nombre reservado con CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, a diez de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Que comparece Gonzalo Patricio Miranda Díaz, abogado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación de Antofagasta, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta y la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Antofagasta, por considerar vulnerados los derechos consagrados en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por el actuar ilegal y arbitrario de las recurridas.

Informaron las recurridas al tenor del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente señala que acaecido el sensible fallecimiento de la profesora nombre reservado, hecho público y notorio, el Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación de Antofagasta, emite un comunicado señalando lo siguiente: “Con mucho dolor informamos el fallecimiento de la docente nombre reservado Valdivia en las horas de la noche. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, por tan penosa pérdida, mucha fuerza a sus seres queridos por este momento tan lamentable. Hacemos un llamado a aquellas Escuelas y colegios que aún no se han sumado al llamado a paralizar este 08 de marzo, a que se sumen a este paro y a exigir en conjunto de manera urgente protocolos de acoso sexual, acoso laboral, de vulneraciones de los derechos fundamentales, y de las infancias, no es posible que los sumarios se encuentren pasivos durante meses, investigaciones lentas y que queden sin resolución, peor que sigan la impunidad. Convocamos a todos a las 11:00 de la mañana a manifestarnos afuera de la CMDS. Atte. Directorio Sindical”. Agrega que luego, el día 09 de marzo de este año, el mismo sindicato emite otro comunicado que reza: “LLAMADO A PARO DE BRAZOS CAÍDOS. El Sindicato de Profesores y profesionales de la Educación de Antofagasta llama a movilizarse este lunes 11 de marzo, a un paro de brazos caídos en toda la jornada laboral. No podemos volver a nuestros lugares de trabajo e invisibilizar la tragedia que nos enluta.”

Indica que los colegios fueron sumándose a este paro hasta llegar al estado actual de cosas en que casi todos los colegios públicos y subvencionados se encuentran en paro de brazos caídos y sin clases, cuestión que no sucede con los colegios privados de la ciudad, los cuales no han visto suspendidas ni amenazadas sus clases, razón por la cual el paro genera una discriminación entre la educación pública y la privada y que provoca la conculcación de derechos de los menores escolares y genera variadas externalidades perniciosas para la sociedad toda.

Sostiene que la suspensión de clases configura una situación de vulneración de derechos de los alumnos de colegios públicos y subvencionados, en específico el del artículo 19 números 1 y 2 de la Constitución Política de la República.

Pide la protección de los derechos de los alumnos de los colegios públicos y subvencionados de la ciudad, en atención a la naturaleza cautelar, informal, inquisitiva, unilateral, breve y concentrada, abierta y provisoria de la acción de protección y evitar que se siga vulnerando el derecho a la educación de los alumnos antofagastinos, ello conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sostiene que la paralización de clases por parte del sindicato es ilegal y arbitraria, y la pasividad e inacción tanto de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, como órgano responsable de administrar u operar establecimientos educacionales municipales, como de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, como órgano legalmente obligado a ser el garante de la calidad de la educación escolar, vulneran las garantías constitucionales ya mencionadas, y pone en falta al Estado de Chile, toda vez que los alumnos de los colegios en paro están siendo flagrantemente discriminados, desde que su formación educacional, su integridad psíquica y su igualdad ante la ley se ven desconocidos, negados y violados respecto de un grupo privilegiado, los alumnos de colegios privados, quienes no ha perdido un solo día de clases, su formación no ha sido interrumpida y su crecimiento integral no se ve afectado por el paro de profesores.

Agrega que esta discriminación vulnera lo dispuesto por el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su observación General N° 13, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, y se refiere al artículo 19 N° 10 de la Constitución.

Concluye que la actuación arbitraria e ilegal de los colegios en paro en la ciudad agravian, en grado de privación, los derechos de los alumnos a su integridad psíquica integral y el derecho a no ser discriminados arbitrariamente, pues es solo un tipo de colegios los que se han sumado al paro de clases impidiendo el ejercicio del derecho a la educación de los alumnos de colegios públicos y subvencionados de la ciudad, los colegios privados han mantenido sus clases normalmente.

Solicita se decreten las medidas pertinentes para el restablecimiento del derecho, y, en definitiva, se ordene que se reanuden las clases con normalidad, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que informó la recurrida Sindicato de Profesores y Profesionales de la Corporación de Desarrollo Social de Antofagasta, a través de su abogado Ramón Miranda Tapia, quien solicita el rechazo del recurso.

Argumenta, en primer lugar, la improcedencia del recurso por no concurrir la situación fáctica sobre la cual versa la petición principal, pues es un hecho público y notorio que la paralización de docentes finalizó el jueves 18 de abril del presente, época en la cual la totalidad de los docentes se reintegraron a sus funciones y actualmente se encuentra operativo el 100% de los establecimientos dependientes de la Corporación de Desarrollo Social de Antofagasta.

Luego, sostiene la improcedencia del recurso por falta de legitimidad activa e inconsistencias en la identidad de los recurrentes, por cuanto el recurrente no indica en representación de quien comparece, entendiéndose que sólo puede comparecer por sí mismo. Indica que si bien en el recurso se hace referencia a los alumnos del sistema escolar, no señala en concreto en representación de quien comparece, si lo hace de un grupo determinado de alumnos, de alguna asociación de apoderados, y sólo se refiere en términos muy genéricos, lo que la deja en indefensión y conlleva dos problemas: que no se puede analizar la titularidad del derecho que se invoca y que resulta imposible cumplir una eventual sentencia favorable respecto de un número indeterminado de personas. Agrega que, si bien la norma vigente permite a cualquier persona recurrir de protección en favor de otros, sin necesitar el patrocinio o autorización, esto no puede entenderse como una exención de la obligación procesal de individualizar de manera correcta a la persona respecto de la cual se comparece, no cumpliéndose con los requisitos mínimos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.

Como un tercer punto, alega la falta de legitimidad del sindicato de profesores y profesionales de educación, ya que se encuentra imposibilitada de cumplir con la petición del recurso por cuanto sólo tiene la representación legal de los trabajadores asociados a su gremio y no tiene la facultad de obligar o compeler a cada uno de los docentes adheridos a un paro a reintegrarse a sus funciones, sino sólo manifestar una postura u opinión sobre un hecho o circunstancia en particular.

Posteriormente, argumenta la falta de legitimidad pasiva por ser responsable el empleador de proporcionar el servicio de educación y no sus trabajadores toda vez que el motivo de la paralización fue la deficiencia en las condiciones de trabajo que mantiene el empleador en el lugar de trabajo de los docentes, tanto así, que está paralización de funciones se extendió a otros gremios de funcionarios de la educación, tales como, el sindicato de asistentes de aula y el sindicato de asistentes de la educación, lo que llevó a los trabajadores al punto de manifestarse, por lo tanto no es el sindicato quien debe pronunciarse sobre la finalización del paro, sino el empleador debe adoptar las medidas necesarias para conversar con los trabajadores y proveer el servicio frente a la ausencia.

Finalmente, señala la improcedencia del recurso por aplicación del artículo 184 bis del Código del Trabajo, porque si bien los trabajadores de educación son regidos por el estatuto docente, el artículo 71 de dicha ley hace aplicables en subsidio las disposiciones del Código del Trabajo.

TERCERO: Que, por su parte, informó el Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región de Antofagasta, don nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso, en primer lugar, por falta de oportunidad, ya que los establecimientos educacionales municipalidades volvieron a clases con data 22 de abril de 2024, quedando sólo por volver la Escuela José Papic Radnic, que lo hará el día 02 de mayo de 2024, pues sus funcionarios, producto del deceso de la docente, están siendo objeto de ayuda psicológica.

Además, alega falta de legitimación pasiva del recurrente al no invocar representación alguna: padre, abuelo, apoderado, pariente, aduciendo que los niños de los colegios públicos están siendo discriminados, cuando el presente recurso no se trata de una acción popular.

Por último, indica que habría falta de legitimación pasiva por no ser el empleador de los docentes y las personas que trabajan con ellos, ya que esta función la tienen los sostenedores, es decir, las municipalidades a través de los llamados Departamentos de Educación Municipal y las Corporaciones Municipales de Desarrollo Social, sin perjuicio de estar conscientes que ante una paralización de actividades docentes deben tener preocupación, lo que se verificó ya que propició el acercamiento a todas las instancias involucradas, y ya hizo llegar un calendario de recuperación de clases, mediante Resolución Exenta N° 248 de 02 de abril de 2024, rectificada por REX N° 391 de 23 de abril de 2024, cumpliendo con su deber de velar por el acatamiento del plan de estudios.

CUARTO: Que la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta informó al tenor del presente recurso, solicitando su rechazo.

Refiere que carece de legitimidad pasiva en el llamado a paralización docente que dejó sin actividades lectivas a gran parte de las unidades educativas administradas por la Corporación desde el 08 de marzo al 18 de abril del año en curso, a pesar de que se instó por su término, lo que no pudo ser factible ante negativa del Sindicato y del Colegio de Profesores de esta ciudad, quienes con fecha 16 de abril de 2024 expusieron la decisión unilateral de deponer la paralización docente, siendo ellos los legitimados pasivos de la presente acción, quienes en un acto de auto tutela sin amparo legal convocaron a una paralización de labores que afectó la prestación del servicio educacional.

Agrega que ha realizado acciones tendientes a que los trabajadores docentes y asistentes de la educación finalicen el paro de actividades, por cuanto se realizaron una serie de reuniones hasta que con fecha 16 de abril el sindicato mediante comunicado público expresó que depondrían la paralización docente a contar del día 18 de abril, cuestión que a la fecha del informe fue verificado.

Expresa que al día 26 de abril de 2024 la totalidad de los recintos educacionales administrados por la Corporación Municipal se encuentran prestando efectivamente el servicio educacional para la atención de los más de 40.000 alumnos del sector municipal.

Finalmente, afirma que no es posible imputarle la comisión de conductas que vulneren garantías constitucionales de los menores indicados en el recurso de protección, ya que la paralización de clases se ha debido a un acto de auto tutela voluntario, libre y espontáneo de los profesores del Sindicado y del Colegio de Profesores, siendo también perjudicada con este actuar ilegal.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEXTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SÉPTIMO: Que, primeramente, conforme a las alegaciones vertidas por las recurridas, corresponde analizar la legitimación activa de la parte recurrente.

A este respecto, cabe señalar que esta acción constitucional no es una acción popular que pueda interponerse por cualquier persona que no tenga interés inmediato y directo comprometido, desde que el actor personalizó su ejercicio señalando que buscaba la protección de los derechos de los alumnos de escuelas públicas y subvencionadas, para luego acompañar como documento un “Listado de apoderados y alumnos que suscriben esta acción”, sin individualizar en su recurso quienes serían los eventuales afectados, siendo aludidos de forma genérica, lo que impide que esta acción pueda ser acogida, en atención a que se pretende una defensa de intereses colectivos o difusos, lo que en esta clase de tutela no resulta admisible.

Lo anterior ha sido reconocido por la Excelentísima Corte Suprema en fallo de fecha 26 de febrero de 2024, dictado en causa Rol N° 247.177-2023, el cual señaló que es menester para la procedencia del recurso de protección: “la existencia de un perjudicado o agraviado, esto es, alguna persona determinada que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos; ya que como se ha sostenido reiteradamente por esta Corte, el recurso de protección no constituye una acción popular, sino que de contrario su ejercicio corresponde al directamente lesionado con el acto u omisión que se reclama.”

Así, este arbitrio debe ser interpuesto a favor de un sujeto específico que sea afectado en el ejercicio legítimo de un derecho que se estima conculcado, no pudiendo interponerse en beneficio de personas o entes indeterminados o a quien no ha acreditado la calidad de agraviado, como ocurre en este caso, todo lo cual conlleva a que el recurrente no tiene legitimación activa para impetrar la presente acción, motivo que desde ya es suficiente para rechazar el recurso.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, del tenor de las alegaciones vertidas, en orden a la vulneración de garantías fundamentales a partir de la paralización de funciones por parte de los docentes de colegios públicos y subvencionados, constando, de acuerdo con lo expuesto por las recurridas, que dicha paralización fue concluida, la presente acción pierde oportunidad.

En este sentido, uno de los requisitos para que prospere el arbitrio constitucional se sustenta en la posibilidad de adoptar por la vía cautelar mecanismos que restablezcan el imperio del derecho, cuya necesidad no aparece de los antecedentes expuestos en autos, toda vez que la reanudación de clases se ha materializado.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Gonzalo Miranda Díaz en contra del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación, la Corporación Municipal de Desarrollo Social y la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 965-2024 (PROT)