PESSA S.A. con nombre reservado

Antofagasta, a veintitrés de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS:

nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, en representación de PESSA S.A., RUT RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, domiciliados en domicilio reservado, deduce recurso de protección contra nombre reservado, por el ejercicio de actos ilegales y arbitrarios, que infringen la garantía reconocida en el artículo 19 n° 16, n° 2, n° 3, n° 21, n° 23 y 24 de la Constitución Política de la República.

Acompañó copia de demanda en causa RIT T-82-2018, copia resolución de fecha 26 de marzo de 2018 y certificado de antecedentes laborales y previsionales 2000/2018/233426 vigente hasta el 26 de abril de 2018.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo de la acción. Acompañó cumple lo ordenado con documentos solicitados de causa RIT T-82-2018.

Puesta la causa en estado, se trajo los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la presente acción se funda, en que el 26 de marzo de 2018 se habría resuelto en causa RIT T-82-2018 reincorporar al trabajador nombre reservado a sus labores y enterar las remuneraciones devengadas durante el periodo del despido hasta su reincorporación.

Indica que dicho trabajador habría ejercido funciones hasta el 27 de diciembre de 2017, terminándose la relación por la causal del artículo 161 del código del ramo, presentando acción de tutela el 12 de marzo de este año solicitando su reincorporación inmediata, a lo que se accede en la resolución señalada, de la que se toma conocimiento el día 2 de abril ya que se acerca a las oficinas el fiscalizador de la Inspección del Trabajo de Coquimbo, e informa de la resolución, no obstante argumenta que el trabajador no tiene dicho derecho a fuero, y no fue posible hacer nada conforme el artículo 492 del Código del Trabajo que señala que no procede recurso alguno, y por ello se acciona por esta vía, ya que ni esa norma, ni la del 294 ni ninguna otra otorgan el derecho a reincorporación inmediata de un ex trabajador sin fuero, remitiéndose el artículo 294 al 489 por lo que no puede determinarse la práctica antisindical a priori de un juicio con las garantías procesales, careciendo la resolución mencionada como vulneratoria de fundamento jurídico, al no haberse establecido precisamente el supuesto legal que autoriza para considerar que el despido no produjo efecto, no habiéndose solicitado por el trabajador que se declare el despido como antisindical, lo que es un presupuesto previo.

Añade que además la reincorporación sería incompatible con las indemnizaciones del artículo 489, y de tramitarse el juicio donde se solicitan dichas indemnizaciones podría ocurrir justamente lo que prohíbe la norma referida.

Alude a su vez que el artículo 492 del Código del Trabajo solo permite suspender los efectos del acto, pero no hacer revivir situaciones fenecidas, como sería el caso de autos, siendo una medida transitoria y temporal mientras se define el fondo, no obstante la reincorporación tiene efectos permanentes.

Señala que no existiría acto impugnado conforme el artículo 492, ya que lo que se pretende reestablecer es un contrato de trabajo, suspendiendo los efectos jurídicos de un despido, conceptos propios del derechos pero no de los hechos, no existiendo claridad en el acto impugnado, ya que no se expresa en la petición, explorando cuáles serían las posibilidades, siendo la primera que el despido sea realizado en represalia por la actividad antisindical, no obstante no podría suspenderse porque al no haberse aún declarado, no existiría; en segundo lugar, podría ser el despido simplemente, no obstante al ser un acto jurídico instantáneo, sus efectos se agotan al momento del mismo el 27 de diciembre por lo que tampoco se puede suspender.

Continúa argumentando que la suspensión supone que esté actualmente produciendo efectos, lo que no ocurre al no existir vínculo laboral a la fecha de la resolución, habiéndosele puesto el despido fin a todo efecto, siendo de ejecución instantánea. Asimismo, alude que la suspensión debe ser provisoria, no pudiendo tomar el tribunal medidas que signifiquen consolidar la relación jurídica, ya que ello sería irreversible, ya que luego la sentencia no sería una forma de poner término a una relación laboral.

Agrega que la resolución en cuestión requiere control legal y constitucional, por lo que este es el único mecanismo para el control de garantías, arguyendo que el código laboral permite reincorporación en la primera resolución, pero siempre y cuando exista fuero laboral, lo que no ocurre en esos autos.

Esgrime el acto es ilegal puesto que carece de facultades tan amplias para determinar la reincorporación de trabajadores sin fuero y sin existencia de juicio de lato conocimiento, y conforme los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, todo órgano debe actuar dentro de su competencia y facultades, actuando en este caso fuera de sus atribuciones, requiriendo de un control constitucional.

Menciona como derechos vulnerados el artículo 19 número 16 referente a la libre contratación al impedirle decidir sobre la selección de sus trabajadores; 19 número 2 ya que al aplicarse mal las normas se hace de forma injusta y desigual; 19 número 3 inciso quinto por ordenarse acciones sin facultades actuando como tribunal de facto al actuar fuera de su cargo; 19 número 21 al amenazar el desarrollo de su actividad económica por imponer una contratación a la cual no se encuentra obligado; 19 número 23 y 24 ya que se le obliga a disponer de sus recursos económicos; viéndose los derechos anteriores amenazados ya que dicha orden del tribunal es prácticamente irreversible.

Solicita acoger el recurso y declarar la ilegalidad de la resolución de 26 de marzo del año en curso en causa RIT T-82-2018 decretando que se deje sin efecto la orden de reincorporación y de enterar las remuneraciones, dejando sin efecto las eventuales sanciones y demás consecuencias legales que surjan de la orden ilegal, y cualquier otra medida que estime pertinente.

SEGUNDO: Que informó la recurrida que de lo principal de la demanda se solicita reincorporación por haber sido objeto de conductas antisindicales que terminaron en su despido, ya que había solicitado la designación de un ministro de fe para conformar sindicato, la que fue aceptada por el ente fiscalizador, y que ante una serie de incumplimientos del empleador se solicita fiscalización que se materializa el día 26 de diciembre de 2017, siendo despedido el trabajador al día siguiente.

Respecto de la resolución recurrida, alude que sus motivos jurídicos son el artículo 294 del Código del Trabajo que señala si el despido de un trabajador no amparado por fuero laboral se produce como represalia a su actividad sindical no producirá efecto alguno, así como el 492 del mismo cuerpo legal, donde el juez de oficio o a petición de parte puede disponer en la primera resolución la suspensión de los efectos cuando aparezca de los antecedentes acompañados que hay lesiones de especial gravedad o pueda causar efectos irreversibles.

En cuanto a los motivos fácticos, indica que se acompañó documento de solicitud de designación de ministro de fe para constituir sindicato con timbre de recepción por la Inspección del Trabajo de Coquimbo de fecha 21 de diciembre de 2017, documento acta de aceptación de designación estableciéndose fecha para el acto el día 10 de enero de 2018, además de lo manifestado de que luego del despido no se efectuó el acto de conformación del sindicato.

Sostiene que se tuvo presente que se interpusieron 3 acciones distintas respecto los mismos hechos, y que pronunciarse a favor de una inhibe respecto las otras, siendo la reincorporación inmediata una medida cautelar conforme al artículo 492, en atención a la remisión del 294 y 489 del mismo cuerpo legal, sin perjuicio de lo que se resuelva en el fondo.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que la pretensión de la acción constitucional deducida es revertir la decisión adoptada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, en resolución de fecha 26 de marzo de 2018, dentro de un procedimiento de tutela laboral, en virtud de las facultades establecidas en los artículos 294 y 492 del Código del Trabajo, que se remite además al artículo 489 del mismo Código, por lo que debe concluirse que la decisión jurisdiccional se dictó dentro de un procedimiento legal establecido y, por lo mismo, no cabe en un proceso cautelar rápido y sin forma de juicio como es el presente, modificar decisiones jurisdiccionales; argüir lo contrario significa actuar discrecionalmente, en la medida que este procedimiento, como se dijo sin forma de juicio, impide a las partes la bilateralidad de la audiencia, especialmente escuchar el derecho del trabajador, como asimismo, la inmediación en las peticiones y en la prueba rendida, por lo que no cabe sino rechazar el recurso.

Finalmente, debe dejarse establecido que el debido proceso no es objeto de protección, según lo dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República, de manera que ninguna reflexión cabe sobre este aspecto.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el deducido por nombre reservado, en contra de la Juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta doña nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 937-2018 (PROT)

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