Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Antofagasta, veintisiete de mayo de dos mil veintiséis. VISTOS: La comparecencia de don Álvaro Alexis Seguel Pérez, abogado, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, por sí y en representación de sus hijos menores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en no dictar, notificar ni resolver la petición de reconocimiento de la condición de refugiado dentro de los plazos legales, manteniendo a la familia en una situación de indefensión absoluta e irregularidad migratoria forzada. Entiende vulnerados sus derechos a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley y al debido proceso, conforme lo preceptuado en el artículo 19 N.º 1, N.º 2 y N.º 3 de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Corte de Apelaciones acoger la presente acción, declarar la ilegalidad y arbitrariedad de la omisión y ordenar dictar la respectiva Resolución de Término. Evacuó informe la recurrida instando por el rechazo del recurso. Informó la Policía de Investigaciones de Chile al tenor del recurso. Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, la parte recurrente funda su acción indicando que doña nombre reservado ingresó al país por paso no habilitado el 13 de septiembre de 2024 huyendo de persecución política y violencia en Venezuela, acompañada de sus tres hijos menores. Señala que, en esa oportunidad, y luego el 27 de septiembre de 2024, manifestó expresamente ante la Policía de Investigaciones su intención de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, quedando registrada su solicitud en el sistema con una cita asignada para el 23 de septiembre de 2024. Añade que fue citada extemporáneamente para el 3 de diciembre de 2024 con el objeto de “dar inicio” a su procedimiento, y que a la fecha de interposición de la acción (15 de abril de 2026), han transcurrido más de 565 días desde su solicitud escrita sin que la autoridad haya emitido resolución administrativa alguna que admita a trámite, observe o rechace su petición. Agrega que esta inactividad se agravó cuando funcionarios le informaron de un supuesto “rechazo” de manera meramente verbal mediante una pantalla, careciendo de un acto escrito, fundado y notificado, mientras que paralelamente se le notificó el inicio de un procedimiento sancionatorio de expulsión. En cuanto al derecho, la recurrente estima que esta dilación injustificada y la omisión de un acto conclusivo vulneran sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N.º 1 (integridad psíquica y física ante el riesgo de expulsión), N.º 2 (igualdad ante la ley frente a un trato discriminatorio) y N.º 3 (debido proceso administrativo), infringiendo los plazos de la Ley N.º 19.880 y la Ley N.º 20.430. Por lo expuesto, solicita a esta Iltma. Corte declarar la ilegalidad y arbitrariedad de la omisión, ordenar que en el plazo de 5 días hábiles emita y notifique por escrito la “Resolución de Término”, disponer como medida cautelar el reconocimiento de la calidad de solicitante y el otorgamiento de la visa temporal de 8 meses, e instruir que se adecuen los protocolos de la institución. SEGUNDO: Que, evacuó informe doña María José Astudillo Vásquez, abogada en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, argumentando que la acción constitucional carece actualmente de toda oportunidad y eficacia al no existir un acto u omisión arbitraria o ilegal que vulnere las garantías del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que las solicitudes en cuestión se encuentran totalmente resueltas. Señala en los hechos que, respecto de la madre recurrente, la autoridad dictó la Resolución Exenta N.º NUM000 de fecha 3 de diciembre de 2024, notificándole que no cumplía con los requisitos formales (por exceder el plazo de 7 días, ingresar clandestinamente y haber estado en un tercer país seguro), otorgándole 15 días hábiles para subsanar los antecedentes. Al presentar descargos que no lograron acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, el Servicio dictó la Resolución Exenta N.º NUM001 con fecha 26 de diciembre de 2024, que la tuvo por “desistida” de la solicitud de refugio. Por otra parte, respecto de los tres hijos menores de edad, informa que se presentaron solicitudes de regularización en marzo de 2025 y que, mediante las Resoluciones Exentas N.º NUM002, N.º NUM003 y N.º NUM004 dictadas el 19 de marzo de 2025, se les otorgó a cada uno el permiso de Residencia Temporal en calidad de titulares por el periodo de dos años, habiéndose activado sus estampados electrónicos el 20 de marzo de 2025, encontrándose los menores con situación migratoria regular vigente hasta marzo de 2027. Concluye solicitando el rechazo del recurso y eximición de costas, al haber actuado con apego a la legalidad. TERCERO: Que, informando al tenor de lo decretado por esta Corte, la Policía de Investigaciones de Chile expuso que el 13 de septiembre de 2024 se recepcionó a la extranjera y a sus tres hijos tras hacer ingreso por el paso fronterizo de Colchane, constatándose su entrada clandestina, por lo que fue denunciada por infracción a la Ley de Migración y Extranjería, notificándosele el inicio de un procedimiento sancionatorio de expulsión. Adicionalmente, informó que en el sistema B-3000 del Servicio Nacional de Migraciones se registra un comprobante de Cita Digital de Refugio N.º NUM005 de fecha 23 de septiembre de 2024. Finalmente, verificó que la recurrente no registra requerimientos internacionales (O.C.N. Interpol) ni encargos judiciales pendientes. CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente. SEXTO: Que, la controversia sometida a conocimiento y resolución de esta Corte se circunscribe a determinar si existe la omisión ilegal y arbitraria denunciada, consistente en la supuesta falta de pronunciamiento del Servicio Nacional de Migraciones respecto de la solicitud de refugio y la situación migratoria de la parte recurrente. En consecuencia, corresponde dilucidarse si persiste inactividad de la Administración que vulnere las garantías consagradas en el artículo 19 N.º 1, N.º 2 y N.º 3 de la Constitución Política de la República, o si, por el contrario, la autoridad ya ha resuelto su situación en la sede administrativa pertinente, perdiendo con ello objeto la acción entablada. SÉPTIMO: Que, abordando el fondo del asunto, y conforme a lo informado de manera circunstanciada por el Servicio Nacional de Migraciones, se desprende nítidamente la pérdida de objeto del recurso. En efecto, consta en autos que la autoridad administrativa recurrida emitió un pronunciamiento formal sobre todas las solicitudes que motivaron la presente acción cautelar. Respecto de la recurrente adulta, se acreditó la dictación de la Resolución Exenta N.º NUM001 de fecha 26 de diciembre de 2024, que tuvo expresamente por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, tras no subsanar los requerimientos legales exigidos. Por su parte, la pretensión respecto de sus tres hijos menores de edad fue resuelta íntegra y favorablemente a través de las Resoluciones Exentas N.º NUM002, N.º NUM003 y N.º NUM004, de fecha 19 de marzo de 2025, mediante las cuales el Servicio Nacional de Migraciones otorgó permisos de Residencia Temporal vigentes hasta el año 2027, activándose sus estampados electrónicos respectivos de manera formal y automática. OCTAVO: Que, respecto a la alegación sobre la eventual incerteza derivada de una falta de notificación, debe tenerse presente que, al incorporar la autoridad recurrida todos los actos administrativos terminales en el expediente judicial electrónico al momento de evacuar su informe, ha operado a favor de la recurrente la notificación tácita consagrada en el artículo 47 de la Ley N.º 19.880, tomando conocimiento material e íntegro de lo resuelto. A su vez, consta que el procedimiento de regularización de los menores se ejecutó eficazmente, permitiendo inferir fundadamente el conocimiento de la madre ante la activación de las visas. NOVENO: Que, en virtud de lo razonado, forzoso es concluir la pérdida de oportunidad de la presente acción de amparo constitucional, desde que el basamento fáctico sobre el cual se erigía el recurso —la supuesta omisión de resolución— ha desaparecido durante la tramitación de esta causa. Se constata la inexistencia actual del actuar omisivo ilegal y arbitrario que se alega, por cuanto la autoridad recurrida ha satisfecho su obligación legal de resolver y ha emitido los actos administrativos terminales, agotando con ello su deber de pronunciamiento en concordancia con el principio de inexcusabilidad. De esta forma, al haberse pronunciado el Servicio sobre el mérito de la solicitud de refugio y haberse regularizado efectivamente la situación migratoria de los menores, se ha superado la incerteza jurídica alegada, debiendo descartarse la vulneración a las garantías fundamentales invocadas en el libelo, dejando a salvo los derechos de la recurrente para interponer los recursos administrativos pertinentes en contra de la resolución de desistimiento, si así lo estimare, careciendo esta Magistratura en la actualidad de medidas cautelares de urgencia que adoptar para restablecer el imperio del derecho. Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE DESESTIMA, sin costas, el recurso de protección deducido por don Álvaro Alexis Seguel Pérez en favor de doña nombre reservado y sus hijos menores de edad, en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES. Regístrese y comuníquese. Rol 912-2026 (Protección)