nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TAL TAL

Antofagasta, a dos de enero de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de don Manuel Espejo Milla, abogado, en representación de doña nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, quien dedujo recurso de protección en contra de la Municipalidad de Taltal, RUT N° RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, por cuanto en virtud de un acto arbitrario e ilegal consistente en descontar de la remuneración de la recurrente, correspondiente a noviembre de 2023, las licencias médicas rechazadas pero que fueron objeto de una acción constitucional de protección (acogida), perturbando y amenazando el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 numerales 1 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Corte de Apelaciones declarar que el descuento que se realizó en la remuneración correspondiente a noviembre del año 2023, en virtud del Decreto Exento N° 1060/2023, es arbitrario e ilegal, como asimismo los futuros descuentos, dejándolo sin efecto, ordenándole a la recurrida abstenerse de realizarlo en lo venidero, descuentos que no tengan un asidero legal, o bien se adopten las medidas que se estimasen procedentes para el restablecimiento del imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

Informó la Ilustre Municipalidad de Taltal solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda su acción en que con fecha 24 de noviembre de 2023, se percató del descuento en su remuneración, informándole la recurrida que mediante Decreto Alcaldicio N° 1060/2023 se ordenó un descuento del 45% de la remuneración total de la actora, a partir del mes de noviembre de 2023 y durante los meses sucesivos hasta cubrir el pago total del monto adeudado por concepto de la licencia médica rechazada, número 3072991335-9.

Precisa que de acuerdo a la Resolución Exenta N° R-01-IBS-114392-2023 de fecha 29 de agosto de 2023, la Superintendencia de Seguridad Social resolvió que las licencias médicas 71517453-7, 72991335-9, 74296558-9, 75800740-5, 76948450-7, 78306346-8, 79740522-1, no se encontraban justificadas, por lo que se interpuso acción de protección, la que fue acogida por esta Corte según consta en causa Rol N° 8083-2023, en cuanto a ordenar practicar a la recurrente las evaluaciones clínicas pertinentes y necesarias para determinar su actual condición de salud, y con ello evacuar el informe médico que sustente la decisión de estimar justificado o injustificado el reposo médico contenido en las licencias médicas aludidas por la recurrente en el recurso.

Hace presente que la situación de salud mental que le aqueja, proviene de actos de hostigamiento y acoso laboral que ha sufrido de parte de su empleador, la Ilustre Municipalidad de Taltal, hechos que fueron acreditados mediante sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de Taltal en causa RIT T-1-2022, efectuándose en la misma un peritaje por el Servicio Médico Legal de Antofagasta que ratifica las patologías que sufre.

En consecuencia, estima que el referido Decreto Alcaldicio que ordena el descuento de la remuneración de noviembre de 2023, y así sucesivamente, constituye un acto ilegal de la recurrida, en cuanto vulneró lo dispuesto por el artículo 63 del Reglamento de Licencias Médicas del Ministerio de Salud de 1984, y lo preceptuado por el artículo 58 del Código del Trabajo. En la especie, arguye que no corresponde que la recurrida ordene realizar el descuento en referencia, porque el subsidio por incapacidad laboral no ha sido “indebidamente” percibido por la actora, habida consideración de que a la fecha del descuento, no se encuentra aún firme la resolución que rechace la respectiva licencia médica. Agrega que el acto recurrido además es arbitrario, ya que carece de toda razonabilidad, apareciendo motivado por la mera antipatía que la actora genera en la nueva administración debido a las acciones legales que ha deducido y ganado.

Señala que la recurrente tiene sobre su remuneración un derecho de propiedad de naturaleza incorporal consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, el que está siendo vulnerado. De otro lado, hace presente que la remuneración cumple una función alimenticia, en atención a que busca proveer de los medios económicos suficientes para la subsistencia digna de la persona, lo que implica que si esa remuneración es arbitraria e ilegalmente mermada se está afectando la integridad física y síquica de la respectiva persona, que contará con menos recursos para hacer frente a sus necesidades, con lo que se estaría conculcando también dicha garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Carta Magna.

Por lo expuesto, solicita a esta Corte de Apelaciones declarar que el descuento que se realizó en la remuneración de la recurrente correspondiente a noviembre del año 2023, en virtud del Decreto Exento N° 1060/2023, es arbitrario e ilegal, como asimismo los futuros descuentos, dejándolo sin efecto, ordenándole a la recurrida abstenerse de realizarlo en lo venidero, descuentos que no tengan un asidero legal, o bien se adopten las medidas que se estimase procedentes para el restablecimiento del imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que informó don Rodrigo Flores Osorio, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Taltal representada legalmente por su alcalde don Guillermo Gricerio Ocampo Hidalgo, solicitando el rechazo de la acción deducida, con costas.

Primeramente, indica que el decreto recurrido se encuentra amparado por el artículo 63 del Decreto N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez e Instituciones de Salud Previsional, el cual ordena al empleador adoptar las medidas conducentes al inmediato reintegro por parte del trabajador, señalando que procede la devolución de las remuneraciones o subsidios indebidamente recibidos por el beneficiario de una licencia médica rechazada, siendo lo anterior de carácter obligatorio. Sustenta lo anterior, en la basta jurisprudencia administrativa dictaminada por la Contraloría General de la República (2713-2009; 7021-2008; 38.785-2008; 56.059-2016; 87.375- 2016).

En el mismo sentido agrega que el Dictamen de la Contraloría General de la República N° E82937N21 de fecha 05 de marzo de 2021, señala explícitamente que “la posibilidad de efectuar un ulterior reclamo ante la SUSESO no puede privar a los empleadores de la facultad y el deber de iniciar el proceso de recuperación de remuneraciones por reposos médicos rechazados o reducidos, por cuanto se produciría una incertidumbre no tolerada por el ordenamiento jurídico. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectúen reintegros de rentas una vez que la SUSESO haya emitido su pronunciamiento (…)”, “Con el mérito de lo expuesto, solo cabe confirmar que los empleadores únicamente pueden realizar descuentos en las remuneraciones de los funcionarios, por licencias médicas rechazadas o reducidas desde la resolución que, a su respecto, efectúa la COMPIN o una vez transcurrido el plazo para presentar el respectivo reclamo.”

Asimismo, señala que lo descrito es aplicable al caso de marras, en virtud de los artículos 6, 7 y 98 de la Constitución Política de la República; artículo 2 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, así como Ley N° 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. Señala que el momento para proceder a dichos descuentos en la remuneración a causa de licencias médicas rechazadas, es desde que se rechaza el recurso presentado ante la COMPIN o bien desde que ha vencido el plazo para aquello sin presentar recurso en contra, ello en relación con el artículo 39 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud.

En consecuencia, estima que el acto ilegal y arbitrario que denuncia la recurrente no existe, puesto que el descuento realizado por la recurrida en el pago de la remuneración se encuentra fundado en virtud del acto definitivo adoptado por la COMPIN, lo que, en el caso de marras, sucedió.

Menciona que el reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), no se encuentra previsto en la normativa citada ni su reglamento, por lo que el intento realizado por la recurrente ante la SUSESO no puede producir el efecto de privar de la facultad de efectuar los aludidos descuentos, una vez que efectivamente ya se ha pronunciado el organismo legalmente competente en la materia (la COMPIN), no formando parte la SUSESO del procedimiento de impugnación de licencias médicas, lo cual es reafirmado por esta Corte de Apelaciones.

Respecto al recurso de protección promovido previamente ante esta Corte de Apelaciones, lo que señala es que se acoge el recurso deducido en contra de dicha Superintendencia, “solo en cuanto se ordena practicar a la recurrente las evaluaciones clínicas pertinentes y necesarias para determinar su actual condición de salud, y con ello evacuar el informe médico que sustente la decisión de estimar justificado o injustificado el reposo médico contenido en las doce licencias médicas aludidas por la recurrente en el presente recurso”, no señalando, a su juicio, que se deja sin efecto la resolución de la SUSESO que resolvió confirmando el rechazo de la licencia médica en comento mediante Resolución Exenta N° R-01-IBS-114392-2023 de fecha 29 de agosto de 2023.

Por todo lo expuesto, solicita el rechazo de la acción deducida, con costas.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que de las alegaciones de las partes se desprende que la controversia de autos radica en determinar la ilegalidad y/o arbitrariedad en el actuar de la recurrida Municipalidad de Taltal, consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N° 1060 de 06 de noviembre de 2023, mediante el cual se ordenó descontar el equivalente al 45% de las remuneraciones de la actora, a partir del mes de noviembre de 2023 y en lo sucesivo hasta cubrir el pago total del monto adeudado por concepto de las licencias médicas rechazadas.

SEXTO: Que de la revisión de los antecedentes allegados en autos, es posible tener por establecido que la recurrente posee un vínculo laboral con la recurrida Municipalidad de Taltal, desempeñándose como Jefa del Subdepartamento de Finanzas y Personal del Departamento de Administración de Educación Municipal. Asimismo, que mediante Decreto Alcaldicio N° 1060 se ordenó por la recurrida descontar el equivalente al 45% de las remuneraciones de la actora a partir del mes de noviembre de 2023, hasta cubrir el pago total del monto adeudado por concepto de la licencia médica Nº 3072991335-9, la que, junto con otras cinco licencias médicas de la recurrente, fueron rechazadas por la COMPIN, deduciéndose reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que confirmó el rechazo mediante Resolución Exenta N° R-01-IBS-114392-2023 de 29 de agosto de 2023.

Luego, en contra de esta resolución la recurrente dedujo acción constitucional de protección ante esta Iltma. Corte de Apelaciones, tramitada en causa Rol 8083-2023, la que fue acogida, ordenando a la referida Superintendencia “practicar a la recurrente las evaluaciones clínicas pertinentes y necesarias para determinar su actual condición de salud, y con ello evacuar el informe médico que sustente la decisión de estimar justificado o injustificado el reposo médico contenido en las doce licencias médicas aludidas por la recurrente en el presente recurso”, sentencia confirmada por la Excma. Corte Suprema con fecha 13 de diciembre de 2023.

SÉPTIMO: Que para la adecuada resolución del presente arbitrio conviene tener presente el marco normativo aplicable al caso de marras. Al respecto, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional, dispone que: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”

A su vez, el artículo 63 del referido Reglamento establece que: “La devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio.

Sin perjuicio de lo anterior, el empleador adoptará las medidas conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos”

Asimismo, como ha sostenido recientemente la Excma. Corte Suprema en sentencia de dos de marzo de dos mil veintitrés en causa Rol N° 134.081-2022, considerando que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica se materializa a través de un acto administrativo, resultan aplicables las disposiciones de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, debiendo tenerse presente lo dispuesto en el artículo 15: “Principio de impugnabilidad. Todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, regulados en esta ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes especiales”.

OCTAVO: Que del análisis de la normativa precitada, se desprende que aun cuando al empleador le asiste el deber de adoptar las medidas conducentes al reintegro de las remuneraciones o subsidios por incapacidad laboral por parte del trabajador, ello tiene lugar únicamente cuando estos han sido “indebidamente percibidos”, calificación jurídica que solo tendrá el carácter de definitiva con la dictación del acto terminal que ponga término al procedimiento administrativo, lo que claramente no ocurre en el caso de marras, al haberse acogido el recurso de protección deducido por la actora en contra la Superintendencia de Seguridad Social, ordenándole expresamente practicar las evaluaciones clínicas pertinentes para determinar su actual condición de salud, y con ello evacuar el informe médico que sustente la decisión de estimar justificado o injustificado el reposo médico contenido en las doce licencias médicas, decisión que implica necesariamente un nuevo pronunciamiento por la referida autoridad respecto de las licencias rechazadas, entre ellas la Nº 3072991335-9, en la que la recurrida funda el descuento, encontrándose por tanto el procedimiento administrativo aún pendiente de resolución, no habiéndose alegado ni menos acreditado que, a la fecha, la Superintendencia haya dado cumplimiento a lo ordenado por esta Corte de Apelaciones.

NOVENO: Que esta magistratura comparte el criterio de la Excma. Corte Suprema en la materia, expuesto en el fallo precitado, en cuanto a que: “pendiente el reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, la normativa debe ser interpretada atendiendo a la finalidad del subsidio por incapacidad laboral, que consiste no sólo en otorgar reposo al trabajador para la superación de su dolencia, sino también garantizar el pago del subsidio, siempre que se reúnan las exigencias legales. La razón es que el subsidio por incapacidad laboral, de ordinario es la única fuente de ingresos del trabajador y su familia”.

DÉCIMO: Que por las razones expuestas, aparece que los descuentos de las remuneraciones de la actora ordenados mediante el Decreto Alcaldicio resultan ilegales, por cuanto aún no se encuentra afinado el procedimiento administrativo de reclamo en contra de la decisión de la COMPIN, por lo que no resulta procedente calificar el pago de los subsidios por incapacidad laboral como indebido, mientras no se dicte el acto terminal por la Superintendencia de Seguridad Social, constituyendo el actuar de la Municipalidad recurrida una amenaza al derecho de propiedad de la recurrente sobre sus remuneraciones, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, de lo que deviene en que el presente arbitrio deberá necesariamente ser acogido en la forma que se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don Manuel Espejo Milla, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Taltal, y en consecuencia, se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N°1060 de fecha 06 de noviembre de 2023, ordenándose a la recurrida restituir las sumas descontadas y abstenerse de realizar nuevos descuentos desde la remuneración de la actora por concepto de reintegro de subsidios percibidos en razón de licencias médicas, mientras la decisión que determina el rechazo de las mismas no se encuentre firme, en conformidad a lo señalado en el presente fallo.

Regístrese y comuníquese.

Rol 8415–2023 (PROT)

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