nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TAL TAL

Antofagasta, a veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

La comparecencia de doña nombre reservado, Trabajadora Social, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Municipalidad de Taltal, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por su Alcalde don Guillermo Hidalgo Ocampo, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N°1125 del Alcalde subrogante, don Daimo Villegas Ángel, por vulnerar las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1 y N°24 de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Corte de Apelaciones declare que el descuento que se realizará en su remuneración correspondiente al mes de noviembre del año 2023 de conformidad al mentado decreto alcaldicio, es un acto arbitrario e ilegal que vulnera los mencionados derechos fundamentales, dejándolo sin efecto, ordenándole a la recurrida abstenerse de realizar en lo venidero, descuentos que no tengan un asidero legal, o bien, se adopten las medidas que se estimasen procedentes para el restablecimiento del imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

Informó la recurrida Municipalidad de Taltal solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: La parte recurrente funda su recurso señalando que, se desempeña como Trabajadora Social titular en la Escuela Básica E-105 “nombre reservado”, de la Comuna de Taltal, cargo que ejerce desde el mes de marzo del año 2019. Además, es dependiente del Departamento de Administración Educacional Municipal (nombre reservado) de la Municipalidad de Taltal, manteniendo una carga horaria de 44 horas mensuales, con un contrato de trabajo de carácter indefinido.

Precisa que, luego del nacimiento de su hija quien sufre de patología de alergia alimentaria, específicamente alergia a la proteína de leche de vaca que requiere de un tratamiento constante, concluido su post natal, si bien se reincorporó a su trabajo, el padecimiento de su hija le provocó una enfermedad psicológica y estrés, tratada bajo sintomatologías de trastorno adaptativo, ansiedad exacerbada, irritabilidad, trastorno del sueño, deterioro en su vida social y disminución del rendimiento laboral, sujeta a un proceso de terapia y farmacológico con Zopiclona y Sertralina.

Por lo anterior, añade que desde el mes de marzo hasta noviembre del 2022, su médico le otorgó nueve licencias médicas, las que fueron inicialmente rechazadas en su totalidad, impugnando dicha decisión oportunamente ante la COMPIN deduciendo recuso de reposición. Así, sostiene que de las nueve licencias médicas, respecto de tres de ellas fue acogido el recurso, por lo que seis licencias siguen manteniendo el estado de rechazadas. En virtud de ello, interpuso con fecha 28 de agosto de 2023, las reclamaciones pertinentes ante la Superintendencia de Seguridad Social. Sin embargo, el 06 de noviembre de 2023, fue notificada de una carta proveniente del Director nombre reservado, el que señala que, a partir del mes de noviembre del año en curso, se le descontaría de su remuneración las licencias médicas rechazadas, correspondiente específicamente a la licencia N°80786484.

Agrega que, el fundamento de esa carta recae en el Decreto Alcaldicio N°1125 del Alcalde subrogante, don Daimo Villegas Ángel, quien ordenó el descuento respectivo, equivalente al 45% de su remuneración a partir del mes de noviembre de 2023 hasta cubrir el pago total del monto adeudado por concepto de las licencias médicas rechazadas. Estima que dicho decreto es ilegal, por cuanto vulnera lo dispuesto por el artículo 63 del Reglamento de Licencias Médicas del Ministerio de Salud de 1984, así como lo preceptuado por el artículo 58 del Código del Trabajo. Agrega que la Corte Suprema en sentencia de fecha 16 de septiembre de 2021, autos Rol N°65.986, ha sostenido que en el evento de que una persona reciba “indebidamente” un subsidio por incapacidad laboral, la entidad empleadora tiene derecho a solicitar en su oportunidad su restitución o reembolso, lo que en el caso de marras no ha ocurrido, toda vez que, a la fecha del descuento, no se encuentra aún firme la resolución que rechace la respectiva licencia médica.

En efecto, sostiene que el descuento que se realizará corresponde a la licencia médica 3-80786484, extendida por treinta días a partir del día 26 de diciembre de 2022, la cual fue rechazada por la Caja de Compensación, siendo la resolución denegatoria recurrida para ante la Compin Provincial Antofagasta quien, por Resolución Exenta de fecha 3 de marzo de 2023, confirmó el rechazo de la licencia médica en referencia, resolución la cual fue impugnada vía recurso de reposición ante la misma institución, recurso que fue rechazado por Resolución Exenta de fecha 23 de septiembre del año 2023. Así, esta última resolución aún no se encuentra firme, además de que, según afirma, le asistía el plazo de seis meses para impugnarla ante la Superintendencia de Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 155 del Decreto con Fuerza de Ley N°155 del año 2005 del Ministerio de Salud, el que ejerció con fecha 28 agosto de 2023, plazo que a la fecha aún se encuentra en trámite de resolución.

De igual modo, sostiene que el acto recurrido es arbitrario ya que carece de toda razonabilidad, apareciendo motivado por la mera inquina. Por otra parte, señala que tiene un derecho de propiedad de naturaleza incorporal que emana de su relación laboral con la Municipalidad de Taltal, el cual está siendo vulnerado al amedrentarla y amenazarla en descontar de su remuneración en forma ilegal, afectando con ello el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Agrega que, la remuneración al cumplir una función alimenticia, en atención a que busca proveer de los medios económicos suficientes para la subsistencia digna de la persona, implica que, si esa remuneración es arbitraria e ilegal, afecte la integridad física y síquica de la respectiva persona, que contará con menos recursos para hacer frente a sus necesidades, vulnerando la garantía constitucional del artículo 19 N°1 de la Carta Magna.

Por lo expuesto, solicita a esta Corte de Apelaciones declare que el descuento que se realizará en su remuneración correspondiente al mes de noviembre del año 2023 de conformidad al mentado decreto alcaldicio, es un acto arbitrario e ilegal que vulnera los mencionados derechos fundamentales, dejándolo sin efecto, ordenándole a la recurrida abstenerse de realizar en lo venidero, descuentos que no tengan un asidero legal, o bien, se adopten las medidas que se estimasen procedentes para el restablecimiento del imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Informó don Rodrigo Fernández Flores Osorio, abogado, en representación de la Municipalidad de Taltal, representada legalmente por su alcalde, don Guillermo Ocampo Hidalgo, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Afirma que el Decreto Alcaldicio N°1125 de la Municipalidad de Taltal, se encuentra amparado por el artículo 63 del Decreto N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez e Instituciones de Salud Previsional, por el cual se ordena al empleador, adoptar las medidas conducentes al inmediato reintegro por parte del trabajador, procediendo la devolución de las remuneraciones o subsidios indebidamente recibidos por el beneficiario de una licencia médica rechazada, siendo lo anterior de carácter obligatorio.

Indica que, la jurisprudencia administrativa dictaminada por la Contraloría General de la República (2713-2009; 7021-2008; 38.785-2008; 56.059-2016; 87.375- 2016) señala que los Alcaldes se encuentran facultados para descontar directamente de las remuneraciones de los funcionarios de su dependencia, las sumas que hayan percibido indebidamente por el tiempo que no trabajaron, amparados en licencias médicas que posteriormente fueron rechazadas por la institución de salud previsional respectiva, sin afectar, la justa remuneración.

Precisa que, en particular, el Dictamen de la Contraloría General de la República N°E82937N21 de fecha 05 de marzo de 2021, señala explícitamente que “la posibilidad de efectuar un ulterior reclamo ante la SUSESO no puede privar a los empleadores de la facultad y el deber de iniciar el proceso de recuperación de remuneraciones por reposos médicos rechazados o reducidos, por cuanto se produciría una incertidumbre no tolerada por el ordenamiento jurídico. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectúen reintegros de rentas una vez que la SUSESO haya emitido su pronunciamiento”, “Con el mérito de lo expuesto, solo cabe confirmar que los empleadores únicamente pueden realizar descuentos en las remuneraciones de los funcionarios, por licencias médicas rechazadas o reducidas desde la resolución que, a su respecto, efectúa la COMPIN o una vez transcurrido el plazo para presentar el respectivo reclamo.”

Agrega que, la jurisprudencia precitada, es obligatoria y vinculante para los servicios sometidos a su fiscalización, conforme a los artículos 6, 7 y 98 de la Constitución Política de la República; artículo 2 de la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, así como la Ley N°10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. En consecuencia, sostiene que, la recurrida se encuentra facultada legal y administrativamente a efectuar descuentos por licencias médicas rechazadas.

En virtud de lo expuesto, estima que no existe acto ilegal o arbitrario, puesto que el descuento realizado a la recurrida en el pago de la remuneración se encuentra fundado específicamente en la licencia N°80786484. Respecto de la oportunidad del descuento realizado, refiere que, conforme al artículo 39 del Decreto Supremo N°3 del año 1984, se contempla la posibilidad de recurrir ante la COMPIN en el plazo de quince días hábiles, lo que conocerá en única instancia y su resolución será obligatoria para las partes. En efecto, con el fin de velar por la certeza de las relaciones jurídicas y la racionalidad de las actuaciones de la autoridad, la existencia de un procedimiento de revisión de rechazo o modificación de licencias médicas supone la obligatoriedad de atender a la resolución del organismo competente para pronunciarse sobre la impugnación o esperar el término del plazo otorgado para la presentación del recurso o reclamación antes de hacer efectivo el descuento de remuneraciones por las sumas indebidamente percibidas, es decir, se hizo necesario contar con el acto definitivo adoptado por la COMPIN, lo que en el caso de marras, sucedió.

En cuanto al reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, señala que este no se encuentra previsto en la normativa citada ni su reglamento, por lo que el intento realizado por la recurrente ante la SUSESO no puede producir el efecto de privar a la Municipalidad de la facultad de efectuar los aludidos descuentos.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, de las alegaciones de las partes se desprende que la controversia de autos radica en determinar la ilegalidad y/o arbitrariedad en el actuar de la recurrida Municipalidad de Taltal consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N°1125, mediante el cual se ordenó descontar el equivalente al 45% de las remuneraciones de la actora, a partir del mes de noviembre de 2023 y en lo sucesivo hasta cubrir el pago total del monto adeudado por concepto de las licencias médicas rechazadas.

SEXTO: De los antecedentes allegados en autos, es posible tener por establecido que la recurrente posee un vínculo laboral de carácter indefinido con la recurrida Municipalidad de Taltal, desempeñándose como asistente social dentro de la unidad educativa Escuela E-105 Víctor Hugo Carvajal Meza, dependiente del Departamento de Administración de Educación Municipal. Asimismo, que mediante Decreto Alcaldicio N°1125 se ordenó por la recurrida descontar el equivalente al 45% de las remuneraciones de la actora a partir del mes de noviembre de 2023, hasta cubrir el pago total del monto adeudado por concepto de la licencia médica Nº80786484, la que, junto con otras cinco licencias médicas de la recurrente, fue rechazada por la COMPIN, deduciéndose por la actora en contra de la referida decisión, con fecha 28 de agosto de 2023, reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que se encuentra actualmente tramitando por la referida autoridad en expediente R-147948-2023.

SEPTIMO: Que, para la adecuada resolución del presente arbitrio, conviene tener presente el marco normativo aplicable al caso de marras. Al respecto, el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional, dispone que: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”

A su vez, el artículo 63 del referido Reglamento establece que: “La devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio.

Sin perjuicio de lo anterior, el empleador adoptará las medidas conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos”

Asimismo, como ha sostenido recientemente la Corte Suprema en sentencia de dos de marzo de dos mil veintitrés en causa Rol N°134.081-2022, considerando que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica se materializa a través de un acto administrativo, resultan aplicables las disposiciones de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, debiendo tenerse presente lo dispuesto en el artículo 15: “Principio de impugnabilidad. Todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante los recursos administrativos de reposición y jerárquico, regulados en esta ley, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que establezcan las leyes especiales”.

OCTAVO: Que, del análisis de la normativa precitada, se desprende que aun cuando al empleador le asiste el deber de adoptar las medidas conducentes al reintegro de las remuneraciones o subsidios por incapacidad laboral por parte del trabajador, ello tiene lugar únicamente cuando estos han sido indebidamente percibidos, calificación jurídica que solo tendrá el carácter de definitiva con la dictación del acto terminal que ponga término al procedimiento administrativo, el que, en el caso de marras, habiéndose interpuesto por la actora reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, corresponderá a la resolución que se dicte por dicha autoridad, conociendo de la impugnación deducida contra decisión de la COMPIN de Antofagasta, la que, como se ha acreditado, se encuentra pendiente de resolver.

NOVENO: Que, esta magistratura comparte el criterio de la Excma. Corte Suprema en la materia, expuesto en el fallo precitado, en cuanto a que: “pendiente el reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, la normativa debe ser interpretada atendiendo a la finalidad del subsidio por incapacidad laboral, que consiste no sólo en otorgar reposo al trabajador para la superación de su dolencia, sino también garantizar el pago del subsidio, siempre que se reúnan las exigencias legales. La razón es que el subsidio por incapacidad laboral, de ordinario es la única fuente de ingresos del trabajador y su familia.”.

DÉCIMO: Por las razones expuestas, aparece que los descuentos desde las remuneraciones de la actora ordenados mediante el Decreto Alcaldicio resultan ilegales, por cuanto aún no se encuentra afinado el procedimiento administrativo de reclamo en contra de la decisión de la COMPIN, por lo que no resulta procedente calificar el pago de los subsidios por incapacidad laboral como indebido, mientras no se dicte el acto terminal por la Superintendencia de Seguridad Social, constituyendo el actuar de la Municipalidad recurrida una amenaza al derecho de propiedad de la recurrente sobre sus remuneraciones, garantizado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, de lo que deviene en que el presente arbitrio deberá necesariamente ser acogido en la forma que se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Taltal, y en consecuencia, se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N°1125 de fecha 10 de noviembre de 2023, dictado por el Alcalde subrogante, don Daimo Villegas Ángel ordenándose además a la recurrida abstenerse de realizar descuentos desde la remuneración de la actora por concepto de reintegro de subsidios percibidos en razón de licencias médicas, mientras la decisión que determina el rechazo de las mismas no se encuentre firme, en conformidad a lo señalado en el presente fallo.

Regístrese y comuníquese.

Rol 8360 – 2023 (PROT)