CODELCO CHILE, DIVISÓN CHUQUICAMATA con INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Antofagasta, a diecisiete de abril de dos mil veinte.

VISTOS:

Pablo Andrés Valdés Pérez, abogado, cédula de identidad N° RUT reservado, en representación de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco-Chile, División Chuquicamata, empresa del Estado, minera, industrial y comercial, ambos domiciliados en domicilio reservado, interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Provincia de El Loa-Calama, persona jurídica de derecho público, representada por su Inspectora Provincial del Trabajo, Paola Ibarra González, ambos con domicilio en domicilio reservado, al incurrido en un actuar ilegal y/o arbitrario afectando los derechos garantizados por la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 2, 3 y 22.

Informó la recurrida solicitando el rechazo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción de protección se fundamenta en que en el contexto de la fiscalización laboral por la denuncia N° 0202/2019/742 interpuesta por el trabajador, nombre reservado, sobre eventual vulneración de derechos fundamentales, realizada dentro de un procedimiento administrativo de derechos fundamentales, con fecha 03 de febrero de 2020 la Inspectora Provincial del Trabajo del El Loa Calama, mediante Ord. N° 265/2020 informó el resultado de la denuncia y fiscalización en los siguientes términos:

“Respecto de la denuncia señalada en ANT., cumplo con informar los resultados de la investigación realizada por la Fiscalía Laboral de este Servicio respecto de los hechos denunciados por el Trabajador nombre reservado, en contra de la empleadora empresa Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco).

Al respecto, considerando los hechos denunciados, en cuanto a conductas y hechos que podrían representar vulneración del Derecho a la libertad sindical. Teniendo especialmente presente el procedimiento inspectivo desarrollado al efecto y el resultado de dicho procedimiento, hacemos presente que, los antecedentes resultan insuficientes para señalar con la debida certeza la existencia de indicios de vulneración de derechos, denunciada por el trabajador.

Sin perjuicio de lo anterior, se informa que este Servicio tendrá presente los hechos denunciados y antecedentes recabados en el proceso de investigación frente a eventuales denuncias que se deduzcan por la ocurrencia de conductas similares a la denunciada.

Finalmente, se informa que lo señalado precedente es sin perjuicio de los que puedan resolver los Tribunales de Justicia competentes, encontrándose la denunciante facultada para deducir en contra del empleador denunciado, las acciones judiciales que estime pertinentes.”

Refiere que de la sola lectura del Ord. citado, por un lado el Servicio recurrido desecha la denuncia del trabajador por carecer de antecedentes suficientes para detectar siquiera la existencia de indicios de vulneración de derechos fundamentales, y por otro lado, señala que estos hechos (que no constituyen ni siquiera indicios de algún tipo de vulneración) se tendrán presentes frente a otras denuncias que fueren deducidas por conductas similares a la denuncias, en circunstancias que se trata de conductas que no son indicio alguna de vulneración de un derecho.

Señala que bajo esta perspectiva de la autoridad, la recurrente no ha actuado de manera alguna que resulte en un indicio de vulneración de derechos, igualmente dichas conductas o acciones serán tenidas a la vista en denuncias por “conductas similares”, que su propio juicio no son atentatorias de derechos.

Es aquel párrafo, en el que la autoridad pretende considerar hechos que no son constitutivos de indicios de vulneraciones de derechos en otros casos, el que se solicita se deje sin efecto por resultar atentatorio contra el ejercicio de los derechos contemplados en el artículo 19 N° 2, 3 y 22 de la Constitución Política de la Republica, según se indicará a continuación.

Al tenor de lo anterior, es la decisión contenida en el párrafo 3 del ordinario objeto de este recurso, constituye un Acto Administrativo, siendo su naturaleza, una decisión formal emitida por un órgano de la Administración del Estado en las cuales se contiene una declaración de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública.

Expresa que el acto administrativo ha infringido el principio conclusivo de la ley N° 19.880, en cuanto que es su deber la dictación de un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo1, lo que se contiene en el Ord. dictado al efecto, pero que en su párrafo tercero contiene una decisión contradictoria con lo decidido y se pretende utilizar dicha información en su desmedro en futuras eventuales denuncias.

Indica que asimismo, se vulnera el principio de la imparcialidad del artículo 11 de la ley N° 19.880, por cuanto la Administración debe actuar con objetividad y respetar la probidad consagrada en la legislación, tanto en la substanciación del proceso como en las decisiones que adopte, lo que en este caso la decisión de la autoridad se aleja.

Dentro de este marco jurídico, el Servicio recurrido, constató que no existieron antecedentes suficientes para señalar con debida certeza la existencia de indicios de vulneración de derechos, denunciada por el trabajador.

Luego, propaga una especie de “advertencia”, aun cuando no se ha cometido infracción a norma alguna, como tampoco fueron detectados hechos contenidos en la denuncia del trabajador, de que estos hechos serán tenidos en cuenta al momento de denuncias similares.

Tal conclusión contenida en el Ord. N° 265/2020 es lesiva y perturba sus derechos, cometiéndose en tales líneas un acto ilegal y arbitrario.

Señala que se vulnera el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, puesto que le otorga un trato discriminatorio a la recurrente, por cuanto se le advierte de consecuencias por conductas que no ha cometido, predeterminando una privación a defensa en futuras fiscalizaciones y/o procedimientos, estableciendo el Servicio que -desde ya- tendrá una predisposición de animadversión hacia Codelco por hechos que: 1) no fueron constitutivos de los indicios denunciados; 2) aun en caso de ser similares serán procesos distintos.

En este sentido, de considerarse los hechos de este procedimiento con resultado favorable en futuras denuncias, se tendrá una desventaja ante su nuevo contradictor, atendida la predisposición del Servicio para con ella, al tenor de la advertencia contenida en el Ord. N° 265/2020.

Esta diferenciación, además de afectar la garantía en comento, infringe los principios de contradicción e imparcialidad consagrados en los artículos 10 y 11 de la Ley N° 19.880 y es arbitraria, ya que no tiene razón de ser, puesto que ni siquiera los antecedentes acompañados fueron suficientes para sustentar la denuncia de vulneración.

En definitiva, la autoridad se encuentra estableciendo una diferencia arbitraria, ilegal y atentatoria de derechos fundamentales hacia su defendida, lo que infringe a todas luces la garantía citada, ya que con el acto lesivo Codelco no se encontrara en igualdad que las otras personas en futuros procesos ante la entidad recurrida.

Asimismo se vulnera el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República. En el mismo sentido de lo anterior, se perturba el derecho a la igual protección ante la ley en el ejercicio de sus derechos, en el sentido de que en el futuro, cada vez que sea denunciada y/o fiscalizada, se verá menoscabada en el ejercicio de sus defensas, en razón de la “advertencia” ya efectuada por el fiscalizador laboral, situación de carácter arbitraria y conculcadora de derechos, afectándose directamente el derecho a defensa de su representada en los futuros casos, teniéndose a la vista antecedentes que no son constitutivos de ninguna conducta sancionable y que corresponden a procesos distintos.

En este punto, cabe mencionar que si bien la Dirección del Trabajo en su facultad fiscalizadora se considera el concepto de reincidencia para los efectos de las multas de acuerdo al documento denominado Tipificador Infraccional de cada año, ello únicamente puede ser utilizado en los casos expresamente establecidos previamente y en dicho contexto, a diferencia de este caso, en que el además ni siquiera existe una infracción en la cual reincidir.

Además, señala que se vulnera el artículo 19 N° 22 de la Carta Fundamental al tener derecho a un trato no discriminatorio arbitrario por parte del Estado y sus organismos.

En razón de los argumentos ya señalados, la presente garantía también se ve infringida con el párrafo del Ord. materia del presente recurso, por cuanto, Codelco por el mero hecho de aparecer denunciado, es advertido de que en futuras denuncias los antecedentes de dicho proceso se tendrán a la vista, sin fundamento legal y de hecho que lo permita.

El acto ilegal y arbitrario de la Inspección del Trabajo de El Loa- Calama, de mantenerse el párrafo cuestionado del Ord. N° 265/2020, afecta a su representada en sus derechos y garantías constitucionales citadas, es ilegal contrario a los artículos 10 y 11 de la ley 19.880 y otras disposiciones aplicables de la misma norma y es arbitrario, en atención a que carece de razonamiento legal y fáctico del motivo por el cual tendría presente antecedentes de una denuncia que fue desestimada en eventuales futuros casos.

Finalmente, hace presente que esta acción constitucional se interpone sin perjuicio y haciendo reserva expresa de todos los derechos, acciones e intereses que pudiere su representada, con su derecho a defensa en el futuro.

Solicita que se acoja el presente recurso de protección en razón de existir una perturbación y privación a Codelco Chile, División Chuquicamata, por el acto arbitrario e ilegal que consta en el tercer párrafo del Ord. N° 265/2020 de 03 febrero de 2020, ordenando que se elimine el tercer párrafo del señalado Ordinario, dejando únicamente vigente el resto del documento, por ser arbitrario e ilegal la mantención del referido párrafo. Consecuencialmente, que se ordene a la Inspección del Trabajo Provincial de El Loa-Calama que se reste de tener en consideración los antecedentes de la denuncia N° 0202/2019/742 para futuras fiscalizaciones y/o procesos admirativos, debiendo en todo caso, únicamente considerar en cada caso, denuncia y/o fiscalización y otros relacionados, los antecedentes de cada asunto en particular y no otros, salvo en aquellos casos que la ley expresamente lo autorice y se le condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que informó Eduardo Machuca Cereceda, en representación de la recurrida, solicitando su rechazo.

Explica que la Inspección del Trabajo como consecuencia del procedimiento investigativo N°0202.2019/742, ha emitido conforme a derecho el Ordinario N° 265 de 02 de febrero de 2020, informando a las partes el resultado del mismo proceso, de acuerdo a sus facultades, y conforme a lo dispuesto en las normas administrativas que, como órgano de la administración del Estado debe sujeción, así como las normas legales que rigen específicamente a este servicio.

Cita los artículos 292, 486 y 505 del Código del Trabajo, 5° del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, estableciendo en ellos las atribuciones con las que cuenta la Dirección del Trabajo y, en consecuencia, la Inspección dependiente contra la que se recurre.

En cumplimiento de tal objetivo, la Dirección del Trabajo desarrolla legalmente funciones como las de fiscalizar la aplicación de las normas laborales y de seguridad social, cuyo cumplimiento se le ha encomendado controlar; realizar las acciones necesarias para resolver y prevenir conflictos del trabajo; e informar y orientar a trabajadores y empleadores sobre la legislación y reglamentación laboral, en términos que han sido reconocidos expresamente por la Excma. Corte Suprema de Justicia.

Es en base a dichas facultades-deberes que la Inspección Provincial del Trabajo El Loa – Calama, realizó el proceso de investigación, concluyó la existencia de indicios suficientes de vulneración, informó a las partes el resultado, y les hizo saber que tanto los hechos denunciados, como los antecedentes recabados serán considerados por este Servicio en eventuales futuras denuncias. La última actuación administrativa, que es precisamente respecto de la cual se acciona, da cuenta, al contrario de lo que afirma la recurrente, del cumplimiento de los principios de objetividad y transparencia que deben inspirar las actuaciones de la administración.

La contraria indica que la Inspección Provincial El Loa – Calama infringe el principio conclusivo expresado en el artículo 8° de la Ley N° 19.880, el que prescribe “Todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad”. Lo cierto es que la infracción legal, que deriva en constitucional según la recurrente, no es tal. En efecto, el proceso administrativo ha “concluido” en un acto decisorio, que no es otro que el Ordinario N° 265 por el cual se le comunica el resultado de la investigación. El resultado ha sido que no se constataron indicios suficientes de vulneración a la libertad sindical. Que se le comunique que, los hechos y los antecedentes recabados, serían considerados en “eventuales” posteriores denuncias que se refieran a hechos similares no significa, bajo ningún respecto, que el proceso no haya terminado. La lectura que le da la recurrente a dicha declaración, como una manifestación de animadversión en contra de su representada, corresponde más a un análisis hipersensible de la semántica utilizada, que a un análisis objetivo de lo que se declara por esta institución, como se explicará a continuación al referirnos al respeto del principio de imparcialidad.

Por otra parte, la recurrente, para fundamentar un acto ilegal, señala que se afecta el principio de imparcialidad establecido en el artículo 11 de la Ley N° 19.880, ya que al plantearse por la Inspección Provincial del Trabajo que no existen indicios suficientes de vulneración, pero existe una advertencia de ser considerados los hechos en eventuales denuncias posteriores no se estaría obrando con la objetividad, ni respetando la probidad que se merece el actuar normativo. Lo cierto es que, la contraria, nuevamente más allá de establecer apreciaciones personales respecto a una supuesta animadversión de este Servicio, no indica de qué forma, fundadamente, se afectaría la imparcialidad. En este contexto, a nuestro entender, lo planteado carece incluso de un análisis más profundo de lo que objetivamente señala el Ordinario N° 265. En efecto, lo que indica el ordinario es que en eventuales futuras denuncias se considerarán los hechos denunciados y los antecedentes recabados, los mismos que hicieron concluir a este Servicio que no existen indicios suficientes de vulneración. Esto, más que ser una infracción al principio de imparcialidad, es una obligación para este Servicio, ya que en la labor fiscalizadora debe considerarse todos los antecedentes con que cuenta la institución actuante. Lo anterior permite que, dicha labor se desarrolle garantizando a las partes que la decisión final del proceso será congruente con los hechos constatados. De hecho, la propia administrada en el proceso de fiscalización, pretende justificar su actuar demostrando que respecto “otros” trabajadores no ha tenido un tratamiento distinto. Es decir, se refiere a otras realidades. En la labor fiscalizadora ocurre precisamente aquello, deben verificarse todos los antecedentes con los que cuenta este Servicio. Los procesos de fiscalización no constituyen expedientes que establecen actos o hechos que no puedan ser consultados en el futuro, por el contrario, aquello afectaría incluso el deber de transparencia en el actuar administrativo. Por otra parte, dicha consulta o revisión, la recurrente - como se ha indicado anteriormente - dada su sensibilidad lectora, la identifica con ánimo de animadversión o discriminación, lo que no corresponde a lo informado, y a la aplicación de las normas obligatoria que rigen el actuar de este Servicio, ya que la consideración de los antecedentes recabados, no tiene un resultado predeterminado, ni mucho menos, una consideración a priori contraria a lo ya concluido.

De esta manera, la Inspección del Trabajo ha actuado conforme a la normativa administrativa y legal que regula su actuar, tanto en la tramitación del proceso de investigación de denuncia por prácticas antisindicales, como en su término al comunicar los resultados, y al informar a las partes que los antecedentes recabados serían considerados en eventuales futuras denuncias. Por lo anterior se debe descartar que el Ordinario N° 265 sea un acto ilegal que amerite que se acoja la presente acción cautelar.

En cuanto a la arbitrariedad denunciada por la recurrente, señala que origen del procedimiento administrativo no está en la voluntad del servicio, sino que ha sido consecuencia de una denuncia, sin que pueda el Inspector del Trabajo dejar de cumplir tales requerimientos, tramitarlos, y comunicar sus resultados, que mediante los procedimientos de fiscalización, realizados de conformidad a la normativa legal y administrativa, se limitó a verificar la existencia o no, de indicios suficientes de vulneración a la libertad sindical, cuestión que concluyó en la segunda opción. Es decir, no existen indicios suficientes de vulneración, eso es lo que se informa. Hay una correspondencia entre lo investigado y lo informado. Pero también debe haber una correspondencia entre las actuaciones del Servicio, particularmente con las futuras. En este sentido, si existen futuras denuncias por hechos similares, es decir, denuncias por prácticas antisindicales de la misma materia del proceso N°0202.2019.742, necesariamente deben consultarse los antecedentes recabados, y así garantizar no dar un trato desigual, por lo tanto, arbitrario, a situaciones similares. Y si se diferencia en definitiva, deberá explicarse esa diferencia, para lo cual, necesariamente debe consultarse la base de datos de esta institución.

En este sentido, y de acuerdo a lo expresado anteriormente, no se puede calificar la actuación de la Inspección Provincial del Trabajo como caprichoso, carente de razón, o simplemente arbitrario, toda vez que ha obedecido a un procedimiento reglado, lo que a su vez, deviene en un acto razonado, justificado, y garantiza que las actuaciones futuras, a lo menos desde la consideración de antecedentes, no constituya un acto caprichoso al momento de resolver.

Por último, además de todos los argumentos anteriores, que por sí sólo ameritan el rechazo del presente recurso de protección, esta Ilustrísima Corte debe rechazar el mismo, toda vez que los derechos cuya protección reclama la recurrente no tienen el carácter de indubitados, requisito esencial para que esta acción pueda prosperar, ya que los derechos invocados por ellos no aparecen determinados como derechos preexistentes, es más, todas sus alegaciones se basan en eventuales vulneraciones a partir de eventuales consideraciones de los antecedentes, en eventuales futuras denuncias. Dicho de otra forma, no existe ningún derecho existente en la actualidad que sea vulnerado por alguna actuación presente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que conforme a los antecedentes de esta acción resulta evidente que no existe, en la resolución impugnada y particularmente en el párrafo que se cuestiona, acto concreto que afecte o amenace las garantías de la recurrente.

Tener presente alguna cosa, situación o antecedente no tiene ni puede dársele un carácter positivo o negativo y por tanto, la lectura que hace la recurrente –Codelco Chile- es meramente especulativa y subjetiva, que no nace de los términos del párrafo impugnado, ni puede derivarse del mismo.

SEXTO: Que en todo caso, la afirmación efectuada por la Inspección en su resolución, no es más que manifestación de su obligación de fundar los actos administrativos y, además, transparentar su actuar, particularmente si no existe norma alguna que le impida revisar o transparentar los antecedentes allegados a investigaciones previas.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA con costas, el interpuesto por el Abogado Pablo Andrés Valdés Pérez, en representación de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco-Chile, División Chuquicamata en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Provincia de El Loa-Calama.

Regístrese y comuníquese.

Rol 965-2020 (PROT)

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