ideas, la indeterminación del acto recurrido y la manifiesta extemporaneidad de la acción. Señala que el recurso formula una imputación vaga y genérica sin identificar qué decisión específica adoptó Fundación Integra, en qué fecha, ni qué norma habría infringido, no existiendo gestión pendiente ni solicitud formal alguna ante su institución. Asimismo, opone la caducidad del recurso, toda vez que la propia actora reconoce haber tomado conocimiento de los resultados negativos de su postulación en la red JUNJI en marzo de 2025, prolongándose la situación descrita por más de diez meses.

Consecuentemente, alega que se ha excedido largamente el plazo fatal de treinta días corridos establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sin que exista un acto nuevo o sobreviniente imputable a Fundación Integra que renueve la oportunidad para recurrir.

En cuanto al fondo, aduce la manifiesta ausencia de un derecho indubitado y preexistente, sosteniendo que el acceso a la educación parvularia financiada con recursos públicos no es un derecho de exigibilidad inmediata y absoluta por vía cautelar, sino una expectativa sujeta a procedimientos objetivos de postulación, priorización y disponibilidad material de cupos. Argumenta que la recurrente confunde el deber estatal general de promoción de la educación con una obligación concreta e individualizada exigible a Fundación Integra, institución que carece de potestades jurídicas para crear vacantes al margen del presupuesto asignado y de la normativa vigente. Enfatiza que ordenar la matrícula de un niño fuera del proceso regular de admisión importaría establecer una excepción ilegal, alterando los criterios objetivos de asignación y perjudicando arbitrariamente el trato igualitario respecto de las demás familias que sí participaron del proceso y permanecen pacientemente en lista de espera.

Finalmente, descarta toda vulneración a las garantías constitucionales invocadas. Respecto del derecho a la educación (artículo 19 N.°10), reitera que este no se encuentra amparado por el recurso de protección, previniendo que la mera cita a tratados internacionales y al "control de convencionalidad" no altera los presupuestos procesales de procedencia de esta acción cautelar, ni convierte un objetivo de política pública en una prestación exigible jurisdiccionalmente. Del mismo modo, niega categóricamente la afectación a la libertad de enseñanza (artículo 19 N.°11) y a la igualdad ante la ley (artículo 19 N.°2), explicando que al no haber existido postulación ni procedimiento administrativo alguno iniciado por la recurrente ante Fundación Integra, resulta fáctica y lógicamente imposible configurar un trato diferenciado, excluyente o discriminatorio imputable a su parte.

En consideración a lo expuesto, reitera que el recurso carece de objeto respecto de su representada y solicita a esta Ilustrísima Corte se sirva tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas; solicitando, en un otrosí, se decrete la reserva de la causa en resguardo de la privacidad e identidad del niño involucrado, conforme a los criterios de publicidad del Acta N.°44-2022 de la Corte Suprema.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados, que puedan ser afectados por acto arbitrario o ilegal.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SÉPTIMO: Que, conforme al mérito de los antecedentes expuestos, el objeto de la presente acción constitucional radica en determinar si la omisión denunciada, consistente en la falta de otorgamiento de matrícula al niño nombre reservado para acceder a la educación parvularia pública en la comuna de Antofagasta, constituye un acto ilegal o arbitrario imputable a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), la SEREMI de Educación de Antofagasta y/o la Fundación Integra.

En tal sentido, la controversia sometida al conocimiento y resolución de esta Corte se circunscribe a dilucidar si dicha negativa institucional —fundada en la estricta aplicación del Modelo Institucional de Priorización de Párvulos, la indisponibilidad de vacantes y los límites presupuestarios— vulnera, perturba o amenaza las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 N.°2, 10 y 11 de la Constitución Política de la República. De este modo, corresponde ponderar si el actuar de las recurridas se ajusta a la legalidad y normativa de admisión vigente, o si deviene en una conducta omisiva, ilegal o arbitraria que afecte los derechos del menor.

OCTAVO: Que, en cuanto a la oportunidad en la interposición de la acción y la extemporaneidad alegada por las recurridas, esta será desestimada. En efecto, del mérito de las alegaciones contenidas en el recurso y los antecedentes acompañados al proceso, se advierte que el hecho denunciado constituye una omisión que se ha mantenido en el tiempo, produciendo efectos permanentes y actuales respecto de la situación del niño nombre reservado, desde que a la fecha no resulta controvertido por las partes que no existe una vacante asignada para el menor, prolongándose ininterrumpidamente la situación de privación descrita por la actora.

Por consiguiente, al tratarse de una conducta omisiva con efectos actuales y vigentes que no se han agotado, no cabe contabilizar el plazo fatal de caducidad establecido en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de la forma estricta pretendida por las informantes, debiendo tenerse la presente acción constitucional por deducida en tiempo y forma.

NOVENO: Que, respecto de las alegaciones de falta de legitimación pasiva, en cuanto a la defensa opuesta por Fundación Integra, esta será acogida. En efecto, del mérito de los antecedentes aportados por la propia actora, se advierte que las postulaciones del niño nombre reservado se dirigieron exclusivamente a los establecimientos dependientes y administrados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). Al no existir postulación, requerimiento ni gestión administrativa alguna iniciada por la recurrente ante la red de salas cunas y jardines infantiles propios de Fundación Integra en la comuna de Antofagasta, resulta fáctica y lógicamente imposible imputar a dicha institución de derecho privado la omisión o negativa de matrícula reprochada en estos autos.

Por el contrario, la excepción incoada por la SEREMI de Educación será desestimada. Ello, por cuanto el reproche formulado en el recurso no se limita a la administración de un recinto específico, sino que denuncia la falta general de cupos en el sistema de educación pública parvularia de la comuna. Siendo dicha Secretaría Regional el representante territorial de la cartera encargada de velar por la cobertura educacional, detenta la calidad de sujeto pasivo idóneo para responder frente a la inactividad institucional denunciada.

DÉCIMO: Que, en cuanto al fondo del asunto, y en relación a la alegada existencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), esta Corte estima que dicha imputación carece de todo sustento fáctico y jurídico. En efecto, la falta de asignación de matrícula para el niño nombre reservado no obedece a un capricho, omisión infundada o decisión discrecional de las autoridades recurridas, sino a objetiva y correcta aplicación del ordenamiento jurídico vigente.

En este sentido, el artículo 38 de la Ley N.° 17.301 faculta expresamente a la JUNJI para establecer criterios de priorización en el ingreso a sus establecimientos, otorgando opción preferencial a aquellos párvulos que enfrentan mayores vulnerabilidades sociales, económicas o familiares. En cumplimiento de dicho mandato, la institución aplica el “Modelo Institucional de Priorización de Párvulos y sus Familias”, aprobado mediante la Resolución Exenta N.° 560/2022, el cual rige el proceso de selección. De los antecedentes aportados, se advierte que, al analizar la postulación del niño, se constató que no presentaba ninguna de las variables de extrema vulnerabilidad exigidas para ser catalogado en las Prioridades 1, 2 o 3 (tales como pertenecer al Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, encontrarse bajo medidas de protección judicial, o tener condición de discapacidad). Consecuentemente, el menor fue clasificado reglamentariamente en la Prioridad 4.

Al existir una disponibilidad material de vacantes limitada —la cual obedece a la estricta capacidad de infraestructura y a los márgenes presupuestarios aprobados anualmente por el Congreso Nacional mediante la Ley de Presupuestos— los cupos fueron legítimamente asignados a familias que presentaban un grado de vulnerabilidad superior al de la recurrente. En consecuencia, el actuar de la JUNJI se ajustó a la legalidad y a los límites fácticos de la Administración del Estado, descartándose toda ilegalidad o arbitrariedad.

UNDÉCIMO: Que, respecto de la supuesta vulneración a la garantía del derecho a la educación, consagrada en el artículo 19 N.°10 de la Constitución Política de la República, la acción intentada también debe ser desestimada por dos razones jurídicas fundamentales. En primer lugar, el derecho a la educación se encuentra excluido de la tutela de urgencia que brinda el recurso de protección, al no figurar dentro del catálogo taxativo de garantías amparadas por el artículo 20 de la Carta Fundamental.

En segundo lugar, desde una perspectiva sustantiva, si bien la Constitución dispone que es obligatorio para el Estado promover la educación parvularia y financiar un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, la Ley N.°20.710 (que introdujo dicha reforma) estableció en su disposición transitoria vigésima primera que esta obligación entraría en vigencia “gradualmente, en la forma que disponga la ley”. A su turno, el artículo 18 de la Ley General de Educación (Ley N.°20.370) preceptúa que la educación parvularia no constituye antecedente obligatorio para el ingreso a la educación básica. Por lo tanto, el acceso a la educación parvularia en los niveles inferiores al Kínder constituye un derecho de desarrollo progresivo condicionado a la capacidad institucional y presupuestaria del Estado, no configurando un derecho subjetivo absoluto e indubitado que permita exigir la creación inmediata de una vacante por vía cautelar.

DUODÉCIMO: Que, finalmente, la recurrente alega la vulneración a la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N.°2 de la Constitución Política de la República, sosteniendo que su hijo ha sido objeto de una diferenciación arbitraria frente a otros niños que sí lograron acceder a los establecimientos públicos.

Sobre este particular, cabe recordar que la garantía invocada no prohíbe el establecimiento de diferencias per se, sino aquellas que resulten ser arbitrarias, esto es, carentes de razonabilidad, justificación lógica o fundadas en el mero capricho. En el caso de autos, la no selección del hijo de la actora no se originó en un trato desigual o discriminatorio dirigido hacia su persona, sino que fue la consecuencia directa de la aplicación imparcial, objetiva y universal del ya citado “Modelo Institucional de Priorización de Párvulos”.

En este sentido, la preferencia en el acceso a recursos públicos limitados a aquellos niños y niñas que pertenecen a los estratos de mayor vulnerabilidad social frente a aquellos que se encuentran en una situación comparativamente menos precaria, no sólo resulta razonable y justificado, sino que además da estricto cumplimiento al mandato de focalización social del Estado, orientado a corregir desigualdades estructurales (Ley N.°20.379). Consecuentemente, el proceso de admisión no ha incurrido en distinción excluyente o discriminación arbitraria alguna en contra de la recurrente ni de su hijo, debiendo desestimarse igualmente la vulneración a este precepto constitucional.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en representación de su hijo nombre reservado, en contra de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA, de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE ANTOFAGASTA y de la FUNDACIÓN INTEGRA.

Regístrese y comuníquese.

Rol 97-2026 (PROTECCIÓN) Antofagasta, trece de marzo de dos mil veintiséis. VISTOS: La comparecencia de nombre reservado, dueña de casa, domiciliada en domicilio reservado, en representación de su hijo nombre reservado, quien interpone recurso de protección de garantías fundamentales en contra de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA, domiciliada en domicilio reservado, representada legalmente por nombre reservado; en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE ANTOFAGASTA, domiciliada en domicilio reservado, representada legalmente por nombre reservado; y en contra de FUNDACIÓN INTEGRA, domiciliada en domicilio reservado, representada legalmente por nombre reservado, por las acciones u omisiones ilegales y arbitrarias consistentes en no generar matrícula a su hijo, en la educación pública parvularia de la comuna de Antofagasta; entendiendo con ello vulneradas las garantías consagradas en la Constitución Política de la República en el artículo 19 N.°2, N.°10 y N.°11; solicitando ordenar a las recurridas entregar la matrícula a su hijo y adoptar las providencias y medidas adecuadas para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas. Evacuaron informe las recurridas instando por el rechazo del recurso. Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: