Protección contra SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR y del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Antofagasta, veintiséis de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

La comparecencia de los abogados don Alexis Aguirre Fonseca y don Tomás Greene Pinochet, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en contra de la SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR y del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en la falta de dictación del acto administrativo terminal que resuelva su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ingresada el 29 de abril de 2022. Estima vulnerada la garantía de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 N.º 2 de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Corte de Apelaciones que ordene a las recurridas resolver su solicitud en un plazo de treinta días o el que se estime conforme al mérito de autos, con expresa condena en costas.

Informaron el Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior, instando por el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la parte recurrente funda su acción de protección señalando que el actor ingresó al país y, con fecha 29 de abril de 2022, inició el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Expone que dicha solicitud se funda en hechos ocurridos en su país de origen, consistentes en haber sufrido amenazas de muerte y privación de libertad por parte de agentes estatales, motivadas por su pertenencia a la directiva de una junta vecinal y su oposición a actos de corrupción.

Añade que fue citado a una entrevista de elegibilidad, la cual se llevó a cabo formalmente el 14 de diciembre de 2023. Denuncia que han transcurrido más de tres años y once meses sin que la autoridad emita el 1 pronunciamiento definitivo sobre su solicitud de refugio, generándole un estado de completa incertidumbre y afectación psíquica. Argumenta que dicha inactividad constituye una omisión ilegal al contravenir el plazo máximo de seis meses dispuesto en el artículo 27 de la Ley N.º 19.880, infringiendo además los principios de celeridad, economía procedimental e inexcusabilidad que rigen el actuar de los órganos de la Administración del Estado.

Alega la vulneración de la garantía de igualdad ante la ley reconocida en el artículo 19 N.º 2 de la Constitución Política de la República, ya que supone un trato discriminatorio y desigual frente a otros solicitantes que sí han obtenido respuesta oportuna. Por las razones expuestas, solicita se acoja el arbitrio ordenando a las autoridades resolver en un plazo de treinta días, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, la abogada doña Renata Javiera Muñoz González, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicita el rechazo total de la acción deducida y el rechazo a la condena en costas.

Expone que la solicitud ingresada el 29 de abril de 2022 se encuentra actualmente en tramitación y asignada para su revisión técnica por parte de la autoridad competente.

Sostiene que la labor del Servicio Nacional de Migraciones exige un análisis exhaustivo y altamente especializado, que contempla la revisión de antecedentes, la recopilación de información del país de origen y la evaluación individual de riesgo, atendida la gravedad que implica otorgar o rechazar la protección internacional. Argumenta que la actual dilación no es arbitraria ni caprichosa, sino que encuentra plena justificación en el aumento exponencial de solicitudes, contabilizando más de catorce mil requerimientos entre los años 2020 y 2023, lo que ha generado una carga administrativa considerable. 2 En cuanto a la alegada ilegalidad, sostiene, amparándose en jurisprudencia administrativa y judicial, que el plazo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley N.º 19.880 no posee un carácter fatal y que la Ley N.º 20.430 no fija plazos perentorios para esta materia.

Finalmente, descarta la existencia de amenaza o perturbación a la garantía de igualdad ante la ley, haciendo presente que el actor goza de una situación migratoria plenamente regularizada, encontrándose protegido por el principio de no devolución y contando con una visación de residente temporal vigente hasta el 21 de agosto de 2026, otorgada mediante la Resolución Exenta N.º NUM000. Acoger la acción, a su juicio, implicaría vulnerar la igualdad de otros extranjeros que esperan la resolución de sus solicitudes en el orden correspondiente.

TERCERO: Que, por su parte, el abogado don Vicente Tomás Ferretti Villar, en representación del Ministerio del Interior y la Subsecretaría del Interior, insta igualmente por el rechazo total de la acción de protección con expresa condena en costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

Argumenta que, si bien corresponde de manera exclusiva al Subsecretario del Interior dictar el acto administrativo que resuelve el otorgamiento o rechazo de la condición de refugiado, conforme a la Ley N.º 20.430, el caso del recurrente aún se encuentra en su fase inicial de revisión técnica en el Servicio Nacional de Migraciones. Por ende, la Subsecretaría del Interior no ha recibido los antecedentes ni las recomendaciones de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, lo que impide a su representada dictar resolución alguna en este momento, descartando la existencia de una omisión imputable a dicha cartera. Coincide en que la dilación responde a un volumen inusitado de ingresos y que el actor cuenta con protección legal y residencia regular en el país. 3 CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en la especie, la controversia sometida al conocimiento y resolución de esta Corte radica en determinar si la inactividad de la Administración, reflejada en la paralización del procedimiento a cargo del Servicio Nacional de Migraciones y la consecuente falta de elaboración del informe técnico y su remisión a la respectiva comisión para que se pronuncie el Ministerio del Interior, constituye una omisión revestida de ilegalidad o arbitrariedad.

Asimismo, corresponde dilucidar si dicha dilación en el procedimiento vulnera la garantía fundamental de igualdad ante la ley del recurrente, tutelada en el artículo 19 N.º 2 de la Carta Fundamental.

SÉPTIMO: Que, siendo un hecho pacífico en la causa que el actor ingresó formalmente su solicitud el 29 de abril de 2022 y que cumplió con la etapa de entrevista de 4 elegibilidad el 14 de diciembre de 2023, manteniéndose el procedimiento paralizado desde entonces en la etapa de revisión técnica, el marco normativo que gobierna la presente materia está dado por la Ley N.º 20.430 y su respectivo reglamento contenido en el Decreto Supremo N.º 837. En efecto, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 24 y 26 de la citada Ley N.º 20.430, en estrecha concordancia con el artículo 178 de la Ley N.º 21.325, corresponde al Servicio Nacional de Migraciones recibir este tipo de solicitudes y ejercer materialmente el rol de Secretaría Técnica. A dicha Secretaría se le encomienda la evaluación de los antecedentes, la realización de las entrevistas respectivas y, conforme a lo mandatado en el artículo 31 de la Ley N.º 20.430 y en el artículo 41 de su reglamento, la exhaustiva recopilación de información pertinente del país de origen para la elaboración de un informe técnico. Toda esta labor tiene por objeto asistir a la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, órgano asesor que, según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N.º 20.430, debe revisar los antecedentes y emitir una recomendación para que, finalmente y en virtud de lo prescrito en el artículo 19 del mismo cuerpo legal, sea el Subsecretario del Interior quien emita el pronunciamiento definitivo mediante la dictación del acto administrativo que otorga o rechaza la condición de refugiado.

OCTAVO: Que, al encontrarnos frente a un procedimiento administrativo reglado, resulta imperativa la aplicación supletoria de la Ley N.º 19.880, que consagra las Bases de los Procedimientos Administrativos. A la luz de lo dispuesto en dicho cuerpo legal, debe destacarse el principio de celeridad previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad administrativa debe impulsar de oficio el procedimiento en todos sus trámites, haciendo expeditos los mismos y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Dicho mandato guarda coherencia con el principio conclusivo contemplado en el artículo 8, y con 5 el principio de economía procedimental regulado en el artículo 9. En el mismo sentido, el artículo 27 de la mencionada norma impone un límite de seis meses para la sustanciación de todo procedimiento, abarcando desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final, salvaguardando únicamente las hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor.

NOVENO: Que, si bien la jurisprudencia ha asentado que el plazo de seis meses dispuesto en el artículo 27 de la Ley N.º 19.880 no es fatal ni acarrea la caducidad del procedimiento, aquello no autoriza a la Administración para mantener una inactividad indefinida, contraviniendo los mandatos constitucionales y legales. En el caso que nos ocupa, a la fecha ha transcurrido un plazo superior a tres años y once meses sin obtener resolución, encontrándose el procedimiento injustificadamente paralizado en la etapa de revisión técnica por más de dos años desde que se llevara a cabo la entrevista de elegibilidad. Dicha dilación carece de razonabilidad, sin que resulte admisible justificar la inactividad amparándose genéricamente en el aumento exponencial de flujos migratorios como supuestos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, desde que la sobrecarga institucional no logra configurar una excepción válida que autorice al Estado a sustraerse de su deber legal, pues al amparo del principio de servicialidad, la Administración posee la obligación inexcusable de organizar sus medios y adoptar medidas eficaces para dar oportuna tramitación a los requerimientos.

DÉCIMO: Que, no obstante lo anterior, la presente acción deberá ser desestimada respecto de la Subsecretaría del Interior. Lo anterior obedece a que el pronunciamiento de dicha Cartera de Estado requiere ineludiblemente la previa constitución, revisión y recomendación de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, actuaciones que a la fecha no han acaecido debido a que el expediente se encuentra aún radicado en su fase técnica inicial a cargo del 6 Servicio Nacional de Migraciones, careciendo por tanto el Subsecretario del Interior de los insumos legales exigidos para adoptar la decisión terminal del asunto.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, la paralización del expediente del actor más allá de lo razonable por parte de la autoridad llamada a tramitarlo técnicamente constituye una omisión ilegal y arbitraria que conculca directamente la garantía de igualdad ante la ley amparada en el artículo 19 N.º 2 de la Constitución Política de la República, al dispensar al recurrente un trato discriminatorio y perjudicial en comparación con otros administrados que, hallándose en idéntica situación, sí logran la tramitación oportuna y debida de sus solicitudes ante los órganos del Estado. Por lo anterior, atendida la concurrencia de los referidos presupuestos respecto del Servicio Nacional de Migraciones, procede acoger la presente acción tutelar con el fin de restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se desestima la acción de protección deducida en contra de la SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR y SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por los abogados don Alexis Aguirre Fonseca y don Tomás Greene Pinochet, en favor de don nombre reservado, en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, sólo en cuanto se ordena que, dentro del plazo de noventa días corridos desde la dictación de la presente sentencia, dicho Servicio deberá pronunciarse sobre el respectivo trámite, elaborando el correspondiente informe técnico y remitiendo los antecedentes a la respectiva Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado para la continuación del procedimiento.

Regístrese y comuníquese.

Rol 885-2026 (Protección) 7