nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

Antofagasta, veintidós de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece la abogada Silvia Laura Inés Manzor Pérez-Cotapos, en representación de nombre reservado, Capitán de Carabineros dotación de la 1ra Comisaría de Calama, quien interpone recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, representado por su General Director nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la omisión de ejercer las potestades de dirección, administración y control jerárquico necesarias para obtener y encauzar un pronunciamiento terminal expreso, fundado y oportuno en el Sumario Administrativo N°18.786 seguido en contra del recurrente, lo que constituye una vulneración a las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Informó la recurrida, al tenor de la acción cautelar promovida.

Asimismo, a solicitud de este Tribunal de Alzada, informó la Prefectura El Loa de Carabineros de Chile al tenor del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los antecedentes para dictar sentencia.

CON LOS RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción cautelar se funda en que mediante resolución de fecha 15 de junio de 2023, dictada por la Prefectura El Loa, se dispuso la instrucción del Sumario Administrativo N°18.786 a fin de “establecer la veracidad, formas y circunstancias de los hechos suscitados, que involucran al Capitán nombre reservado”, y paralelamente, mediante Decreto Exento N°280/1880/2023 de fecha 2 de julio de 2023, se ordenó la medida de retiro temporal en contra del Capitán Muñoz, con fundamento en el artículo 40 letra a) de la Ley N°18.961, medida de carácter administrativo y cautelar que lo separó del servicio activo y produjo severos efectos funcionarios y patrimoniales.

Dice que con fecha 3 de julio de 2023, la investigación sumaria fue suspendida en virtud del artículo 84 ter de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, atendida la existencia de una causa penal seguida por los mismos hechos, sin embargo la arista penal concluyó con sentencia absolutoria firme de fecha 28 de agosto de 2024, dictada en causa RIT 2396-2023 por el Juzgado de Garantía de Calama, y mediante Resolución Exenta N°1486, de fecha 25 de septiembre de 2024, se dejó sin efecto la suspensión y se ordenó continuar con la tramitación del expediente administrativo.

Agrega que posteriormente, con fecha 14 de febrero de 2025, se emitió vista fiscal proponiendo cargos de la mayor gravedad, acto que solo fue notificado meses después, y a raíz de los graves vicios de fundamentación y procedimiento advertidos, la propia Administración reencauzó el expediente y mediante Resolución Exenta N°419, de 15 de septiembre de 2025, se invalidó la vista fiscal y se ordenó confeccionar una nueva; luego, la nueva Vista Fiscal fue emitida con fecha 10 de octubre de 2025. Indica que el nuevo acto acusatorio fue contestado mediante descargos de fecha 28 de noviembre de 2025, sin embargo, en vez de avanzar hacia una decisión terminal, la propia Institución mantuvo el procedimiento en un estado de indefinición y mediante Resolución N°17, de 14 de enero de 2026, se informó que el sumario se encontraba todavía en etapa de revisión por parte de la asesora jurídica, agregándose incluso que no se descartaba requerir prórroga debido a la “gran carga administrativa”.

Afirma que desde el reencauzamiento dispuesto el 15 de septiembre de 2025, y en cualquier caso desde la nueva pieza acusatoria de 10 de octubre de 2025, transcurrió un nuevo lapso de aproximadamente seis meses sin que se dictara resolución final, siendo la demora una paralización sobreviniente en fase decisoria.

Refiere que, en este contexto, con fecha 7 de febrero de 2026, dirigió una solicitud formal al General Director de Carabineros de Chile, requiriendo el cese o alzamiento de la medida cautelar de retiro temporal y poniéndole en conocimiento el contexto funcionarial del actor y el estado del procedimiento sumarial, a fin de que, en ejercicio de sus atribuciones de dirección, administración y control jerárquico, adoptara las medidas necesarias para readecuar su situación funcionaria y promoviera, de propia iniciativa, la dictación de un pronunciamiento terminal, impidiendo que el mero transcurso del tiempo transformara una medida cautelar en una sanción material encubierta. Ante ello, la Institución respondió mediante nota de fecha 20 de febrero de 2026, emitida por el Jefe de Zona Antofagasta por delegación, en la cual se afirmó que el retiro temporal no constituye sanción disciplinaria; se sostuvo que la absolución penal no extingue por sí sola la potestad disciplinaria administrativa; se reconoció expresamente que el sumario administrativo aún no ha sido afinado; y en base precisamente a esa pendencia, se concluyó que no resultaba jurídicamente procedente acceder a lo solicitado. En la respuesta se indica que se emitía en virtud de una delegación conferida por Resolución Exenta N°369, de 26 de noviembre de 2020, mediante la cual el General Director delegó en los Jefes de Zona territoriales la facultad de suscribir y dar respuesta a determinados requerimientos sobre situaciones administrativas y procesos de su área de responsabilidad.

Sostiene que, con ello, el recurrido no hizo cesar la omisión denunciada, no impartió instrucción eficaz para obtener un acto terminal, no fijó plazo ni adoptó medida útil alguna para corregir la pendencia y, por el contrario, convalidó institucionalmente la falta de pronunciamiento, manteniendo al recurrente en un estado de indefinición funcionaria y patrimonial. Más grave aún, ha tolerado que la prolongación del retiro temporal pueda proyectarse, por el solo transcurso del tiempo, hacia una consecuencia estatutaria más gravosa, como es el retiro absoluto; de este modo, la Administración ha mantenido al actor en una situación de permanente incertidumbre e indefensión, sin decisión terminal que resuelva su situación, dentro de una demora que ya alcanza cerca de seis meses en la sola fase final de espera de pronunciamiento y de un procedimiento que se aproxima a los tres años desde su inicio, con total apartamiento de las exigencias mínimas de juridicidad, celeridad y razonabilidad, y con agravamiento progresivo de la afectación de sus derechos fundamentales por la sola inercia administrativa.

Añade que, respecto a las razones de la tardanza en la finalización del procedimiento, sólo se enteró de manera informal, vía correo electrónico de la Prefectura El Loa, de fecha 18 de julio de 2025, que: "El proceso sumarial se encuentra actualmente en etapa de revisión del recurso presentado por usted". por ello, es imprescindible que la profesional de justicia de esta Repartición realice un detallado análisis conforme a su área de competencia antes de continuar con su tramitación Reglamentaria, haciendo presente que la Mayor (J) nombre reservado, actualmente se encuentra haciendo uso de feriado debidamente autorizado, regresando a sus labores el día 31 de julio del año en curso.”, lo que evidencia falta de servicio.

Expone que mediante Resolución N°17 de fecha 14 de enero de 2026, la Prefectura de El Loa, informó: a) Que el sumario se encontraba en etapa de revisión por parte de la asesora jurídica (…) quien deberá informar si el proceso se encuentra en condiciones de ser dictaminado (…); y b) que no obstante lo anterior, se informa que el servicio jurídico mantiene un plazo asignado para el día 23.01.2025 (SIC), con la finalidad de emitir el informe que corresponda, haciendo presente que no se descarta algún requerimiento de prórroga debido a la gran carga administrativa que mantiene en la actualidad”. Es decir, habiendo transcurrido más de 2 meses desde que el plazo que tenía para evacuar el informe jurídico y casi 4 desde que se interpusieron los descargos, aquello aún no ocurre, con las ya indicadas perniciosas consecuencias para el actor, lo que implica un riesgo ya que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 41 de la Ley 18.961 el permanecer 3 años en retiro temporal es causal de retiro absoluto, faltando sólo tres meses para ello, por lo que existen fundadas presunciones para estimar que la Autoridad que ordenó instruir la Investigación, así como los demás actores del proceso investigativo, se encuentran ejecutando maniobras de dilación indebida con el objeto de que por vía del señalado artículo 43, obtener el retiro absoluto de la Institución, haciendo inerme cualquier intento de defensa.

Asevera que la omisión recurrida es ilegal ya que, en primer término, infringe los artículos 14, 27, 40 y 41 de la Ley 19.880, así como también los artículos 5, 8, 10 y 11 de la Ley N°18.575, desde que el General Director, en cuanto máxima autoridad institucional, se encuentra obligado a ejercer un control jerárquico permanente sobre la legalidad y oportunidad de la actuación administrativa, deber que no se satisface con la mera tolerancia de la pendencia ni con la emisión de una respuesta que, lejos de corregir la falta de pronunciamiento terminal, la confirma y la utiliza como fundamento para rechazar lo solicitado, agregando que la Ley N°18.961 sitúa al General Director en una posición de dirección y administración institucional, de modo que, aun sin atribuírsele el deber de resolver personalmente el mérito disciplinario del sumario, sí le incumbía ejercer las potestades necesarias para impedir que el procedimiento continuara indefinidamente sin acto terminal, más aún después de haber sido formalmente puesto en su conocimiento el estado del expediente y sus deficiencias.

También sostiene que la omisión recurrida es arbitraria por carecer de justificación racional suficiente, ya que una vez reencauzado el procedimiento por la propia Administración y hallándose éste en condiciones de avanzar hacia su término, dejó transcurrir un nuevo lapso de, a lo menos, seis meses sin resolución final, circunstancia que no puede ser tratada como una simple tardanza interna o como una irregularidad inocua, desde que la propia autoridad, al responder mediante la nota de 20 de febrero de 2026, reconoció expresamente que el sumario seguía pendiente y, precisamente sobre la base de esa misma pendencia, rechazó lo solicitado. De este modo, la Administración invocó su propia falta de decisión como fundamento para mantener los efectos lesivos de una medida cautelar, transformando en carga para el administrado una omisión que le es imputable exclusivamente a ella, lógica que no resiste análisis de razonabilidad.

Luego de citar jurisprudencia, indica que lo que se denuncia no es únicamente la antigüedad del sumario, sino la omisión sobreviniente y autónoma del General Director de ejercer las potestades de dirección, administración y control jerárquico necesarias para encauzar una resolución terminal, permitiendo la prolongación de un procedimiento que, a la fecha, acumulaba ya más de dos años y nueve meses desde su instrucción, sin decisión final, y aun si se atiende solo a sus hitos más recientes, la dilación aparece igualmente injustificada: desde el levantamiento de la suspensión, dispuesto el 25 de septiembre de 2024, había transcurrido aproximadamente un año y medio sin acto terminal; desde la vista fiscal de 14 de febrero de 2025, más de un año; y, con mayor gravedad aún, desde el reencauzamiento ordenado el 15 de septiembre de 2025 y la nueva vista fiscal de 10 de octubre de 2025, transcurrió un lapso equivalente al plazo máximo legal de todo el procedimiento en la sola fase final del expediente, esto es, aguardando la emisión del pronunciamiento terminal.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, alude a la igualdad ante la ley, por cuanto ha quedado el actor sometido a una prolongación excepcional, injustificada y gravosa de su situación estatutaria, sin actor terminal y sin que la autoridad superior, pese a haber sido formalmente informada, ejerciera las potestades de control necesarias para poner término a la anomalía; a la libertad de trabajo y su libre ejercicio, ya que no ha podido reincorporarse al desempeño de sus funciones y proseguir el desarrollo normal de su carrera funcionaria; y el derecho de propiedad, desde que la prolongación indefinida del procedimiento repercute directamente sobre posiciones jurídicas de contenido patrimonial asociadas al cargo, tales como remuneraciones, asignaciones, progresión funcionaria y demás efectos económicos derivados del ejercicio del empleo.

Concluye que la omisión recurrida ha dejado de ser una mera anomalía procedimental para transformarse en una lesión constitucional actual, persistente y jurídicamente intolerable, pues mantiene al recurrente sometido a una indefinición estatutaria prolongada, con afectación efectiva de su libertad de trabajo y de sus derechos patrimoniales, sin acto terminal que la justifique ni reacción oportuna de la autoridad llamada a ejercer control, siendo la intervención cautelar indispensable para restablecer el imperio del derecho, hacer cesar una omisión que se ha prolongado más allá de todo plazo razonable y otorgar la debida protección a quien continúa soportando, día a día, sus efectos lesivos.

Solicita tener por interpuesto el recurso de protección y declarar:

1.- Que la omisión consiste en no ejercer control jerárquico eficaz ni disponer las medidas necesarias para obtener un pronunciamiento terminal expreso, fundado y oportuno respecto del Sumario Administrativo N°18.786, pese a lo expuesto con fecha 7 de febrero de 2026 y al conocimiento institucional de la persistencia de la indefinición.

2.- Declarar, además, que la mantención del procedimiento en etapa decisoria durante a lo menos seis meses desde su reencauzamiento final, sin resolución terminal ni imposibilidad material fundada, configura una ilegitimidad sobreviniente y pérdida de eficacia útil del procedimiento, incompatible con los artículos 14, 27, 40 y 41 de la Ley N°19.880, ordenado el término del proceso sumarial por existir un retardo excesivo y sin justificación legal que lo ampare.

3.- Por lo anterior, se ordene a la autoridad correspondiente el reintegro al servicio activo del recurrente, de manera retroactiva con el grado, cargo y sueldo que éste ostentaría a la fecha. Considerándose como si nunca hubiese sido separado del servicio, por tratarse de una separación ajena a la voluntad del funcionario.

4.- Se ordene el pago de los emolumentos adeudados desde 15 de junio de 2023 y hasta su reintegro efectivo, como si nunca hubiese sido Separado del Servicio, de manera reajustada.

5.- En subsidio, ordenar al recurrido que, dentro del plazo perentorio que se fije, adopte todas las medidas necesarias para afinar el procedimiento disciplinario, dentro del ámbito de sus potestades de dirección, administración y control, para que la autoridad competente emita un pronunciamiento expreso, fundado y terminal, y se resuelvan en dicho plazo los recursos que procedan, respecto de la situación administrativa del actor.

6.- Disponer que, mientras no se emita dicho pronunciamiento terminal, firme y ejecutoriado, la recurrida se abstenga de consolidar o hacer producir efectos perjudiciales derivados exclusivamente de la prolongación del retiro temporal, especialmente su cómputo para los efectos del artículo 41 letra b) de la Ley N°18.961, o cualquier otra consecuencia estatutaria desfavorable fundada únicamente en el transcurso del tiempo, por no haber contribuido el administrado a su dilatación.

7.- En subsidio de lo anterior, para el evento de que la recurrida sostenga que no existen condiciones para dictar de inmediato resolución terminal o no se afine el procedimiento sumarial en el término ordenado, se ordene la interrupción de los efectos del retiro temporal; y 8.- Se adopten todas aquellas medidas adicionales para el completo y cabal restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados del actor, asegurando su debida protección, impidiendo que el recurrido pueda dejar nuevamente al arbitrio de su inacción cualquier medida, o acción que perpetúe la dilación y nuevas afectaciones.

SEGUNDO: Que, informó el Teniente Coronel de Carabineros de la Prefectura de El Loa, nombre reservado, al tenor de la acción constitucional, solicitando su rechazo, con costas.

Indica que con fecha 15 de junio de 2023, la Prefectura El Loa N°29 instruyó el Sumario Administrativo N°18.786 con el objeto de establecer la veracidad, formas y circunstancias de los hechos ocurridos el día 14 de junio de 2023 que involucraron al entonces Capitán de Carabineros nombre reservado de la dotación de la 1ra Comisaría de Calama, respecto de hechos que dicen relación con un episodio de violencia intrafamiliar ocurrido en el domicilio fiscal del funcionario, ubicado en domicilio reservado, en el que se vio involucrado junto a su cónyuge, resultando ambos con lesiones de carácter leve, lo que motivó la concurrencia de personal policial al lugar, la detención de ambos involucrados y si posterior puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Calama.

Menciona que luego, mediante Decreto Exento N°280/1880/2023, de fecha 2 de julio de 2023, dictado por S.E. el Presidente de la República a solicitud del General Director de Carabineros de Chile, se dispuso el retiro temporal del Capitán nombre reservado, medida de carácter cautelar y administrativa fundada en el artículo 40 letra a) de la Ley N°18.961, y con fecha 3 de julio de 2023 el proceso sumarial fue suspendido en virtud del artículo 84 ter de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, atendida la existencia de una causa penal por los mismos hechos (RIT 2396-2023, Juzgado de Garantía de Calama), la cual concluyó con sentencia absolutoria firme de fecha 28 de agosto de 2024, y en virtud de lo anterior, mediante Resolución Exenta N°1468, de 25 de septiembre de 2024, se dejó sin efecto la suspensión y se ordenó la reanudación del sumario administrativo.

Expone que, reanudado el procedimiento, con fecha 14 de febrero de 2025, se emitió vista fiscal formulando cargos, y advertidos vicios del procedimiento, mediante Resolución Exenta N°419 de 15 de septiembre de 2025 se invalidó dicha vista fiscal y se ordenó confeccionar una nueva, la que fe emitida con fecha 10 de octubre de 2025 y notificada a la representante legal del inculpado con fecha 21 de noviembre 2025, ante lo cual la defensa presentó sus descargos dentro del plazo reglamentario. Agrega que, cumplidas las etapas procesales, el Sumario Administrativo fue remitido a la Asesoría Jurídica de la Prefectura El Loa y con fecha 16 de marzo de 2026 el Jefe Dictaminador, emitió el Dictamen N°18.786/2, mediante el cual, previo análisis exhaustivo, se determinó: a) aprobar en parte el sumario administrativo instruido, en todo lo que no se contraponga con el Dictamen; b) acoger parcialmente los descargos del Ex Capitán nombre reservado y aplicar una medida disciplinaria consistente en ocho dichas de arresto con servicios, por haberse establecido en sede administrativa que el funcionario se vio involucrado en un episodio de violencia intrafamiliar el día 14 de junio de 2023, lo que motivó la concurrencia de personal policial, su detención y posterior puesta a disposición del Tribunal de Garantía de Calama, hechos acreditados mediante prueba documental y testimonial; c) establecer que el Ex Capitán nombre reservado infringió el artículo 22° N°1 letra d) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11, esto es, la obligación de no “observar conducta impropia para con la familia o en otros actos de la vida social o privada y que trascienden a terceros”; d) dejar constancia que el pronunciamiento disciplinario se limita a determinar la responsabilidad administrativa derivada de los hechos investigados, sin que ello importe revisar, modificar, sustituir o dejar sin efecto la medida de retiro temporal dispuesta mediante Decreto Exento dictado por S.E. el Presidente de la República.

Refiere que con fecha 28 de abril de 2026 la abogada doña Silvia Manzor Pérez-Cotapos, representante legal del ex Capitán nombre reservado, fue legalmente notificada del contenido íntegro del Dictamen N°18.786/2, de fecha 16 de marzo de 2026, de conformidad con los artículos 78°, 89° y 90° del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile N°15, oportunidad en que la representante legal, actuando en representación del Ex Capitán nombre reservado, manifestó expresamente su conformidad con las conclusiones contenidas en el Dictamen N°18.786/2 y señaló que no interpondría recurso jerárquico, suscribiendo el Acta de Notificación con su rúbrica en señal de aceptación y conformidad, acta que obra en el expediente sumarial a fojas 373 y fue extendida por funcionarios de Carabineros de Chile en ejercicio de sus funciones, haciendo plena fe de su otorgamiento, fecha y declaraciones allí consignadas.

Dice que, no obstante lo anterior, con fecha 6 de mayo de 2026 la abogada dedujo recurso jerárquico y en subsidio de recurso de apelación en contra del Dictamen N°18.786/2, contraviniendo la conformidad expresamente manifestada y registrada en el acta de notificación, y conforme a ello, la Prefectura determinó no conferir tramitación a los recursos interpuestos mediante Resolución Exenta N°262, de fecha 18 de mayo de 2026, por encontrarse precluido el derecho recursivo de la parte interesada, en virtud de los principios de buena fe y seguridad jurídica, reconocidos por la jurisprudencia administrativa y aplicable a los procedimientos regulados por la Ley N°19.880. Encontrándose válidamente notificada de lo resuelto, la recurrente con fecha 2 de junio de 2026 dedujo recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N°262/2026 y, en subsidio, recurso jerárquico para ante la Jefatura de Zona Antofagasta, siendo el fundamento central de la reposición el sostener que la representante legal jamás manifestó conformidad ni renunció a recursos, acompañando para tales efectos una copia del Acta de Notificación en que los espacios destinados a consignar conformidad y decisión recursiva figuran en blanco.

Indica que dado lo anterior, mediante Resolución Exenta N°278, de fecha 2 de junio de 2026, no se dio lugar a lo solicitado, manteniéndose en todas sus partes la Resolución Exenta N°262/2026, por cuanto el Acta de Notificación original que obra en el expediente sumarial -instrumento público extendido por funcionarios en ejercicio de sus funciones- registra claramente la declaración de conformidad y la manifestación de no ejercer instancias recursivas, antecedente que no puede ser desvirtuado en sede administrativa por una copia acompañada por la parte interesada que difiere sustancialmente de los antecedentes tenidos a la vista del proceso sumarial, por lo que se dispuso elevar los antecedentes a la Jefatura de Zona Antofagasta para resolución del recurso jerárquico en subsidio, y remitir antecedentes al ministerio público en cumplimiento del artículo 175 del Código Procesal Penal, atendida la discrepancia documental advertida entre ambas versiones del acta.

Sostiene que no existe omisión del General Director de Carabineros consistente en no haber ejercido sus potestades de control jerárquico para obtener un pronunciamiento terminal en el sumario administrativo, por cuanto el sumario fue dictaminado con fecha 16 de marzo de 2026, imponiéndose la sanción de ocho días de arresto con servicios, por lo que el procedimiento disciplinario ha concluido con un acto terminar expreso, fundado y oportuno, lo que priva al recurso de su objeto y hace improcedente la tutela solicitada.

De otro lado, afirma que el retiro temporal dispuesto mediante Decreto Exento N°280/1880/2023 constituye una medida administrativa de carácter cautelar y preventivo, cuyo objeto es resguardar la disciplina institucional y el adecuado desarrollo de la investigación, no tiene naturaleza sancionatoria, por lo que no puede ser considerado como cumplimiento anticipado de una pena disciplinaria ni genera vulneración al principio non bis in idem, agregando que la responsabilidad administrativa es autónoma e independiente de la responsabilidad penal, persiguiendo fines distintos. La absolución penal del Ex Capitán nombre reservado no extingue ni neutraliza la potestad disciplinaria de la Institución, ni la obliga a reproducir idénticos estándares probatorios, dadlo que el procedimiento disciplinario evalúa la conducta funcionaria a la luz de los deberes de disciplina, probidad y prestigio institucional, bastando la convicción razonada del fiscal sumariante, y en la especie, los hechos materiales fueron debidamente acreditados en sede administrativa: existencia de un episodio de violencia intrafamiliar, lesiones leves constatadas de ambos involucrados, intervención policial y detención del funcionario, circunstancias que objetivamente exceden el ámbito estrictamente privado y afectan la disciplina y el prestigio institucional.

Señala que no se han vulnerado las garantías constitucionales indicadas por el recurrente, ya que respecto de la igualdad ante la ley, no existe discriminación arbitraria ya que el procedimiento se tramitó conforme a las normas reglamentarias y culminó con un dictamen fundado, siendo el funcionario sometido al mismo régimen disciplinario que cualquier oficial de Carabineros en circunstancias análogas; tampoco se ha vulnerado la libertad de trabajo, ya que la medida de retiro temporal fue dispuesta por Decreto Exento del Presidente de la República, respecto de la cual la Prefectura carece de facultades para revisarla o dejarla sin efecto; y no se ha vulnerado el derecho de propiedad ya que la jurisprudencia administrativa y judicial es conteste en señalar la improcedencia de pagar emolumentos al personal en situación de retiro temporal, por lo que no existe un derecho de propiedad indubitado sobre dichas prestaciones mientras dure la medida cautelar.

TERCERO: Que, asimismo, informó nombre reservado, Coronel de Carabineros, Jefe de Zona de Carabineros Antofagasta Subrogante, también solicitando el rechazo de la acción, con expresa condena en costas.

En primer lugar, hace presente que la Prefectura de Carabineros El Loa N°29, repartición en la cual se instruyó el Sumario Administrativo N°18.786, evacuó con fecha 24 de junio de 2026 el informe requerido, el que solicita tener por íntegramente reproducido para todos los efectos legales.

Asimismo, refiere que mediante Resolución Exenta N°278, de fecha 2 de junio de 2026, la Prefectura de Carabineros El Loa dispuso elevar los antecedentes del Sumario Administrativo N°18.786 para el conocimiento y resolucion del recurso jerárquico deducido en subsidio por la parte recurrente, el cual se encuentra actualmente radicado ante la autoridad zonal y pendiente de resolución, circunstancia que evidencia que la vía administrativa aun no se encuentra agotada y que el procedimiento disciplinario permanece en curso, resultando improcedente anticipar, por esta vía cautelar, un pronunciamiento sobre materias cuyo conocimiento corresponde resolver a la autoridad administrativa competente, lo que evidencia, precisamente, el funcionamiento de los mecanismos de revisión y control jerárquicos previstos por el ordenamiento administrativo institucional, en consecuencia, la actuación administrativa se encuentra plenamente vigente y sometida al procedimiento recursivo correspondiente, circunstancia que desvirtúa la supuesta inactividad u omisión que sirve de fundamento a la acción.

Concluye que Carabineros de Chile no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitraria alguna susceptible de vulnerar las garantías constitucionales invocadas, existiendo un acto administrativo terminal, expreso, fundado y oportunamente dictado en el Sumario Administrativo N°18.786, y el recurso jerárquico deducido subsidiariamente por el propio recurrente se encuentra actualmente radicado y en plena tramitación ante la Jefatura de Zona, circunstancia que evidencia el efectivo ejercicio de las potestades de dirección, revisión y control jerárquico de la Administración, desvirtuando la premisa fáctica sobre la cual se sustenta la presente acción constitucional, tornando improcedente la tutela cautelar pretendida.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, en el caso de autos, el acto que se reputa ilegal y arbitrario dice relación con la omisión por parte de las recurridas de concluir el Sumario Administrativo N°18.786, iniciado con fecha 15 de junio de 2023, entendiendo el actor que dicha omisión conculca su derecho a la igualdad ante la ley, libertad de trabajo y derecho de propiedad, en tanto esta dilación injustificada en la tramitación lo mantiene en una situación de incertidumbre respecto de su condición, al encontrarse con una medida cautelar de retiro temporal de la institución.

SÉPTIMO: Que, en primer término, se debe consignar que el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar procedimientos reglados, como es el caso de los sumarios administrativos, ya que las normas que regulan su tramitación contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa del sumariado, estableciendo, entre otros aspectos, las autoridades llamadas a conocerlos, los plazos dentro de los cuales deben realizarse las actuaciones, las formalidades de las notificaciones que deben efectuarse a los servidores, la formulación de cargos y su debido emplazamiento, la amplia admisibilidad de medios de prueba de que estos puedan hacer uso, la práctica de diligencias probatorias solicitadas por los afectados, si lo estiman pertinente, y los medios de defensa de que aquéllos pueden hacer uso, tales como la presentación de descargos y la interposición de los recursos que procedan en contra de las sanciones que eventualmente se les apliquen, resultando improcedente interponer este recurso en contra de las determinaciones que se adopten por los funcionarios o la superioridad correspondiente, ya que ello implicaría desconocer el procedimiento fijado por el ordenamiento jurídico para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos respectivos.

OCTAVO: Que, no obstante lo asentado precedentemente, cabe precisar que en la especie no se han cuestionado las facultades de la autoridad para disponer el inicio del sumario, así como tampoco la medida de carácter cautelar adoptada en contra el actor, sino exclusivamente la dilación en la que ha incurrido la Administración respecto del sumario incoado en su contra en el año 2023, pero que a la fecha no contaría con una decisión de término referente a la responsabilidad administrativa que se le atribuye, teniendo dicho procedimiento una tramitación de más de dos años de duración.

NOVENO: Que, en atención a lo previamente expuesto, debe recordarse que el procedimiento establecido para el trámite de que se trata es de carácter administrativo, de manera que debe sujetarse a lo previsto en la Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Dicha normativa en su artículo 4° estatuye como principios del procedimiento administrativo los de escrituración, gratuidad, celeridad, conclusivo, economía procedimental, contradictoriedad, imparcialidad, abstención, no formalización, inexcusabilidad, impugnabilidad, transparencia y publicidad.

Por su lado, el artículo 7° refiriéndose al principio de celeridad, conforme al cual la administración debe impulsar de oficio todos los trámites, impone a las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado, actuar por propia iniciativa, en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar su pronta y debida decisión; agrega el artículo el 8° que todo el procedimiento administrativo está destinado a que el Servicio dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad, disponiendo el artículo 9° que la administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios, decidiendo en un solo acto, todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo, siempre que no sea obligatorio su cumplimiento sucesivo; y finalmente el artículo 14 define el principio de la inexcusabilidad, señalando que la administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

DÉCIMO: Que, según consta en los informes de las recurridas, se advierte que con fecha 16 de marzo de 2026, el Jefe Dictaminador emitió el Dictamen N°18,786/2 mediante el cual se determinó aprobar en parte el Sumario Administrativo instruido, acogiendo parcialmente los descargos del Ex Capitán nombre reservado, aplicando una medida disciplinaria consistente en ocho días de arresto con servicios, por haberse establecido en sede administrativa que el funcionario se vio involucrado en un episodio de violencia intrafamiliar el día 14 de junio de 2023, infringiendo el artículo 22° N°1, letra d), del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11, a saber, la obligación de no observar conducta impropia para con la familia o en otros actos de la vida social o privada y que transcienden a terceros, lo que fue notificado a la abogada del recurrente con fecha 28 de abril de 2026, decisión respecto de la cual el actor interpuso recursos administrativos.

UNDÉCIMO: Que, atendido el mérito de lo anterior, se tiene por acreditado que el Sumario Administrativo N°18.786 ya cuenta con un acto de carácter terminal expreso y fundado que se pronunció sobre el fondo de la investigación disciplinaria, determinó la responsabilidad funcionaria del recurrente y le aplicó una medida disciplinaria concreta, y en este contexto, la alegada inactividad u omisión imputada al General Director de Carabineros de Chile carece de sustento fáctico y jurídico, puesto que la potestad disciplinaria y conclusiva que pesaba sobre la Administración fue ejercida mediante la dictación de la Resolución de término, no verificándose en la especie una paralización, dilación indebida o un estado de indefinición del procedimiento administrativo, sino, por el contrario, la culminación del mismo, encontrándose actualmente el proceso en su fase recursiva, lo que fue instado por la propia actora, siendo dicha sede la natural e idónea donde deben ventilarse las discrepancias sobre la regularidad del procedimiento y el acta de notificación, así como los efectos del dictamen, lo que no puede ser alterado ni sustituido por la vía cautelar de protección, descartándose cualquier tipo de arbitrariedad e ilegalidad, o falta de servicio por parte de la recurrida.

Asimismo, respecto a la readecuación funcionaria y cese del retiro temporal pretendido, cabe precisar que dicha medida fue impuesta mediante un Decreto Exento emanado por el Presidente de la República en virtud del artículo 40 letra a) de la Ley N°18.961, razón por la cual la subsistencia de dicha cautelar administrativa no constituye una omisión arbitraria ni una inacción institucional, sino el estricto cumplimiento del marco normativo orgánico que rige a la institución.

DUODÉCIMO: Que, como consecuencia directa de lo razonado en el motivo que antecede, al haber quedado establecido que la Administración actuó dictando el correspondiente acto terminal dentro del marco de sus atribuciones legales y reglamentarias, no se vislumbra afectación ni vulneración alguna a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, toda vez que no ha existido un trato discriminatorio o una dilación que infrinja la igualdad ante la ley; tampoco se advierte un impedimento al ejercicio de su libertad de trabajo, desde que la medida de retiro temporal obedece a un estatuto preventivo dictado por la autoridad competente; ni se configura una privación o menoscabo a su derecho de propiedad sobre sus emolumentos, razón por la cual, no existiendo medidas cautelares que este Tribunal de Alzada pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho, la acción constitucional de protección no puede prosperar, debiendo ser rechazada en todas sus partes.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por la abogada Silvia Laura Inés Manzor Pérez-Cotapos, en representación de nombre reservado, en contra de Carabineros de Chile.

Regístrese y comuníquese.

Rol 883-2026 (Protección)

2