PROTECCIÓN Y CONTROL PATRIMONIAL SPA O SECURITY GUARD con SSERVICIO DE SALUD DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, a veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

La comparecencia de don Pablo Baeza Alarcón, abogado, en representación de la empresa Protección y Control Patrimonial SpA., RUT N° RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, quien deduce acción de protección en contra del Servicio de Salud de Antofagasta, a su vez representado por su Director, don nombre reservado, por realizar actos que amenazan y privan ilegal y arbitrariamente las garantías constitucionales establecidas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Corte de Apelaciones, adoptar todas las medidas y providencias pertinentes, necesarias y conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de sus derechos.

Informó el Servicio de Salud Antofagasta, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la parte recurrente funda su acción señalando que con fecha 26 de febrero de 2020, mediante Resolución Afecta N° 004, el Servicio de Salud aprobó las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la propuesta pública N° 108/2019 denominada “Contratación servicio de vigilancia y seguridad para la red asistencial región de Antofagasta”, bajo el ID 769-15-LR20, en las que se reguló la garantía del servicio, exigiendo una “Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecución de los Servicios”. Luego, en lo pertinente, en el punto XI se reguló lo relativo a la suscripción del contrato; en el punto XII lo referido al precio del contrato; en el punto XIII, la vigencia del contrato; en el punto XVI la forma de pago; y, en el punto XVII la terminación anticipada del contrato.

Acto seguido, con fecha 25 de mayo de 2020, mediante Resolución Exenta N° 1506, la recurrida adjudicó la propuesta pública a la actora, Protección y Control Patrimonial SpA. en unión temporal con Valle del Huasco Limitada y Global Services SpA. Precisa que con fecha 09 de junio de 2020, se suscribió el contrato de la propuesta pública N° 108/2019, entre el recurrente y la recurrida, sin indicar en el mismo a la unión temporal de proveedores, debiendo suscribirse nuevamente el contrato por el mismo servicio el 01 de octubre de 2020, siendo este aprobado mediante Resolución Exenta N° 47/2020.

Posteriormente, precisa que con fechas 19 de noviembre de 2020, 28 de diciembre de 2020 y 05 de agosto de 2021, las resoluciones exentas que aprobaron el mencionado contrato, fueron representadas por la Contraloría Regional por no ajustarse a derecho. Luego, detalla las resoluciones exentas dictadas entre el 25 de mayo de 2020 y el 05 de agosto de 2021, mediante las cuales se dispusieron reiteradas revocaciones al proceso de licitatorio, así como las resoluciones que dejaron sin efecto tales revocaciones, proceso que según informa, concluyó con fecha 14 de octubre de 2021, mediante la dictación de la Resolución Exenta N° 032 del Servicio de Salud de Antofagasta, que aprueba el contrato suscrito por las partes con fecha 01 de octubre de 2020, respecto de la cual, finalmente, la Contraloría Regional tomó razón con fecha 29 de noviembre de 2021.

De lo anterior, sostiene que resulta indiscutible que el proceso de licitación sufrió un retraso atribuible al Servicio de Salud de Antofagasta, desde que, como señala la Contraloría Regional de Antofagasta, la recurrida no acompañó los antecedentes en los términos del N° 9 del artículo 22 del Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886, ni tampoco los certificados de habilidad del registro de proveedores. Agrega que la vigencia del contrato era de 24 meses, a partir de la fecha de suscripción de la respectiva acta de inicio de los servicios, con opción de renovación por igual o menor período y que, en ningún caso, este quedó sujeto a la toma de razón.

De esta manera, sostiene que si bien el Servicio de Salud de Antofagasta suscribió el acta de inicio de servicios con fecha 12 de enero de 2022, indicando que comenzaron el 01 de enero de 2022, la verdad es que estos iniciaron el 01 de julio de 2020, en los términos y condiciones establecidas en las Bases del proceso licitatorio, junto con los contratos de fecha 09 de junio de 2020 y 01 de octubre de 2020, realizándose un trato directo con la recurrente, atendido el término del contrato con la empresa saliente Diefel Servicios Integrales de Seguridad. Posteriormente, señala que con fecha 03 de marzo de 2023, se suscribe una convención entre las partes, acordando en su cláusula tercera liquidar y terminar anticipadamente el contrato suscrito, fijando como fecha de término irrevocable el 31 de mayo de 2023.

En cuanto al derecho de retención e información ejercido por la recurrida, precisa que de acuerdo a causas judiciales iniciadas por los trabajadores que prestaron servicios personales al Servicio de Salud de Antofagasta, en régimen de subcontratación, se demandó a la recurrente y al referido servicio, donde la abogada de este reconoce el ejercicio del derecho de retención e información a que se refiere el artículo 183-C del Código del Trabajo, según consta en causa M-488-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta. Expone en ese contexto, un correo electrónico de fecha 07 de junio de 2023, dirigido a la recurrida, indicándole los lineamientos para que el Servicio procediera al pago por subrogación de los trabajadores de la empresa recurrente, además de hacer presente que se encontraba pendiente el pago de la factura de abril de 2023 y la aprobación del estado de pago de mayo 2023, solicitando que se le remitiera el saldo restante, una vez efectuado el pago de las obligaciones laborales y previsionales.

Afirma que el Servicio de Salud de Antofagasta, retuvo el pago de los servicios del mes de abril de 2023, por la suma de $234.894.806, que correspondía a factura N° 247, y, el pago de los servicios del mes de mayo de 2023, por la suma de $234.894.806, correspondiente a la factura N° 246, sumando un total de $469.789.612. Ambas facturas fueron rechazadas por la recurrida dentro de plazo ante el Servicio de Impuestos Internos, sin comunicar motivo ni razón para ello, impidiendo el cobro de estas y precisa que, de acuerdo a sus cálculos, los finiquitos del personal, sueldos y cotizaciones previsionales sumarían en total $317.386.200, es decir, un monto inferior del retenido.

Añade que, a la fecha de presentación de esta acción de protección, el Servicio de Salud de Antofagasta no ha establecido un procedimiento de terminación del contrato, dejando pendiente el pago de los servicios prestados de los meses de abril y mayo de 2023, sin que se pronuncie sobre los mismos ni entregue detalle alguno de lo pagado, generando perjuicios a la recurrente, sobre todo teniendo en consideración que el término de los servicios se fijó para el 31 de mayo de 2023, por lo que, cualquier acción del orden laboral, ya debió presentarse, teniendo por lo tanto el Servicio la certeza jurídica de lo que debe retener en caso de obligaciones laborales y previsionales, debiendo haber devuelto el dinero sobrante y/o rendir cuenta del mismo, todo a lo cual se ha negado, señalando a su representada que debe solicitar la información por transparencia, desatendiendo las bases de licitación que debía respetar.

En consecuencia, siendo el pago de los servicios prestados a que tiene derecho la actora, bienes que le pertenecen en propiedad y resultantes de los derechos que generó en virtud del proceso licitatorio, habiendo cumplido su obligación contractual durante los meses de abril y mayo de 2023, sin recibir el pago de dichos meses, bajo pretexto de retenerlos para el pago de las obligaciones del orden laboral pactada en el contrato y establecidas en la ley en virtud del artículo 183-C del Código del Trabajo, estima que cabe que se le ordene dar respuesta al procedimiento de término anticipado, señalando si se pagaron las obligaciones laborales y previsionales, y en caso de saldo, a cuánto asciende y qué ocurre con dicho monto.

De otro lado, con fecha 19 de octubre de 2023, mediante Resolución Exenta N° 4652 del Servicio de Salud de Antofagasta, publicada en mercado público con fecha 23 de octubre de 2023, se autorizó el cobro de la boleta de garantía presentada por la recurrente en unión temporal con las otras dos empresas, por un monto de $499.776.184. Luego, el 16 de noviembre de 2023, la actora tomó conocimiento que el Servicio de Salud de Antofagasta solicitó el cobro de la respectiva boleta de garantía.

Advierte que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal, desde que demoró más de un año en materializar un proceso administrativo de una licitación pública mayor a 5000 UTM, dejando durante todo ese período al contratista en una especie de contrato de adhesión. A su turno, aquella demora implicó que la actora además de firmar los contratos en junio y octubre de 2020, debió consignar boletas de garantías de fiel cumplimiento, mientras tanto, el Servicio de Salud de Antofagasta, no daba cumplimiento a los procesos administrativos de Contraloría, que permitieran la toma de razón necesaria. A su turno, alega que lo anterior conllevó a que el Servicio no pagara el reajuste pactado en el contrato, el que debía realizarse cada 12 meses, conforme la variación del IPC, generando, en definitiva, un detrimento económico y patrimonial de $341.535.652, por dicho concepto.

En síntesis, expone que lo pendiente por parte del Servicio es: a) Los servicios prestados por la recurrente de los meses de abril de 2023 y mayo de 2023; b) el reajuste contemplado en las bases cada 12 meses; c) deudas de carácter laboral, previsional, finiquitos y/o otras de carácter análogas a los trabajadores de la empresa. En cuanto a dichos puntos, advierte que el Servicio arbitrariamente no ha dado respuesta, ni ha entregado información acerca del cumplimiento de las obligaciones por término anticipado del contrato reguladas en las bases respectivas.

En cuanto a la ejecución de la garantía, advierte que para que el Servicio de Salud de Antofagasta pueda encontrarse en la posición de hacerla efectiva, se debe estar bajo el entendido de pagar las remuneraciones y cotizaciones previsionales que correspondan a los trabajadores que hayan prestado servicio en el proceso licitatorio, lo cual fue regularizado según consta en causa M-488-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, no existiendo causa legal para proceder al cobro de la garantía. Así, precisa que, entre los servicios no cancelados de abril y mayo de 2023, los reajustes y la boleta de garantía, el Servicio habría retenido y cobrado dineros por más de $1.311.101.448. Agrega que el Servicio, al pagar las cotizaciones de los trabajadores de la recurrente, lo hizo con su nombre en la planilla respectiva y no el de la actora, generándole un incumplimiento al no poder presentar la documentación correspondiente a la Dirección del Trabajo a nombre de la recurrente, ocasionándole una multa de más de $7.000.000.

Sostiene que la ilegalidad yace en que las partes, de mutuo acuerdo, mediante la convención, finiquitaron y liquidaron el contrato del proceso licitatorio, sin que sea aplicable lo dispuesto en las Bases y el contrato, en orden a que la boleta de garantía dé fiel cumplimiento del contrato y su buena ejecución se hace extensible al pago de los resultados de los juicios laborales, puesto que, dicho pago responde al patrimonio propio de cada demandado, con derecho de repetición, más no de retención. Hace presente que el actuar de la recurrida ha sido contra los principios de la Ley de Compras Públicas, en particular el principio de estricta sujeción a las bases, regulado en el artículo 10 inciso 3° de la Ley N° 19.886. Añade que el Servicio está utilizando el Código del Trabajo, para con este cuerpo legal, justificar “legalmente” su acción de cobro de la boleta de garantía de fiel cumplimiento, abusando del derecho, desde que ya retuvo dineros suficientes para haber pagado obligaciones laborales que se debía pagar.

Arguye que los actos alegados vulneran de forma arbitraria e ilegal, las garantías constitucionales del artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República, en orden a otorgar un tratamiento que se aparta de la Ley de Compras Públicas, las Bases del proceso licitatorio, la ley del contrato y el Código del Trabajo. Sostiene que el Servicio con su actuar ilegal y arbitrario ha impedido que su representada perciba el precio de un servicio efectivamente prestado, enriqueciéndose indebidamente, impidiendo que su representada pueda pagar sus obligaciones con proveedores, factoring, oficinas, etc., afectándose, a su vez, la vida, integridad psíquica y patrimonio de los trabajadores de la empresa y sus socios.

Alega que la recurrida ha vulnerado garantías constitucionales toda vez que, con su actuar, ha realizado una interpretación errónea de las bases administrativas, del contrato y la convención de término y liquidación, que implican una vulneración al principio de legalidad contenida en los artículos 6 y 7 de la Carta Magna, y artículo 2 Ley N°18.575 (LOCBGAE); al principio de estricta sujeción a las bases establecido en el artículo 10 de la Ley N° 18.886 sobre Compras Públicas y los artículos 1545, 1546 y siguientes del Código Civil, estableciendo exigencias mayores a las realmente contempladas en los instrumentos reguladores de la relación contractual que importan un tratamiento discriminatorio frente a situaciones análogas, y que además, resultan imposibles de cumplir imponiéndose con ello una carga excesiva e injustificada a la parte recurrente.

En virtud de lo expuesto, solicita a esta Corte de Apelaciones que adopte las medidas y providencias pertinentes y necesarias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección a su representada, declarando: 1.- Que el actuar de la recurrida es una conducta ilegal y arbitraria atentatoria de las garantías fundamentales de la recurrente; 2.- Que, en consecuencia, se deje sin efecto Resolución Exenta N° 4.652 del Servicio de Salud de Antofagasta de fecha 19 de octubre de 2023, que autoriza el cobro de boleta que cauciona el fiel, oportuno y total, cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de Protección y Control Patrimonial, comunicando a la empresa Pro Garantía S.A.G.R., dicha circunstancia para que no haga pago de la misma; 3.- Que se ordene al Servicio de Salud de Antofagasta hacer devolución de la boleta sustituida por certificado de fianza emitido por “Pro Garantía” S.A.G.R., N° de Folio F0006723, de fecha 10 de febrero de 2022, por un monto de $499.776.184,00, constituyéndose en fiador del afianzado recurrente, en beneficio del acreedor, el Servicio respectivo, con fecha de vencimiento el día 31 de agosto de 2024, que cauciona el fiel, oportuno y total, cumplimiento del contrato y de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de Protección y Control Patrimonial, por haberse puesto término anticipado al contrato, habiéndose pagado las obligaciones laborales y previsionales como indemnizaciones legales con motivo del término de contrato con los trabajadores de la recurrente, sin que afiance demandas laborales ni declaración de ley bustos; 4.- Que, a consecuencia de lo anterior, se ordene, entre otras medidas, que la recurrida de efectivo pago a los servicios prestados en el mes de abril y mayo de 2023, por la suma de $234.894.806, cada uno, sumando un total de $469.789.612, ordenado se emita la factura, debiendo descontar el Servicio de Salud de Antofagasta, sólo las remuneraciones, cotizaciones e indemnizaciones y finiquitos pagados a los trabajadores despedidos con motivo del término anticipado de mutuo acuerdo del contrato entre recurrente y recurrida, en que se señala que nada se adeudan recíprocamente con motivo de la prestación de los servicios, mediando completo y total finiquito; 5.- Que se ordene al Servicio de Salud de Antofagasta hacer debido pago del reajuste a que tenía derecho la adjudicataria cada doce meses de iniciado la prestación de los servicios en julio de 2020, por tanto, corresponde el pago de reajustes de julio de 2021 y julio de 2020, que suman $341.535.652, según detalle indicado en el recurso; 6.- Que se ordene al Servicio de Salud de Antofagasta, corregir el pago efectuado a los trabajadores, respecto de las cotizaciones previsionales del mes de mayo de 2023, debiendo informar que el pago corresponde al empleador recurrente, a cada institución de seguridad social y previsional que haya informado erróneamente el pagado (FONASA, AFC, AFP, MUTUAL); 7.- Que, sin perjuicio de lo anterior, se dispongan todas las demás medidas que esta Corte estime del caso decretar para dar un efectivo resguardo a los derechos de la actora; y, 8.- Que, se condene ejemplarmente en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que informó Claudia Rivera Fernández, abogada, en representación del recurrido Servicio de Salud Antofagasta, solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes por no existir acto u omisión arbitraria o ilegal por parte del Servicio de Salud.

Luego de detallar las alegaciones de la actora y precisar las etapas del proceso de licitación que finalizó con su adjudicación de la propuesta pública denominada “Contratación servicio de vigilancia y seguridad para la red asistencial región de Antofagasta”, informando derechamente el recurso, expone que, de conformidad a las bases de licitación, el contratista debía observar y dar cabal cumplimiento a las disposiciones de Código del Trabajo y leyes complementarias, y a las obligaciones de carácter previsional que establece la normativa vigente, en relación con sus trabajadores y de los subcontratistas. Sobre este punto, señala que en más de una oportunidad el Servicio de Salud Antofagasta tuvo que instar para que se cumpliera con el pago de los trabajadores, es por ello que, durante toda la relación laboral, el Servicio ha sido demandado por los diversos incumplimientos por parte de la recurrente, manteniendo a la fecha diversas causas vigentes.

Estima que la recurrente trata de aprovechar la interpretación de las cláusulas contractuales y de las Bases de Licitación, en beneficio propio, no dando el efectivo cumplimiento a las leyes que rigen las Compras Públicas, leyes Laborales, poniendo como excusa a sus propios trabajadores y omitiendo en su libelo los diversos incumplimientos a sus obligaciones a lo largo de la relación contractual, respecto de los cuales el Servicio aplicó, en numerosas oportunidades, las correspondientes multas, las que constan en variadas resoluciones exentas que detalla, dictadas entre los años 2022 y 2023.

Expone que a raíz del término anticipado del contrato, con fecha 03 de marzo el Servicio junto a la recurrente y a otras dos empresas por unión de proveedores, de común acuerdo firman Convención, Liquidación y Término de Contrato con el objeto de terminar el contrato con fecha 31 de mayo de 2023 según cláusula tercera de dicho documento. Conforme a lo anterior, el Servicio de Salud Antofagasta dicta Resolución Exenta N° 2710 de fecha 03 de julio de 2023 que ordena retener lo correspondiente a los servicios prestados en abril y mayo de 2023, ya que la recurrida tuvo que hacerse cargo del pago de finiquitos de todos aquellos trabajadores que fueron desvinculados por la recurrente en mayo de 2023, conforme al término de contrato entre las partes. Dentro de dichos pagos, además se debió efectuar el pago de las cotizaciones previsionales correspondientes mediante Resolución N° 3150 de fecha 14 de agosto de 2023. Asimismo, mediante Resolución Exenta N° 3336 de fecha 05 de septiembre de 2023 se autoriza el pago de Cotizaciones Previsionales.

Señala, además, que las multas aplicadas de acuerdo a las bases de licitación tampoco fueron pagadas por la recurrente, por lo que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 y el Decreto N° 250 que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, el Servicio retuvo los montos de aquellas que no fueron pagadas por la empresa. A lo anterior, señala que se suman las diversas acciones de carácter laboral interpuestas en contra de la recurrente y solidaria o subsidiariamente en contra del Servicio, a cuyas audiencias en primer momento se presentaron los apoderados de la actora, pero luego desaparecieron, dejando toda la responsabilidad sobre su mandante, por lo que, este se vio en la obligación de solicitar el cobro de la garantía de fiel cumplimiento mediante Resolución Exenta N° 4652 de fecha 19 de octubre de 2023.

Con todo, el Servicio de Salud Antofagasta, a fin de proteger las arcas fiscales, ha debido retener los dineros, por servicios prestados en abril y mayo de 2023, sin embargo, ha ocurrido que dichos dineros no han sido suficientes, por lo que se ha ordenado por el Director del Servicio de Salud Antofagasta, el cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato, ya que a su juicio, quedó demostrado que claramente la contraria no cumplió con sus obligaciones en la forma debida.

Asimismo, hace presente que el Servicio se ha visto afectado por actos fraudulentos por parte de la contraria, ya que fueron demandados ejecutivamente por cobro de facturas, en causa Rol C-3167-2022 del 4° Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, siendo la demandante uno de los Factoring a los que la empresa recurrente cedió las facturas emitidas, facturas que posteriormente fueron anuladas mediante notas de créditos de la recurrente, emitidas aproximadamente un mes después, pero al haber sido cedidas al Factoring Primus Capital S.A., el Servicio de Salud Antofagasta fue condenado a pagar la suma de $322.813.037.- (trescientos veintidós millones ochocientos trece mil treinta y siete pesos). Hace presente que dichos servicios por facturas anuladas fueron debidamente pagados en facturas posteriores e incluso, una de las facturas emitidas fue respecto de un servicio de vigilancia que no fue prestado por la recurrente, de manera que existió un doble pago por parte del Servicio.

Advierte que, en ningún caso el Servicio ha querido dar una doble interpretación a las Bases de Licitación o al contrato firmado por ambas partes, muy por el contrario, solo pretende entregar un fiel cumplimiento a los mismas, respetando los principios de la contratación pública, entre ellos, el principio de estricta sujeción a las bases. En ese orden, estima que el recurrente trata de hacer extensiva su propia responsabilidad al Servicio de Salud, por cuanto ellos debieren tener la liquidez suficiente para pagar sus créditos respecto de sus ex trabajadores, lo que claramente no ha ocurrido, de modo que el Servicio ha debido hacerse cargo de dar cumplimiento a las normas laborales, respecto de más de doscientos trabajadores, en particular lo dispuesto en el artículo 183–B, inciso 1° del Código del Trabajo.

De este modo, sostiene que no entiende la interposición del presente recurso, puesto que la retención de los dineros de facturas de abril y mayo de 2023, así como el cobro de la Boleta de Garantía, son de carácter primordial, y no solo con el objeto de resguardar los propios intereses del Servicio, sino más bien con la intención de proteger a los derechos laborales de los trabajadores de la empresa recurrente. Por lo expuesto, estima con claridad que el Servicio en todo momento ha cumplido con sus obligaciones, al pagar las facturas correspondientes, y efectuar las retenciones debidas, por lo que solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no existir acto u omisión arbitraria o ilegal por parte del Servicio de Salud de Antofagasta.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados que puedan ser afectados por actos ilegales y/o arbitrarias.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, de las alegaciones vertidas en el libelo de la recurrente, se desprende que la controversia de autos radica en determinar la existencia de ilegalidad y arbitrariedad en el actuar del Servicio recurrido, consistente en la retención de los pagos por los servicios prestados en los meses de abril y mayo de 2023 y en el cobro de la Boleta de Garantía, lo que califica como enriquecimiento ilícito, además del retraso imputable a la recurrida en el proceso la debida toma de razón por la Contraloría de la resolución que aprobó el contrato celebrado entre las partes, privándolo en consecuencia de los reajustes en él establecidos, vulnerando así las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad establecidas en los numerales 2º y 24º de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, por su parte, el Servicio de Salud recurrido ha controvertido expresamente las alegaciones de la actora, señalando que su actuación se encuentra revestida de legalidad, justificando las retenciones de los estados de los meses de abril y mayo de 2023, así como el cobro de la boleta de garantía consignada para el fiel cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, debido a los reiterados incumplimientos de la empresa recurrente durante la relación contractual, respecto de los cuales resolvió aplicar numerosas multas, así como las diversas infracciones a las normas de carácter laboral para con sus trabajadores, producto de lo cual ha debido asumir, en su calidad de empresa principal, demandada solidaria o subsidiaria, el pago de las obligaciones laborales de carácter remuneracional y previsional, incluyendo el pago de finiquitos a los ex trabajadores de la actora.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes acompañados en autos por la propia recurrente, se advierte que tanto en el contrato suscrito por las partes, así como en las bases de licitación que se entienden incorporadas a este, existen cláusulas que establecen la exigencia de una “Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecución de los Servicios”, la que tiene por objeto asegurar el fiel cumplimiento y la ejecución completa y oportuna del contrato. De la misma forma, resulta clarificador lo dispuesto en la cláusula sexta de la convención de liquidación y término de contrato suscrita por las partes el 03 de marzo 2023 y citada por la propia recurrente, la que establece expresamente que “en el evento que existan deudas de carácter laboral, previsional, finiquitos y/o otras de carácter análogas adeudadas a los trabajadores de la empresa, el Servicio de Salud Antofagasta deberá proceder a retener los dineros de los estados de pagos pendientes y/o de las garantías de fiel cumplimiento asociadas, con la finalidad de pagar las remuneraciones y cotizaciones previsionales que correspondan a los trabajadores que hayan prestado servicios en razón del presente contrato”.

OCTAVO: Que, por su parte, la recurrida ha respaldado debidamente sus alegaciones, acompañando en autos numerosa documentación que da cuenta de los incumplimientos de la actora, adjuntando al efecto las resoluciones mediante las cuales aplicó sendas multas a la recurrente, las que detalla además en su informe, por incumplimientos de diversa entidad a las bases de licitación. Al efecto acompañó: 1)Resolución Exenta N° 3462 de fecha 02 de febrero de 2022 que aplica multa por un total de 65 UTM; 2) Resolución Exenta N° 3165 de fecha 06 de noviembre de 2022 que aplica multa por un total de 16 UTM; 3) Resolución Exenta N° 17 de fecha 05 de enero de 2023 que aplica multa por un total de 325 UTM; 4) Resolución Exenta N° 55 de fecha 11 de enero de 2023 que aplica multa por un total de 195 UTM,; 5) Resolución Exenta N° 652 de fecha 21 de febrero de 2023 que aplica multa por un total de 105 UTM; 6) Resolución Exenta N° 874 de fecha 23 de marzo de 2023 que aplica multa por un total de 31.516 UTM; 7) Resolución Exenta N° 2137 de fecha 17 de mayo de 2023 que aplica multa por un total de 500 UTM.

Asimismo, ha acreditado la existencia de diversos juicios en la jurisdicción, en los que actúa como demandada solidaria o subsidiaria, acompañando diversas actas y resoluciones dictadas en los mismos, figurando como demandada principal la empresa recurrente, acompañando además detalle de pagos, transferencias bancarias, finiquitos, comprobantes de pagos de cotizaciones previsionales, entre otros documentos, los cuales permiten tener por establecido que, efectivamente, las retenciones a los estados de pago y el cobro de la boleta de garantía que la actora califica como actuaciones ilegales y arbitrarias, encuentran fundamento en los incumplimientos a sus obligaciones de carácter laboral, lo que atendido a lo dispuesto en los documentos contractuales citados en el considerando anterior, así como el deber legal de información y retención consagrado en el artículo 183 C) de Código del Trabajo, permiten descartar la arbitrariedad e ilegalidad pretendida, más allá de que en definitiva, en un juicio declarativo, en el cual se interpreten los contratos a la luz de la prueba rendida, pueda estimarse que existió un exceso en la retención, por lo cual no existen por el momento derechos indubitados a proteger por esta vía.

NOVENO: Que de lo señalado precedentemente, del petitorio del libelo recursivo se advierte que lo pretendido por la recurrente excede largamente los márgenes de la acción constitucional incoada, la que debido a su naturaleza cautelar, solo ampara derechos no controvertidos o indubitados. Así, peticiones como el pago a los servicios prestados en los meses de abril y mayo de 2023, por la suma de $234.894.806, cada uno, descontados solo las remuneraciones, cotizaciones e indemnizaciones y finiquitos pagados a los trabajadores despedidos con motivo del término anticipado de mutuo acuerdo del contrato entre recurrente y recurrida; o el pago del reajuste pretendido por la suma de $341.535.652, exigen, necesariamente, ser conocidos y resueltos en un procedimiento declarativo de lato conocimiento, en que se discuta el eventual incumplimiento contractual, en el que las partes, en el marco de un debido proceso, puedan rendir prueba, permitiendo determinar la eventual procedencia y existencia de saldos o excedentes a favor o en contra de la recurrente, quedando, en todo caso, a salvo las acciones declarativas que pueda ejercer ante los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DÉCIMO: Que no siendo este procedimiento uno declarativo que permita determinar el eventual alcance de los incumplimientos contractuales, ni establecer hechos valorando prueba rendida, ni menos determinar el eventual exceso de retención, las diligencias probatorias solicitadas con esta fecha no son procedentes en un procedimiento como el presente, procediendo a resolver derechamente la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección deducido por don Pablo Baeza Alarcón, en representación de la empresa Protección y Control Patrimonial SpA., en contra del Servicio de Salud de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol 8364–2023 (PROT)

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