ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRANSPORTISTAS INKA COYA CALAMA A.G. con MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Antofagasta, a treinta de enero dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece Guido Rene Rojas Leal, abogado, en representación de la Asociación de Transportistas Inka Coya A.G, deduciendo recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales y el Ministerio de Bienes Nacionales.

Informaron las recurridas, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el abogado de la recurrente principia señalando que a mediados del año 2015 y atendida la falta de lugares adecuados para estacionar vehículos, un grupo de transportistas de carga por carretera de la ciudad de Calama, decidieron constituirse el 05 de mayo de 2016 como la asociación gremial que representa, persiguiendo además promover el desarrollo técnico y cooperación en las actividades de sus asociados. En dicha calidad, en agosto de 2017 presentaron formalmente solicitud de concesión de uso oneroso por el plazo de 40 años de los inmuebles rurales signados con lote A y lote B de 1,65 y 21,09 hectáreas respectivamente, ubicados en el sector Extensión Puerto Seco – Inka Coya de la comuna de Calama, a fin de ejecutar en dicho inmueble, un proyecto industrial destinado a establecer un parque de transporte de carga por carretera para sus asociados y otros agentes del sector. Lo anterior, quedó signado bajo expediente administrativo 2CO264 y el proyecto contempló la instalación de distintas infraestructuras a ejecutarse dentro del plazo de 5 años con una inversión estimada de UF 37.020.

En virtud de lo anterior, y con la finalidad de regularizar su situación en relación con los lotes referidos, es que inmediatamente la asociación gremial solicitó los permisos de ocupación, primeramente gratuita por 6 meses, el que le fue concedido el 21 de octubre de 2016. Luego, en agosto de 2017 ingresó a tramitación ante el Ministerio del ramo solicitud de concesión de uso oneroso sobre los inmuebles ya individualizados por el plazo de 40 años.

Refiriéndose al procedimiento administrativo, ilustró que su solicitud fue sometida a examen conforme a lo dispuesto en los artículos 58 y siguientes del Decreto Ley 1.939 y luego de una serie de trámites, el 06 de marzo de 2018, la Ministra de Bienes Nacionales de la época mediante Ordinario E-19.550 resolvió acceder a la solicitud de concesión comunicando su decisión al Jefe de la División Jurídica para que proceda a los trámites y posterior ejecución del contrato administrativo. Dichas actuaciones, dan cuenta del cumplimiento de las etapas de iniciación e instrucción del expediente administrativo, restando para su conclusión la dictación del Decreto Supremo.

Destaca que transcurrido algunos meses y habiendo mediado cambio de gobierno se les invita a reunirse con el Ministro de la época en la ciudad de Santiago, oportunidad en que son recibidos por nombre reservado quien les indica tener un vinculo de amistad con el Ministro y los acompaña a la reunión. En dicha instancia, la autoridad planteó su intención de resolver y solucionar sus solicitudes y de otras asociaciones gremiales, refiriéndoles que deben destrabar sus peticiones con el Sr. nombre reservado o con la diputada Paulina Nuñez quienes contaban con su confianza, causándoles extrañeza lo planteado ya que sintieron que se ponía en duda el éxito de su solicitud, cuando la misma ya contaba con la autorización de la Ministra saliente. Así, y ante la inactividad del Ministerio entre el 2018 y principios del 2019 relativa a la suscripción del contrato administrativo y considerando la existencia y avance de otras solicitudes de iguales características tramitadas por particulares y otros gremios, solicitaron audiencia en 3 oportunidades con el Ministro a quien le reiteraron su preocupación por la situación expuesta, comunicándoles la autoridad su malestar y que él era el único interlocutor válido. Sin embargo, nuevamente transcurren meses sin obtener respuesta hasta que finalmente se dicta el acto que por éste medio se impugna, consistente en el Ordinario N° SE02-005018-2019 de fecha 15 de noviembre último, mediante el cual la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales los notifica de la Resolución Exenta N° 1.340 del 11 de noviembre del mismo año, que decide el término del procedimiento administrativo remitiéndolo a archivo, el cual dispone en lo medular: “Que, en atención a los nuevos lineamientos, criterios y políticas establecidas en la Orden Ministerial N° 1 de 2018, el Ministerio de Bienes Nacionales en el uso de sus facultades legales contenidas en el D.L. 1939/77, ha resuelto no acceder a su solicitud de concesión de uso oneroso de forma directa, disponiendo su realización a través de un proceso de licitación pública o asignación directa en el evento que hubiese ocupantes con inversión significativa, previo estudio técnico de conveniencia y oportunidad.

En virtud de lo expuesto, por el cambio de política ministerial y por cuestiones de orden administrativo, es que se hace indispensable finalizar la postulación mencionada anteriormente.”

Estima que a través de la resolución citada se ha dejado sin efecto en forma ilegal, arbitraria y discriminatoria la aprobación de su solicitud de concesión de uso oneroso de fecha 06 de marzo de 2018.

Enfatiza que la actuación de la recurrida es ilegal, ya que el Ministro en ejercicio pretende innovar en lo ya resuelto por la investidura que ostenta, retrotrayendo ilícitamente el procedimiento administrativo, omitiendo que su solicitud ya había cumplido con la etapa de iniciación e instrucción conforme con lo establecido en el decreto en la materia. Además, la justificación de la administración es escueta y sólo se refiere a nuevos lineamientos, criterios y políticas para realizar un nuevo proceso a través de licitación pública. En este escenario, debe tenerse en consideración que los nuevos lineamientos fueron dictados en noviembre de 2018, es decir, casi 8 meses después que la anterior Ministra aprobará su solicitud, sin perjuicio que el inciso cuarto del artículo 58 del decreto en la materia establece un plazo de 3 meses para resolver por el Ministerio la solicitud de concesiones, término en que finalmente la autoridad había optado por dar curso a esta.

Por su parte, también se indica la realización de estudios técnicos, los cuales fueron desarrollados en su oportunidad y en base a éstos se decidió aprobar su petición, desechándose en la actualidad por el acto impugnado la totalidad de gestiones realizadas anteriormente, como la entrega de boleta de garantía para la seriedad de la oferta y múltiples inversiones que el gremio y sus miembros han realizado, a saber $1.933.327.831, suma invertida y motivada por el éxito del procedimiento administrativo, encontrándose los asociados actualmente ocupando los inmuebles ya que contaban con la confianza legítima de finalizar exitosamente el proceso.

Hace presente además que el acto recurrido resulta discriminatorio, puesto que otras asociaciones gremiales han concluido su tramitación de iguales características exitosamente.

Finalmente, entiende que la intención del Ministerio es que cada uno de los asociados tramite particularmente su solicitud, desconociendo al menos 5 años de trabajo gremial, ignorando el mandato constitucional al obligar a sus asociados a actuar particularmente.

Concluye exponiendo que la resolución de la autoridad y la consecuente omisión de finalizar su expediente administrativo vulnera sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, no discriminación en materia económica y su derecho de propiedad, consagradas respectivamente en los números 2, 22 y 24 de nuestra Carta Fundamental, puesto que se le ha dado un trato discriminatorio en comparación a otras asociaciones gremiales, aplicándole sólo a ella el criterio relativo al lineamiento del gobierno, estableciéndose en su perjuicio una diferencia arbitraria que pone en peligro la totalidad de la inversión en los inmuebles objeto de la concesión. Solicitando en definitiva, acoger su recurso y en consecuencia dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 1.340 de fecha 11 de noviembre de 2019 y se ordene al Ministro de Bienes Nacionales proceder a la confección del contrato administrativo relativo a su solicitud y proceda a la suscripción de éste y el correspondiente Decreto Supremo.

SEGUNDO: Que informó Alcira nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Antofagasta, solicitando el rechazo del presente arbitrio en virtud de los siguientes argumentos:

Comienza indicando que el asunto debatido en la presente acción posee similares características a lo ya resuelto por éste tribunal en causa Rol 3213-2019, acción también de protección deducida por el mismo recurrente el 23 de agosto de 2019, mediante la cual impugna la Resolución Exenta N° 759 del 11 de julio de ese año dictada por la SEREMI de Bienes Nacionales de Antofagasta, que puso término a la solicitud de concesión de uso oneroso respecto de otros inmuebles fiscales ubicados en el mismo sector y correspondiente a un expediente administrativo diverso, rechazándose finalmente la acción deducida principalmente porque no existe en la especie un derecho indubitado que pueda ser tutelado en esta sede. De lo anterior, se desprende que lo resuelto en la indicada causa es exactamente lo ventilado en estos autos, coincidiendo las partes, los fundamentos y pretensiones, diferenciándose únicamente en las resoluciones impugnadas, números de expediente administrativo por tratarse de inmuebles fiscales diversos, razón por la cual la presente acción también debe rechazarse.

Agrega como precisiones de derecho la definición del dominio, sus características y las facultades de éste derecho, citando al efecto los artículos del Código Civil y el artículo 1° del Decreto Ley N° 1.939 que establece las prerrogativas del Ministerio del ramo en la adquisición, administración y disposición sobre los bienes nacionales o fiscales, facultad que en definitiva se encuentra reclamada por la recurrente, quien la desconoce, ya que sin perjuicio de los oficios y comunicaciones internas, la motivación del acto recurrido proviene de lo informado a la SEREMI en providencia del 3 de junio de 2019 en la que se señala: “Se sirva bien notificar a la asociación individualizada de la decisión adoptada por la autoridad superior de éste Ministerio, en orden a que no se accede a la concesión onerosa directa de los inmuebles singularizados, procediendo a su enajenación a través de la modalidad de propuesta pública, con excepción de aquellos que se encuentren ocupados con inversión significativa, a cuyos ocupantes se les otorgará individualmente la concesión directa del sitio que ocupan, por un plazo de 20 años, devolviendo las garantías correspondientes”.

Precisa que conforme a los antecedentes existentes, específicamente fichas de fiscalización, el 24 de enero de 2019 constataron que la recurrente ha ocupado materialmente el inmueble por aproximadamente 3 años, iniciándose la ocupación a partir de un permiso autorizado por el anterior SEREMI, el que no obstante establecer una renta por los 6 meses que se autorizó la ocupación nunca fue pagada, ya que – en atención a sus propios dichos – la recurrente no aceptó las condiciones.

Ilustra que la decisión se enmarca dentro de las facultades legales de la autoridad, transcribe al efecto los artículos 57 y 59 del D.L 1.939, y reitera que la recurrente en su presentación no se ha hecho cargo del no pago del canon determinado en virtud del permiso de ocupación otorgado el año 2016, lo que a juicio de la autoridad implica que no se dispone de argumentos suficientes para motivar un Decreto que autorice una concesión onerosa directa versus uno que conforme a la legislación vigente adjudique dichos inmuebles a través de licitación pública o privada nacional o internacional.

Continúa citando la definición legal de acto administrativo, los cuales tomarán la forma de Decretos Supremos y Resoluciones, el principio de impugnabilidad y que la finalización del procedimiento sólo se materializó con la dictación de la Resolución Exenta reclamada, advirtiéndose que en la especie no existen derechos conculcados. Así, la afectación de la igualdad ante la ley es cuestionable, ya que la recurrente no entrega ningún ejemplo ni ahonda sobre cuales serían las mismas características de los otros concesionarios beneficiados por concesiones onerosas. A su vez, nada dice sobre la forma cómo el otorgamiento de los contratos pudiera constituir una discriminación arbitraria para éste, puesto que la extensión de éstos en todo momento se ajusta a lo establecido, siendo la facultad de otorgar una concesión directa de tipo discrecional en apego a la normativa vigente, la cual es vinculante para la autoridad y tiene por finalidad acotar la discrecionalidad administrativa, prudencia y legalidad, razón por la que se ha decidido asignar los terrenos fiscales mediante propuesta pública, política que se mantiene en la actualidad.

Tampoco existe afectación del derecho de propiedad, ya que en la especie ni siquiera existe un germen de derecho, aún a pesar de haberse autorizado un permiso de ocupación en los inmuebles de marras, incumpliendo la recurrente sus obligaciones, esto es, el pago del canon por la suma de $326.943.600. Lo anterior, por cuanto, si bien es cierto se apeló a dichas condiciones, el acto administrativo por el cual fueron fijadas nunca quedó sin efecto ni se consignó la gratuidad del permiso. A mayor abundamiento, dicho permiso fue concedido por el término de 6 meses, plazo que ya expiró no existiendo un nuevo acto administrativo que habilite a los recurrentes a ocupar los inmuebles fiscales. Así, la presente acción no puede ser destinada a que se declare la existencia del derecho del actor, cuestión que debe ser debatido en un juicio de lato conocimiento, careciendo la pretensión de la recurrente del requisito de indubitabilidad.

Agrega que en cuanto a la no discriminación en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica, se desprende que de la tramitación del expediente administrativo, inclusive de los beneficios que durante 3 años pudo obtener el recurrente sin ningún tipo de retribución económica, no fue posible argumentar una voluntad distinta a la contenida en la Resolución Exenta que por esta vía se reclama y que permita a la autoridad adoptar una decisión distinta, puesto que por regla general el artículo 58 del Decreto Ley en la materia señala que; “Las concesiones podrán adjudicarse a través de licitación pública o privada, nacional o internacional, o directamente, en casos debidamente fundados.”, y es precisamente el nuevo lineamiento de la política ministerial impulsado por la orden N° 01 del 23 de noviembre de 2018, entre los cuales destaca dar preferencia a la enajenación por sobre la concesión, arriendo u otra forma de administración, respecto de aquellos inmuebles que son prescindibles y se encuentran disponibles.

Finalmente, destaca la razonabilidad en el actuar del Ministerio quien no ha actuado en forma antojadiza, caprichosa o irracional, existiendo mandato legal que obliga a evitar las ocupaciones ilegales. Luego, consta en las fichas de fiscalización que no sólo existe una ocupación ilegal por parte de la recurrente, sino que ésta, ha favorecido la ocupación ilegal de terceros y ha realizado cobros por la ocupación de los bienes, atendido al listado acompañado al primer otrosí del informe.

TERCERO: Que por el Ministerio de Bienes Nacionales informó nombre reservado, quien solicitó el rechazo fundando su informe en los mismos antecedentes consignados en el informe de la SEREMI de Bienes Nacionales de Antofagasta, agregando que la autoridad actuó dentro del marco legal y en virtud de sus competencias, y que la recurrente no impugnó administrativamente la resolución recurrida.

CUARTO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, acorde a lo debatido en el caso de marras, corresponde a esta Corte dilucidar si la dictación de la Resolución Exenta N° 1340 de fecha 11 de noviembre de 2019 emanada de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, por medio de la cual se resolvió declarar terminado el trámite de concesión de uso oneroso de los terrenos fiscales, constituye una actuación u omisión arbitraria o ilegal de las autoridades recurridas que vulnere o perturbe los derechos fundamentales de la asociación gremial recurrente.

SEXTO: Que, para dilucidar lo anterior, se debe tener presente el marco normativo que regula la materia, en especial, el artículo 59 del Decreto Ley 1939 de 1977, que en lo pertinente indica: “La adjudicación de la concesión se resolverá por Decreto Supremo del Ministerio de Bienes Nacionales, cuyo extracto deberá publicarse en el Diario Oficial dentro de los treinta días siguientes a su dictación.

A contar de la fecha de publicación del decreto, el adjudicatario quedará obligado, cuando corresponda, en el plazo y con los requisitos que se indiquen en el respectivo decreto, a constituir una persona jurídica de nacionalidad chilena, con quien se celebrará el respectivo contrato de concesión.

Para que la adjudicación de la concesión se entienda perfeccionada, el adjudicatario, dentro del plazo de 30 días contado desde la publicación en el Diario Oficial, deberá suscribir con el Ministerio el correspondiente contrato de concesión, el cual deberá constar en escritura pública, la que deberá inscribirse en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces del lugar en que se hallare ubicado el inmueble.”

De esta manera, no habiéndose expedido el Decreto Supremo que resuelva la concesión ni el respectivo contrato, sólo existe una mera expectativa del recurrente, que no constituye derecho sobre los inmuebles fiscales.

Corrobora lo anterior, que las mismas alegaciones sostuvo la recurrente en recurso de protección causa ROL 3213-2019, resolviéndose rechazar dicha acción por las consideraciones anteriores. En consecuencia, la actuación de la recurrida no es ilegal o arbitrario, ya que ha actuado conforme a las propias facultades que le otorga el Decreto Ley 1939 de 1977.

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia. SE RECHAZA sin costas el recurso de protección deducido por el abogado Guido Rene Rojas Leal, en representación de la Asociación de Transportistas Inka Coya A.G, y en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta y el Ministerio de Bienes Nacionales.

Regístrese y comuníquese.

Rol 8899-2019 (PROT)