Protección contra Caja de Compensación Los Andes

Antofagasta veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

nombre reservado, Cédula de identidad N°RUT reservado, mecánico operador, deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación Los Andes, por el acto consistente en descuentos que se realizan de su remuneración por la referida institución con infracción de su derecho de propiedad.

Informó la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, al tenor del recurso interpuesto en su contra.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurrente fundó su acción constitucional, en los descuentos sufridos en su remuneración, provocándole una privación y perturbación en su derecho de propiedad.

Refiere que desde junio de 2023, desde junio de 2023 se le comenzaron a realizar descuentos remuneracionales por concepto de crédito de la Caja de Compensación, los que han sobrepasado el tope legal y se le descuenta el 30%hasta el día de hoy.

Agrega que existió una causa en el 3° Juzgado Civil de Antofagasta, Rol C-787-2022 que fue retirada el 03 de agosto de 2023, sin perjuicio de lo cual han continuado los descuentos, el cobro y hostigamiento telefónico, llegando a dos llamadas por semana.

Finalmente, afirma que realizó una denuncia en la inspección del trabajo de Antofagasta, la que se encuentra si respuesta.

Pide el cese de los descuentos excesivos y los hostigamientos por la cobranza.

SEGUNDO: Comparece doña Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación familiar de los Andes, RUT Nº RUT reservado, expone que los descuentos efectuados al recurrente corresponden a deudas impagas que éste mantiene con la referida institución.

Refiere en primer lugar la Operación de crédito N° 208COS100025081, conforme a la cual la Caja de Compensación con fecha 15 de septiembre 2020 otorgó al señor nombre reservado un crédito por un capital inicial de $1.028.147.-, a una tasa de Interés de 1.79%, pagadero en un plazo de 24 meses, con una cuota mensual de $56.189, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 30 de noviembre 2020, a la fecha, la presente operación de crédito mantiene en mora las cuotas de los meses de febrero a octubre 2022, cuotas N° 16 a la N° 24.

En segundo lugar, señala la Operación de crédito N° 032CON103012365, de 11 de febrero 2021 por un capital inicial de $5.188.797.-, a una tasa de Interés de 1.79%, pagadero en un plazo de 36 meses, con una cuota mensual de $201.261, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 30 de abril 2021, la presente operación de crédito se encuentra en cobranza judicial, manteniendo moroso las cuotas de los meses de febrero a septiembre 2023, cuotas N° 11 a la N° 30 de 36.

Reconoce que inició una demanda en contra de la recurrente, que esta se notificó y luego fue retirada, por lo tanto, rechaza la existencia de un doble cobro.

Afirma que se trata de créditos plenamente vigentes, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Hace presente consideraciones relativas al carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación, cita el artículo 22 de la Ley n° 18.833, para fundar el cobro de las remuneraciones de los trabajadores.

Hace hincapié en que la Caja de Compensación de los Andes está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre su representada y el recurrente. Que cualquier alegación de la recurrente en relación a alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento.

Respecto a la vulneración al artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, señala que no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833.

Por último, enfatiza que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación. Cita jurisprudencia de esta corte Rol 7614-2023, 21158-2022.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que para una acertada resolución, se debe tener presente que el artículo 22 de la Ley Nº18.333, dispone expresamente que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una Caja de compensación, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas reglas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, las Cajas acreedoras pueden pagarse del crédito moroso, a través de la planilla de remuneración del afiliado.

Sin embargo, en este caso, la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, optó por judicializar el cobro de la obligación, en procedimiento seguido ante el Tercer Juzgado de Letras de esta ciudad, cuyo ingreso lo fue el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, como se advierte en el ebook de la causa civil rol C- 787-2022 caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes /nombre reservado” allegado por el recurrente, despachándose en dichos autos ejecutivos, el respectivo mandamiento de ejecución y embargo en contra del actor, fundándose la demanda en el título ejecutivo que corresponde al Pagaré N°032CON103012365 que conforme al propio documento allegado por la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, guarda relación con las sumas descontadas al actor conforme al pagaré y las liquidaciones de remuneraciones que acompaña.

Además, consta de los antecedentes de la causa civil que el primero de abril del dos mil veintidós se despachó mandamiento de ejecución y embargo en contra de don nombre reservado. Posteriormente, la Caja de Compensación retiró la demanda y con fecha tres de agosto de dos mil veintitrés el tribunal la tuvo por retirada.

Lo anterior grafica la arbitrariedad existente en el acto alegado, ya que, es la misma Caja de Compensación, quien, una vez elegida la vía judicial, quedó privada de ejercer el derecho consagrado en el artículo 22 de la Ley Nº18.333, significando ello, la práctica de un cobro de su acreencia por dos vías independientes, implicando una merma en los ingresos del actor, conculcando en consecuencia, la garantía contemplada en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República que esgrime.

Que el retiro posterior no cambia lo razonado por cuanto la ejecutante eligió la vía de cobro, se despachó mandamiento de ejecución y embargo, y sin embargo continuó con los cobros por el sistema de descuento.

SEXTO: Que en consecuencia, resulta arbitraria la medida de efectuar, además, los descuentos del crédito en la forma prevista en la norma antes señalada, y en fecha posterior a la presentación de la demanda ejecutiva, haciendo de esta manera, uso abusivo de la facultad que la Ley le confiere a la Caja de Compensación, razón que basta para acoger el recurso en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de asignación familiar Los Andes, sólo en cuanto se abstendrá de practicar el cobro del crédito social código 032CON103012365 vía descuento de remuneraciones, debiendo, asimismo, reembolsar el monto indebidamente descontado de las liquidaciones de remuneraciones del actor.

Regístrese y comuníquese.

Rol 8337-2023 (PROT)