Protección contra Municipalidad de Antofagasta y del Concejo Municipal de Antofagasta

Antofagasta, a siete de octubre de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 9 comparece don Juan Manuel Olivares Araya, abogado, domiciliado en domicilio reservado de esta ciudad, interpone recurso de protección a nombre de la Sociedad Gastronómica El Rincón Latino Ltda., RUT Nº RUT reservado, persona jurídica de derecho privado del giro de su denominación, representada por don nombre reservado, comerciante, en contra de la Municipalidad de Antofagasta y del Concejo Municipal de Antofagasta, ambos representados por su Alcaldesa doña Karen Rojo Venegas, todos domiciliados en domicilio reservado, por las acciones arbitrarias e ilegales que indica consistentes en la no renovación de la patente de alcohol Rol 4000034, estimando vulnerados sus derechos consagrados en el artículo 19 numerales 2, 3, 21, y 24 de la Constitución Política de la República.

A fojas 48, las abogadas Ingrid Castillo y Angélica Morales Cortés, en representación de la Municipalidad de Antofagasta, informan el recurso. Por su parte, a fojas 36 evacúan informe los concejales Jaime Araya Guerrero, Doris Navarro Figueroa, Gonzalo Santolaya Goicovic, Andrea Merino Díaz, Patricio Reyes Díaz, Roddiam Aguirre Aguirre, Hugo Benítez Cáceres, Felix Acori Gómez, Antonio Cárdenas Tadich y Elivia Silva Iriarte. En ambos casos, solicitando el rechazo del recurso, con costas Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso interpuesto se fundamenta en la arbitrariedad e ilegalidad del Decreto Alcaldicio Nº 1205/2014 Ex. de fecha 31 de julio, y de todos los actos administrativos en los que éste se funda, mediante el cual se dispuso la no renovación de la patente de alcoholes Rol 4000034, cuyo titular es la sociedad recurrente.

Señala al efecto que, careciendo de facultades legales y administrativas para hacerlo, en la Sesión del Honorable Concejo Municipal se acordó no renovar patentes de alcohol en base a ciertos criterios establecidos, entre los que se encontraba el tener infracciones reiterativas a la Ley de Alcoholes informadas por los Juzgados de Policía Local, determinándose que no se renovarían dichas patentes a quienes se les hubiere cursado más de tres partes por infracciones graves en el último año calendario. Para tales efectos, se consideró como graves las infracciones de expender alcohol a menores de edad, expender alcohol a ebrios y no respetar los horarios establecidos para la venta de alcohol.

Señala el recurrente que en el caso particular de la sociedad, aparece del documento emitido por la misma recurrida que ésta sólo ha recibido tres partes: Nº 668 de fecha 1 de marzo de 2014, por suministrar bebidas alcohólicas a un ebrio; Nº 2047, de fecha 3 de mayo de 2014, por suministrar bebidas alcohólicas a un ebrio y Nº 237 del 27 de enero de 2014, por efectuar cambio de giro. Los dos primeros partes dieron origen a las causas que señala tramitadas ante el primer juzgado de policía local de esta ciudad.

Sin embargo, indica que el parte Nº 2047 que dio origen a la causa rol 7394/14-13, señala como infracción “mantener ebrio en manifiesto al interior del local” y que el “local en mención registra la primera infracción durante los últimos 12 meses”. Indica el recurrente que “mantener” no es lo mismo que “suministrar”.

Agrega que la única norma que autoriza a las municipalidades para suspender la autorización del expendio de bebidas alcohólicas se encuentra establecida en el artículo 20 de la Ley de Alcoholes, y las causales allí previstas no son las que arbitrariamente se establecieron por los recurridos. Asimismo, indica que el Decreto Municipal carece de toda objetividad ya que no señala los motivos específicos por los cuales se llega a la conclusión de existencia de reiteradas infracciones graves a la Ley de Alcoholes.

Además, señala que al contribuyente no se le dio la oportunidad para hacer sus descargos y ni siquiera se le indicó que la renovación de su patente se pondría en tabla del Consejo Municipal.

En cuanto a los derechos que se vieron conculcados con tales hechos, refiere en primer lugar la garantía de igualdad ante la ley, reiterando lo señalado en cuanto a no encontrarse en la situación prevista de acuerdo a los criterios utilizados para las renovaciones de patentes.

Además, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, ya que el Concejo ha resuelto careciendo de las facultades administrativas y legales para hacerlo, además de no seguirse al respecto un procedimiento e investigación racionales y justos. Más aún que la sanción no está señalada en la ley ni en norma administrativa alguna. Además, en la especie se aprecia que las supuestas infracciones cometidas fueron consideradas dos veces, ya que se señalan tanto los partes como las causas, obviándose el hecho de que sólo ha recibido tres partes, generándose a partir de estos sólo dos causas seguidas ante el Primer Juzgado de Policía Local.

Alega además vulneración al derecho a desarrollar cualquier actividad económica y al derecho de propiedad, la que funda en los mismos hechos y circunstancias ya referidas.

Solicita en definitiva se acoja el recurso, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, declarando nulo el Decreto Alcaldicio y los demás actos administrativos que implicaron la no renovación de la patente perteneciente a la Sociedad en cuyo nombre se recurre, disponiendo que se le permita renovar la patente de alcoholes, con costas;

SEGUNDO: Que los concejales Jaime Araya Guerrero, Doris Navarro Figueroa, Gonzalo Santolaya Goicovic, Andrea Merino Díaz, Patricio Reyes Díaz, Roddiam Aguirre Aguirre, Hugo Benítez Cáceres, Felix Acori Gómez, Antonio Cárdenas Tadich y Elivia Silva Iriarte, evacuaron su informe solicitando el rechazo del recurso con costas, alegando la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario, toda vez que la ley entrega al Concejo Municipal la facultad de renovar o no la patente conforme los artículos 5 de la ley de Alcoholes y 65 letra Ñ de la ley 18.695, considerando además que la votación se sustenta en argumentos para adoptar la decisión respecto de cada una de las patentes, y en el caso del recurrente, la sesión en la que se analizaron los antecedentes pertinentes de ésta y otras, realizada el 9 de julio de 2014, estuvo revestida de un extenso debate. Señala que la jurisprudencia administrativa, sustentada en dictámenes de la Contraloría General de la República, ha manifestado que en los actos administrativos de otorgamiento, renovación y traslado de patentes deben considerarse no sólo aspectos objetivos sino también aquellos que importan una evaluación o apreciación del municipio, relacionados en general con la función que estas entidades desarrollan en el ámbito del territorio comunal. Dentro de esto último se encuentran precisamente las infracciones cometidas por el contribuyente a la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas.

Agregan que la sesión en que se debatió la renovación de las patentes de alcoholes no fue arbitraria, sino que estuvo precedida de varias mesas de trabajo en las cuales se analizaron todos los antecedentes de las patentes vigentes, sometiéndose a votación y acordándose la renovación de 813 patentes y la no renovación de 32, sopesando varios antecedentes y fundamentando como corresponde la votación de cada uno de ellos. En cuanto a la patente perteneciente al recurrente, su no renovación tuvo por fundamento las diversas infracciones a la Ley de Alcoholes en que se incurrió de acuerdo a la información proporcionada por los diversos Juzgados de Policía Local al Departamento de Rentas de la Municipalidad.

Por todo lo anterior, estima que no existe una actuación arbitraria o ilegal toda vez que se han ejercido las atribuciones que la misma ley les confiere, la que se ha plasmado en un Decreto Alcaldicio debidamente fundado;

TERCERO: Que a su turno, la Municipalidad de Antofagasta, evacuando su informe, solicita también el rechazo del recurso, con costas.

Alega la inexistencia de un actuar ilegal por parte de la Municipalidad, toda vez que el artículo 65 letra Ñ de la Ley Orgánica de Municipalidades, confiere al Alcalde la facultad de otorgar, renovar o caducar patentes de alcoholes, con acuerdo del Concejo Municipal. Para tales efectos, las patentes son de carácter semestral y para renovarlas, el acuerdo correspondiente se requiere respecto de cada periodo de vigencia de la misma, es decir, en forma semestral y no sólo cuando varíen las condiciones de otorgamiento.

Respecto al caso particular, señala que de los antecedentes tenidos a la vista por el Concejo Municipal se destaca que el recurrente contaba con a lo menos 4 infracciones a la Ley de Alcoholes, lo que queda demostrado en que el propio recurrente reconoce tres infracciones, pero extrañamente olvida que ante el Segundo Juzgado de Policía Local, causa Rol nº 11.109/2014, fue sancionado con una multa de 10 UTM por suministrar alcohol a ebrio manifiesto, es decir, existen al menos 3 sentencias firmes y ejecutoriadas que condenan al recurrente.

En cuanto a la diferencia entre “suministrar” y “mantener” alegada por el recurrente, omite pronunciamiento toda vez que la oportunidad procesal para alegar aquello debió ser ejercida ante el propio Juzgado de Policía Local, no pudiendo su representada interferir en los actos que emanan de un Tribunal de la República.

Por ello, estima que la decisión tomada por el Concejo, para la cual se encuentra facultada por la ley y la que es concordante con la finalidad del Municipio de satisfacer las necesidades de la comunidad local, -en el caso de autos, seguridad ciudadana, limpieza, ambiente libre de contaminación, entre otros- pues en caso que estos aspectos se vean afectados por la dictación de actos relativos al expendio de bebidas alcohólicas, la autoridad está habilitada para considerarlos al momento de resolver, pudiendo para ello coordinarse con otros organismos de la Administración del Estado, como son las instituciones policiales o juntas de vecinos, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 10 y 63 letra k) de la Ley Orgánica de Municipalidades, las que no resultan vinculantes para la administración.

En consecuencia, señala que la actuación impugnada no resulta ilegal por cuanto se encuentra amparada en la ley, ni tampoco arbitraria toda vez que se trata de un acto discrecional, cuya emisión depende de la apreciación subjetiva del órgano competente para emitirlo, pero siempre tendiendo a la satisfacción del interés público. Al efecto, invita a tener presente las diferencias entre la discrecionalidad y la arbitrariedad.

Refiere luego a las facultades y atribuciones del Concejo Municipal para señalar que el acuerdo de no renovar la patente al recurrente fue válidamente alcanzado conforme al procedimiento establecido en la ley y en el Reglamento Interno, siendo además válidamente certificado por el Sr. Secretario Municipal. Por otra parte, indica que no existe obligación de la Municipalidad de dar aviso de la puesta en tabla del Consejo para efectos de la renovación de las patentes, siendo obligación del recurrente como explotador de dicha actividad comercial, el conocer la normativa que la rige y darle cumplimiento.

Señala finalmente que ninguna de las garantías constitucionales que se dicen afectadas se vieron efectivamente vulneradas, toda vez que tanto la actuación de la Municipalidad como del Concejo se realizó dentro de los términos legales y haciendo uso de las facultades y atribuciones que estos tenían, por lo que la no renovación de la patente no obedeció a una actitud antojadiza o irracional, sino que por el contrario se basó en los antecedentes del propio contribuyente y su cumplimiento de la normativa, lo cual generó en el contexto un amplio debate en relación a los problemas de delincuencia, seguridad, aseo, entre otras, que se generan en torno a los locales que cuentan con patentes de alcohol, de lo que se deriva que la decisión adoptada no ha sido arbitraria;

CUARTO: Que debe recordarse que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para que opere cuando, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, alguna persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías expresamente señalados, dentro de los cuales se incluye el derecho de igualdad ante la ley, a no ser juzgado por comisiones especiales, a desarrollar una actividad económica, respetando las normas legales que la regulen y de propiedad.

De la descripción que hace el Constituyente se desprende que debemos estar en presencia de actos ejecutados al margen de la ley, en contra de la justicia y la razón, y que se realicen en forma voluntariosa, o sea, sólo por la voluntad o el capricho;

QUINTO: Que, del mismo modo, este instituto procesal ha sido creado para asegurar el respeto al orden jurídico establecido y reparar de inmediato la juridicidad quebrantada, manteniendo el “statu quo” vigente; en virtud de ello, enfrentadas a un derecho indubitado, se autoriza a las Cortes de Apelaciones para adoptar las providencias que permitan restablecer el imperio del derecho, asegurando la oportuna protección del afectado;

SEXTO: Que acotado el ámbito de aplicación de esta acción constitucional, para la adecuada resolución de este negocio debe considerarse que el artículo quinto de la Ley N° 19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, preceptúa que “Las patentes se concederán en la forma que determina esta ley, sin perjuicio de la aplicación de las normas de la Ley de Rentas Municipales y de la Ley N° 18.695, en lo que fueren pertinentes.

“El valor de las patentes deberá ser pagado por semestres anticipados, en los meses de enero y julio de cada año.

“Los establecimientos expendio de bebidas alcohólicas no podrán funcionar sin que hayan pagado previamente la patente que corresponda, ni podrán continuar funcionando sin tenerla al día, salvo que este hecho no fuera imputable al deudor y lo probare documentalmente, circunstancias que corresponderá apreciar al alcalde.”

A su turno, el artículo 65 letra Ñ) de la Ley N° 18.695 establece que: “El alcalde requerirá el acuerdo del Consejo para: …ñ) otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes. El otorgamiento, la renovación o el traslado de la patente se practicará previa consulta a las juntas de vecinos respectivas”;

SÉPTIMO: Que de lo anterior dimana la indiscutida facultad legal del Alcalde, -con acuerdo del Concejo Municipal- para no renovar las patentes de alcoholes necesarias para el funcionamiento de los locales que lo vendan al público; sobre el punto, debe precisarse que, en este caso, la no renovación de aquella que ampara la actividad del recurrente fue dispuesta, como se adelantó, por el Decreto N° 1205/2014, de 31 de nombre reservado 2014, emanado de la I. Municipalidad de Antofagasta, fundándose el mismo en los antecedentes que se tuvieron a la vista en la sesión ordinaria N° 20 del Honorable Concejo Municipal, de fecha 9 de nombre reservado 2014, en la cual se verificó la existencia de más de tres infracciones a la Ley de Alcoholes, que permitió a los Concejales estimar que la patente de alcoholes no debía ser renovada, habida consideración de la conducta del contribuyente en relación con la contravención de las normas que regulan la materia.

De este modo, al analizar si la conducta de la Alcaldesa ha sido ilegal, atendido lo preceptuado por el artículo 5º de la Ley Nº 19.965 ya citada, sólo puede concluirse que la actividad desplegada por la recurrida se limita a lo expresamente autorizado por la ley y dentro del procedimiento que ella establece, de manera que su conducta resulta plenamente legal, debiendo estimarse que actuó dentro de la esfera de su competencia, sin perjuicio de que queda aún por determinar si dentro de dicha discrecionalidad ha actuado de manera arbitraria o, a lo menos, infundada, como a continuación se expondrá;

OCTAVO: Que sobre la razonabilidad del acto Municipal, si bien es efectivo que el otorgamiento, renovación, caducidad y traslado de las patentes de alcoholes corresponde a una facultad discrecional del Alcalde de la comuna respectiva, con acuerdo del Concejo Municipal, no lo es menos que el ejercicio de la misma no puede ser infundado ni arbitrario.

En efecto, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 11 inciso segundo y 41 inciso cuarto de la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos, las resoluciones de la administración siempre deben ser fundadas, en especial cuando éstas afecten el derecho de particulares, ya sea limitando, restringiendo, privando, perturbando o amenazando su legítimo ejercicio, debiendo expresarse los hechos y fundamentos de derecho de las mismas;

NOVENO: Que sobre el particular, según se informó, el procedimiento mediante el cual se analizó la renovación de las patentes ha pretendido comprender estándares objetivos, exigiendo requisitos mínimos ante los cuales la autoridad ha decidido renovar o no las patentes. En este caso específico, se ha justificado en la existencia de una serie de infracciones a la normativa que regula la materia.

En efecto, de la sola lectura de los antecedentes acompañados por las partes, en especial el agregado a fojas 2 y a fojas 41, es posible concluir que el recurrente de protección, al tiempo de cursársele la infracción que originó la denuncia de fojas 42, registraba cuatro reincidencias por similar tipo de faltas, -mismas que se consignan a fojas 2- dentro de los últimos doce meses contados desde el 16 de junio de 2014, todas por infringir la Ley de Alcoholes; a ellas se agrega la quinta, Rol Nº 11.190-14 del 2º Juzgado de Policía Local de Antofagasta, con sentencia condenatoria firme, conforme se desprende de fojas 46;

Teniendo por base lo anterior, fluye del proceso que la acción de la Alcaldesa, con acuerdo del Concejo, es del todo razonable y justificada, a la vez que demuestra que la facultad discrecional ha sido utilizada con la prudencia y proporcionalidad que requieren los actos de la Administración para devenir en legítimos, por lo que este tribunal no puede sino entender que la acción que se cuestiona por el recurrente no adolece de ilegalidad ni arbitrariedad alguna.

DÉCIMO: Que como corolario de lo reflexionado con precedencia, no habiéndose demostrado la existencia de actos ilegales o arbitrarios que produzcan amenaza, perturbación o privación de alguna garantía constitucional susceptible de ser amparada por esta vía, el recurso no puede prosperar, motivo por el cual será desechado.

UNDÉCIMO: Que, finalmente, en lo relativo al pago de las costas, se estima procedente no imponer dicha carga al recurrente, atendida la naturaleza del conflicto que subyace entre las partes.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19números 2, 3, 21 y 24, y 20 de la Constitución Política de la República, Autos Acordados de la Corte Suprema, de 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se dispone que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Juan Manuel Olivares Araya, en representación de la Sociedad “SERVICIOS GASTRONÓMICOS EL RINCÓN LATINO LIMITADA”, en contra de la I. Municipalidad de Antofagasta, representada por su Alcaldesa doña Karen Rojo Venegas, y en contra del Concejo Municipal.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Se deja constancia que debió recurrirse a la facultad del artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol 911-2014 (Protección)

Redactó el Fiscal Judicial Sr. Padilla.

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por la Ministra Titular Sra. Virginia Soublette Miranda, la Ministra Interina Sra. Jasna Pavlich Núñez y el Fiscal Judicial Sr. Rodrigo Padilla Buzada. Autoriza el Secretario Titular Sr. Mauricio Pontino Cortés.

En Antofagasta, a siete de octubre de dos mil catorce, se notificó por el Estado Diario la sentencia precedente.