Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Antofagasta, veinte de mayo de dos mil veintiséis. VISTOS: La comparecencia de don nombre reservado, de nacionalidad colombiana, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES; por el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en el archivo de su trámite de refugio y la consecuente imposibilidad de renovar su cédula de identidad, lo cual se materializó mediante la Resolución Exenta N.º NUM000 de fecha 1 de octubre de 2025 y la posterior notificación de rechazo de prórroga de fecha 23 de marzo de 2026, estimando vulnerados sus derechos al trabajo y la integridad de su núcleo familiar, solicitando a esta Corte adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, dejando sin efecto la orden de archivo y disponiendo la reapertura y tramitación de su residencia temporal. Informó el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción deducida en todas sus partes. Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, la parte recurrente funda su acción de protección dirigida en contra del Servicio Nacional de Migraciones, señalando que ingresó a Chile el día 8 de febrero de 2022 en calidad de solicitante de refugio. Expone que, por una omisión involuntaria, se le pasó la fecha límite para realizar el trámite de renovación de su documento vigente, lo que derivó en que el Servicio recurrido procediera a archivar su solicitud. Manifiesta que con fecha 21 de marzo de 2026 intentó ingresar nuevamente un trámite de prórroga para regularizar su situación, pero que con fecha 23 de marzo de 2026 se le notificó el rechazo de dicha gestión bajo el argumento de que su solicitud de refugio ya se encontraba archivada. En cuanto a los fundamentos de hecho, sostiene que esta decisión administrativa le genera un perjuicio grave e inminente, toda vez que se encuentra trabajando en la localidad de Quillagua para la empresa GM LEC SPA y depende enteramente de dicho empleo para su subsistencia. Asimismo, destaca que tiene a su cargo a una hija pequeña de nacionalidad chilena, por lo que el archivo de su proceso migratorio amenaza la estabilidad de su núcleo familiar. Por lo expuesto, solicita que se deje sin efecto el acto recurrido, se ordene la reapertura de su expediente y se continúe con la tramitación de su prórroga de residencia temporal por refugio para salvaguardar sus derechos constitucionales. SEGUNDO: Que evacúa informe doña María José Astudillo Vásquez, abogada en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción deducida en todas sus partes. En cuanto a los antecedentes de hecho, informa que el recurrente ingresó al país el 9 de febrero de 2022 como turista y solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado el 4 de marzo de ese mismo año. Asevera que el extranjero no compareció a la entrevista de elegibilidad en tres oportunidades distintas, trámite que califica de esencial para el procedimiento. Relata que el Servicio emitió oficios ordinarios en septiembre de 2023, junio de 2024 y abril de 2025, apercibiéndolo para reactivar el trámite en un plazo de 7 días bajo sanción de tener por abandonado el proceso. Ante la inactividad del interesado por más de 30 días, se dictó la Resolución Exenta N.º NUM000, de fecha 1 de octubre de 2025, que ordenó el archivo de la solicitud por abandono del procedimiento, declaró caducada su residencia temporal y lo dejó sujeto a las normas generales de extranjería. En cuanto a los fundamentos de derecho, la recurrida sostiene que actuó en estricto cumplimiento de los artículos 32 y 33 de la Ley N.º 20.430, el artículo 52 del Decreto N.º 837 y el artículo 43 de la Ley N.º 19.880, normas que facultan a la autoridad para declarar el abandono ante la falta de cooperación del solicitante. Argumenta que el recurso de protección es improcedente puesto que el actor no agotó las vías administrativas idóneas, como el recurso de reposición o jerárquico previstos en la Ley N.º 19.880. Finalmente, descarta la existencia de un acto ilegal o arbitrario, señalando que la Administración ejerció facultades legales privativas y que no se ha acreditado una vulneración a la libertad personal o seguridad individual. TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. CUARTO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados, que puedan ser afectados por acto arbitrario o ilegal. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente. QUINTO: Que la controversia sometida al conocimiento y resolución de esta Corte se circunscribe a determinar la legalidad y razonabilidad de la Resolución Exenta N.º NUM000, de 1 de octubre de 2025, mediante la cual el Servicio Nacional de Migraciones archivó la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de don nombre reservado por abandono del procedimiento, correspondiendo además a esta Magistratura dilucidar si dicho acto, junto con la negativa de tramitar una prórroga posterior en marzo de 2026, constituye una vulneración a las garantías constitucionales del recurrente atendida su situación laboral y familiar en el país. SEXTO: Que, del análisis de los antecedentes administrativos remitidos por la autoridad recurrida, se desprende que el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado del actor se mantuvo paralizado por causas imputables exclusivamente al interesado. En efecto, consta que el recurrente no compareció a la entrevista de elegibilidad —trámite calificado como esencial para la resolución de su petición— en tres oportunidades consecutivas. Ante dicha inactividad, el Servicio Nacional de Migraciones procedió a dar cumplimiento a lo prevenido en el ordenamiento jurídico, despachando los Oficios Ordinarios N.º NUM001 de fecha 11 de septiembre de 2023, N.º NUM002 de fecha 12 de junio de 2024 y N.º NUM003 de fecha 17 de abril de 2025, mediante los cuales se le apercibió expresamente de que disponía de un plazo de siete días para realizar las diligencias a su cargo, bajo sanción de declarar el abandono del procedimiento. SÉPTIMO: Que, en lo referente al marco normativo que rige la materia, debe considerarse que el artículo 33 de la Ley N.º 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados, impone a todo solicitante la obligación de cooperar activamente en el esclarecimiento de los hechos que fundan su pretensión. Esta carga procesal se encuentra refrendada por el artículo 52 del Decreto N.º 837, Reglamento de la citada ley, el cual faculta a la autoridad migratoria para ordenar el archivo de la solicitud en casos de abandono, precisando que este se configurará por la inactividad del interesado por un término superior a treinta días que provoque la paralización del proceso. OCTAVO: Que, de manera complementaria, el artículo 43 de la Ley N.º 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, dispone que cuando por la inactividad de un interesado se produzca por más de treinta días la paralización del procedimiento iniciado por él, la Administración deberá advertirle que, de no mediar diligencia de su parte en el plazo de siete días, se declarará el abandono. En la especie, la Resolución Exenta N.º NUM000, de fecha 1 de octubre de 2025, constituye un acto administrativo terminal dictado en estricta observancia de los presupuestos fácticos y jurídicos anteriormente reseñados, toda vez que a) existió una paralización superior a treinta días por incomparecencia del actor; b) se practicaron las advertencias legales correspondientes otorgando los plazos de siete días para subsanar la omisión; y c) ante la persistencia del desinterés del administrado, se procedió a declarar el abandono y el consecuente archivo del expediente. NOVENO: Que, en relación con las alegaciones de arraigo laboral en la localidad de Quillagua y la existencia de una hija menor de edad, si bien tales circunstancias son relevantes en el ámbito migratorio general, no eximen al solicitante de refugio del cumplimiento de sus deberes procedimentales básicos. El archivo de los antecedentes, en este contexto, no constituye un acto ilegal, pues se ciñe estrictamente a las facultades que el legislador ha conferido al Servicio Nacional de Migraciones, ni puede ser calificado de arbitrario, por cuanto no obedece al mero capricho de la autoridad, sino a la aplicación racional de las normas que sancionan la desidia procesal del solicitante. Por lo razonado, no advirtiéndose la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable al Servicio recurrido que vulnere las garantías constitucionales del actor, la presente acción de protección no puede prosperar. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES. Regístrese y comuníquese. Rol 859-2026 (Protección)