nombre reservado con EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE

/jvz Antofagasta, a quince de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Empresa Periodística El Norte S.A., por haber realizado publicaciones en los medios de comunicación El Mercurio de Antofagasta y El Mercurio de Calama, que considera ilegales y arbitrarias. Estima que dicha actuación vulnera sus derechos fundamentales, atendido a que tales publicaciones afectan su honra, integridad psíquica y el respeto y protección a su vida privada, vulnerando, con ello, los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19, N° 1 y N° 4 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene el cese de dichas conductas y se prohíba el uso o referencia de su persona en redes sociales y cualquier otro medio de comunicación.

Mediante resolución de 27 de mayo de 2025, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se dispuso la acumulación de los autos 963-2025 (Protección) de esta Corte, en los que nombre reservado deduce, por los mismos hechos, acción de protección en contra de la recurrida.

Informa la recurrida, al tenor de los recursos interpuestos en su contra.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente nombre reservado funda su acción exponiendo que el 23 de mayo de 2025 la recurrida realizó una publicación en el medio de comunicación El Mercurio de Calama, bajo el título "Relaciones de familia, amistad y política en el SLEP Licancabur". Dicha publicación, según refiere el actor, si bien aborda su rol como funcionario del SLEP Licancabur, haciendo referencia al cargo que desempeña y al sueldo que percibe, también aborda aspectos de su vida personal, vinculándolo emocionalmente con una compañera de trabajo y con un partido político al cual manifiesta no pertenecer.

Posteriormente, el 24 de mayo de 2025, la recurrida efectuó una nueva publicación en el diario El Mercurio de Antofagasta, bajo el título "Caso Parejas SLEP: El breve paso directivo de nombre reservado por la Seremi de Salud". En esta segunda publicación, según sostiene el recurrente, la empresa recurrida nuevamente deshonra su imagen e integridad, injuriándolo con un relato que califica de falso, imputándole faltas administrativas y delitos que niega categóricamente.

Precisa que en esta segunda publicación se lo sindica como maltratador laboral durante su paso por la Seremi de Salud, indicando que fue objeto de una funa durante el 2023, circunstancia de la cual manifiesta no tener conocimiento absoluto. Asimismo, se refieren problemas con una compañera de partido, en circunstancias que, afirma, no milita en algún partido político ni ha tenido problemas con persona alguna.

Invoca la transgresión del artículo 19, N° 1 de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Al respecto, argumenta que el actuar de la recurrida ha generado una afectación tanto psíquica como física en su persona, toda vez que junto con vincularlo sentimentalmente con una compañera de trabajo y con un partido político al cual no pertenece, se le imputan hechos falsos que no se encuentran respaldados por sumario administrativo o investigación penal alguna.

Alega la vulneración del artículo 19, N° 4 de la Constitución Política, relativo al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, así como la protección de sus datos personales. Sostiene que del tenor literal de las publicaciones realizadas por la recurrida queda de manifiesto el menoscabo a su persona, precisando que, si bien la sociedad puede exigir mayor conocimiento de los actos de las personas públicas, ello no autoriza a los medios a imputarle hechos falsos que le causen injustificadamente daño o descrédito.

Manifiesta que se encuentra ante actos de carácter reiterado, con el fin de descalificarlo, desacreditarlo y afectarlo de manera ilegal. Indica que estas garantías fundamentales han sido afectadas ilegítimamente por el recurrido en grado de privación o, a lo menos, de perturbación, configurándose una infracción patente, manifiesta y grave de sus derechos constitucionales.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida eliminar de sus medios de comunicación las publicaciones realizadas el 23 y 24 de mayo de 2025, se ordene abstenerse en el futuro de efectuar todo tipo de publicaciones que afecten su honra o imagen, y se adopte toda otra medida necesaria para restablecer el imperio del derecho, todo ello con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que la recurrente nombre reservado expone que el 23 de mayo de 2025 la recurrida realizó una publicación en El Mercurio de Calama, titulada "Relaciones de familia, amistad y política en el SLEP Licancabur", donde, si bien se refiere a su rol como funcionaria del SLEP Licancabur, haciendo referencia al cargo que desempeña como jefe de gabinete y su remuneración de poco más de $5,7 millones, también aborda aspectos puramente personales y confidenciales de su vida privada.

Particularmente, la recurrente señala que la publicación la vincula emocionalmente con un compañero de trabajo, específicamente, con nombre reservado, administrador público que se desempeña como profesional de compras, con un salario de poco más de $5,8 millones, constituyendo una segunda parte de la publicación que se centra únicamente en deshonrarla, desacreditarla y afectar su integridad al hacer público dicho vínculo sentimental a través de los medios de comunicación.

Fundamenta su acción en que las publicaciones constituyen una vulneración a las garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Respecto del N° 1, argumenta que el derecho a la integridad física y psíquica comprende tanto lo físico como lo psíquico, citando jurisprudencia que establece que cualquier acción que atente contra esta integridad constituye un perjuicio que debe ser restablecido por el derecho. En relación con el N° 4, sostiene que se ha vulnerado el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona, así como el derecho a la propiedad de su imagen.

Refiere que las publicaciones constituyen actos destinados a descalificarla, desacreditarla y denostarla de manera ilegal, lo que menoscaba su honra como bien espiritual estimable e integrante de la personalidad humana.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida eliminar las publicaciones realizadas el 23 de mayo de 2025, se le ordene abstenerse en el futuro de efectuar todo tipo de publicaciones que afecten su honra o imagen, y se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que evacúa informe la sociedad recurrida Empresa Periodística El Norte S.A., solicitando el rechazo de ambos recursos de protección, con costas.

Plantea que el conflicto objeto de estos recursos ya ha sido resuelto por los tribunales superiores de justicia, indicando que la actividad periodística se encuentra protegida por el mandato constitucional y la ley, no divisándose la necesaria relación de causalidad entre el hecho vulneratorio y el derecho afectado.

Reconoce la existencia de las publicaciones de 23 y 24 de mayo de 2025, tituladas "Relaciones de familia, amistad y política en el SLEP Licancabur" (sic) y "Caso Parejas SLEP: El breve paso directivo de nombre reservado por la Seremi de Salud", pero niega categóricamente que constituyan imputaciones de faltas administrativas o delitos, o que contengan información personal y confidencial con intención de denostar a los recurrentes.

Argumenta que ambos recurrentes ejercían cargos de relevancia pública en el Servicio Local de Educación Pública de Licancabur (sic), financiados con fondos públicos, por lo que sus antecedentes profesionales y remuneraciones son de acceso público en virtud del principio de transparencia de la función pública. Sostiene que las notas de prensa únicamente reproducen opiniones de autoridades administrativas respecto al perfil profesional de los funcionarios vinculados al SLEP Licancabur (sic).

Alega la inidoneidad de la acción interpuesta, fundándose en que la Ley N°19.733 establece en su artículo 16 el derecho específico de rectificación o aclaración como vía idónea para estos casos, aplicando el principio de especialidad normativa del artículo 13 del Código Civil. Cita jurisprudencia que declara inadmisibles los recursos de protección cuando existe un procedimiento judicial especial en la Ley de Prensa para resolver estas controversias.

Sostiene la ausencia de un acto ilegal o arbitrario, argumentando que las publicaciones se enmarcan en el legítimo ejercicio de la libertad de prensa consagrada en el artículo 19, N°12 de la Constitución Política y en la Ley de Prensa. Destaca que ninguno de los recurrentes ha solicitado previamente una aclaración o rectificación conforme al procedimiento establecido en la normativa específica.

Particularmente, invoca el artículo 30 de la Ley de Prensa, que exonera de responsabilidad por publicar circunstancias de interés público, especialmente aquellas referentes al desempeño de funciones públicas. Enfatiza que existe un interés público prevalente en la información sobre funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, respaldándose en jurisprudencia que privilegia la libertad de información por sobre otros derechos cuando existe relevancia pública.

Manifiesta que no existe normativa que obligue a eliminar publicaciones realizadas en ejercicio de la libertad de expresión, comparando esta situación con el deber legal de enviar ejemplares de publicaciones a la Biblioteca Nacional, lo que demuestra que la información pasa a formar parte del registro histórico.

Finalmente, solicita que se declare la improcedencia y se rechacen en todas sus partes ambos recursos de protección, con expresa condenación en costas.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados afectados por actos ilegales y/o arbitrarios.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que de las presentaciones de las partes se desprende que el objeto de la acción deducida es determinar la existencia de un acto ilegal o arbitrario de la recurrida, consistente en la publicación de información en medios de comunicación social, lo que afectaría las garantías constitucionales de la integridad psíquica, honra y protección de la vida privada de las recurrentes.

SÉPTIMO: Que, entrando al fondo del recurso, se debe tener por establecido que el 23 de mayo de 2025 el diario El Mercurio de Calama publicó una noticia titulada: “Relaciones de familia, amistad y política en el SLEP Licancabur”.

En el cuerpo de dicha noticia, y con relación a los actores, se establece lo siguiente: “Una segunda pareja está compuesta por nombre reservado, administrador público que trabaja como “Profesional de compras” y tiene un salario de poco más de $5,8 millones y nombre reservado, cientista político, que se desempeña como “Jefe de gabinete”, con una remuneración de poco más de $5,7 millones”.

Asimismo, el 24 de mayo de 2025 el diario El Mercurio de Antofagasta publicó una noticia señalando “”Caso Parejas SLEP”: El breve paso directivo de nombre reservado por la Seremi de Salud”, en donde se establece lo siguiente: “Quienes presenciaron su llegada afirman que nombre reservado adoptó una postura de ”sheriff”, incitando múltiples cambios a fin de completar una “limpieza” de personal tomando en cuenta consideraciones y afinidades políticas. Esto fue el punto de partida, relatan, que decantó en una denuncia por malos tratos en la interna de la Seremi de Salud, que implicó un sumario y manifestaciones de la asociación de funcionarios. Incluso, en marzo del 2023, aparecieron carteles en varios lugares de Antofagasta con el rostro de nombre reservado, a modo de “funa”. Finalmente, la autoridad sanitaria le solicitó su renuncia. Fuentes de la Seremi de Salud dicen que nombre reservado habría tenido un problema con una compañera de partido, pero sin que se hiciera una denuncia formal”.

OCTAVO: Que, del mérito de las publicaciones referidas, es posible sostener que ellas aluden a materias de interés público, toda vez que se refiere a funcionarios de un servicio local de educación pública, relacionadas, al menos en parte, con sus remuneraciones, y, por ende, su conocimiento interesa a toda la comunidad.

A este respecto, se debe tener presente que, el artículo 19, N° 12 de la Constitución Política de la República consagra la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, y es en ejercicio de dicho derecho constitucional que la recurrida, Empresa Periodística El Norte S.A., a través de dos medios de comunicación, a saber, El Mercurio de Antofagasta y el Mercurio de Calama, publicó las noticias referidas en el libelo.

NOVENO: Que, en todo caso, si el recurrente estimare que las publicaciones efectuadas contienen expresiones que podrían ser constitutivas de un ilícito penal o civil, de ser efectivo, ello correspondería ser dilucidado en el procedimiento legal respectivo, con amplias posibilidades de prueba y discusión.

En consecuencia, dada la naturaleza cautelar del recurso de protección, éste no resulta idóneo para resolver la materia propuesta a la consideración tutelar de esta Corte.

DÉCIMO: Que es preciso recordar que los derechos fundamentales no son absolutos, puesto que admiten limitaciones frente al ejercicio de otros derechos fundamentales, constituyendo un ejemplo paradigmático de lo que se sostiene la colisión entre el ejercicio de la libertad de expresión con el derecho a la privacidad o intimidad de las personas. Con todo, dicha colisión se encuentra resuelta por la Constitución Política de la República y la ley, específicamente, por los artículos 19, N° 12 de la Carta Fundamental y 1 de la Ley N° 19.733, no correspondiéndole a los jueces efectuar la ponderación que, anticipadamente, realizó el constituyente y el legislador.

UNDÉCIMO: Que el ordenamiento jurídico chileno consagra un amplio espectro de libertad de expresión e información, optando por proteger la honra y vida privada de las personas casi de manera exclusiva a través la persecución de responsabilidades ex post -con el establecimiento de responsabilidades en la ley de prensa o tipos penales específicos-, renunciando así a la posibilidad de la aplicación de la censura previa.

DUODÉCIMO: Que acoger el recurso a efectos de ordenar a una persona eliminar determinadas publicaciones de carácter injurioso o calumniosas e instarlo a abstenerse de efectuar en el futuro otras de igual carácter, además de vulnerar el derecho de expresión y opinión de dicho ciudadano, mediante un procedimiento de cautela que no atiende a las mínimas exigencias del debido proceso y en que, en la práctica, se efectúa una calificación jurídica a las expresiones objetadas que excede la competencia de esta Corte, lo cierto es que tal pronunciamiento comprende una declaración vana, pues no se advierte cómo podría el recurrido inhibirse en el futuro de efectuar expresiones “calumniosas o injuriosas”, dado que este discernimiento corresponde en definitiva hacerlo a la jurisdicción especializada en materia penal.

DÉCIMO TERCERO: Que, por lo dicho, debe necesariamente desestimarse el presente recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 19 N° 4, 12, 16 y artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, los recursos deducidos en favor de nombre reservado y nombre reservado en contra de Empresa Periodística El Norte S.A.

Regístrese y comuníquese.

Rol 962-2025 (rol 963-2025 acumulada) (Protección)

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