Protección contra Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta

Antofagasta, a veintisiete de julio de dos mil dieciséis.

VISTOS:

Comparece Ramón Miranda Tapia, abogado, en representación del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación de la Empresa Corporación Municipal de Desarrollo Social Antofagasta, deduce recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y de la Secretaria Regional Ministerial de Salud Antofagasta, puesto que todos ellos han afectado de manera ilegal y arbitraria su derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación de la comunidad estudiantil, docentes y co docentes del Liceo Industrial Eulogio Gordo, ubicado en esta ciudad en calle Antonio Rendic S/N, a objeto se ordene el cese inmediato de aquella vulneración.

Informan los recurridos solicitando su total rechazo con costas. Se decretaron medidas para mejor resolver y puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que se ha interpuesto recurso de protección sosteniéndose que el Liceo Industrial Eulogio Gordo, es un establecimiento educacional dependiente de la Corporación de Desarrollo Municipal de esta ciudad, establecimiento en el cual actualmente cursan sus estudios de enseñanza media muchos estudiantes, con jornada diaria de lunes a viernes, manteniéndose en el establecimiento gran parte del día con clases impartidas por docentes asistidos por co docentes en jornadas de trabajo de 30 y 44 horas semanales.

Hace presente que el Sindicato de profesores y profesionales de la educación de la empresa Corporación Municipal de Desarrollo Social Antofagasta, es hoy la única organización sindical que existe en esta ciudad, constituyéndose en el año 2014, siendo su función velar por el bienestar de todos y cada uno de sus asociados y que desde el año 2015 a la fecha han ocurrido emanaciones de gases tóxicos, particularmente, ácido clorhídrico y ácido sulfhídrico, gases de origen orgánico que en cantidades superiores a las permitidas han hecho irrespirable el aire del sector, irritando las vías aéreas y oculares de los afectados, generando vómitos, desmayos y dolores de cabeza.

El 24 de marzo de 2015, el establecimiento educacional experimenta por primera vez una emanación de gases tóxicos y la evacuación general de todo el liceo. Así durante el año 2015, se producen dieciocho episodios de igual naturaleza; que el contacto con los gases produce irritación en los ojos, mareos, náuseas y vómitos, taquicardias, crisis de angustia por la falta de oxígeno, dolores intensos de cabeza, desmayos, debiendo ser trasladados los alumnos a centros asistenciales y los profesores, a la Mutual de Seguridad. Precisa que el procedimiento frente a las emanaciones consistía en la evacuación general del establecimiento para docentes y estudiantes, sin que a la fecha se hayan establecidos medidas preventivas destinadas a evitar la intoxicación, lo cual es fácilmente previsible, ya que al comenzar la emanación de gas sale un fuerte olor a putrefacción o huevos podridos. Por todo lo anterior, se realizó una reunión, en la cual se entregó un informe realizado por los bomberos que indicaba la composición de los gases, principalmente ácido clorhídrico, ácido sulfhídrico y gas metano, acordándose que agentes de la PDI y bomberos, medirían el aire en diferentes sectores, habiendo sido visitado solo un par de veces, sin que tal medida se realice, como tampoco se efectuó una investigación profunda ni menos de contrató servicios de geólogos o ingenieros químicos, que aportasen información para identificar el foco de origen de las emanaciones.

Por lo anterior, los funcionarios acordaron que ante cualquier emergencia relacionada con emanación de gases, debía evacuarse al sector gravilla para esperar llamado a evacuar. Este acuerdo en ninguna oportunidad fue respetado, puesto que al sentirse el “olor”, personal de la directiva del establecimiento en representación de la Corporación de Desarrollo Municipal no permitía que los profesores sacaran a los estudiantes sin que se hubiere medido primero el aire, si el aparato de medición marcaba cero debían permanecer en la sala, aun cuando era imposible permanecer en el lugar por la intensidad del gas y los síntomas que se van presentando. A fin de año, se determinó que la comunidad escolar se retirara completamente cuando empezaran las emanaciones de gases durante la mañana, debiendo volver a retomar sus labores normales en la jornada de la tarde, olvidando que aunque el olor ya no estuviera, el aire seguía contaminado.

Durante el año 2016, se han realizado seis evacuaciones, resultando afectados alrededor de 50 personas, entre docentes, co docentes y estudiantes, con procedimientos de evacuación cada vez menos expeditos, manteniéndose los afectados en las salas o patio a la espera se confirme la evacuación, en circunstancias que mantener a una persona en el establecimiento con alerta de emanación constituye un grave peligro y exposición necesaria a riesgos vitales.

Agrega, que las autoridades solo se presentan cuando el olor a los gases ya ha desaparecido, estimando que las actividades deben continuar en forma normal obligando al personal en tal sentido y que el 30 de marzo, los estudiantes organizaron una protesta masiva a las afueras del establecimiento, a la cual acuden los medios de comunicación y la máxima autoridad de la región, acordándose que dentro del plazo de 48 horas existiría una reunión con la Secretaria Ministerial de Salud y Educación. Luego, el 31 de marzo, se realizó una mesa de dialogo, estipulándose la inversión en nuevos equipos de medición de gases y el compromiso de determinar la fuente principal de la emanación, sin establecer ningún plazo ni medida preventiva que asegure el bienestar de todos los miembros del establecimiento, no obstante, el 31 de marzo en horas de la mañana, se produjo un nuevo episodio de emanación de gas, causando desmayos de un número importante de alumnos y docentes, los que fueron trasladados a un centro de asistencia de salud.

Por todo lo antes expresado, la panta de docentes, los apoderados y alumnos, solicitaron a la Corporación de Desarrollo Municipal de Antofagasta, en su calidad de empleador y custodio del alumnado, adoptara las siguientes medidas: a) la realización de exámenes toxicológicos a alumnos y docentes para determinar el grado de exposición y sus consecuencias a la fecha, fijándose las medidas preventivas en cada caso, sin que a la fecha exista pronunciamiento alguno y por lo tanto, las personas que asisten diariamente al establecimiento educacional han quedado en total desamparo; b) implementación de una plan de contingencia seguro y eficiente para el caso que se produzca una emanación de gas que haga necesaria la evacuación; y c) implementación de elementos de seguridad para todos los miembros del establecimiento, consistentes en mascarillas, respiradores antigases, depuradores de aire, elementos de medición de gases en cada sala de profesores, y en general, cualquier medida tendiente a prevenir los riesgos a favor de los afectados.

Se agrega que de todo ello, no hay respuesta concreta al día de hoy, analizándose los gases tóxicos en particular, su sintomatología y las consecuencias para la salud.

Añade que la Municipalidad de Antofagasta, tiene un deber de cuidado respecto de la población Antofagastina, sin embargo, no ha realizado las gestiones ni ha implementado medidas para dar protección a la vida de los alumnos y docentes, ni tampoco de las personas que viven en zonas aledañas, obligación que le impone el artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en relación al artículo 3 letra f) del mismo cuerpo legal, al regular sus funciones por lo que se han infringido los artículos 1, 4 y 11 del Código Sanitario, y los artículos 105 y 107 de la Carta Fundamental en relación al artículo 56 y 63 de la Ley de Municipalidades. En síntesis, concluye que no ha existido de su parte una real coordinación con los demás entes gubernamentales, en cuanto a implementar un plan de contingencia ya para el establecimiento educacional como para la comunidad aledaña; no se han ejercido acciones para asegurar la no perturbación de los derechos que la constitución le ampara, luego de veinticuatro evacuaciones y dieciocho casos de intoxicaciones, sin poder determinarse siquiera cuál es el punto de origen de las emanaciones.

Añade que la Corporación de Desarrollo Municipal tiene el deber de cuidado y en su calidad de empleadora, debe tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, manteniendo condiciones de higiene y seguridad al interior de sus dependencias, no obstante, ha incurrido en graves omisiones que constituyen arbitrariedades e ilegalidades, infringiendo distintas normas laborales, que la obligan precisamente a adoptar medidas en tal sentido. Sin perjuicio de la infracción además al Código Sanitario, su reglamento interno y a la Ley 16.744.

Respecto al deber que compete a la Secretaria Regional Ministerial de Salud, en cuanto a su función de control y fiscalización en el cumplimiento de la normativa sanitaria, organismo que no solo debe ordenar la limpieza de los alcantarillados de los cuales provienen las emanaciones de gases tóxicos, sino que agotar todos los medios que lleven a determinar el punto de origen de las mismas, lo cual hasta la fecha y después de veinticuatro evacuaciones no ha ocurrido. Hasta hoy no se ha decretado ninguna emergencia ambiental ni tampoco suspensión de actividades en forma preventiva conforme lo establece el artículo 36 del Código Sanitario, sino que realizada la evacuación y superada la contingencia se ordena el reintegro a sus funciones normales.

La ilegalidad y arbitrariedad de este organismo gubernamental, se postula, está dado por no ejercer en tiempo y forma sus facultades fiscalizadoras, sea en prevención de su ocurrencia sea al permitir el grave riesgo para toda la población estudiantil, sin que a la fecha se precise en forma concreta y clara la causa de los daños, su magnitud y la forma de terminar con ello, correspondiéndole además, adoptar todas las medidas correctivas y/o preventivas necesarias para superar de manera definitiva y no transitoria, la emergencia en cuestión, lo que a la fecha no ha ocurrido, dejando su solución a vías de hecho, incumpliendo al obligación que le impone el artículo 7 de la Carta Fundamental, además de lo que al efecto establecen los artículos 36 y 178 del Código Sanitario.

Por último, señala que los derechos estima conculcados, son el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de una persona, previstos y sancionados en el artículo 19 Numeral 1 y 8 de la Constitución.

En cuanto a la primera garantía invocada, esto es, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, los hechos expresados precedentemente constituyen una acción u omisión ilegal que afecta a todos los miembros del establecimiento educacional, conculcada diariamente hasta hoy, sin que ninguno de los órganos recurridos haya adoptado medida alguna, sobre un plan de contingencia único, uniforme y eficaz, y la Secretaría de Salud, un adecuada fiscalización. El derecho se afecta por cuanto existen emanaciones toxicas en un lugar determinado que afectan o ponen en peligro a una parte importante de la población, afectándose sus representados como el alumnado en general en forma diaria. En lo relativo al segundo derecho conculcado, este se ve seriamente amenazado y perturbado en su ejercicio, al verse expuestos diariamente a emanaciones de gases tóxicos y exposición a los mismos, pudiendo afectarse gravemente su salud, por presencia de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cancerígenas, entre otras.

Indica que por parte de los recurridos, además ser una acción ilegal, constituye una omisión grave a sus deberes de actuación por más de un año, sin ejercer las gestiones necesarias para su solución ni dar a conocer si existe un plan de acción correctivo o preventivo, además que el 29 de marzo último, se realizó un estudio que sostiene la nocividad de los elementos gaseosos a los cuales se exponen, sin que se adopten medidas eficaces para proteger su vida e integridad, pues la acumulación de ácido sulfhídrico constituye una amenaza a la integridad psíquica de las personas por el evidente malestar por la repetición constante de emanaciones fétidas, sino que, hay un atentado a la vida y a la integridad física de las personas, desde que su acumulación es probable desencadene un explosión con el riesgo inminente para la comunidad escolar así como para los transeúntes, por tratarse de una arteria principal de la ciudad.

En cuanto a la plazo de interposición del recurso, el ultimo hecho vulneratorio dice que se el 31 de marzo último, sin perjuicio que la vulneración es diaria y permanente.

Finalmente solicita se acoja la acción interpuesta adoptándose de inmediato todas las providencias necesarias para reestablecer el imperio del derecho, asegurando la debida protección de los afectados, en particular; a) se ejecuten las actividades tendientes a detectar en forma oportuna los puntos de origen de las emanaciones de gas toxico, ordenando a la autoridad sanitaria decretar las emergencias y la realización de fiscalización a los establecimientos aledaños al liceo industrial; b) ordenar a la Secretaria Regional Ministerial de Salud elabore un levantamiento químico en la localidad afectada por las emanaciones de gas toxico, determinando los niveles de gases químicos presentes en el establecimiento educacional; c) ordenar a la Secretaria Regional Ministerial de Salud, Corporación de Desarrollo Municipal de Antofagasta, y a quien corresponda, a su costa, que someta a alumnos, docentes y co docentes a exámenes de orina y sangre para determinar los niveles de intoxicación y acumulación de elementos químicos, nocivos en la sangre; d) se ordene a las recurridas que, una vez obtenidos los resultados del levantamiento químico, se contrate a una empresa pública o privada para que realice un procedimiento de limpieza de los agentes tóxicos presentes en el área; e) ordene a la Secretaria Regional Ministerial de Salud, que obtenidos los exámenes de sangre y orina de los miembros del establecimiento educacional, se adopten todas las medidas sanitarias necesarias en favor de aquellos que presenten concentraciones de químicos tóxicos; f) se les ordene la implementación de un sistema de evacuacion oportuno y eficientes en caso de eventos de emanaciones; h) se les ordene la implementación de los elementos de seguridad para todos los miembros del establecimiento educacional, sean mascarillas, respiradores antigases, depuradores de aire, elementos de medición de gases en cada sala de profesores, y en general cualquier medida tendiente a la prevención de riesgos a favor de los afectados, e i) así como cualquier otra medida que se pueda adoptar, con costas.

SEGUNDO: Que nombre reservado e Isabel Calisto Hernández, ambos abogados, en representación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta informando el recurso piden su rechazo con costas haciendo presente la falta de precisión en los hechos expuestos determinantes en la vulneración de derecho que se invoca e imputa a su representada.

Precisa que en el Liceo A-16 ocurre el primer episodio de emanación de gas el 24 de marzo de 2015 a las 09:20 hrs. de la mañana, oportunidad en que manifiestan la presencia de un olor desagradable semejante al gas sulfhídrico, poniéndose en marcha un plan de emergencia y como medida preventiva se adopta la evacuación de 1800 personas entre alumnos y docentes, del establecimiento educacional. Sin embargo, ese no sería el único episodio durante el año pasado, ocurriendo también los días 31 de marzo, 09, 14 y 14 de abril, 25 de mayo, 06 de agosto, 09, 11, 14, 25 y 29 de septiembre, 29 de octubre y 23 de noviembre. Luego, en el presente año, se sostiene que también se han producido eventos similares en el mes de enero los días 19 y 29, marzo, los días 9, 23, 24, 29 y 31 y por último, en abril, los días 4, 5,7,11,13,18 y 19. Estos episodios siempre ocurren en las mañana entre las 09:00 y 11:00 hrs.

Indica que en cada uno de estos episodios se implementó un plan integral de seguridad escolar y la evacuación de todos los alumnos, docentes y co docentes, derivando a los que resultaron más afectados en su salud por las referidas emanaciones al centro asistencial más cercano.

Refiere que desde el segundo episodio ocurrido el 31 de marzo de 2015, se solicitó formalmente a la Seremi de Salud, a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y de Servicios Sanitarios, iniciaran todas las acciones destinadas a determinar la fuente contaminante que generaba dichas emanaciones y luego, aplicara las medidas atingentes, lo que se advierte en los Ord. N° 306/2015, 304/2015 y 305/2015, todos de 02 de abril de 2015.

En la mayoría de los eventos concurre a su llamado, Bomberos, quienes por medio de su unidad Hazmat realizan mediciones en el establecimiento educaciones no encontrando al momento de las mismas, la presencia de gases o químicos tóxicos en el ambiente.

No obstante, a mediados del mes de abril de 2015, la Jefa del Departamento de Prevención de Riesgos efectúo denuncia a Policía de investigaciones por los posibles delitos con ocasión de la emanación de gases y, además, revisó los procesos de laboratorios del Liceo Industrial en conjunto con la Mutual de Seguridad solicitando a los docentes que realizaran un inventario de todos los productos químicos usados en los laboratorios.

Hace presente que la Corporación Municipal de Desarrollo Social por medio de la alcaldesa, en septiembre último, denunció a la Seremi de Salud de la región ante la Contraloría General de la República por su eventual infracción del deber de fiscalización que le empecé en la investigación del origen de las emanaciones producidas en el liceo, determinado esa entidad según dictamen N° 26.599/15, que la referida secretaria había ejercido las atribuciones que le fueran conferidas por la ley sin que se hubiesen acreditado irregularidades en su actuar.

Expresa que su representada, realizó en más de una oportunidad limpieza de toda la red interna de alcantarillado del establecimiento educacional, con personal especializado y la ayuda de bomberos, ya que preliminarmente la secretaria de salud informó que las emanaciones provenían de ahí, lo cual quedo superados, ya que tras la limpieza ocurrieron nuevos episodios, que importaban la evacuación de todo el plantel educacional provocando la suspensión de clases. Posteriormente, Bomberos, evacuó un informe indicando los lugares del establecimiento en que ocurrían los eventos, los tipos de gases o elementos químicos registrados y las posibles fuentes de emisión de gases tóxicos que afectaban al mismo. Ante la dificultad de determinar el origen, tipo y concentración de gases, en los meses de octubre y noviembre último, la corporación adquiere dos máquinas detectoras de gases, un equipo detector multigas Altair 5X Minería y un sensor de gas amoniaco modelo XCELL, facilitando el uso de los mismos a Bomberos y policía de Investigaciones y en diciembre del año 2015 se realizó la revisión y readecuación del plan de seguridad integral de seguridad escolar por parte del Departamento de Prevención de Riesgos y del Comité de Emergencias del Liceo Industrial, mientras que el 29 de marzo último, se constituyó una mesa técnica presidida por profesional de apoyo de la ONEMI, e integrada por el Director Comunal de Protección Civil y Emergencia, personal de Aguas Antofagasta, personal de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, el inspector General del Liceo A-16, la Presidenta del Centro de Padres, personal de la Seremi de Salud, Bomberos y personal de la Dirección de Educación Provincial.

El 07 de abril pasado, se solicitó a la Seremi de Educación autorización para acortar la jornada de clases diurnas durante dos semanas, a partir del 11 de abril al 22 de abril, iniciándose la misma a las 13:00 horas, finalizando a las 17:20 horas, ya que la mayoría de los episodios ocurrían durante la mañana, a lo que responde favorablemente la institución requerida, medida que tenía por objeto, en síntesis, proteger a los miembros del establecimiento educacional y evitar la pérdida de clases, solicitándose la extensión de tal jornada, a partir del 25 de abril hasta el 06 de mayo.

Agrega que el Sindicato N° 1 de Co- Docentes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, expresaron al Secretario General Ejecutivo de la corporación, que entendían que las emanaciones eran por causas externas y su finalidad era proteger a sus socios, sin que jamás le hayan otorgado ninguna autorización ni poder al abogado don Ramón Miranda, ya que tienen su propio asesor jurídico.

En cuanto a la vulneración propiamente tal, expresa que el articulo 19 N° 8 de la Constitución Política, exige respecto de los particulares, en este caso, la Corporación, una obligación de no hacer que consiste en no incurrir en conductas contaminantes, sin embargo, su representada no provoco las emanaciones de gas, por lo cual no pueden ser atribuidas a su acción u omisión, lo que se debe principalmente a que su establecimiento en lo referente a talleres técnicos no utiliza productos químicos que contengan los compuestos mencionados.

Refiere, además, que el recurrente no es claro en señalar cual o cuales serían las conductas contaminantes en que la corporación ha incurrido y que en definitiva vulnerarían la garantía invocada.

Destaca que su representada ha adoptado todas las medidas necesarias para resguardar y proteger la salud de sus docentes, co docentes y alumnos, que se hayan traducido principalmente en implementar y aplicar un plan integral de seguridad escolar y elaborar un informe técnico sanitario, llamado “Estudio de emanaciones de gases contaminantes – Informe de Ingeniería Sanitaria”, que concluye en lo pertinente “no hay depósitos putrescibles en ninguna de las cámaras ni tampoco al interior de las tuberías de la red... el Liceo A-18 no es la fuente de emanación de gases tóxicos…”.

Agrega, por otra parte, que conforme los hechos señalados precedentemente no existe relación causal alguna entre la eventual acción u omisión ilegal y la privación, perturbación o amenaza, atribuible a su Corporación.

En cuanto a la vulneración a la garantía prevista en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, refiere que no ha incurrido en acción u omisión ilegal alguna, conforme los mismos antecedentes ya expuestos, reiterando que adoptado todas las medidas y acciones en cumplimiento a la normativa vigente.

TERCERO: Que la abogado Camila Pimentel Rojas, abogado, en representación de la Municipalidad de Antofagasta, representada legalmente por doña nombre reservado, alcaldesa, informa solicitando el rechazo del recurso incoado en su contra, con expresa condena en costas.

Tras referirse a los antecedentes de hecho en que se funda el recurso, solicita primeramente su rechazo fundado en la falta de legitimación activa de la recurrente. Funda lo anterior en la circunstancia que el artículo 19 N° 8 de la Constitución, asegura a todas las personas, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por tanto no establece el derecho a vivir en un ambiente incontaminado, sino que consagra el derecho a vivir en él, de lo cual se colige que los titulares del mismo, son personas naturales. Por lo tanto, indica, que a contrario sensu no pueden recurrir de protección por tal garantía las personas jurídicas, calidad que tendría la recurrente, Sindicato de profesores y profesionales de la educación de la empresa Corporación Municipal de Desarrollo Social Antofagasta, lo que lleva indudablemente a razonar su falta de legitimación para recurrir por esta vía.

Luego, informando derechamente el recurso, expresa que los hechos atribuidos a su representada son falsos, ya que siempre ha actuado dentro de su marco legal y conforme las facultades que el ordenamiento jurídico le otorga, con pleno respeto al principio de legalidad, pudiendo responder eventualmente del ejerció de aquellas, pero no de otras que la ley le encomienda a otros órganos del Estado.

En efecto, señala que en lo referente a su función de mantener el aseo y ornato de la comuna, ha sido cumplido cabalmente por su representada, toda vez que desde el año 2015 a la fecha, cuenta con una concesión vigente de servicio de limpieza y barrido, que realiza la empresa Paisajismo Cordillera S.A., por lo cual no existe de su parte incumplimiento a su normativa ni a sus funciones legales, que importen afectación de las garantías conculcadas.

Sin perjuicio de lo anterior, siendo competencia de otro órgano del Estado las materias sanitarias y verificación de la fuente contaminante, la Municipalidad como tal igualmente ha adoptado medidas en favor de la comunidad local, y también por medio de la Corporación de Desarrollo Social, efectuando las denuncias respectivas. Incluso se realizó una denuncia en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Salud a la Contraloría General de la República con el fin ejerciera sus facultades fiscalizadoras en el establecimiento educacional, respondiendo que las materias de prevención de riesgos del liceo no eran de su cargo.

Agrega que no se entiende cómo le atribuyen a su representada un determinado actuar, si ni siquiera se sabe el lugar de donde proviene las emanaciones de gas, por lo cual no se le puede señalar que ha cometido falta de servicio, el que se origina cuando el obligado a actuar no lo hace, o la hace tardía o imperfectamente, no existiendo en la especie para el municipio obligación de fiscalización respecto del cumplimiento de las normas sanitarias.

Reitera que la entidad edilicia ha actuado en conformidad a las normas que la rigen principalmente su Ley Orgánica, en lo que dice relación al aseo y ornato de la ciudad.

Por último, expresa no existe vulneración de su parte a las garantías conculcadas, principalmente por la falta de determinación del sujeto que incurre en la acción u omisión que se imputa, omitiendo además señalar cual es la acción u omisión ilegal en que incurre específicamente su representada.

CUARTO: Que la Secretaria Regional Ministerial de Salud (S), Sra. nombre reservado, evacua informe requerido, solicitando su total rechazo. Luego, de mencionar sus antecedentes de hecho, refiere que la Seremi tiene como principal función promover la salud de la población, prevenir enfermedades y proteger la salud de todos los ciudadanos por los riesgos del medio ambiente, de modo que en el ejercicio de aquellas funciones y tomando conocimiento de los hechos ocurridos en el liceo industrial, es que permanentemente realiza fiscalizaciones del lugar afectado, de las empresas aledañas y de sus exigencias o medidas sanitarias con el fin de resguardar la salud. Siempre ha asistido a las reuniones que se la ha convocado, adoptando medidas en el ámbito de sus competencias. Expresa que de estudios realizados por su entidad, se ha determinado que, “…los niveles detectados en las mediciones realizadas con los equipos de con rangos de detección en escala de partes por millón en volumen (ppm) es que no han superado 1 parte por millón (ppm) de H2S, 1 ppm de NH3 y 2 ppm de HCN y en los alcantarillados no se han detectado concentraciones de H2S como se informa en ORD N° 066 de fecha 28 de abril de 2016 emitido por el Departamento de Acción Sanitaria de esta Seremi de Salud. Cabe señalar que los niveles de gases antes señalados no alcanzan los rangos en los que se genera toxicidad propiamente tal. Lo anterior es característico de los problemas de malos olores, lo cual se debe a que las concentraciones a las que el olfato humano percibe olores son tan bajas que no son medibles por la gran mayoría de instrumentos y no necesariamente implican efectos directos en la salud…”.

Por su parte, la Contraloría Regional de Antofagasta mediante resolución de 11 de noviembre último, con ocasión de requerimiento efectuado por la Municipalidad local, que “…no se advierten infracciones al deber de fiscalización por parte de la Secretaria Regional Ministerial de Salud...”, por lo que insiste que en su actuar ha dado estricto cumplimiento a la normativa sanitaria, mediante actividades de control, fiscalización y adopción de medidas sanitarias, tanto en el establecimiento educacional como en los sectores aledaños, agotándose todas las instancias con el fin de detectar el origen de las emanaciones.

Añade que, no se dan los presupuestos legales para declarar emergencia ambiental conforme al artículo 36 del Código Sanitario.

En cumplimiento de sus funciones, ha fiscalizado e iniciado sumarios administrativos, a distintas empresas, procesos que se encuentran vigentes y en tramitación.

Por último expresa, que hasta la fecha según la información recopilada, fiscalizaciones efectuadas y fuentes investigadas, no se ha podido determinar con precisión las fuentes de los olores que afectan al establecimiento educacional.

QUINTO: Que además, como consecuencia de las medidas para mejor resolver dictadas, se agregaron diversos informes de:

a) La Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente que sólo remitió los antecedentes a la Superintendencia del Medio Ambiente, la que por Oficio 1526 del 26 de junio último, informó que en el presente año se registraron una serie de eventos asociados con olores molestos desde una fuente desconocida, los que han sido denunciados a la Superintendencia de Medio Ambiente durante el mes de mayo de 2016, siendo el principal afectado en el punto máximo de impacto el Liceo Industrial Eulogio Gordo A-16, acompañando algunas fiscalizaciones que a juicio de la Superintendencia podrían tener incidencia en el problema de olores molestos y hace presente que están siendo analizadas por la División de Sanción y Cumplimiento de esa repartición. Además precisa el informe que una vez formulados los cargos de eventuales investigaciones, éstos pasarían a ser públicos, lo que no ha sucedido. También acompaña unos gráficos sobre la identificación de las unidades fiscalizables y la ubicación de los proyectos potencialmente generadoras de emisión de olores molestos, en cuyos resultados no se indica algún causante de éstos.

b) Informe de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, haciendo presente que la Policía de Investigaciones aún no se ha pronunciado, además que se abordó el problema de olores molestos con todos los medios técnicos profesionales disponibles, realizando acciones concretas destinadas a detectar las fuentes o industrias emisoras de sustancias odoríferas del sector, y que la Unidad de Salud Ambiental concurrió a la mayoría de los eventos, realizando mediciones, con el objeto de asegurar la atención de salud adecuada de los afectados. También se indica que se abordó el problema desde todas las aristas técnico administrativa, de acuerdo a la capacidad de gestión local y que se trata de una problemática que excede sus competencias, a pesar de lo cual se indica que disminuyeron el número de eventos y de acuerdo a los recursos, por tratarse de problemas de olores ofensivo, por las bajas concentraciones en el aire de las sustancias que lo generan, requieren equipamiento y metodología de análisis químico, que no dispone localmente la Subsecretaría de Salud, lo que ha llevado a explorar la factibilidad de asesorías externas con el nivel central y el Gobierno Regional.

c) Informe de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de Antofagasta, que indica la realización de pericias con el objeto de averiguar la emanación de gases que ha afectado al Liceo Industrial A-16, pero que no están finalizadas.

d) Informe del Director Regional de la ONEMI, señalando que se coordinó la conformación de un comité técnico de emanaciones, integrado por la Gobernación Provincial, Seremis de Salud y Medio Ambiente, Superintendencia de Servicios Sanitarios, Superintendencia del Medio Ambiente, PDI, Municipalidad de Antofagasta, Corporación Municipal de Desarrollo Social, Carabineros y Cuerpo de Bomberos, que se encuentra trabajando en una planificación y ejecución de controles, fiscalizaciones, y monitoreos permanentes en los lugares de afectación y sitios aledaños que fueron identificados durante la etapa de estudio. Además individualiza los trabajos realizados y que el rol de la Oficina Nacional de Emergencia sólo es de coordinador.

SEXTO: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado frente a acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que genere alguna privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales que en este caso se refiere a los artículos 19 N° 1 y 8 de la Carta Fundamental, referente al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, como también al derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

SÉPTIMO: Que se rechazará la falta de legitimación a propósito del reclamo sobre el recurrente que necesariamente, según se ha sostenido, debe tratarse de una persona natural la que inicie la acción, porque ello no se corresponde con el procedimiento ni la naturaleza de esta cautelar, desde que esta acción se regula en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que exige en la pretensión la denuncia del afectado o por cualquiera a su nombre, sin distinguir si se trata de una persona jurídica, un grupo humano determinado o una persona natural y ello no sólo por una cuestión semántica o gramatical, sino especialmente porque los derechos o garantías fundamentales protegidas mediante este procedimiento, pueden afectar a estos entes, grupo humano, persona jurídica o natural, de manera que si ellos pueden ser protegidos como afectados, con mayor razón podrán iniciar este recurso o más bien acción cautelar.

OCTAVO: Que ninguna duda cabe que las emanaciones de gases ocurridas en distintas fechas y que la última es de fecha 31 de marzo de 2016, de acuerdo a los informes de los recurridos y de aquellos que se agregaron como consecuencia de las medidas para mejor resolver, constituyen un atentado a la integridad física y psíquica de la persona, pero no es posible ni siquiera deducir que estos gases provienen de la negligencia o falta de diligencia de las autoridades responsables de fiscalizar o de velar por la protección a la vida respecto del origen de los mismos, más aún si se encuentra pendiente el informe de la Policía de Investigaciones de Chile, sobre las causas que pudieron haber originado la emanación de gases que fueron tóxicos para la población, por lo que respecta al derecho a la vida e integridad física y psíquica de las personas, no cabe sino rechazar el recurso.

NOVENO: Que en lo referente al N° 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en cuanto al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la misma Carta Fundamental se encarga de establecer que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado debiendo tutelar la preservación de la naturaleza, pudiéndose incluso ordenar restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades, justamente para proteger el medio ambiente.

No obstante lo anterior, el artículo 20 de esta Carta Fundamental precisa que el recurso de protección referido a esta garantía constitucional, procede cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por una acción u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada, en consecuencia, para acoger el recurso debiera existir una autoridad o persona determinada que realice una acción u omisión ilegal.

DÉCIMO: Que de acuerdo a los informes acompañados y reseñados precedentemente, obviamente las emanaciones de gases tóxicos en la población tienen el carácter de ilegales, porque ninguna ley permite tales emanaciones, sino por el contrario, la Carta Fundamental admite que podrán establecerse restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades, justamente para proteger el medio ambiente, pero en el caso concreto no es posible imputar en términos de acción, a alguna autoridad o persona la generación de gases tóxicos en la forma que está comprobado en este procedimiento cautelar, en cuanto desde el 24 de marzo del año 2015 hasta el 31 de marzo de 2016 han ocurrido por lo menos veinticuatro episodios que en algunos casos ha significado evacuar las reparticiones impidiendo incluso cumplir funciones normales en el Liceo Industrial A-16.

UNDÉCIMO: Que en lo referente a la omisión ilegal, no es posible llegar a la conclusión de que alguna autoridad hubiese omitido el cumplimiento de sus deberes y que como consecuencia de ello se produjeron las emanaciones tóxicas por cuya producción se acude mediante este recurso de protección, más aún si han sido las propias autoridades las que determinaron conformar un comité técnico de emanaciones que se encuentra trabajando desde el 24 de marzo de 2016, realizando un trabajo técnico de planificación y ejecución, en terrenos de controles, fiscalizaciones y monitoreos permanentes en los lugares de afectación y sitios aledaños que fueron identificados durante etapas de estudio, por lo que tampoco es posible acoger el recurso en este aspecto, sin que pueda pasar desapercibido la decisión de uno de los recurridos sobre la denuncia planteada en la Contraloría General de la República para exigir una investigación sobre alguna falta u omisión de organismos correspondientes respecto de los eventos denunciados, lo que demuestra una mayor acuciosidad y hace desaparecer cualquier omisión.

DUODÉCIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, la demora injustificada del informe de la Policía de Investigaciones, no puede constituir un antecedente para acoger el recurso, desde que a ella le ha correspondido únicamente investigar el aspecto criminal sobre “las emanaciones de gas que ha afectado al Liceo Industrial A-16”, lo que constituye un aspecto completamente diferente al objeto de este recurso, y por cierto es el Ministerio Público quien deberá instar por la agilización del informe, pero ya en el ámbito del procedimiento penal que no tiene vinculación alguna con esta cautelar.

DÉCIMOTERCERO: Que por lo razonado y establecido se deberá rechazar el recurso de protección, sin costas, por estimarse plausible las peticiones y fundamentos de los recurrentes.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Autos Acordados de la Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas del recurso, el interpuesto por el Sindicato de Profesores de la Corporación de Desarrollo Social en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Antofagasta, Ilustre Municipalidad de Antofagasta y de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta.

Rol 914-2016 (PROT)

Redacción del Ministro Oscar Clavería Guzmán.

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por los Ministros Titulares Sr. Oscar Clavería Guzmán, Sra. Sr. nombre reservado Sr. Fernando Orellana Torres.

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