nombre reservado con INTENDENCIA Y GOBERNACIÓN DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, veintiuno de enero de dos mil veinte.

VISTOS:

Que nombre reservado, ingeniero eléctrico, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, viene en interponer recurso de protección en contra de la INTENDENCIA y el GOBIERNO REGIONAL, por los actos arbitrarios e ilegales que vulnerarían sus garantías constitucionales.

Informo del recurso la recurrida, solicitando el rechazo del mismo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente, fundando su acción constitucional, sostiene que siendo declarado el toque de queda el día 20 de octubre del 2019 a las 21 horas se procede a cerrar la estación de Servicio de combustible Petrobras ubicada en domicilio reservado de Antofagasta.

Explica que al momento de cerrar aún permanecían en su interior clientes, observando la presencia de fuerza pública a las 21:15 pm, para luego abandonar la zona. Al hacerlo, se agrupan unos 500 manifestantes los que comienzan a dañar locales cercanos y a la Estación Petrobras, destruyendo las máquinas de combustibles (8) y saqueando la tienda y agrediendo a los clientes en su interior.

Relata que el día 13 de noviembre del 2019, siendo las 1:49 am manifestantes atacan la estación destruyendo surtidores muebles e intentando incendiar las instalaciones de convivencia y tienda. En el mismo sentido tuvo lugar un ataque con fecha 26 y 27 de noviembre del 2019.

Finalmente expresa que el día 11 de diciembre del 2019, siendo las 1:14 am un grupo de manifestantes procede a violentar el cierre OSB y metálico de la tienda y procede al saqueo de la mercadería, equipos computadores, cigarrillos, alcohol, bebidas y dinero.

Concluye en razón de lo expuesto que, los hechos consistentes en los saqueos reiterados de saqueos ha sufrido la privación, perturbación y amenaza de sus derecho y garantías constitucionales de derecho a la vida, libertad de trabajo, derecho a libertad de opinión, derecho a la vida privada y a la honra de la persona y fama, solicitando con la interposición de su recurso mayor seguridad y presencia policial durante jornadas nocturnas y en jornada de movilizaciones.

SEGUNDO: Que informó nombre reservado, en representación de la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Comenta que como es de conocimiento público, a partir del día viernes 18 de octubre del año en curso, diversos sectores de la Región Metropolitana sufrieron reiteradas y graves alteraciones del orden y la seguridad pública, como consecuencia de la quema, saqueo y destrucción de numerosos recintos privados y públicos, especialmente, de la red de transporte del Metro y de buses; así como la interrupción de la libre circulación de las personas debido a la instalación de barricadas en las calles.

Sostiene que el inédito fenómeno en comento, se fue propagando desde la Región Metropolitana hacia el resto del país. Por ello, dada la magnitud de la afectación y el evidente riesgo para la seguridad de las personas, S.E. el Presidente de la República, entre otras regiones, mediante el Decreto Supremo N° 478, de 20 de octubre de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; declaró estado de excepción constitucional de emergencia en la comuna de Antofagasta, de la Región de Antofagasta, por un plazo de 15 días; el que fuese extendido mediante el Decreto Supremo N° 495, de 22 de octubre, a las comunas de Tocopilla, Mejillones y Calama.

Sostiene que a nivel país, según la información de Carabineros de Chile y las distintas Intendencias, durante el estado de emergencia hubo 487 saqueos a supermercados y centros comerciales, daños a 84 entidades comerciales y 74 entidades financieras. También, ocurrieron severos daños a la propiedad pública: 28 buses del Transantiago quemados y 741 vandalizados; 12 Municipalidades con daños por incendios y ataques (Calama, Copiapó, Villa Alemana, Quilpué, Olmué, Catemu, Cabildo, San Antonio, El Quisco, El Tabo, Valdivia y Coihayque); 5 Intendencias con destrozos (Antofagasta, Valparaíso, Tarapacá, Atacama y Los Ríos) y 4 Gobernaciones con daños y destrozos (Arica, Antofagasta, San Antonio y Osorno); servicios de utilidad pública con daños y destrozos en todo el país (notarias, oficinas del Servicio de Impuestos Internos, Inspección del Trabajo, Fiscalía, antenas de telecomunicaciones, entre otros), así como destrozos y daños en cuarteles y vehículos policiales.

Indica que el citado estado de excepción constitucional, se le puso término a través del Decreto Supremo N° 529, de 27 de octubre de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; pasando a partir de ese momento, nuevamente, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, o sea, Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, la función exclusiva de garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinan sus respectivas leyes orgánicas y demás disposiciones legales aplicables al efecto.

Relata que una vez levantado el estado de emergencia, han seguido ocurriendo hechos graves de violencia que han requerido de un enorme esfuerzo, por parte de Carabineros de Chile, para resguardar el orden público. Al 3 de diciembre de 2019, ya se habían producido 2.488 eventos graves, el número de funcionarios lesionados de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de las Fuerzas Armadas ascendían a 2.664, y 1.277 civiles lesionados. Según información de la policía uniformada, a esa fecha ya se habían producido 740 ataques a vehículos policiales, 137 ataques a estaciones de Metro, 243 ataques a cuarteles policiales, 947 saqueos y 279 incendios, resultando afectados 831 locales comerciales, 389 supermercados, 287 edificios públicos y 86 establecimientos educacionales.

Afirma que la situación de la custodia del orden público sigue siendo, hasta el día de hoy, una cuestión altamente crítica en el país. Por ello, día a día, debe decidirse la dotación de servicios policiales en el territorio por parte del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, tomando en consideración la planificación de las protestas, la intensidad de las acciones vandálicas, la dotación existente en la respectiva zona afectada, los antecedentes obtenidos por la inteligencia policial, el tipo de lugar donde se desarrollan los acontecimientos, entre muchos otros factores.

Señala que los hechos expuestos, sin perjuicio de no aportar ningún mayor antecedente sobre la supuesta omisión alegada, más que la somera relación de bienes presuntamente afectados por parte de individuos no individualizados, indicarían a su vez la comisión de hechos que pueden revestir caracteres de delito, los cuales, deben ser puestos en conocimiento de la autoridad competente en la materia.

Asimismo, entiende que las medidas que se solicitan por la vía del recurso de protección de autos, por su amplitud, persiguen que esta Corte formule una verdadera regulación sobre cómo proceder en el resguardo del orden público para la ciudad de Antofagasta, lo que es ajeno al remedio judicial impetrado y que, a todas luces, excede los fines previstos para esta acción cautelar de urgencia, situación que indefectiblemente debe conducir a su íntegro rechazo.

Lo anterior, sostiene, sin haberse emplazado en estos autos a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, quienes, por expreso mandato constitucional y legal, se encuentran facultadas para establecer las estrategias y planes operativos en materia de resguardo del orden público, considerándose dentro de ello, por cierto, las decisiones en materia de distribución del personal policial.

Afirma que esta acción de protección además de no ser la vía idónea para los fines perseguidos por el recurrente; constata que en el caso de autos, a pesar de reclamarse en concreto una falta de resguardo policial (dado que se solicita mayor seguridad y presencia policial durante jornadas nocturnas y en jornadas de movilizaciones), Carabineros de Chile no ha sido recurrido de protección, cuestión que atenta contra el debido proceso y que debe conducir también a su rechazo.

Sostiene que la Intendencia y la Gobernación, en coordinación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, han hecho uso de todas sus atribuciones legales para esclarecer con celeridad los hechos y responsabilidades en relación a las denuncias y querellas realizadas. En el entendido que son los órganos del Administración del Estado, en este caso el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Intendencia y la Gobernación, quienes, actuando en conjunto con otros servicios como Carabineros de Chile y las Municipalidades, cada uno dentro del ámbito de su competencia respectiva, determinan la oportunidad, necesidad, eficacia y eficiencia de las medidas que van a implementar en materia de orden y seguridad pública.

Refiere que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por intermedio de la Intendencia y Gobernación de Antofagasta, conforme a las facultades legales y dada la especial gravedad de los hechos ocurridos durante las jornadas posteriores al 18 de octubre de este año en la zona; ha presentado un total de 56 querellas por Ley de Seguridad del Estado, frente a todos los hechos que suponen una grave alteración del orden público y la seguridad pública, invocando leyes especiales cuando el caso lo ha ameritado, además de la presentación de otras 34 querellas por otros delitos cometidos en el contexto del “estallido social”. A partir de ello, se mantienen se ha decretado prisión preventiva de 12 imputados y decenas con otras cautelares previstas en el artículo 155 del Código Procesal Penal.

Respecto de ello, afirma que además, se ha realizado seguimiento de estas querellas ante los Tribunales de Justicia, comparecencia a las audiencias judiciales que se fijan en las referidas causas y solicitud de diligencias y entrevistas a los Fiscales del Ministerio Público, en las causas en que sus representados son parte.

Precisa, además, una serie de acciones desarrolladas por sus representados durante ese periodo, que dan cuenta que sus representados han adoptado las acciones a que están mandatados por el ordenamiento jurídico para cumplir con su misión; no siendo esta sede constitucional, cautelar, excepcional, urgente, de tramitación informal, breve y sumaria, la idónea para conocer de los hechos denunciados, sin perjuicio de los demás mecanismos que el ordenamiento jurídico nacional ofrece al recurrente para satisfacer sus pretensiones conforme ha referido precedentemente.

Concluye finalmente reafirmando a improcedencia del recurso, especialmente teniendo en vista que la decisión sobre distribución y destinación de servicios policiales contiene una medida de fuerte componente técnico y alto carácter contingente, situación extraña a esta acción cautelar de tramitación breve y sumaria, por lo cual entiende que no puede sino ser rechazada.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que para efectos de resolver, ha de tenerse presente, que conforme los argumentos y solicitudes consecuentes esgrimidos por el recurrente lo que se pretende a través de este recurso es la modificación o sustitución de una política pública que se estima insuficiente para lograr la protección efectiva de los bienes del actor frente al actuar delictual sufrido a propósito de las movilizaciones sociales en nuestra Región.

SEXTO: Que en este sentido, el reproche de inactividad que se le imputa a los recurridos, debe enmarcarse en el contexto de las atribuciones que la ley ha otorgado a los entes recurridos.

Pues bien, el artículo 2 de la ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, establece como atribución del Intendente, en lo atingente al recurso: “b) velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes; c) requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley.”

Por su parte el artículo 4° del mismo cuerpo normativo, establece como atribuciones del gobernador el “ejercer las tareas de gobierno interior, especialmente las destinadas a mantener en la provincia el orden público y la seguridad de sus habitantes y bienes”.

SÉPTIMO: Que del mérito de las disposiciones transcritas, podemos entender que la labor tanto del Intendente como Gobernador Regional dicen relación con la de velar la mantención del orden público, sin embargo, el ejercicio de las atribuciones pertinentes a dicha mantención corresponde a las Fuerzas de orden y seguridad pública.

En este orden de ideas, se ha expuesto en el informe por las recurridas las acciones que se han adoptado a propósito de las movilizaciones sociales que han ocurrido en nuestra Región, a partir de las cuales se han materializado actos delictuales como los que describe el recurrente, no pudiendo advertirse que en esta labor de resguardo del orden público, que presupone labores de coordinación y requerimientos de auxilio de la fuerza pública, se hayan cometido actos arbitrarios o ilegales, puesto que la planificación y organización en coordinación con las fuerzas de orden en esta región para enfrentar eventuales actos de vandalismo o delictuales a través de saqueos y/o incendios de bienes públicos o privados, se ha realizado de manera constante y en el entendido que los presuntos lugares afectados no solamente implican la concentración de personal policial en un solo lugar de la ciudad, sino que las posibles afectaciones abarcan a la ciudad en su totalidad, por lo cual, la planificación debe implicar la concentración de personal policial considerando la afectación de toda la ciudad, en la medida que los recursos humanos y materiales así lo permitan, cuestión entonces que será de cargo de los entes técnicos que la misma Constitución mandata para organizar el ejercicio de esa fuerza de orden, conforme así lo establece el artículo 101 de la Constitución Política de la República, dar eficacia al derecho y en definitiva determinar tal curso de acción.

OCTAVO: Que, sin que obste a la conclusión precedente, resulta menester indicar que los actos que se representan en la acción constitucional deducida dicen relación con actos que pudieran revestir caracteres de delito, y cuyo conocimiento e investigación conforme se desprende del artículo 83 de la Constitución Política de la República y de los artículos 1, 2 y 17 de la ley orgánica constitucional N° 19.640, corresponde de manera exclusiva y excluyente al Ministerio Público.

Por estas consideraciones, y de conformidad con los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y 1, 3 y 5 del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- QUE SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

ROL 8909-2019 (PROT)