nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES ONES

Antofagasta, a dieciocho de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

La comparecencia del abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliados en domicilio reservado, quien interpuso recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la omisión ilegal y arbitraria en la emisión de la resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando la solicitud de residencia definitiva, vulnerando el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República en concordancia con los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de la Ley 19.880, pidiendo se ordene a la recurrida que resuelva la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente dentro de un plazo no mayor a sesenta días, o el que se estime conforme al mérito de autos y se adopten las providencias necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas.

El recurrido Servicio Nacional de Migraciones evacuó el informe, pidiendo el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el recurso se indica que el recurrente, de nacionalidad venezolana, ingresó al país en calidad de turista y cambió su situación migratoria a residente por visa otorgada para desarrollar su proyecto de vida en Chile, y solicitó el beneficio de residencia definitiva el 4 de mayo de 2023, como consta en el comprobante de solicitud que acompaña, añadiendo que el 4 de julio de 2023 recibió notificación de pago de los derechos correspondientes, lo que realizó dentro de plazo.

Destaca que el recurrente está privado de derechos fundamentales por la demora que ha mantenido el recurrido de forma arbitraria en dar respuesta a su solicitud, encontrándose completamente limitado en trámites esenciales de la vida cotidiana, los que detalla.

Seguidamente se refirió a la admisibilidad del recurso de protección indicando que se cumplen sus requisitos y luego examinó la omisión recurrida y el derecho constitucional vulnerado, citando jurisprudencia al efecto, enfatizando que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta a la solicitud de residencia definitiva, pues desde la petición efectuada con fecha 4 de mayo de 2023 hasta la presente fecha han transcurrido aproximadamente dos años y tres días, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada por el recurrente.

Añade que la jurisprudencia nacional ha sido pacífica en el sentido de señalar que existe arbitrariedad e ilegalidad en mantener más del plazo legal establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880.

Destaca que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos, según los principios que indica.

Tras ello sostuvo la improcedencia del silencio administrativo y del caso fortuito pues, no puede el recurrido predisponer el agotamiento de la vía administrativa por frente la vía judicial, ya que ni el constituyente ni el legislador señalan que sea necesario agotar la vía administrativa o que se debe recurrir por otra vía administrativa para restablecer el imperio de un derecho de rango constitucional, cuestión que ha sido superada y con criterio firme por parte de la Excelentísima Corte Suprema y tampoco es procedente la causal de excepción prevista en el artículo 27 de la Ley 19.880, atendido a que debe existir una imprevisión, situación que en la especie no se configura lo que también ha sido abordada por la jurisprudencia nacional en la causa que cita.

Indica que la doctrina sostiene que la exigencia de un procedimiento administrativo reglado para la producción de un acto administrativo terminal tiene una consagración constitucional, y ello se aprecia en el artículo 7°, inciso primero, de la Constitución Política de la República señala que los actos de la administración serán producidos “en la forma que prescriba la ley”; y el artículo 63 N°18 de la carta fundamental dispone que será materia de ley “las bases de los procedimientos que rijan los actos de la administración pública”, por lo que el procedimiento reglado tiende a asegurar que antes de la dictación de un acto administrativo final, la Administración cumpla con una serie de trámites y plazos impuestos por la propia Constitución y las leyes.

Afirma que la recurrida no ha adoptado medidas reales y eficaces para atender las peticiones planteadas por los administrados, dentro de un procedimiento administrativo reglado, con plazos claros establecidos en la ley que obligan a las autoridades y personal de la Administración Pública en la tramitación de los asuntos, plazos que se pretenden dejar abiertos sin importar que ello vulnere derechos fundamentales como en el caso de autos, puesto que no resulta razonable las esperas exageradas de parte del Servicio recurrido, y así, la recurrida debe tramitar las peticiones administrativas planteadas dentro del plazo previamente establecido por nuestro constituyente y legislador, y solo excusarse en la salvedad señalada por la misma norma, siempre y cuando se verifique y motive para el caso particular tal implicancia, ya que no basta una excusa generalizada en la cantidad de solicitudes planteadas, que solo permite evidenciar el poco interés de la recurrida en adoptar medidas eficaces y reales que permitan dar respuesta a los administrados.

Seguidamente se refirió a la aplicación del artículo 27 de la Ley 19.880 señalando que la naturaleza de estos procedimientos administrativos, requieren de la autoridad un pronunciamiento oportuno y de ahí la necesidad de establecer un tiempo de sustanciación del mismo y si bien la nueva ley de Migraciones, no se pronunció sobre el particular, si estableció ciertos principios, tales como la noción de procedimiento migratorio informado y además el art. 7 de la Ley establece que el Estado debe promover que los extranjeros cuenten con sus autorizaciones y permisos de residencia necesarios para su estadía en el país, lo que sólo tiene lugar, con las respectivas autorizaciones que pueda conferir la autoridad.

Termina solicitando que el recurrido se pronuncie sobre la solicitud de residencia definitiva del actor, dentro de un plazo no mayor a sesenta días, conforme con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley 21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N 296 de 2022 o el que se estime conforme al mérito de autos y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que informó la abogada Carolina Fernandoy Catalán, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que pueda vulnerar los derechos invocados por la recurrente.

Refiere que extranjero nacional de Venezuela, registra ingreso al país con fecha 24 de septiembre de 2017, por el paso fronterizo aeropuerto ARMEBE, en calidad de turista y el 22 de diciembre de 2017, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, otorga prórroga de turismo, por el periodo de 90 días y en condición de titular, este permiso se mantuvo vigente hasta el 23 de marzo de 2018.

Expresa que el 20 de septiembre de 2018, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, otorga visación de residente temporaria por motivos laborales, por el periodo de 1 año y en calidad de titular, permiso que se mantuvo vigente hasta el 5 de octubre de 2019. Agrega que el 11 de mayo de 2022, ese servicio, regulariza la permanencia en el país y otorga visación de residente temporaria, por el periodo de 1 año y en condición de titular. Este permiso se mantuvo vigente hasta el 15 de junio de 2023.

Destaca que el 4 de mayo de 2023, la persona extranjera solicitó a ese servicio el beneficio de la residencia definitiva, mediante solicitud N° de ID 64298872; luego, el 16 de junio de 2023, ese servicio notificó a la persona extranjera de solicitud de documentos adicionales y pago de derechos y el 4 de julio de 2023, la persona extranjera realizó el pago de derechos.

Indica que el 10 de julio de 2023, la persona extranjera completó la etapa de solicitud de documentos adicionales, no existiendo registro que la persona extranjera haya solicitado recientemente a través del portal de trámites digitales mediante ingreso con clave única la Ampliación de certificado de Residencia Definitiva en trámite, documento que se mantiene vigente por 180 días.

Enfatiza que a la fecha, la solicitud de residencia definitiva se encuentra en trámite, en etapa de resolución; y dentro de los márgenes razonables de procesamiento administrativo, por lo que no existe omisión ni dilación indebida atribuible al Servicio Nacional de Migraciones. Asimismo, el solicitante no acompañó todos los requisitos exigidos al momento de postular, lo que derivó en la necesidad de iniciar una etapa de subsanación, por lo que cualquier extensión en el tiempo de tramitación obedece, en gran medida, a la propia conducta del recurrente, y no a una actuación arbitraria o negligente por parte del Servicio.

En cuanto a las alegaciones de afectación de derechos fundamentales en el ámbito de la vida cotidiana, como limitaciones para acceder a servicios financieros, laborales o contractuales, indica que el solicitante no ha tramitado el certificado de residencia en trámite, siendo su responsabilidad gestionar dicho certificado, por lo que las dificultades que el recurrente afirma enfrentar, no derivan de una omisión del Servicio, sino que responden, en muchos casos, a decisiones propias de entidades privadas —como bancos o instituciones financieras— cuyos requisitos internos escapan a la competencia de esta autoridad administrativa. Agrega que el trámite de residencia definitiva del recurrente ha sido gestionado conforme a los principios de legalidad, razonabilidad y debido proceso, no existiendo demora injustificada, ni omisión, ni acto arbitrario imputable al Servicio Nacional de Migraciones, y las eventuales dificultades enfrentadas por el recurrente en su vida cotidiana son, en gran parte, resultado de situaciones ajenas a la responsabilidad de esta institución, y no configuran una infracción constitucional que justifique la procedencia de la acción interpuesta.

Luego de ello, se refirió al beneficio de residencia definitiva, conforme a las normas que cita y seguidamente a la duración del procedimiento administrativo, indicando que según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, principalmente de Venezuela y Haití, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esta autoridad, lo que implicó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de residencia definitiva, sin que ello, por sí solo, implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país.

Tras afirmar la inexistencia de vulneración de garantías constitucionales e indicar que el estado de pendencia de una solicitud de residencia no puede implicar, por sí misma, una vulneración de garantías, y que si se estimare que existe alguna vulneración ella proviene de terceros, expresó que la pretensión de la contraria, manifestada en la presente acción de protección, es identificar la demora de la resolución de su solicitud de permiso de residencia como una omisión por parte de esta autoridad que, por sí sola, traería aparejada una serie de perturbaciones y dificultades en su vida cotidiana y que ha subsumido como una amenaza o vulneración a sus garantías fundamentes, siendo la conducta de ese Servicio un atentado en contra de su derecho a la igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 19 N°2 y la consecuencia lógica de todo lo expuesto es que la presente acción de protección no puede prosperar debido a que no se verifica ninguno de los requisitos establecidos por la Constitución para su interposición.

Tras citar jurisprudencia, termina solicitando el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto de la recurrente por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a ese Servicio.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, en la especie, se dirige la acción en contra del supuesto actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, consistente en no emitir pronunciamiento sobre la solicitud de permanencia definitiva presentada con fecha 4 de mayo de 2023.

SEXTO: Que, no obstante, lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, de los antecedentes que obran en la causa se ha podido evidenciar que no ha habido una respuesta definitiva a la petición del recurrente, quien sigue en un estado de incertidumbre con respecto al destino de su solicitud, la que se encuentra en actual tramitación, pese al tiempo transcurrido.

SÉPTIMO: Que, para resolver, se debe tener en consideración que la Ley N°19.880 regula los procedimientos administrativos y consagra entre sus principios el de celeridad (artículo 7) y el conclusivo (artículo 8), los que en la especie aparecen infringidos. Estos principios encuentran consagración, además, en el artículo 37 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería que dispone que las solicitudes de residencia deben ser tramitadas en el más breve plazo. Asimismo, el Reglamento en su artículo 46 señala que el Servicio debe tramitar las solicitudes con plena observancia de los principios de eficiencia, eficacia y celeridad.

En consecuencia, la infracción señalada se configura en este caso, pues lo esperable es que la Administración dé una respuesta expedita a los usuarios, sin afectar con indebidas dilaciones los derechos de las personas, de manera de hacer realidad los principios indicados.

Lo anterior, puesto que aun cuando ya ha transcurrido el plazo máximo para la conclusión del proceso administrativo –según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°19.880-, éste no ha terminado.

OCTAVO: Que si bien es cierto que el plazo de seis meses no es fatal en los casos de excepción que la propia norma contempla –a los cuales aludió el recurrido– en este caso dicha excepción no se configura, ya que la solicitud aún se encuentra en tramitación, lo que demuestra la dilación alegada.

NOVENO: Que, por lo anterior, se evidencia respecto de la recurrida Servicio Nacional de Migraciones el incumplimiento de mandatos legales como el impulso de oficio de todos los trámites del procedimiento, la actuación por propia iniciativa en la prosecución del procedimiento, la expedición en los trámites, la remoción de todo obstáculo que pudiere afectar su pronta y debida decisión, y finalmente la expedición del acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo.

En consecuencia, la demora en el procedimiento administrativo no puede sino considerarse ilegal y arbitraria, vulnerando -además de los principios administrativos señalados- la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N°2 de la Constitución, otorgando un trato desigual al recurrente, motivo suficiente para acoger la acción deducida.

A mayor abundamiento, en este mismo sentido se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema en los autos Rol 19.345-2024 de dicho Tribunal.

DÉCIMO: Que, además, aun ante un aumento del flujo migratorio, lo cierto es que ha trascurrido el tiempo suficiente para que el Servicio Nacional de Migraciones adopte las medidas necesarias para dar respuesta en un tiempo razonable a la solicitud del recurrente, lo que no ha ocurrido, incumpliendo debido a ello con los mandatos legales establecidos.

UNDÉCIMO: Que, debido a todo lo anterior, se acogerá el recurso de protección en la forma que se dirá en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE sin costas el recurso de protección deducido por el abogado Pablo Peñaloza Parra en favor de don nombre reservado, sólo en cuanto el recurrido Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, deberá dentro del plazo de sesenta días corridos desde la dictación de la sentencia, dar respuesta definitiva a la solicitud del recurrente.

Regístrese y comuníquese.

Rol 850-2025 (PROT.)