nombre reservado con SUPERINTENDENCIA SEGURIDAD SOCIAL

Antofagasta, a diecisiete de enero de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de JUAN PABLO RIVERA ROSALES, abogado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, en representación de nombre reservado, chilena, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, interpuso recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), representada legalmente por nombre reservado, o de quien esté a su cargo, con domicilio en domicilio reservado, por la acción ilegal y arbitraria cometida al dictar la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-146767-2023, de fecha 07 de noviembre de 2023, que confirmó el rechazo del pago de licencias médicas válidamente emitidas por el médico tratante, lo que ha perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 Nº 1 y 24 de la Constitución, solicitando declarar que los actos de la recurrida importan la violación de las garantías constitucionales señaladas y, como consecuencia de ello, que se apruebe y ordene el pago, por quién corresponda, de los subsidios de las licencias médicas folio Nº RUT reservado, N° RUT reservado, N° RUT reservado, N° RUT reservado, N° RUT reservado, N° RUT reservado, extendidas a favor del recurrente, con costas.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso se funda en la existencia de una acción u omisión ilegal y arbitraria, consistente en haber dictado la Superintendencia de Seguridad Social la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-146767-2023, de fecha 07 de noviembre de 2023, que resolvió confirmar lo resuelto por el COMPIN de la Región Metropolitana en orden a mantener el rechazo de las licencias médicas Nº RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 180 días, a contar del 27 de enero de 2023, resolución exenta que, en lo pertinente, concluye que el reposo prescrito por las mencionadas licencias médicas, no se encontraba justificado.

Luego de hacer presente la competencia de esta Corte, a modo de contexto señaló que de acuerdo con los informes del médico psiquiatra tratante emitido por el Dr. nombre reservado, RUT RUT reservado, respecto del recurrente, la paciente fue atendida por un período comprendido entre noviembre del 2022 hasta julio del 2023, donde en cada fecha de tratamiento elaboró un informe, dando sus apreciaciones con respecto al estado de salud mental de doña nombre reservado, estableciendo un diagnóstico multiaxial en cada uno de ellos, como primer eje un episodio depresivo mayor grave, el que se ha mantenido por todo el período con síntomas ansiosos, en el cual el tratamiento dispuesto es no farmacológico y farmacológico. Hizo presente que el médico tratante le sugirió ver un psicólogo a fin de realizar terapias para una mejor evolución.

Sostuvo que el médico tratante emitió 8 licencias médicas estableciendo reposo para doña nombre reservado, todo ello por un período comprendido entre el 28 noviembre del 2022 hasta el 24 de agosto del 2023, de las cuales son 6 las que no han sido pagadas y es por estas que se presenta el recurso de protección, con respecto a las otras dos últimas están en proceso de reclamación por la vía administrativa.

Explicó que la recurrente es una mujer de 70 años de edad, casada, vive con su esposo y un nieto, tiene 3 hijos y era una mujer activa que trabajaba en el hogar de menores María Ayuda, como educadora, con un sistema de turno, hasta el 25 de agosto del 2023, pues producto de su enfermedad se ve en la obligación de dejar de prestar servicios, terminando dicho contrato por mutuo acuerdo.

Indicó que la resolución emanada de la SUSESO, señala que los antecedentes aportados en procesos anteriores ya fueron ponderados por sus especialistas y aunque los acompañe nuevamente no serán considerados, es sin duda un acto de toda arbitrariedad e injusticia contra la recurrente al establecer que el reposo no estaría justificado, prescindiendo de las conclusiones del médico tratante y, lo que es más grave, sin indicar razones o fundamentos.

Sostuvo que no hay constancia que SUSESO haya accedido a algún análisis o examen del estado de salud de la recurrente, desde que la COMPIN, en su oportunidad, no ejecutó ninguna de las acciones que prescribe el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, Decreto Supremo Nº 3 del 4 de enero de 1984, del Ministerio de Salud, que dispone la posibilidad que la Isapre o COMPIN a efectos de mejorar el rechazo de las licencias practiquen, por sus propios medios, nuevos exámenes, interconsultas, informes complementarios, visitas domiciliarias, entre otros.

Explicó que no existen antecedentes que haya podido tener a la vista la COMPIN que acrediten la conclusión contraria a la indicada en los referidos informes y sin que indique en la resolución recurrida los informes, fundamentos, peritajes, visitas domiciliarias o cualquier otro instrumento, documento o modo de convicción en que funde la decisión de confirmar el no pago de las licencias médicas respectivas, razón por la que el acto recurrido es arbitrario.

Expresa que los hechos descritos influyeron negativamente en la recuperación de la recurrente, pues no podía someterse con tranquilidad al tratamiento prescrito, debiendo preocuparse, no obstante la gravedad del diagnóstico médico, de efectuar las reclamaciones ante los organismos pertinentes y sin contar, además, con los medios económicos para sustentar el tratamiento y a su familia, todo esto le significaron la imposibilidad de hacer frente a distintas obligaciones, lo cual gatilló en ella un estado emocional muy inestable, vulnerable y anímicamente deteriorado.

Por lo anterior, estima que el actuar de la recurrida es arbitrario, ya que falta la necesaria fundamentación de su resolución de rechazo de las licencias médicas, además de su ambigüedad, transformando su decisión en caprichosa y carente de razones. Entonces, el actuar de la recurrida vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad de la recurrente, protegido en el numeral 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues, en el primer caso, el referido rechazo de licencias médicas impacta severamente en la salud de la recurrente, produciendo un deterioro de la misma al no poder tomar los descansos necesarios para recuperar su estado de salud y, en el último caso, dice directa relación con su patrimonio que se vio mermado por la decisión de la recurrida.

SEGUNDO: Que informó doña nombre reservado, Presidenta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), indicando que el recurrente se encuentra afiliada al sistema previsional de salud de FONDO NACIONAL DE SALID, y ha interpuesto acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en adelante SUSESO, por el rechazo de sus licencias médicas curativas.

Luego de dar el detalle de las licencias médicas del recurrente, indicó que éstas se emitieron por diagnósticos de índole psiquiátrico, emitiéndose licencias médicas por “EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS”.

Dentro de la evolución clínica del recurrente, se observa que posee un reposo prolongado y continuo, contando con 361 días autorizados por el referido diagnóstico, siendo rechazadas a partir del 27 de enero de 2023 hasta el 25 de febrero de 2023.

Así, el recurrente presenta licencias médicas continuas desde el 31 de enero de 2022 por patología de salud mental, siendo autorizada por un total de 361 días de reposo hasta el 26 de enero de 2023.

Aseveró que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 del DS Nº 3 de 1984, con fecha 26 de diciembre de 2023, se realizó peritaje médico por parte de la Contraloría Médica de COMPIN, siendo evaluados los antecedentes médicos presentados como la entrevista a la recurrente.

Singularizó los antecedentes que fueron acompañados por la recurrente en apelación a sus rechazos, esto es, informe médico protocolizado de fecha 31 de enero de 2023, emitido por el Psiquiatra nombre reservado; informe psicológico de fecha 18 de enero de 2023, emitido por el psicólogo nombre reservado; informe médico protocolizado de fecha 03 de marzo de 2023, emitido por el Psiquiatra nombre reservado; informe psicológico de fecha 27 de abril de 2023, emitido por el psicólogo nombre reservado; informe médico protocolizado de fecha 31 de enero de 2023, emitido por el Psiquiatra nombre reservado; informe psicológico de fecha 19 de mayo de 2023, emitido por el psicólogo nombre reservado; informe médico protocolizado de fecha 22 de julio de 2023, emitido por el Psiquiatra nombre reservado; informe psicológico, emitido por el psicólogo nombre reservado.

Luego, dio cuenta de las circunstancias y detalles en que se realizó con fecha 26 de diciembre de 2023 la entrevista con la recurrente.

Finalmente, citó las conclusiones del informe de peritaje de COMPIN, el que indica que se evidencian elementos patológicos aun presentes en la recurrente, que constituyen una patología crónica no modificable en el tiempo, sin embargo, de los antecedentes aportados por la misma (informe de especialidad y psicológicos) no se logra justificar período de reposo de licencias apeladas, dado que el psiquiatra y psicólogo no describen en forma cronológica la evolución clínica de la paciente durante los controles y/o sesiones. Además, a pesar de haber indicación en orden a activar prestación GES, la recurrente no lo concreta, lo que repercute en que el período de reposo de las licencias médicas mencionadas no cumplan un rol terapéutico.

Citó la normativa aplicable en la materia, aseverando que en el caso no se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º apartado II del Decreto Nº 7/2013 del Ministerio de Salud.

TERCERO: Que compareció SEBASTIAN DE LA PUENTE HERVE, abogado, en representación de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, alegando, en primer término, la extemporaneidad de la acción, en subsidio la improcedencia de y, finalmente informó en cuanto al fondo.

Así, respecto a la extemporaneidad, indicó que como consta de la copia del expediente administrativo código PAE R-89028-2023, el 29 de mayo de 2023 la interesada recurrió a la Superintendencia de Seguridad Social, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 180 días a contar del 27 de enero de 2023, por reposo no justificado. Luego, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-128681-2023, de 28 de septiembre de 2023, previo estudio de los antecedentes del caso, resolvió: “el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes emitidos con fecha 27/4/23, 30/5/23 y 22/7/23 por el tratante, no exponen elementos psicopatológicos de gravedad que requieran tal extensión del reposo y se observa además que el tratamiento farmacológico indicado no es el óptimo para lograr la recuperación oportuna de la paciente. Por las razones anteriores, los elementos aportados no permiten a los especialistas de este Organismo Fiscalizador establecer la prórroga del reposo más allá de los 361 días autorizados previos por la misma patología”.

Así, la referida Resolución concluye que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Posteriormente, el 29 de septiembre de 2023 la interesada recurrió nuevamente a la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando la reconsideración del dictamen N° R-01-UME-128681-2023 de 28 de septiembre de 2023, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 180 días a contar del 27 de enero de 2023, por reposo no justificado y por medio de la Resolución Exenta Nº R-01-UNAAD-134635-2023, de 11 de octubre de 2023, previa estudio de los antecedentes del caso, establece que: “…entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio. Que, por otra parte, cabe hacer presente a la parte recurrente, que para que se pueda efectuar una nueva revisión de la situación reclamada, es indispensable que acompañe a su solicitud nuevos antecedentes, que tengan el carácter de fundantes. Que, lo señalado en el considerando anterior, es concordante además con el hecho de que los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por nuestros especialistas, por ende, aunque los acompañe nuevamente, estos no serán considerados para dicho efecto, puesto que, como se señaló, ya fueron examinados, es decir, con ellos no resultará posible que se desvirtúe lo dictaminado previamente por este Organismo Fiscalizador”.

Conforme a lo anterior, la mencionada Resolución dictamina que: “Rechácese la solicitud de reposición de la Resolución Exenta N° R-01-UME-128681-2023, de fecha 28-09-2023, mediante la cual se confirmó lo actuado por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, respecto al rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo con lo anteriormente expuesto”.

Finalmente, el 25 de octubre de 2023 la interesada recurrió nuevamente a la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando la reconsideración del dictamen Nº R-01-UNAAD-134635-2023, de 11 de octubre de 2023, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 180 días a contar del 27 de enero de 2023, por reposo no justificado.

Conforme a lo indicado, mediante la Resolución Exenta R-01-UNAAD-146767-2023, de 7 de noviembre de 2023, previo estudio de los antecedentes del caso, señala que: “…entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio. Que, por otra parte, cabe hacer presente a la parte recurrente, que para que se pueda efectuar una nueva revisión de la situación reclamada, es indispensable que acompañe a su solicitud nuevos antecedentes, que tengan el carácter de fundantes. Que, lo señalado en el considerando anterior, es concordante además con el hecho de que los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por nuestros especialistas, por ende, aunque los acompañe nuevamente, estos no serán considerados para dicho efecto, puesto que, como se señaló, ya fueron examinados, es decir, con ellos no resultará posible que se desvirtúe lo dictaminado previamente por este Organismo Fiscalizador”.

Así, la referida Resolución concluye que: “Rechácese la solicitud de reposición de la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-134635-2023, de fecha 11/10/2023, mediante la cual se confirmó lo actuado por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, respecto al rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo con lo anteriormente expuesto”.

Por lo anterior, indica que la recurrente tenía conocimiento cierto del hecho de que sus licencias médicas fueron rechazadas con anterioridad al plazo pertinente para interponer la Acción de Protección.

En efecto, mediante la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-134635-2023, de 11 de octubre de 2023, su representada ya se había pronunciado en relación a las licencias médicas de la recurrente, como asimismo a su recurso de reconsideración administrativa en contra de la resuelto. Por lo tanto, tenía conocimiento cierto de lo resuelto administrativamente en su caso, por medio del dictamen señalado, a lo menos DOS MESES ANTES de interponer la presente Acción de Protección el día 7 de diciembre de 2023.

Asimismo, indicó que la recurrente fue notificada de la Resolución Exenta Nº R-01-UNAAD-134635-2023, mediante correo electrónico remitido a las 15:36:36 horas, del día 11 de octubre de 2023, a la dirección que la interesada señaló en su reclamación de 29 de septiembre de 2023, a saber: correo reservado.

Agregó que el hecho de haber reclamado ante la Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto, puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

En consecuencia, estima que si la recurrente, estimaba que las Resoluciones Exentas de su representada adolecían de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir tan pronto tuvo noticias o conocimiento cierto de las mismas, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante esta institución de control, citando jurisprudencia como apoyo a su alegación.

En subsidio, alegó la improcedencia de la acción, indicando que la acción es improcedente, toda vez que la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

Aseveró que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1 de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

Por otro lado, indicó que la acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales”.

En cuanto al fondo, luego de efectuar una reseña del marco regulador de las licencias médicas y datos médicos de la recurrente, señaló que el reposo informado por la recurrente impresiona como no justificado por ser prolongado y sin claro rol terapéutico, reproduciendo para ello los informes emitidos por el médico psiquiatra de la recurrente, nombre reservado.

Al respecto, aseveró que la actuación de la Superintendencia se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, expresó que a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Luego, citó las normas pertinentes de la Ley Nº 16.395.

En cuanto a la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad, expresó que a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que, como ha quedado claramente establecido, participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Hizo presente que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas. De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución. En caso que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay, y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esta Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuanto a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Estima que lo anterior debe llevar a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de su defendida. En esta parte, respecto de las licencias reclamadas, los dictámenes impugnados de arbitrariedad contienen los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en los respectivos expedientes administrativos, en cuyo mérito resolvió la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Por todo lo anterior, se aprecia que la conclusión de los dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social, impugnados por la recurrente, referidos a las licencias médicas reclamadas, encuentran correlato fáctico en los antecedentes que obran en los expedientes administrativos que se acompañan, los que no sólo se encuentra en los dictámenes impugnados, sino en una serie de antecedentes médicos y administrativos, que respaldan la conclusión de los mismos.

En cuanto a la eventual vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría su representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto la recurrente ni siquiera ha efectuado una reclamación administrativa por el rechazo de sus licencias médicas. En efecto, su representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia de Seguridad Social haya intervenido o impedido de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud.

En cuanto al derecho de propiedad, hizo presente que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración, según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las que contempla en el DS. Nº 3 de 1984 del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador.

CUARTO: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que frente a la alegación respecto a la improcedencia del recurso, por tratarse éste de las materias contenidas en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política, cabe rechazar dicha aseveración, puesto que se desprende del mérito de la acción constitucional impetrada que dentro de las garantías constitucionales que pretende infringidas la recurrente, se contemplan aquellas contenidas en los numerales 1 y 24 de la Carta Fundamental, las cuales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, están comprendidas en el amparo de la acción constitucional de protección en comento.

SÉPTIMO: Que en lo que respecta al fondo del asunto, de la narración fáctica de la acción y de los documentos acompañados, se desprende que por su intermedio se persigue que se deje sin efecto la reconsideración Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-146767-2023, de fecha 07 de noviembre de 2023 de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la Compin Región Metropolitana, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas Nºs RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 180 días, a contar del 27 de enero de 2023, Resolución exenta que, en lo pertinente, concluye que el reposo prescrito por las mencionadas licencias médicas no se encontraba justificado, solicitando se ordene el pago de las licencias médicas a la recurrente.

OCTAVO: Que para efectos de computar el plazo de interposición del recurso de protección, se observa que la Superintendencia de Seguridad Social se pronunció sobre las licencias médicas Nº RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, en tres oportunidades, mediante Resolución Exenta Nº R-01-UME-128681-2023, de 28 de septiembre de 2023, que resolvió que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas, no se encontraba justificado; luego se recurrió respecto a dicha resolución y por medio de la Resolución Exenta Nº R-01-UNAAD-134635-2023, de 11 de octubre de 2023, previo estudio del caso, se resolvió que entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto; y finalmente solicitando la reconsideración de dicha resolución, a través de la Resolución Exenta R-01-UNAAD-146767-2023, de 7 de noviembre de 2023, resolvió rechazar la solicitud de reposición de la Resolución, mediante la cual se confirmó lo actuado por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, respecto al rechazo de las licencias médicas, sin que exista variación en los hechos y fundamentos que han sido alegados y analizados en ellas, por lo que resulta que la resolución que es utilizada por la actora para efectos de contar el plazo de 30 días para interponer la acción constitucional presentada el 07 de diciembre de 2023, es efectivamente una reiteración de los hechos expuestos en su oportunidad, por lo que aceptar su validez implicaría reconocer un nuevo plazo generado de forma artificiosa, por lo que no cabe más que acoger la alegación de extemporaneidad esgrimida por la recurrida respecto de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, ya que –a lo menos- al 11 de octubre de 2023, la recurrente tomó conocimiento cierto de lo resuelto respecto a las licencias referidas, lo que fue convenientemente omitido en el recurso.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por JUAN PABLO RIVERA ROSALES, abogado, en representación de nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Regístrese y comuníquese.

Rol 8431-2023 (PROT)

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