GTM SPA con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

Antofagasta, a tres de enero de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

La comparecencia de Carlos Salazar Valenzuela, abogado, quien en representación de GTM SpA., Empresa del giro Ferreterías, Rol Único Tributario N° 76.359.676-1, representada legalmente por don nombre reservado, dedujo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, Corporación de derecho privado, Rol Único Tributario N° 81.826.800-9, representada legalmente por nombre reservado, Ingeniero Comercial, cédula de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber informado en el Boletín Comercial una deuda que arrastraría un ex trabajador de la Empresa recurrente, sin haber sido comunicada de ello, lo que constituye un acto arbitrario y/o ilegal, solicitando practicar todas las gestiones que fueren necesarias para eliminar del Boletín Laboral la deuda informada, sin más trámite.

Informó la recurrida al tenor de la acción cautelar promovida.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente es una empresa dedicada al rubro de ferretería y venta de materiales para la construcción, quien a su vez opera en la ciudad de Calama la marca Placa Centro, encontrándose posicionada y consolidada en dicho rubro desde hace más de 10 años.

Cuenta que se encuentra afiliada a la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes desde el año 2014, manteniendo beneficios para 28 trabajadores.

Detalló que con fecha 24 de octubre del presente año y en el contexto de una transacción comercial con uno de sus proveedores, se le informó que había sido ingresado e informado al Boletín Laboral por la recurrida, figurando en dicho registro una supuesta deuda, por un crédito no enterado por la suma de $662.190 (seiscientos sesenta y dos mil ciento noventa pesos). Ante dicha información, obtuvo un informe empresarial 360° otorgado por la empresa Dicom Equifax, y en el que advirtió que la deuda había sido informada en los términos ya señalados. Luego, se dirigió a la sucursal de la recurrida en la ciudad de Calama, siendo informado que la deuda que arrastraría corresponde a un crédito social otorgado a un ex trabajador que databa del período 2019-2020. El trabajador en cuestión es nombre reservado, quien desempeñó labores entre los meses de noviembre de 2019 y octubre del año 2020, obteniendo el crédito que originó la deuda que se pretende cobrar y que deviene en su incorporación al mencionado Boletín Laboral, con anterioridad al inicio y posterior término de la relación laboral que lo unió con la empresa GTM SpA.

Enfatizó que en ningún momento se le comunicó por la recurrida, ni formal ni informalmente de la existencia del crédito que el ex trabajador habría obtenido cuando trabajaba con su anterior empleador, ignorando hasta el mes de octubre del presente año de su existencia. Además el ex trabajador tampoco y en ningún momento le informó en el año 2020 de la existencia del mencionado crédito. En efecto, interpuso un reclamo ante la SUSESO, el que fue respondido por la recurrida, sosteniendo que se le habría notificado válidamente del crédito de su ex trabajador a descontar y que en definitiva todo el procedimiento se había ajustado a las normas legales vigentes sobre la materia, pero sin indicar la forma ni la fecha de la supuesta notificación del descuento practicado, lo que ha implicado consecuencias comerciales negativas para con sus proveedores.

En consecuencia alegó como conculcadas las garantías Constitucionales establecidas en el artículo 19 N°s 2, 3, 4 y 21 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que informó nombre reservado, en representación de la recurrida, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto.

Señaló que según los registros que mantiene, los descuentos a efectuar por el crédito otorgado al Señor nombre reservado son procedentes, ya que durante 08 períodos del año 2020 la empresa pagó remuneración al trabajador que singularizó en su recurso, sin embargo, no descontó el crédito informado, (la cual es una operación de arrastre, no nueva mientras prestó servicios en la empresa).

Indicó que la empresa fue noticiada del crédito social otorgado, mediante las planillas de retenciones enviadas a los correos electrónicos informados, siguiendo los conductos regulares, no existiendo al efecto ninguna gestión por parte de la empresa que advirtiera algún error o actualización de sus registros, por lo que la publicación de la mora en el boletín se encuentra correctamente fundamentada.

Destacó que tenían acceso a la Oficina Virtual en ese entonces, y también a la planilla de retenciones, por lo tanto, siempre tuvieron acceso a ellas y a los descuentos que se debían realizar. Incluso ha tenido la instancia de reunirse con la empresa para poder llegar a un acuerdo, sin embargo, optaron por intervenir en una instancia judicial.

TERCERO: Que informaron los abogados Juan Enrique Nazar Muñoz y Pamela Salinas Rodríguez por Servicios Equifax Chile Ltda.

Indicó que procesa y transmite en línea la información sobre multas y cotizaciones adeudadas a entidades previsionales por encargo de la Dirección del Trabajo bajo responsabilidad de esta última. Por lo tanto, no toma decisión alguna sobre la existencia o exigibilidad de las deudas, sólo puede eliminar directamente morosidades de acreditarse los presupuestos que establece la Dirección del Trabajo, instando al rechazo de la acción cautelar promovida ya que ha dado fiel cumplimiento a sus obligaciones legales y contractuales respecto a la acción entablada por el recurrente.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, al tenor de los hechos contenidos en el recurso de protección, se evidencia que el reproche efectuado a la recurrida, y que por esta vía se pretende enmendar, está dado por haber informado al Boletín Laboral una deuda de un ex trabajador de la actora, sin haber sido informada de ello.

SÉPTIMO: Que para lo que ha de resolverse es necesario anotar el marco normativo que resulta aplicable.

El artículo 3 de la Ley N° 17.322, establece “Se presumirá de derecho que se han efectuado los descuentos a que se refiere ese mismo artículo, por el solo hecho de haberse pagado total o parcialmente las respectivas remuneraciones a los trabajadores. Si se hubiere omitido practicar dichos descuentos, será de cargo del empleador el pago de las sumas que por tal concepto se adeuden.” Por lo tanto, la obligación de descontar y remesar está dispuesta en la ley, La cual también establece las sanciones por el no pago.

Luego, el artículo 22 de la Ley 18.833, dispone que “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

OCTAVO: Que anotado el marco normativo, se debe puntualizar que el recurrente en calidad de empleador, ejerce un rol de agente retenedor, conforme lo establece expresamente el artículo 22 de la Ley Nº 18.833. Por lo anterior debe deducir, retener y enterar en la C.C.A.F. acreedora las sumas que el trabajador adeude por concepto de créditos sociales. En efecto, el empleador es el sujeto activo en cuanto a la retención y remesa con el fin de disminuir la morosidad de los créditos suscritos por los trabajadores.

Así, las deudas devengadas por este concepto, obedecen al otorgamiento de una prestación de seguridad social, cual es la entrega de una suma de dinero a título de préstamo denominado crédito social, razón por la que se rigen por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En efecto, el artículo 1° de la Ley N° 18.833, dispone que las Cajas de Compensación son entidades de previsión social, motivo por el cual las deudas de crédito constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que conforme al artículo 58 del Código del Trabajo deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores.

Así y conforme al mérito de los antecedentes, en particular, aquel asignado como “Nómina mensual de retenciones”, se logra evidenciar que el ex trabajador se encuentra incorporado como beneficiario en dicho registro, desde el mayo de 2020 hasta enero de 2021, singularizando el valor de las cuotas del crédito social otorgado, los que fueron dirigidos, según se lee, a la empresa recurrente, según respaldos de envío a los correos electrónicos correo reservado y correo reservado, desde abril a diciembre de 2020 por medio de la plataforma MasterBase, correos que no fueron desconocidos por el actor. En consecuencia, como se indicó, el actor en calidad de retenedor, estaba obligado a deducir las cuotas correspondientes al crédito social otorgado al ex trabajador -mientras duró la relación laboral- lo que no hizo, y por ende no dio cumplimiento a la normativa legal citada.

Incluso, y en caso de no ser suficientes los elementos incorporados por el recurrido en relación a la acreditación de haber sido notificado el actor del crédito social otorgado al ex trabajador, como se indicó, la presente acción cautelar tiene por finalidad tutelar garantías y derechos preexistentes, esto es, derechos que no se encuentren discutidos, requerimiento que no concurriría en la especie, puesto que tanto la recurrente, como el recurrido, han manifestado alegaciones que en definitiva, controvierten los supuestos fácticos singularizados.

De todas formas, es necesario indicar que en la instancia se incorporaron “pantallazos” los que supuestamente darían cuenta de no ser noticiado respecto al crédito social otorgado al ex trabajador. Sin embargo, de la lectura de los mismos, se advierte que se tornan en inidóneos para acreditar dicha aserto.

Además, consta informe de Equifax que da cuenta que el recurrente “No registra deuda en boletín vigente”, ello con fecha 14 de diciembre de 2023, lo que no se condice con el informe acompañado en la acción cautelar promovida.

Finalmente, sostiene el recurrente que el ex trabajador no informó de la existencia del crédito social, sin embargo éste no ha sido parte en la causa y en consecuencia no ha sido emplazado, por lo no es posible adoptar alguna medida que remedie el arbitrio reclamado por esta vía cautelar a su respecto.

En consecuencia, no advirtiendo que la recurrida haya actuado de manera ilegal y/o arbitraria, necesariamente deberá rechazarse el recurso de protección interpuesto.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Carlos Salazar Valenzuela, en representación de GTM SPA en contra de Caja de Compensación de asignación familiar Los Andes.

Regístrese y comuníquese.

Rol 8355-2023 (PROT)

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