Protección contra Municipalidad de Antofagasta

Antofagasta, a doce de febrero de dos mil quince.

VISTOS:

A fojas 39 comparece nombre reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de Antofagasta, representada por su Alcaldesa doña Karen Rojo Venegas, en virtud de la orden de servicio A-15-0172 O.S. Alc. 026 de fecha 5 de enero pasado a través del cual se instruye decretar el término del contrato de arriendo por vencimiento de plazo, lo que se concreta a través de Decreto N° 12/2015 en el que deja constancia que el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes expiró el 31 de diciembre de 2014, los que, atendido los fundamento de hecho que expone, califica de actos arbitrarios e ilegales, por lo que solicita se adopten las medidas que se estimen necesarias para reestablecer el imperio del derecho, tendientes a asegurar la debida protección de sus garantías constitucionales.

A fojas 48 se agregó el informe requerido a la recurrida, en que se solicita el rechazo del recurso de amparo, con costas.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda su acción constitucional en que desde el año 1962 el quiosco ubicado en la esquina de las calles Washington con Prat, s/n se encuentra en manos de la familia nombre reservado, con el nombre de Sucesión nombre reservado, Rol 53.175.060-8, patente municipal Rol 300003-6, del rubro confitería, incluida las instalaciones y mercaderías, pasando el mismo de generación en generación hasta llegar a su poder hace ya 12 años, siendo ésta su única fuente laboral. Refiere ser casado con una hija de 12 años.

No obstante lo anterior, señala que la Municipalidad modificó en forma unilateral dicha patente pasando a llamarse permiso precario (comerciante ambulante). Es así como mediante Decreto Alcaldicio N° 1556/2014 se aprueba el contrato de arrendamiento suscrito ante notario el 13 de agosto de 2014, en el que se comprometió a pagar $200.000 mensuales, reajustados según la variación que experimente el IPC anual, suma que se comprometió a pagar anticipadamente los cinco primeros días de cada mes. El mismo se pactó con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, e incluso antes que se cumpliera dicho plazo comenzaron los hostigamientos tanto por parte de los funcionarios municipales, como de Carabineros, lo que ha perturbado y amenazado su único medio de trabajo.

Agrega que se ha acercado a la Municipalidad con el objeto de solicitar una renovación del contrato de arrendamiento, sin obtener respuesta alguna, siendo citado a tres audiencias con la Alcaldesa, las que siempre son suspendidas. Precisa que no tiene multas, sólo quiere seguir ejerciendo un trabajo digno para la alimentación y el bienestar familiar.

Refiere que los hechos expuestos le han privado y amenazado su libertad de trabajo, reconocido en el artículo 19 N° 16 de la Constitución, razón por la que solicita se adopten todas las medidas que se juzguen como necesarias para reestablecer el imperio del derecho, para asegurar el respeto de sus garantías constitucionales.

Junto a su acción acompaña; copia simple de escritura pública de partición de la sucesión de nombre reservado, de fecha 23 de abril de 1993; copia simple de Decreto Alcaldicio N° 697/2014, N° 1556/2014 y N° 12/2015; copia de mantenedor de derechos varios, copia de Formulario 10 de Tesorería General de la República; comprobante de ingresos municipales y Acta notarial denominada “Certificación In Situ” extendida el 2 de enero del año en curso, respecto a lo sucedido ese día en el Departamento de Rentas y Finanzas de la Municipalidad de Antofagasta al intentar pagar la renta correspondiente al mes de enero por el recurrente.

SEGUNDO: Que a fojas 48 consta el informe evacuado por la Municipalidad de Antofagasta, quien solicita se rechace el presente recurso, con costas.

Al efecto asegura la inexistencia de los hechos denunciados, en atención a que el 13 de agosto de 2014 se celebró contrato de arrendamiento entre las partes, el que en su cláusula tercera se dispuso expresamente que el contrato se extendía hasta el 31 de diciembre de 2014, no estipulándose en el mismo documento alguna cláusula de renovación automática, ni la posibilidad de prórroga que se manifestare de forma expresa. De esta forma, la Municipalidad no ha actuado de forma ilegal o arbitraria como lo señala el recurrente, ya que el mismo contrato y el decreto alcaldicio otorgan la facultad de no renovar o prorrogar de manera obligatoria dicha convención. Refiere que lo anterior se condice con lo sucedido el día 2 de enero de 2015, según Acta de Certificación In Situ que acompaña el recurrente a su recurso, donde expresa que la funcionaria del departamento de rentas se niega a recibir el pago correspondiente al mes de enero del año en curso, dado que no ha existido un acto de negación por la referida funcionaria, sino que no aceptó el pago porque no existe un vínculo contractual vigente que otorgue a la Municipalidad la facultad de exigir el cobro, pues entre las partes no existen derechos ni obligaciones desde el 31 de diciembre de 2014.

Además, aclara que el recurrente incurre en un error al señalar que la Municipalidad en forma unilateral modificó la patente a permiso precario, pues tal situación no es viable, ya que ambas atienden a distintas regulaciones y naturaleza, además a través de la misma prueba que acompaña el recurrente se acredita que no se está frente a un permiso precario. Además de existir tal permiso, no le otorga mejor derecho al recurrente, pues de conformidad al artículo 36 de la Ley Orgánica de Municipalidades, éste es un acto jurídico unilateral que puede ser dejado sin efecto en cualquier momento y sin derecho a indemnización alguna. Por todo lo anterior, no se explica cómo su actual habría afectado la garantía constitucional del recurrente, más aún si desde el 13 de agosto de 2014 está en conocimiento que el contrato se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2014.

Finalmente, haciendo referencia a sus facultades contenidas en el artículo 5 letra c) y 63 letra II de la LOC de Municipalidades, a la fuerza obligatoria de los contratos, reconocidos en el artículo 1545 en relación al artículo 1947, ambas, del Código Civil y que carece de fundamento la lesión o amenaza a la libertad de trabajo reconocida en el artículo 19 N° 16 de la Constitución, alegada como fundamento del recurso, desde que el actor podrá ejercer su actividad en cualquier otro lugar, a excepción en el inmueble denominado “Quiosco de la Plaza Colón”, solicita se desestime el recurso, con costas, haciendo presente que hasta la fecha el recurrente se ha negado a restituir el inmueble municipal.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecido para aquellos casos en que una persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho o garantía expresamente señalado, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarias.

Tal institución procesal ha sido creada para la mantención del orden jurídico, como también para reparar de inmediato la juridicidad quebrantada, de manera que ante un derecho indubitado las Cortes de Apelaciones tienen la facultad de adoptar las providencias que juzgue necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, asegurando una protección oportuna del afectado.

CUARTO: Que establecido el ámbito de aplicación del recurso de protección de garantías constitucionales, la Corte de Apelaciones al tomar conocimiento del arbitrio, debe establecer la existencia bien sea de la acción u omisión que lo motiva, identificar la persona u órgano responsables de aquella o ésta, como también determinar si existe privación, perturbación o amenaza de algún derecho, en términos tales que justifiquen la adopción de medidas que tengan por objeto la debida protección del afectado.

QUINTO: Que el acto que la parte recurrente estima como arbitrario e ilegal lo hace consistir en que la Municipalidad de Antofagasta, se ha negado a efectuar una renovación del contrato de arrendamiento celebrado con fecha 13 de agosto de 2014, relativo al bien inmueble denominado kiosco de la Plaza Colón, el cual tiene como fecha de expiración el 31 de diciembre de 2014, instruyéndose decretar el término del mismo por expiración del contrato.

SEXTO: Que el artículo 589 del Código Civil dispone que son bienes nacionales de uso público aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda, y que su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos.

Por su parte el artículo 598 del citado cuerpo legal señala que el uso y goce relativo a cualquier objeto lícito de los bienes nacionales de uso público, se ejercerá conforme a las normas del Código Civil y a las ordenanzas generales o locales que sobre la materia se promulguen.

SÉPTIMO: Que el artículo 5° letra c) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece que es “atribución esencial de las Municipalidades, administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, existentes en la comuna…”.

Por su parte el artículo 36 de la citada ley dispone que los bienes municipales o nacionales de uso público, incluido su subsuelo, que administre la municipalidad, podrán ser objeto de concesiones y permisos.

Los permisos serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnización.

OCTAVO: Que la facultad de otorgar permisos precarios para el uso de un bien nacional de uso público, es resorte exclusivo y excluyente de las municipalidades, quienes dentro de la esfera de competencia que la ley les ha otorgado pueden o no concederlos y, concedidos que sean pueden o no mantenerlos, de lo que resulta que el titular de un permiso precario adquiere el derecho a usar el bien mientras la Municipalidad no señale lo contrario y no adquiere más derechos.

NOVENO: Que en la especie conforme a los antecedentes allegados a la causa, en especial, el contrato de arrendamiento de fecha 13 de agosto de 2014, referido al bien mueble instalado en la explanada de la Plaza Colón denominado “Quisco Plaza Colón”, celebrado entre la I. Municipalidad de Antofagasta y el recurrente, según se consignó en la cláusula tercera, su duración era hasta el 31 de diciembre de 2014, no existiendo estipulación alguna en el documento, en cuanto a una renovación automática, como tampoco a alguna posibilidad de prórroga que se manifieste de manera expresa.

DÉCIMO: Que en consecuencia, al no recibir el pago correspondiente al arriendo del mes de enero de 2015 la funcionaria del Departamento de Rentas, no ha existido un acto de negación de su parte, por cuanto ello se debió a la inexistencia de un vínculo contractual vigente entre recurrente y recurrida, que otorgue a la I. Municipalidad de esta ciudad la facultad de exigir el cobro y que el recurrente tenga la obligación de pagarlo, toda vez que las obligaciones y derechos existentes entre ambas partes habían cesado el día 31 de diciembre del año 2014.

UNDÉCIMO: Que el artículo 1545 del Código Civil dispone lo siguiente: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.

De esta manera, no encontrándose vigente el contrato en cuestión por haber expirado con fecha 31 de diciembre de 2014, la I. Municipalidad de Antofagasta al no renovarlo, no ha incurrido en un acto u omisión ilegal.

DUODÉCIMO: Que en otro orden, no se incorporaron antecedentes suficientes que permitan acreditar en virtud de qué el recurrente ocupaba el kiosco con anterioridad a la celebración del contrato de arrendamiento, más aún en la partición que acompaña no aparece si él detentaba la calidad de arrendatario o era mero administrador.

DECIMOTERCERO: Que en atención a lo expuesto precedentemente, resulta manifiesto que la I. Municipalidad de Antofagasta ha actuado dentro del marco jurídico del cual ha sido dotada para celebrar los contratos necesarios para el uso por parte de particulares de bienes nacionales de uso público, por lo que la negativa a renovar los contratos celebrados no se puede considerar como ilegal ni arbitrario.

DECIMOCUARTO: Que la ilegalidad o arbitrariedad de un acto u omisión, es el motivo esencial para acoger o rechazar un recurso de protección, y a falta de uno u otro, éste no puede prosperar.

DECIMOQUINTO: Que de esta manera, resulta innecesario efectuar un análisis sobre las garantías constitucionales que pudieran verse afectadas conforme a los hechos que indica el recurrente.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 N° 7 y 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 39 por don nombre reservado en contra de la I. Municipalidad de Antofagasta.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 90-2015 Redacción de la Ministra Titular Sra. Virginia Soublette Miranda.

No firma la Ministra Sra. Myriam Urbina Perán, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con permiso.

Pronunciada por la Sala de Febrero, integrada por los Ministros Titulares Sr. Dinko Franulic Cetinic, Sra. Virginia Soublette Miranda y Sra. Myriam Urbina Perán. Autoriza el Secretario Subrogante don Cristian Pérez Ibacache.

En Antofagasta, a doce de febrero de dos mil quince, se notificó en el Estado Diario la sentencia que antecede.