nombre reservado con CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA

Antofagasta veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

nombre reservado, Cédula de identidad N°RUT reservado, docente, domiciliada en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, Rol único tributario Nº 71.102.600-2, representada legalmente por su presidente, don nombre reservado, alcalde de Antofagasta, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, por el acto consistente en descuentos desde sus remuneraciones, a pesar que las licencias rechazadas son objeto de recursos administrativos que a la fecha no se han resuelto, causando vulneración a los derechos contenidos en los números 1, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Informó Belén Luzio Rojas, Abogada, cédula de Identidad N° RUT reservado, en representación de la recurrida la recurrida, al tenor del recurso interpuesto en su contra.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurrente fundó su acción constitucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 19, números 1, Nº 16, Nº 24, de la Constitución Política de la República que garantizan, respectivamente "El derecho a la vida” y a “La integridad física y psíquica de las personas", y "el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, por los descuentos sufridos en su remuneración por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social.

Refiere que presta servicios en las unidades educativas dependientes de la corporación de nombre reservado de Antofagasta, bajo el cargo de inspectora general. Su modalidad de contratación corresponde a estatuto docente, rigiéndose la relación laboral por la ley y en forma supletoria por el código del trabajo.

Señala que su remuneración está compuesta por sueldo base por $813.000 complemento de zona $244.135, asignación de antigüedad por $81.704, planilla suplem. ed. $1.801, bono reconocimiento profesional $411.809, asignación tramo desc. Prof. $85.181, Ley 20.903 $120.904, planilla suplem. art 19 $87.993.

Afirma que el monto de descuentos por leyes sociales y descuento licencia rechazada asciende a un total promedio de $ 2.110.068 de los cuales ya ha sido objeto de descuento por la suma de $1.494.634, anunciándose que realizarán un nuevo descuento por la suma de $615.437.

Precisa que uno de los beneficios, de tipo laboral otorgados por la corporación de nombre reservado de Antofagasta a sus dependientes, consiste en que aquel docente que se encuentre haciendo uso de licencia médica, está última es pagada directamente por la corporación, y luego una vez emitido el pago por la respectiva entidad previsional, la corporación reembolsa el monto pagado.

En efecto, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38, del D.F.L. N°1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°19.070, o Estatuto Docente; 1°, 16, y 63 del D.S. N°3,de 1984, del Ministerio de Salud, o Reglamento sobre Autorización y Tramitación de Licencias Médicas; y la jurisprudencia de la Superintendencia de Seguridad Social, expresada en informe N°075042, de 07.12.2011, que las Corporaciones Municipales de nombre reservado y Educación se encuentran facultadas para exigir al personal docente y asistente de la educación que preste servicios en establecimientos educacionales de su dependencia, el reembolso de las remuneraciones pagadas por los períodos en que permanecieron con licencias médicas que, en definitiva, fueron rechazadas o reducidas por la ISAPRE o la COMPIN, reembolso que sólo podrá exigirse una vez que se encuentre a firme la resolución de rechazo o reducción de la correspondiente licencia, vale decir, agotadas las instancias ante la Superintendencia de Seguridad Social, de ser el caso.

Denuncia que la recurrida ha realizado descuentos ilegales desde junio, julio, agosto y noviembre. Señala que el descuento corresponde a dos licencias médicas del mes de mayo de 2023, que la referida corporación le pagó la suma de $ 2.110.068, las que fueron rechazadas, y luego repuso ante la Compin, el cuál fue rechazado, pero se ejerció un nuevo reclamo administrativo ante la superintendencia de seguridad social SUSESO, el cual, a la fecha no se encuentra resuelto.

Agrega que de acuerdo a lo que establece nuestro código del trabajo en los artículos 5 y siguientes, los derechos de naturaleza laboral son de carácter irrenunciable pues versan sobre derechos que no se encuentran en la esfera de aquellos que son disponibles para las partes.

Refiere que cumple con los requisitos de procedencia de la acción de protección conforme lo dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que el actuar se hace por la mera intención o arbitrio de la recurrida sin mediar razón entre ellas.

Distingue las licencias médicas que fueron efectivamente pagadas por la Isapre, respecto de ellas, cita el artículo 54 y 58 del código del trabajo en cuanto establece la obligación del empleador de pagar las remuneraciones como contraprestación al servicio prestado. En este caso, en los períodos reclamados, afirma que trabajó ininterrumpidamente por lo que debe recibir su remuneración íntegra. Para que esta sea descontada válidamente debe haber una causa legal para hacerlo y sucede que, en este caso, se descontó a pesar que los recursos que la ley le franquea se encuentran pendiente y en consecuencia el rechazo de las licencias no se encuentra ejecutoriado.

Por su parte, en cuanto a las licencias médicas que fueron rechazadas pero reclamadas refiere que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº3 de 1984 del Ministerio de Salud, en el caso de trabajadores afiliados a una Isapre – como ocurre en la especie- la tramitación y autorización de una licencia corresponderá a la oficina de la Isapre en la cual suscribió su contrato el trabajador o en aquella oficina de la misma institución más cercana al lugar donde presta sus servicios el trabajador, a elección de este último.

En caso de que la Isapre rechace o modifique la licencia, el afectado puede reclamar ante la COMPIN, según lo prescribe el artículo 39 y siguientes del referido Decreto Supremo. Cita el inciso segundo del artículo 155 del D.F.L Nº1 de 2005 del Ministerio de Salud, en relación con el artículo 2 letra c) de la Ley 16.395, que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social.

Que tal como lo ha señalado la Excelentísima Corte Suprema en sentencia Rol Nº 8593- 2019, la obligación impuesta al empleador a través del artículo 63 del Decreto Supremo Nº3 de 1984 del Ministerio de Salud en orden a adoptar las medidas conducentes al inmediato reintegro por parte del trabajador de las remuneraciones o subsidios por incapacidad laboral, sólo tendrá lugar cuando tales subsidios han sido indebidamente percibidos por el trabajador y, “en consecuencia, la calificación jurídica sobre si un subsidio por incapacidad laboral fue percibido debida o indebidamente, solo tendrá carácter definitivo e indubitado con la dictación del acto terminal que ponga fin al procedimiento administrativo. En el caso sub judice, el acto terminal es la resolución que dicta la Superintendencia de Seguridad Social conociendo del reclamo interpuesto por la actora.” Por lo tanto, encontrándose pendiente el recurso interpuesto por la recurrente ante la Superintendencia de Seguridad Social respecto de las licencias médicas rechazadas, no existe respecto de ellas un acto terminal que califique el subsidio recibido como indebido.

Concluye, tal y cómo ha señalado, las licencias médicas por los periodos que corresponden a los meses de enero a junio, agosto, septiembre y noviembre de 2023 corresponden a rechazos cuya resolución se encuentra pendiente, atendido el reclamo que realice dentro de plazo, por lo que el descuento contraviene el artículo 63 del decreto supremo N° 3 del año 1984, entre otras normas del ordenamiento jurídico laboral, al no encontrarse ejecutoriada la resolución del rechazo.

Por su parte, y para el evento que la recurrida alegue lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Nº19.880, este resulta improcedente para el caso de marras, pues al encontrarse el asunto sometido a una regulación específica, la que no se pronuncia sobre la suspensión de los efectos del acto administrativo dictado por la COMPIN estando pendiente el reclamo ante la Superintendencia de la Seguridad Social, la normativa debe ser interpretada atendiendo a la finalidad del subsidio por incapacidad laboral, consistente no solo en otorgar reposo al trabajador para superar su dolencia, sino también garantizar el pago del subsidio, siempre que se reúnan las exigencias legales.

En conclusión, conforme a lo razonado, los descuentos efectuados por la recurrida se tornan ilegales, desde que no se encuentra afinado el procedimiento administrativo de reclamo en contra de las decisiones de la COMPIN, por lo que el cobro anticipado de las sumas pagadas por licencias médicas rechazadas por este organismo vulnera el derecho de propiedad de mí parte sobre mis remuneraciones, garantizado en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República.

En cuanto al plazo señala que la conducta de la recurrida ha sido constante en cuanto a mantener una política de descontar licencias médicas que han sido recurridas ante el ente previsional respectivo. En el caso específico de los descuentos denunciados, indica que ha reclamado constantemente para que se por vía correo electrónico con fecha 5 de agosto, 29 de agosto, 5 de septiembre, y noviembre de 2023, y al haber sido negado, la recurrida consolida su conducta constitutiva de vulneración de derechos renovándose el plazo para su interposición pues ante el reclamo del trabajador frente a un descuento ilegal el empleador tiene la obligación legal de restituir los dineros.

Pide se ordene el restablecimiento del derecho en el sentido de ordenar a la recurrida se abstenga de realizar descuentos en mí remuneración mientras estén vigentes los plazos para recurrir del rechazo de una licencia médica y mientras los recursos ejercidos no hayan sido resueltos. Que se ordene el reintegro de los dineros descontados por concepto de licencia médica rechazada de mayo de 2023, que ascienden a la suma de RUT reservado, y aquellos dineros que sean descontados con posterioridad durante la tramitación de este proceso. Que la recurrida sea condenada al pago de las costas devengadas en el proceso.

SEGUNDO: Comparece la recurrida solicitando el rechazo del recurso por los siguientes argumentos:

En primer lugar, niega y controvierte de forma expresa todos los hechos que configurarían las vulneraciones de garantías constitucionales denunciadas por la recurrente en su libelo de la presente causa.

Indica que la recurrente doña nombre reservado es parte de la dotación de CMDS desde el año 2016, ostentando actualmente el cargo de Docente del Liceo B-29 “Andrés Sabella". Su contrato de trabajo se encuentra regulado por las disposiciones de la ley Nº 19.070 o Estatuto Docente.

Explica que los descuentos de remuneraciones a la recurrente por concepto de licencias médicas rechazadas efectuadas se refieren a aquellas otorgadas a la Sra. nombre reservado por los períodos comprendidos entre el 09 al 23 de junio y del 24 junio al 16 de julio del presente año, estas fueron rechazadas por el organismo competente, adjunta documentación de respaldo.

Afirma que lo anterior, demuestra que las licencias médicas precitadas se encuentran rechazadas, ya que, los actos administrativos de la COMPIN que confirmaron los rechazos se encuentran firmes y ejecutoriados, habilitando a los descuentos pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 del Decreto Nº 3, de 1984, del MINSAL.

Refiere que a contar del mes de junio de 2023 comenzó a realizar los respectivos descuentos a las liquidaciones de sueldo de la recurrente a fin de reintegrar aquellos dineros pagados indebidamente por concepto de remuneraciones por aquellos períodos en que se extendieron las licencias médicas indicadas con anterioridad y que fueron rechazadas por la COMPIN, puesto que los actos administrativos se encuentran firmes y ejecutoriados.

Agrega que con fecha 14 de septiembre del 2023, la recurrente firma compromiso de pago por licencias médicas con el director de Recursos Humanos de CMDS, reconociendo de esta forma la deuda y declarando que está llana a pagar dicha suma, aun cuando tal como señala en el número 6 de dicho compromiso se encuentra en proceso de apelación ante la SUCESO, Finalmente en el número 7 del mismo documento la Sra. nombre reservado declara expresamente “ Que no tiene cargo ni reclamo alguno que formular a CMDS”.

En segundo término, desarrolla argumentos sobre la legalidad del acto impugnado. Explica que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la ley Nº 19.070, los profesionales de la educación que prestan servicios para la Corporación Municipal y que gozan del derecho a licencia médica, reciben su remuneración completa directamente del empleador, la que es financiada a través la subvención general recibida por CMDS por parte del Ministerio de Educación. No obstante, para el caso que la licencia médica sea rechazada por la COMPIN, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 del Decreto Nº 3, de 1984 del MINSAL, la devolución o reintegro de lo pagado en forma indebida es obligatorio, y el empleador debe adoptar las medidas para obtener el reintegro de forma completa, sobre todo cuando los dineros que se utilizan para el pago de tales remuneraciones provienen de fondos públicos provenientes de la subvención general que recibe CMDS desde el MINEDUC.

Así, la Corporación Municipal, desde el mes de junio del año 2023 a la fecha descontó de las remuneración de la recurrente por concepto de reintegro de emolumentos pagados en virtud de las 2 licencias médicas rechazadas por la COMPIN emitidas en los períodos comprendidos entre el 09 al 23 de junio y del 24 junio al 16 de julio del presente año.

Finalmente se refiere a la inexistencia de vulneración a la garantía constitucional del derecho de propiedad de la recurrente, sostiene que resulta poco sustentable el fundamento jurídico expuesto por la contraria respecto a la vulneración del derecho de propiedad ello bajo el entendido de que describe lo sucedido con la Sra. nombre reservado como un acto arbitrario e impuesto que priva a la recurrente de su facultad de disponer de su patrimonio en este caso de su remuneración o parte de ella sin embargo como se logra demostrar con la prueba documental acompañada al presente informe la Sra. nombre reservado se encuentra en todo momento en conocimiento de lo sucedido con sus remuneraciones no solo siendo guiada por el departamento encargado de licencias médicas en cuanto a los pasos a seguir ante las instituciones competentes sino que también siendo informada de los montos y las formas de actuación ante un resultado favorable ante las autoridades.

Reitera que la Sra. nombre reservado dispuso voluntariamente de sus bienes, mediante el Compromiso de Pago por Licencia Médica 079/2023 firmado por esta, donde reconoce tanto los periodos que son adeudados por rechazo de la COMPIN, los meses que ya fueron descontadas a sus remuneraciones correspondientes a junio, julio, agosto y la diferencia que corresponde descontar en los meses siguientes, que son justamente los meses que la recurrente alude debieran ser restituidos.

Concluye que los descuentos realizados a la recurrente en sus remuneraciones no constituyen un acto ilegal o arbitrario, pues no solo se realizaron en conformidad con lo mandatado por el legislador en el artículo 63 del Decreto Nº 3, de 1984 del MINSAL, en el entendido por parte de CMDS de que las licencias médicas que motivan tales descuentos se encuentran rechazadas por la COMPIN, sino que también bajo el fundamento de un reconocimiento voluntario de lo adeudado por parte de la Sra. nombre reservado manifestado mediante el Compromiso de Pago por Licencia Médica 079/2023 de fecha 14 de septiembre del 2023; Donde además de reconocer que se encuentra llana al pago de lo adeudado por medio del descuento en sus remuneraciones, se hace mención a que se encuentra en proceso de apelación ante la SUSESO y que no tiene cargo ni reclamo alguno ante la Corporación Municipal de Antofagasta.

Pide tener por evacuado informe solicitado, y en su mérito, rechazar el recurso de protección de autos, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, de las alegaciones de las partes se desprende que la controversia de autos radica en determinar la ilegalidad y/o arbitrariedad en el actuar de la recurrida consistente en el descuento de las remuneraciones de la actora, a partir del mes de junio de 2023 y en lo sucesivo hasta cubrir el pago total del monto adeudado por concepto de las licencias médicas rechazadas.

SEXTO: De los antecedentes allegados en autos, es posible tener por establecido que la recurrente posee un vínculo laboral de carácter indefinido con la recurrida Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, desempeñándose como profesora dentro de la unidad educativa Andrés Sabella. Asimismo, que la recurrida comenzó a descontar desde la remuneración de la actora montos de dinero a partir del mes de junio de 2023, hasta cubrir el pago del total adeudado por concepto de la licencia médica Nº860392720, y N°866090300, la que, junto con otras cinco licencias médicas de la recurrente, fue rechazada por la COMPIN, deduciéndose por la actora en contra de la referida decisión, reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que se encuentra actualmente tramitando por la referida autoridad.

SÉPTIMO: Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, conviene tener presente el marco normativo aplicable al caso de marras. Al respecto, el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional, dispone que: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

A su vez, el artículo 63 del referido Reglamento establece que: “La devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio.

Sin perjuicio de lo anterior, el empleador adoptará las medidas conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos”

Asimismo, como ha sostenido recientemente la Corte Suprema en sentencia de dos de marzo de dos mil veintitrés en causa Rol N°134.081-2022, considerando que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica se materializa a través de un acto administrativo, resultan aplicables las disposiciones de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, debiendo tenerse presente lo dispuesto en el artículo 15: “Principio de impugnabilidad. Todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, regulados en esta ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes especiales”.

OCTAVO: Que, del análisis de la normativa precitada, se desprende que aun cuando al empleador le asiste el deber de adoptar las medidas conducentes al reintegro de las remuneraciones o subsidios por incapacidad laboral por parte del trabajador, ello tiene lugar únicamente cuando estos han sido indebidamente percibidos, calificación jurídica que solo tendrá el carácter de definitiva con la dictación del acto terminal que ponga término al procedimiento administrativo, el que, en el caso de marras, habiéndose interpuesto por la actora reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, corresponderá a la resolución que se dicte por dicha autoridad, conociendo de la impugnación deducida contra decisión de la COMPIN de Antofagasta, la que, como se ha acreditado, se encuentra pendiente de resolver.

NOVENO: Que, esta magistratura comparte el criterio de la Excma. Corte Suprema en la materia, expuesto en el fallo precitado, en cuanto a que: “pendiente el reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, la normativa debe ser interpretada atendiendo a la finalidad del subsidio por incapacidad laboral, que consiste no sólo en otorgar reposo al trabajador para la superación de su dolencia, sino también garantizar el pago del subsidio, siempre que se reúnan las exigencias legales. La razón es que el subsidio por incapacidad laboral, de ordinario es la única fuente de ingresos del trabajador y su familia.”.

DÉCIMO: Por las razones expuestas, aparece que los descuentos desde las remuneraciones de la actora resultan ilegales, por cuanto aún no se encuentra afinado el procedimiento administrativo de reclamo en contra de la decisión de la COMPIN, por lo que no resulta procedente calificar el pago de los subsidios por incapacidad laboral como indebido, mientras no se dicte el acto terminal por la Superintendencia de Seguridad Social, constituyendo el actuar de la recurrida una amenaza al derecho de propiedad de la recurrente sobre sus remuneraciones, garantizado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, de lo que deviene en que el presente arbitrio deberá necesariamente ser acogido en la forma que se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, y en consecuencia, se dejan sin efecto los descuentos ordenándose además a la recurrida abstenerse de continuar realizando descuentos desde la remuneración de la actora por concepto de reintegro de subsidios percibidos en razón de licencias médicas, mientras la decisión que determina el rechazo de las mismas no se encuentre firme, en conformidad a lo señalado en el presente fallo, asimismo, reembolsar el monto indebidamente descontado de las liquidaciones de remuneraciones de la actora.

Rol 8384-2023 (PROT)