nombre reservado con DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Antofagasta, a cuatro de marzo del dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que, comparece nombre reservado, manipuladora de alimentos, chilena, domiciliada en domicilio reservado; quien deduce recurso de protección en contra de Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta, representada por su Director Regional Margarita Lourdes López Bustamante, ambas domiciliadas en domicilio reservado, por la fundado en una omisión que califica como ilegal y arbitraria en el marco de la tramitación de una denuncia interpuesta conforme a la denominada “Ley Karin”, perturbando el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que asegura el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Informó al tenor del recurso la recurrida instando por el rechazo del arbitrio constitucional.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, funda su recurso señalando que con fecha 25 de agosto de 2025 interpuso una Denuncia Ley Karin Nº 953 en contra de quien se desempeña como jefe de sindicato en su lugar de trabajo, empresa Aramark Servicios Mineros y Remotos Ltda., denuncia que fue comunicada al empleador por la Dirección del Trabajo ese mismo día.

Expone que al día siguiente, esto es, el 26 de agosto de 2025, la Dirección del Trabajo solicitó al empleador la adopción inmediata de una medida de resguardo consistente en la “Derivación Psicológica Temprana y según respectivo protocolo de Prevención”

Indica que conforme a lo dispuesto en el artículo 211-C inciso segundo del Código del Trabajo y en el artículo 17 del Decreto Nº21 que aprueba el Reglamento de la Ley Karin, la investigación debía concluir en un plazo máximo de treinta días contados desde la presentación de la denuncia o desde la recepción de la derivación por el empleador a la Dirección del Trabajo. En el caso concreto, dicho plazo vencía el día 14 de septiembre de 2025 No obstante, vencido dicho término, no se habría emitido informe alguno por parte de la Dirección del Trabajo. Agrega que su empleador le informó, mediante correo electrónico, que las medidas de resguardo seguían vigentes al no existir aún informe del órgano administrativo, lo que fue confirmado tras consulta efectuada a la Dirección del Trabajo Posteriormente, el 5 de enero de 2026, concurrió personalmente a dependencias de la Dirección Regional del Trabajo para consultar por la conclusión de la investigación, siendo informada que aún no existía informe final.

Señala que, a la fecha de interposición del recurso, no ha recibido respuesta ni resultado alguno, configurándose, a su juicio, una omisión persistente del órgano administrativo. Conducta que estima ilegal y arbitraria, sostiene que la Dirección del Trabajo ha incumplido el plazo legal máximo de treinta días para concluir la investigación, infringiendo expresamente las normas antes citadas.

Califica la omisión como ilegal por contravenir el mandato normativo que fija un término perentorio para la conclusión del procedimiento, y como arbitraria por carecer de fundamento racional o normativo que justifique la inactividad, manteniéndose el procedimiento en un estado de “estatismo” sin resolución.

Bajo dicho contexto, estima como vulnerada la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, relativo a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminaciones arbitrarias. Argumenta que la omisión la coloca en una situación distinta a la de cualquier trabajador que, al interponer una denuncia bajo la Ley Karin, tendría la certeza de que la investigación no puede extenderse más allá de treinta días y que las medidas de resguardo no superarían dicho plazo. A su juicio, el trato recibido constituye una diferencia arbitraria carente de justificación, afectando su derecho a la igualdad.

Concluye solicitando que se declare que la Dirección Regional del Trabajo incurrió y continúa incurriendo en una omisión ilegal y arbitraria al no concluir la investigación dentro del plazo legal; ordenando el cierre inmediato de la investigación asociada a su Denuncia Ley Karin, informando a la empleadora y/o a la recurrente los resultados, pronunciándose expresamente sobre la vigencia de las medidas de resguardo adoptadas, además de dar cumplimiento a las demás cargas legales del ente investigador, con expresa condena en costas en caso de oposición.

SEGUNDO: Que informa, Leonardo Tapia Rodríguez, abogado, en representación de la recurrida, Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta, quien señala que la actora es trabajadora de la empresa Aramark Servicios Mineros y Remotos Limitada, desempeñándose como Supervisora de Aseo para la empresa mandante Codelco División Gabriela Mistral, en la comuna de Sierra Gorda. Con fecha 25 de agosto de 2025, la recurrente interpuso denuncia por Ley N°21.643, conocida como “Ley Karin”, ante la Dirección del Trabajo, asignándosele un código de solicitud específico. En esa misma fecha, el Servicio notificó al empleador acerca de la denuncia y dispuso medidas de resguardo consistentes en la derivación de la denunciante a atención psicológica temprana, conforme al protocolo de prevención respectivo.

Posteriormente, se creó la comisión investigadora correspondiente, iniciándose formalmente el proceso investigativo el 21 de enero de 2026 en el domicilio de la empresa en Antofagasta. Explica que el inicio de la investigación obedeció al orden de ingreso de las denuncias y a las prioridades determinadas por el Servicio, considerando la carga laboral existente. El 30 de enero de 2026 se emitió el informe de investigación por parte del fiscalizador a cargo, y el 2 de febrero de 2026 se formularon las conclusiones jurídicas por la abogada interviniente. El resultado determinó que no se constataron indicios suficientes de acoso laboral conforme a la Ley 21.643 que implicaran vulneración de derechos fundamentales en los términos del artículo 485 del Código del Trabajo. Finalmente, el procedimiento fue cerrado y notificado a ambas partes mediante Oficio Ordinario N°201-7549/2026, de fecha 3 de febrero de 2026.

Sostiene la inexistencia de acto ilegal o arbitrario. Explica que la Ley N°21.643, vigente desde el 1 de agosto de 2024, incorporó al ordenamiento jurídico diversas normas derivadas del Convenio N°190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo, ampliando significativamente las competencias y obligaciones de la Dirección del Trabajo. Entre ellas, recibir denuncias por diversas vías, indicar medidas de resguardo, investigar situaciones incluso ocurridas una sola vez, revisar investigaciones internas de empleadores y conformar fiscalías laborales especializadas.

Destaca que el procedimiento de investigación no constituye una actuación meramente formal o burocrática, sino que reviste complejidad técnica, pues exige análisis de antecedentes, asignación de abogado y fiscalizador, constitución de fiscalía laboral, elaboración de informe investigativo y conclusiones jurídicas, pudiendo eventualmente derivar en denuncia ante tribunales. Asimismo, recalca que en estas investigaciones no solo están involucrados los derechos de la denunciante, sino también los del denunciado y de otros trabajadores, lo que impone un especial deber de cautela.

Reconoce que, debido al incremento sustancial de denuncias tras la entrada en vigencia de la Ley Karin y a la ausencia de aumento proporcional de recursos humanos y materiales, en algunos casos se ha superado el plazo de 30 días hábiles contemplado en el artículo 211-C del Código del Trabajo para investigar. Sin embargo, sostiene que dicha circunstancia no constituye ilegalidad ni arbitrariedad, pues la Dirección del Trabajo debe además cumplir con el principio de celeridad y con el deber de guardar el orden riguroso de ingreso en asuntos de similar naturaleza, conforme al artículo 7° de la Ley N°19.880.

En este sentido, afirma que la demora en la investigación obedeció a la carga operativa del Servicio y al respeto del orden de ingreso de las denuncias, y no a una decisión discrecional o discriminatoria respecto de la recurrente. Añade que, conforme a la jurisprudencia de la Contraloría General de la República y de la Corte Suprema, los plazos establecidos para la Administración no son fatales, de modo que su vencimiento no invalida la actuación posterior, sin perjuicio de eventuales responsabilidades administrativas internas.

En relación con la supuesta vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución, argumenta que no se ha acreditado trato diferenciado alguno. Sostiene que para configurar una discriminación arbitraria sería necesario demostrar que, frente a casos semejantes y en igualdad de condiciones, la autoridad hubiese resuelto de manera distinta, lo que no ocurre en la especie. Indica que la denuncia de la recurrente fue tramitada conforme al mismo criterio aplicado a todas las denuncias de similar naturaleza, respetando el orden de ingreso y las capacidades operativas del Servicio.

Concluye sosteniendo que no ha existido acto ilegal ni arbitrario, que no se ha vulnerado garantía constitucional alguna y que, además, el procedimiento administrativo ya se encuentra finalizado y debidamente notificado a las partes, lo que priva de objeto actual al recurso. Por ello solicita el rechazo íntegro de la acción constitucional, con costas.

TERCERO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que la recurrente alega que la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta incurrió en una omisión ilegal y arbitraria al no concluir dentro del plazo de treinta días previsto en el artículo 211-C del Código del Trabajo y en el artículo 17 del Decreto Supremo N°21 que reglamenta la Ley N°21.643, la investigación iniciada a raíz de una denuncia por acoso laboral interpuesta el 25 de agosto de 2025, estimando vulnerada la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que de los antecedentes acompañados por la recurrida aparece que, si bien la denuncia fue recibida el 25 de agosto de 2025 y se adoptaron medidas de resguardo en la misma fecha, la investigación formal se inició el 21 de enero de 2026, concluyendo con informe de fecha 30 de enero de 2026, formulándose conclusiones jurídicas el 2 de febrero siguiente y notificándose su cierre mediante Oficio Ordinario N°201-7549/2026 de 3 de febrero de 2026.

SÉPTIMO: Que, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 211-C del Código del Trabajo, incorporado por la Ley N°21.643, la Dirección del Trabajo deberá concluir la investigación dentro del plazo máximo de treinta días contado desde la recepción de los antecedentes, término que se replica en el artículo 17 del Decreto Supremo N°21 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. De los antecedentes allegados por la propia recurrida consta que la denuncia fue presentada el 25 de agosto de 2025 y que el procedimiento concluyó recién el 3 de febrero de 2026, superándose ampliamente el término legalmente previsto.

En consecuencia, resulta efectivo que el órgano administrativo no dio cumplimiento al plazo fijado por el legislador, configurándose una inobservancia formal del término establecido para la sustanciación del procedimiento. Con todo, dicha circunstancia debe analizarse atendida la naturaleza jurídica de los plazos que rigen la actuación administrativa. En efecto, conforme al artículo 7° de la Ley N°19.880, los órganos de la Administración deben actuar con celeridad y guardar el orden riguroso de ingreso en asuntos de similar naturaleza; sin embargo, la jurisprudencia administrativa y judicial ha sostenido de manera uniforme que los plazos establecidos para la Administración no tienen, por regla general, carácter fatal, de modo que su vencimiento no produce la nulidad automática de lo obrado ni impide la prosecución válida del procedimiento, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades funcionarias que pudieren derivarse.

Así, la superación del plazo legal constituye una irregularidad administrativa que esta Corte no puede desconocer, pero cuya sola verificación no basta, por sí misma, para configurar una vulneración constitucional susceptible de tutela por la vía cautelar del artículo 20 de la Carta Fundamental.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, la recurrida informó que el procedimiento fue cerrado y notificado a ambas partes mediante Oficio Ordinario N°201-7549/2026, de fecha 3 de febrero de 2026. Por lo anterior, se advierte que la intervención de esta Corte de Apelaciones en resguardo de las garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas se hace innecesaria, pues en la actualidad no hay medidas de protección que adoptar en favor de la recurrente, habiendo perdido la presente acción cautelar oportunidad, toda vez que se ha cumplido el fin perseguido con la acción y en definitiva cesado la acción que la actora invocaba como fundamento de la ilegalidad y arbitrariedad del actuar de las recurridas, por lo que no cabe sino, desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE DESESTIMA, el recurso deducido por nombre reservado, en contra de Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 89-2026 (Protección)