nombre reservado con SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION

Antofagasta, a nueve de marzo del dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que, comparece Nicolás Gerónimo Bribbo Amas, abogado, domiciliado en domicilio reservado. Latorre Nº581, 2º piso, Mejillones, quien actúa en representación de nombre reservado, chilena, soltera, independiente, domiciliada en domicilio reservado, de Mejillones; quien deduce acción de protección en contra de Serviu de la Región de Antofagasta, representado por su director nombre reservado, por emitir la Resolución Exenta Nº3322, de fecha 09 de diciembre de 2025, que revoca la asignación del subsidio habitacional que le fuera otorgado, vulnerando, con ello, los derechos consagrados en el artículo 19, N°2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto la resolución impugnada y se mantenga la asignación del inmueble.

La recurrida evacuó el informe solicitando el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la recurrente fue beneficiaria del subsidio habitacional otorgado bajo el Decreto Supremo N°49, dentro del proyecto “Los Aromos”, y que el proceso administrativo de asignación se apoya en una secuencia de actos previos, incluyendo resoluciones vinculadas a selección del proyecto, nómina de beneficiarios y regularización de títulos, culminando en la entrega material del inmueble.

Indica que en junio de 2024 se efectuó la entrega material del departamento, oportunidad en que recibió las llaves y comenzó a habitarlo, afirmando que desde entonces ha residido de forma permanente e ininterrumpida hasta la fecha de interposición del recurso. Paralelamente, precisa que su ocupación es de trabajadora independiente, manteniendo un taller de reparación de bicicletas en domicilio reservado, el cual atiende personalmente entre 07:00 y 22:00 horas, todos los días, circunstancia que explica sus salidas diarias del domicilio habitacional y que, según su planteamiento, es compatible con la residencia efectiva en la vivienda.

Señala que el conflicto se origina, según el escrito, porque el SERVIU habría considerado como antecedente decisivo un Informe de Fiscalización de 02 de julio de 2025, fundado en tres visitas efectuadas al inmueble, en las cuales la recurrente no se encontraba presente. Explica que dichas ausencias obedecieron a su jornada laboral en el taller, y agrega que el propio procedimiento contempló citaciones e instrucciones para respaldar su situación, frente a lo cual presentó descargos y remitió documentación de respaldo.

En particular, la recurrente afirma que justificó formalmente su ausencia mediante comunicaciones al SERVIU y acompañó boletas y registros de consumo/pago de servicios básicos (agua y electricidad), pues el consumo permanente demostraría que la vivienda no estaba deshabitada ni “sin moradores”.

Sobre ese punto, sostiene que las fiscalizaciones solo constataron que “en esas horas y días puntuales” no había moradores, pero que ello no equivale a acreditar que el inmueble no sea su morada habitual, destacando que los antecedentes de fiscalización, según su versión, no consignan signos típicos de deshabitación, por ejemplo, ausencia de enseres o mobiliario, ni tampoco ocupación por terceros, ni uso no habitacional.

En esa línea, plantea que la Resolución Exenta N°3322 sería arbitraria, por inferir una conclusión grave, revocando el subsidio y restitución de la vivienda a partir de constataciones aisladas y sin ponderar adecuadamente los documentos entregados por ella, especialmente el consumo continuo de servicios básicos.

Alega la ilegalidad en que el SERVIU habría aplicado de manera errónea la causal asociada a “no habitar personalmente” la vivienda. Para ello, cita como marco interpretativo el contenido de la Ley N°17.635, destacando que la hipótesis relevante requiere acreditar que el beneficiario no habita personalmente la vivienda por el plazo exigido, y que la causal se entiende configurada cuando la vivienda “se encuentre sin moradores” en términos que suponen habitualidad, no un hallazgo meramente ocasional durante visitas espaciadas.

Hace presente el artículo 60 del DS N°49, que obliga a que la vivienda constituya morada habitual del beneficiario y/o su núcleo familiar por al menos cinco años desde la entrega material, resaltando que el estándar que subyace a dicha obligación es el de ocupación habitual y sostenida, por lo que tres fiscalizaciones puntuales no serían suficientes para concluir incumplimiento.

Alude además a jurisprudencia de la Corte Suprema como respaldo a la exigencia de una apreciación razonable y fundada de la ocupación/habitabilidad en este tipo de situaciones.

En cuanto a las garantías constitucionales, sostiene, primero, vulneración del artículo 19 N°3, por afectación del debido proceso e igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, afirmando que el procedimiento administrativo fue carente de racionalidad y justicia al no ponderar adecuadamente los descargos ni la prueba aportada, en especial, boletas de servicios básicos exigidas en las citaciones), generando indefensión práctica, pues la autoridad habría cerrado la discusión administrativa sin valorar antecedentes que demostrarían la morada habitual.

En segundo término, invoca infracción del artículo 19 N°2, sosteniendo que la sanción aplicada sería desproporcionada, al imponerse la medida más gravosa, revocar subsidio y ordenar restitución, sin constatar elementos de mayor gravedad como uso comercial, ocupación por terceros ajenos al grupo familiar o falta de mobiliario o rasgos de abandono, afirmando que el órgano debía actuar con objetividad e imparcialidad. Por último, denuncia afectación al artículo 19 N°24, señalando que el subsidio habitacional constituye un bien o derecho susceptible de protección patrimonial y que, además, existe un interés legítimo en el uso y goce del inmueble entregado materialmente, por lo que la resolución impugnada la priva del ejercicio de ese derecho, al disponer su eliminación de la nómina y la restitución del departamento.

Concluye solicitando que se declare que la Resolución Exenta N°3322 constituye un acto ilegal y arbitrario, y ordene al SERVIU dejarlo sin efecto, con el consecuente restablecimiento del imperio del derecho, lo que en la práctica se traduce en restituir el subsidio y mantener la asignación de la vivienda correspondiente al departamento 44, block F, nombre reservado°1050, Mejillones, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, informó Monserratt Martínez Tapia, abogada, en representación del Servicio de Vivienda y Urbanización Región De Antofagasta, solicitando el rechazo íntegro del recurso.

En primer lugar, explica el rol y naturaleza jurídica de los Servicios de Vivienda y Urbanización. Enseguida, contextualiza el conjunto habitacional “Los Aromos”. Señala que se entregaron soluciones habitacionales a 110 beneficiarios, 103 familias del Comité “domicilio reservado postulantes individuales, mediante el Programa del D.S. 49, encargándose a una constructora la urbanización del sector y la edificación. Describe que el proyecto corresponde a edificios de 5 niveles, con departamentos de aproximadamente 60,57 m², instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, además de áreas verdes, equipamiento comunitario y estacionamientos, junto a obras de urbanización pública, pavimentos, soleras, aceras, postación y alumbrado. Enfatiza que el terreno donde se emplaza el proyecto es de propiedad del SERVIU, individualizándose inscripciones y deslindes del inmueble. Bajo ese marco, SERVIU, afirma que la revocación de subsidios responde a una “mirada estricta” para enfrentar el déficit habitacional regional, mencionando cifras atribuidas al Censo 2024 y, en particular, un déficit cuantitativo relevante en la región y también en Mejillones, con el propósito de reforzar que existe un deber institucional de fiscalizar el efectivo cumplimiento de la obligación de habitar, dado que se trata de viviendas construidas con recursos públicos y destinadas a familias que esperan una solución definitiva.

En el caso en concreto, indica que la recurrente fue beneficiada con un subsidio del D.S. 49 y recibió materialmente el inmueble ubicado en domicilio reservado, del Proyecto Habitacional “Los Aromos”, en abril de 2024, constando ello en el acta de entrega y llaves.

Destaca que, al recibir el departamento, la recurrente habría acusado recibo de las obligaciones aparejadas al subsidio, incluida la de habitar personalmente por cinco años ella o su núcleo familiar declarado. Luego, SERVIU explica que en la Región de Antofagasta existe un procedimiento de fiscalización aprobado mediante Resolución Exenta N°1290, de 27 de junio de 2014, que fija lineamientos para verificar el cumplimiento de obligaciones de los beneficiarios de estos programas. En ejecución de ese marco y del plan de fiscalizaciones del año 2025, funcionarios del SERVIU realizaron verificaciones de ocupación del inmueble asignado a la recurrente en tres fechas, 15 de abril de 2025, 14 de mayo de 2025 y 24 de junio de 2025, todas en horario vespertino, señalando que en dichas visitas la recurrente no fue habida en la vivienda.

Añade que la encargada de fiscalizaciones emitió un Informe de Fiscalización de 2 de julio de 2025, que describe el procedimiento aplicado a los 110 departamentos e incorpora denuncias recibidas en terreno; en lo pertinente a la recurrente, las denuncias apuntarían a que no residiría habitualmente en el departamento y existiría ausencia reiterada de moradores, antecedentes que fueron revisados por una Comisión de Revisión y Análisis de Casos designada por Resolución Exenta N°59, de 13 de enero de 2025, constando análisis en actas de sesión de 23 de julio de 2025 y 9 de septiembre de 2025.

Con base en ese proceso, SERVIU señala que dictó la Resolución Exenta N°3322, de 9 de diciembre de 2025, mediante la cual excluyó a la recurrente de la nómina de beneficiarios del Programa para el proyecto “Los Aromos”, por infracción de la obligación de habitar, con referencia al artículo 61 del D.S. 49.

Agrega que el acto fue notificado por carta certificada y que no consta la interposición de recursos administrativos en su contra, de modo que no hubo un acto posterior que revisara o modificara la decisión.

Sostiene que el recurso de protección intenta desvirtuar constataciones fácticas ya acreditadas en sede administrativa, por lo que el informe realiza un análisis de los antecedentes aportados por la recurrente frente al expediente administrativo. En ese examen, afirma que hubo denuncias de vecinos sobre falta de ocupación regular y eventual presencia de personas ajenas al grupo familiar declarado, lo cual explicaría la incorporación del inmueble al plan de fiscalización y descartaría cualquier arbitrariedad en la selección del caso.

Respecto de las visitas, enfatiza que se golpeó reiteradamente la puerta sin respuesta, se dejó notificación correspondiente y se registró el inmueble “sin moradores presentes”, quedando asentado en las actas y en el informe de resultados de fiscalización de 2 de julio de 2025. Sobre esto, sostiene que las constataciones efectuadas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones gozan de presunción de veracidad, presunción que, según afirma, no habría sido desvirtuada con prueba idónea.

Por otro lado, indica que la recurrente sostuvo que en los días y horarios fiscalizados se encontraba fuera por motivos laborales, desempeñándose en un taller de bicicletas, pero que no aportó documentación para acreditar la existencia, formalidad, continuidad, ubicación u horarios de esa actividad. Para ello, SERVIU enumera expresamente la ausencia de documentos como contrato de trabajo, boletas, liquidaciones, cotizaciones previsionales, certificados tributarios o inicio de actividades, y agrega que tampoco se individualizó el taller ni se entregaron datos verificables. Por ello, califica la alegación como unilateral, genérica e insuficiente para justificar el incumplimiento de la obligación asociada a un beneficio financiado con recursos públicos.

En cuanto, a los comprobantes de pago de servicios básicos acompañados por la recurrente, sostiene que, lejos de acreditar morada habitual, reflejarían consumos bajos y discontinuos, compatibles con ocupación ocasional y no permanente, especialmente al correlacionarlos con las fiscalizaciones negativas y denuncias vecinales. Concluye que no se acreditó una ocupación efectiva por la beneficiaria ni por su núcleo familiar declarado, por lo que se configuraría plenamente la infracción que habilita a revocar el beneficio, manteniéndose, a su juicio, justificada, motivada y proporcional la decisión adoptada por la Resolución Exenta N°3322.

Afirma la improcedencia del recurso de protección, describiéndolo como una acción cautelar de urgencia destinada a reaccionar frente a afectaciones flagrantes de derechos fundamentales, y sostiene que la pretensión excede esta naturaleza, pues buscaría que la Corte revise lo actuado por SERVIU en un procedimiento administrativo reglado de fiscalización y sanción por infracción a la obligación de habitar. Insiste en que no se estaría protegiendo un derecho indubitado, sino discutiendo la corrección de decisiones administrativas, cuestión ajena al recurso.

Niega la existencia de un actuar ilegal o arbitrario y afirma haber actuado bajo la normativa vigente, la Ley Orgánica de Bases de la Administración y la Ley de Procedimiento Administrativo, destacando que la resolución impugnada contendría fundamentos y remisiones a antecedentes considerados, cumpliendo estándares de motivación.

En lo relativo al derecho de propiedad, sostiene que la recurrente no ha sido privada de su propiedad, porque no sería titular del dominio del inmueble, de modo que su situación se acercaría más a una expectativa que a un derecho indubitado; incluso recuerda precedentes en que tribunales han rechazado recursos por tratarse de expectativas de propiedad en contextos similares. Con ello, concluye que no concurren los presupuestos del artículo 20, ya que no existiría acto u omisión ilegal o arbitraria, no habría privación, perturbación o amenaza de un derecho tutelable en los términos invocados y, en definitiva, el recurso sería improcedente e infundado.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento; razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados que puede verse afectado por un acto ilegal y/o arbitrario.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica; es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Atendido lo antes expuesto, la cuestión a dilucidar en esta sede, gira en torno a confrontar la actuación de la recurrida, vertida en la Resolución Exenta Nº3322, de fecha 9 de diciembre de 2025, que revoca la asignación del subsidio habitacional, con estándares de legalidad y razonabilidad al amparo de las garantías constitucionales que, la recurrente, acusa vulneradas.

En ese contexto, conviene referir que, el D.S. 49, de 13 de septiembre de 2011, se erige como la fuente normativa de competencia para el órgano, y de responsabilidad para la recurrente, en su calidad de beneficiaria de subsidio habitacional; de forma tal que, el control de legalidad, necesariamente, arranca, en ese cuerpo normativo.

El D.S. 49, de 13 de septiembre de 2011, en lo pertinente al recurso, prescribe en el artículo 60, lo siguiente:

“Artículo 60. Obligaciones y Prohibiciones En razón del subsidio recibido, la vivienda que se construya o adquiera de conformidad a este reglamento, deberá ser habitada personalmente por el beneficiario del subsidio y/o miembros de su núcleo familiar declarado al momento de su postulación, a lo menos durante cinco años contados desde su entrega material.”

A continuación, el artículo 61, dispone:

“Artículo 61. Infracciones a las Disposiciones de este Reglamento Si antes de la aplicación del subsidio se detecta una infracción del postulante o de uno o más de los integrantes de un grupo organizado, el SERVIU dejará sin efecto la respectiva solicitud de postulación, o procederá a la exclusión de el o los postulantes infractores de la nómina de seleccionados, o declarará la caducidad del certificado de subsidio, según corresponda, y en el caso que la vivienda se encuentre terminada, el SERVIU podrá reasignarla de común acuerdo con el respectivo grupo organizado.”

De lo expuesto, deviene que, la beneficiara de la asignación, asumió la obligación de habitar personalmente el inmueble asignado, por a lo menos durante cinco años contados desde su entrega material.

SEXTO: Que, si bien el cuerpo normativo del cual arranca la obligación del beneficiario no define expresamente el contenido de la “obligación de habitar personalmente”, tal elemento normativo, puede integrarse con la definición que refiere el D.S. Nº174, de 30 de septiembre de 2005, en cuyo artículo 1° inciso sexto preceptúa: “…, se entenderá por vivienda habitada, la que constituya morada habitual de alguna de las personas que allí se indican.”

A su turno, se ha resuelto que “por morada debe entenderse la relación de hecho de una persona con un lugar, casa o recinto, donde esta persona vive o permanece. Morada es la casa o habitación; morador es quien habita o está de asiento en un paraje; y morar es habitar o residir de asiento en un lugar. Tal situación puede ser ocasional, accidental o momentánea, a diferencia de lo que sucede con la residencia, que tiene mucho mayor grado de estabilidad. Sin embargo, aparece que la expresión morada habitual no ha sido tomada en el sentido de habitación ocasional, accidental o momentánea, sino más bien en el significado de residencia que atribuye el Código Civil, vale decir, una morada fija y permanente, constitutiva del domicilio civil. Este aserto encuentra fundamento no sólo en la mencionada expresión utilizada por el Reglamento que denota el carácter de permanencia, sino también en que dicha preceptiva debe ser interpretada en el sentido de su función, esto es, de acuerdo con el fin que le incumbe realizar, que apunta a que el Estado otorgue recursos económicos destinados a financiar la adquisición o construcción de una vivienda por parte de personas de la mayor vulnerabilidad, con la finalidad evidente de que ellas o su familia directa la habiten de manera permanente y habitual. En otras palabras, el concepto de morada habitual ha sido empleado en un sentido bien restringido, porque sólo designa con él la casa en la que tiene el hogar doméstico la persona.” (Corte Suprema, Rol 11.363-2014, de 05 de noviembre de 2014)

En este escenario, entonces, la obligación de “habitar permanentemente”, a la luz de lo prescrito en los artículos 59, 62, 63 y 64 del Código Civil, conlleva necesariamente, el establecimiento de una persona, en un lugar, con fines de asiento, para la realización de sus actividades, en este caso, de orden doméstico, personal y/o familiar, centro de interés para su vida.

Dicho aquello, y aunque resulte una obviedad, la “obligación de habitar personalmente”, no puede ser entendida ni conceptualizada en términos absolutos al punto de implicar una restricción a la libertad ambulatoria del beneficiario, pues de lo que se trata, como se ha razonado, es de asentarse y/o afincarse en un lugar, para el desenvolvimiento de la vida doméstica que, se materializa, con la pernoctación en dicho lugar, el alhajamiento con efectos personales comúnmente destinados a las actividades domésticas y que denotan la habitabilidad del lugar.

SÉPTIMO: Así, la recurrida por RESOLUCIÓN EXENTA Nº3322, de 09 de diciembre de 2025, revoca la asignación de subsidio, y decreta la restitución de vivienda, al haberse constatado, respecto de la recurrente, el siguiente incumplimiento: unidades sin moradores, conclusión que, se sustenta, en actas de fiscalización de 15 de abril de 2025 a las 20:08 hrs., 14 de mayo de 2025 a las 19:45 hrs. y 24 de junio de 2025 a las 20:06 hrs.

Si bien, las actas de fiscalización, al amparo de lo prescrito en la Ley 19.880, gozan de presunción de legalidad y veracidad, ello, en ningún caso, implica una liberación de la carga de la prueba para la Administración, ni se endereza como una negación del principio de contradictoriedad, conforme al cual, los sujetos fiscalizados, pueden arribar, elementos de corroboración que desvirtúen, el contenido de las referidas actas, pues “las personas tienen el derecho de aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Asimismo, el instructor del procedimiento respectivo no puede rechazar las pruebas solicitadas por el interesado, salvo que sea manifiestamente improcedente o innecesario rendirla, y mediante resolución fundada”. (STC 13.644-2022)

Así, “la legalidad y veracidad reconocida a las actas de fiscalización, persigue amparar la realización del interés general y garantizar la eficacia del funcionamiento de la Administración y la consecuente ejecución del acto administrativo, no servir de mecanismo para facilitar su prueba en juicio.” (HUNTER AMPUERO, Iván, “Es la presunción de legalidad …: La prueba en la litigación pública, Librotecnia-Santiago-2016, p-218.)

En este contexto, las actas de fiscalización registraron lo siguiente:

· Acta de 15 de abril de 2025 20:08 hrs. REGISTRA: “INMUEBLE SE APRECIA SIN MORADORES PRESENTES”, concluye con RESULTADO DE LA VISITA: “INMUEBLE POSIBLEMENTE HABITADO SIN MORADORES PRESENTES”

· Acta de 14 de mayo de 2025 19:45 hrs. atiende: nombre reservado, RESULTADO DE LA VISITA: “SIN MORADORES. SE NOTIFICA.”

· Acta de 24 de junio de 2025 20:06 hrs. PAUTA: inmueble se aprecia sin moradores presentes. RESULTADO DE LA VISITA: “SE APRECIA DESHABITADO.”

Agregar que, la recurrente, ingresa al Servicio dos requerimientos, acompañando boletas de servicios de consumo doméstico, lo que ocurre el 30 de abril de 2025 que se ingresa a sistema el 5 de mayo de 2025, y luego el 3 de julio de 2025.

Al confrontar el contenido de las TRES ACTAS y actuaciones de la asignataria, con la causal de incumplimiento: “unidades sin moradores”, que motiva la decisión de RESOLUCIÓN EXENTA Nº3322, de 09 de diciembre de 2025, dan cuenta de un divorcio fáctico; puesto que, como registra la primera acta, de lo percibido por el fiscalizador el inmueble está “posiblemente habitado” afirmación que, si bien no se ahonde, resulta compatible con alhajamiento del inmueble para fines habitacionales, sumado a que, los movimientos, siempre ascendentes que, las tres actas de fiscalizaciones registran en los consumos domiciliarios obtenidos de los medidores, en las tres oportunidades, concordantes con los recibos acompañados por la asignataria, dan verosimilitud a la justificación de ausencia en las visitas de, encontrarse, trabajando.

Lo anterior más aún, si resultando de las fiscalizaciones, se dejó citación en el inmueble, las presentaciones que efectuó la asignataria, dan cuenta de su recepción y conocimiento, lo que lógicamente, es posible, al ingresar al inmueble.

La ausencia de moradores, al momento de la fiscalización, no necesariamente, implica una inobservancia al deber de habitar permanentemente el inmueble, ello debe verificarse en antecedentes fácticos que, a la sazón, no existen.

Así, se ha resuelto: “… de lo hasta ahora expuesto, fluye que la autoridad recurrida, efectivamente, incurrió en una actuación ilegal y arbitraria, toda vez que dio por efectivo el hecho de la no habitabilidad con antecedentes insuficientes y febles, que no se condicen con la situación actual del inmueble que es la efectiva ocupación que está haciendo la actora del referido inmueble …” (Corte Suprema, 29.678-2019, 17 de noviembre de 2020)

De esta forma, tanto la RESOLUCIÓN EXENTA Nº3322, de 09 de diciembre de 2025, al sostenerse en antecedentes fácticos que, no están suficientemente respaldados en las actas de fiscalización en relación a la “obligación de habitación permanente por un lapso de 5 años”, y, además, desvirtuados por los restantes antecedentes arribados, determina, un obrar arbitrario del órgano, en tanto tuvo por configurada una hipótesis legal de caducidad del beneficio habitacional que, no concurre, trasgrediendo, por tanto, la literalidad de la norma contenida en el artículo 60 del D.S. 49, de 13 de septiembre de 2011, y la definición de morada permanente que, se desprende de las normas citadas, comprometiendo, las garantías constitucionales del afectado.

NOVENO: En ese estado, a no dudar, se ha trastocado la garantía del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, en la medida que se ha impuesto una sanción a la recurrente que, sin acudir a su respecto, los presupuestos fácticos y normativos de su procedencia, provocando una situación de indefensión que, debe ser corregida en esta sede.

A su turno, respecto del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, si bien el beneficio habitacional concedido a la recurrente, no configura, la titularidad del derecho de dominio pleno, sí constituye un derecho de dominio condicionado, y como tal, un derecho real limitado, hipótesis que, por cierto, jurídicamente, la mera expectativa y, por tanto, tiene resguardo constitucional en la medida que el acto recurrido configura una privación y la pérdida de ese derecho real limitado y, con ello, la legítima aspiración de adquirir la plena propiedad, una vez cumplidos los requisitos legales.

Situación diversa ocurre con la garantía del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, pues no existe indicio alguno que la decisión impugnada descanse en un trato discriminatorio contra la recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE sin costas, el recurso interpuesto por Nicolás Gerónimo Bribbo Amas, abogado, en representación de nombre reservado, en contra de Serviu de la Región de Antofagasta, disponiéndose, dejar sin efecto la RESOLUCIÓN EXENTA Nº3322, de 09 de diciembre de 2025, respecto de la eliminación de asignación a favor de doña nombre reservado.

Acordada con el voto en contra del ministro titular, señor Eric Sepúlveda Casanova, quien fue del parecer de rechazar el recurso de protección, en atención a las siguientes consideraciones:

1° Que, en lo que respecta a la ilegalidad alegada, cabe señalar que el procedimiento de fiscalización y exclusión previo a la inscripción del dominio se rige por el D.S. N°49 de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que en su artículo 61 faculta al Serviu para dejar sin efecto la postulación o excluir a los beneficiarios que infrinjan las disposiciones del reglamento, como es la obligación de habitar la vivienda consagrada en su artículo 60.

Dicha normativa no establece una solemnidad específica para las actas de fiscalización, por lo que el actuar del ente administrativo, al verificar en terreno el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios mediante tres visitas de fiscalización debidamente documentadas, se enmarca en sus atribuciones legales, no advirtiéndose ilegalidad en este punto.

2° Que, en lo que respecta a la arbitrariedad, esta se entiende como el actuar caprichoso, carente de razón y movido por la mera voluntad. En el presente caso, la decisión de la recurrida de excluir a la beneficiaria del programa habitacional se fundamentó en hechos objetivos y reiterados: tres constataciones en terreno de que el inmueble no era habitado por la recurrente, sumado a las denuncias de vecinos que indicaban que la beneficiaria residiría en otro lugar.

Por tanto, la decisión no fue antojadiza, sino el resultado de un procedimiento administrativo fundado en antecedentes concretos, descartándose la arbitrariedad alegada.

3° Que, en cuanto a las garantías constitucionales invocadas, no se advierte vulneración del artículo 19 N°3 de la Constitución, por cuanto la recurrente fue objeto de un procedimiento administrativo reglado, con fiscalizaciones, citaciones y oportunidad de efectuar descargos, no acreditándose indefensión.

4° Tampoco se configura infracción al artículo 19 N°2, toda vez que la medida aplicada se funda en una causal objetiva prevista en la normativa vigente y se inserta en un procedimiento general aplicable a todos los beneficiarios del programa, sin que se advierta trato discriminatorio.

5° Finalmente, respecto del artículo 19 N°24, la recurrente no es titular del dominio del inmueble, sino beneficiaria de un subsidio condicionado al cumplimiento de obligaciones legales, por lo que no existe un derecho de propiedad indubitado susceptible de tutela cautelar en esta sede.

6° Que, en definitiva, la controversia planteada importa revisar el mérito y la ponderación de antecedentes efectuada por la autoridad administrativa en el marco de un procedimiento reglado, cuestión que excede el ámbito cautelar del recurso de protección, el cual no constituye una instancia de revisión general de legalidad ni de sustitución del criterio técnico de la Administración.

Regístrese y comuníquese.

Rol 87-2026 (Protección)

Redactada por abogado integrante Luisa Cortés Sánchez.

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