Protección contra imputados en la que se pidió la aplicación de una pena de crimen y el comiso de

CORTE DE APELACIONES ANTOFAGASTA Antofagasta, nueve de febrero de dos mil diez.

Vistos:

A fojas 26 comparece doña nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, de Alto Hospicio, pues estima amenazados sus derechos de propiedad y actividad, protegidos por el artículo 19 Nº 21 y 24, en relación con el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone que desde el 20 de junio de 2009 su taxi básico placa patente ZC-7676, fue retenido en causa RIT 6613-2009, RUC 0900585159-6, en esa ciudad (sic), sin tener ella participación alguna y sin ser parte, por lo que no le fue asignado abogado y no puede pagar uno, ya que desde la retención de su vehículo, se ha sumido en deudas que no puede cubrir.

Refiere que adquirió su taxi en el año 2002 y lo renovó en el año 2006, mediante crédito microempresa Banco Estado en 48 cuotas de $131.814, de las cuales aún quedan 5 sin pagar. Agrega que siempre ha sido una mujer de trabajo, microempresaria, con iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos como central de radiotaxi en el año 2005.

La recurrente acompañó carta de 16 de octubre de 2009, dirigida al Sr. Fiscal Liborio Fajardo Vega, por la que solicitó la devolución de su taxi, a la que adjuntó los siguientes documentos: Certificado de Anotaciones Vigentes; solicitud de inscripción del mismo vehículo a su nombre, de fecha 12 de marzo de 2002; solicitud de primera inscripción vehículo ZC-7676-4, de 21/04/2006; certificado de deudas de Banco Estado; comprobantes de pago en Banco Estado; calendario de vencimientos en Banco Estado; certificado de Anotaciones Vigentes del automóvil PP TX-1009-7 a nombre de la recurrente; resolución exenta Nº 1279, de 27 de septiembre de 2004, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que le otorgó permiso de servicio limitado de radiocomunicaciones a la recurrente por 10 años; carta de la Defensoría a la recurrente, de fecha 02/09/2009, en que se le informa que su vehículo se encuentra incautado, por tratarse de un efecto del ilícito en que se vio involucrado su hermano, sujeto a una eventual pena de comiso, y le indica que puede entablar una reclamación por medio de abogado particular para recuperarlo; declaración de inicio de actividades de radio taxi, de 21/09/05; hoja con resumen de deudas personales; estado de cuenta nacional en Banco Estado; certificado de deudas en universidad de 19/10/09 y cuotas pendientes; estado de cuentas adeudadas, y cinco estados de cuentas en casas comerciales.

A fs. 53 el recurrido, don Liborio Fajardo Vega, Fiscal Adjunto de Antofagasta, pidió el rechazo del recurso fundado en lo siguiente:

Que en su calidad de Fiscal Adjunto dispuso, a través de la Brigada Antinarcóticos, la incautación del vehículo placa patente ZC-7676, en procedimiento que incide en la causa RUC 0900585159-6, relacionada con un operativo policial efectuado el 20 de junio de 2009, en la noche, gestado por la Brigada Antinarcóticos de Antofagasta de la Policía de Investigaciones en Iquique, por haber tomado conocimiento de la existencia de un grupo de personas dedicadas al tráfico de drogas en la ciudad de Antofagasta, que habían tomado comunicación con proveedores de Iquique, y que contactaron a una persona que transportaba pasajeros, luego identificada como nombre reservado, quien efectuó el traslado de la droga, dirigiéndose al sector de Alto Hospicio; fue seguido por la Policía y controlado en el automóvil marca Nissan Modelo V-16, PP ZC-7676, y se descubrió en su interior una maleta con 8 paquetes de pasta base de cocaína, que pesaban de 8.181 gramos de cocaína base; por ello se detuvo al imputado y, debido a que el vehículo fue utilizado en la comisión del ilícito, éste fue incautado. Luego se detuvo a otras personas incautándose más droga y otros efectos del delito.

Refirió que todos los detenidos, incluso nombre reservado, fueron formalizados ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, el 23 de junio de 2009, como coautores del delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes, y se decretó respecto de todos ellos la medida cautelar de prisión preventiva.

Indica que no existe arbitrariedad o ilegalidad en la incautación del móvil y su posterior traslado a un recinto privado en que se mantiene a disposición de la Fiscalía, ya que se obró con estricto apego a los artículos 187 del Código Procesal Penal y 45 de la Ley Nº 20.000. Agrega que ya se dedujo acusación fiscal en contra de los imputados en la que se pidió la aplicación de una pena de crimen y el comiso de los elementos e instrumentos usados para la comisión del delito, en particular del automóvil en cuestión, y está pendiente la realización de la audiencia de preparación de juicio oral, el 25 de enero de 2010, en cuya ocasión se discutirá una tercería presentada en los términos del artículo 189 del Código Procesal Penal, que se relaciona con el móvil incautado.

En virtud de lo anterior, estima que su actuar se ajustó al principio de legalidad, señalado en el artículo 3 de la ley Nº 16.940, y que no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal, pues la incautación y comiso no constituyen vulneración al derecho de propiedad, ni al derecho a realizar cualquier actividad económica de la recurrente.

Adjuntó copia del informe policial de 21 de junio de 2009, que da cuenta del procedimiento; copia del acta de formalización de 23 de junio de 2009, en causa RIT 6613-2009 del Juzgado de Garantía de Antofagasta, y copia de acusación fiscal deducida en la causa RIT 6613-2009.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el Recurso de Protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para que opere cuando, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarias, alguna persona haya sufrido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías expresamente señalados, dentro de los cuales se incluyen los derechos a desarrollar una actividad económica lícita que no sea contraria a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, y el de propiedad; ello significa que debe estarse en presencia de actos ejecutados al margen de la ley, en contra de la justicia y la razón, y realizados voluntariosamente, esto es, sólo por la voluntad o el capricho;

SEGUNDO: Que de igual forma, este instituto procesal ha sido creado para defender el orden jurídico; en otras palabras, para reparar de inmediato la juridicidad quebrantada, manteniendo el “statu quo” vigente, impidiendo que ciudadanos o instituciones se hagan justicia por sí mismos, y sin dilucidar a priori quien es el verdadero titular de un determinado derecho, puesto que para ello existen las acciones judiciales ordinarias pertinentes;

TERCERO: Que si bien la acción impetrada a fojas 26, ha sido dirigido en contra del Fiscal del Ministerio Público que condujo la investigación que culminó con la incautación del vehículo de propiedad de quien recurre, no puede dejar de mencionarse que con ella se pretende modificar el contenido de una resolución judicial adoptada por un Tribunal de la República, en el marco de un proceso penal legalmente tramitado, en que los intervinientes han tenido la oportunidad de ser oídos y de expresar lo concerniente a sus derechos.

Mal podría, entonces, el acto que se cuestiona, devenir en ilegal o arbitrario, cuando él emana de una autoridad judicial, y respecto del cual puede ejercer los derechos que la ley, sustantiva o procesal, le conceden;

CUARTO: Que, sólo a mayor abundamiento, del informe de fojas 53 consta que se ha fijado fecha para debatir una tercería que la propia recurrente dedujo al amparo del artículo 189 del Código Procesal Penal, destinada a revertir la incautación del vehículo de su propiedad. Dicho en otras palabras, el injusto que la recurrente denuncia está ya sometido al imperio del derecho y, aunque la Carta Fundamental permite el ejercicio de este arbitrio “…sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”, lo cierto es que frente a tal escenario, no parece prudente que la Corte intervenga acogiendo el llamamiento de la afectada, adoptando alguna medida para restablecer el imperio del derecho que, en el papel, pudiera verse afectado, y ser incompatible y contradictoria con la que eventualmente pueda decidir un Juez de fondo.

QUINTO: Que, en consecuencia, no resultando establecida la existencia de un acto ilegal o arbitrario de la recurrida que prive perturbe o amenace alguna de las garantías constitucionales que la recurrente estima amagada, y no existiendo medida alguna que sea susceptible de adoptarse en el marco del presente recurso, debe desecharse el de fojas 26.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 números 21 y 24, y 20 de la Constitución Política de la República, y 1, 3 y 5 del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que no se hace lugar al recurso de protección deducido a fojas 26 por nombre reservado, en contra de don Liborio Fajardo Vega, Fiscal Adjunto de Antofagasta de Antofagasta, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad conferida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N° 896-2009 Redactó el Fiscal Judicial señor nombre reservado.