Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes

Antofagasta, veinte de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el descuento en sus remuneraciones derivado de un crédito social pese a existir una acción judicial paralela y sin que exista una liquidación del crédito clara respecto del monto adeudado, lo que vulnera sus garantías constitucionales.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Puesta en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente funda la acción en que con fecha 03 de octubre de 2017 suscribió un pagaré en favor de la recurrida, obligándose al pago de una suma de dinero en cuotas mensuales, en el marco de una operación de crédito, pero con posterioridad, la recurrida dedujo una demanda ejecutiva de cobro de pagaré, correspondiente a la causa Rol C-29502-2018, con el objeto de obtener el pago forzado de la obligación antes señalada.

Afirma que no obstante la existencia de la referida acción judicial, se han efectuado de manera paralela descuentos mensuales por planilla de sus remuneraciones, los cuales han sido continuos y sistemáticos en el tiempo, sin que exista una adecuada coordinación entre el cobro judicial y los descuentos practicados, ni una liquidación clara que justifique dichos montos, y producto de los descuentos efectuados, ha cumplido con el pago de aproximadamente de 31 cuotas, lo que da cuenta de un cumplimiento parcial significativo de la obligación, el cual no ha sido debidamente reconocido ni reflejado por la recurrida en sus registros de cobro, ya que ha sostenido que sólo habría pagado 12 cuotas, lo que constituye un error grave y evidente, generando una inconsistencia sustancial entre la realidad de los gastos efectuados y el monto que actualmente se pretende cobrar.

Menciona que la obligación tiene su origen en el año 2017, registrándose el incumplimiento desde el año 2018, habiendo transcurrido a la fecha más de ocho años, lo cual resulta relevante para efectos de analizar la vigencia, exigibilidad y eventual prescripción de la acción de cobro, agregando que ha sufrido un perjuicio económico actual y permanente, toda vez que se continúan efectuando descuentos sobre sus remuneraciones sin una determinación clara, precisa y actualizada del saldo real de la deuda, afectando directamente su patrimonio y estabilidad económica, estando registrado en el boletín comercial.

En cuanto a los derechos constitucionales vulnerados, refiere el derecho de propiedad, toda vez que se han efectuado descuentos mensuales sobre sus remuneraciones, las cuales forman parte de su patrimonio, sin una determinación clara, precisa y actualizada de la deuda y desconociendo pagos efectivamente realizados, lo que implica una afectación ilegítima de su patrimonio; el derecho a la igualdad ante la ley, ya que ha sido sometido a un cobro carente de proporcionalidad y razonabilidad al mantenerse descuentos sobre su remuneración sin considerar pagos efectuados; y derecho al debido proceso, por cuanto no ha contado con la posibilidad real y efectiva de conocer y controvertir el monto exacto de la deuda que se cobra, debido a la falta de una liquidación detallada, clara y actualizada, además que la mantención de descuentos por planilla, incluso existiendo una acción judicial en curso, sin una debida coordinación ni claridad en los montos, impide ejercer su derecho a defensa al no contar con información suficiente para determinar la procedencia y exactitud de los cobros efectuados.

Hace presente una eventual prescripción de la obligación cuyo cobro se pretende, atendido que la deuda tiene su origen en el año 2017, registrándose el incumplimiento desde el año 2018, haciendo transcurrido a la fecha más de ocho años, sin que exista claridad respecto de la vigencia actual de la acción de cobro ni de la exigibilidad efectiva de la obligación.

Solicita se acoja el recurso, declarando la ilegalidad del descuento efectuado y disponiendo que la recurrida se abstenga de continuar efectuando descuentos sobre las remuneraciones del suscrito, mientras no exista una determinación clara, detallada y verificable del saldo real de la deuda, además de disponer la restitución de los montos cobrados indebidamente, en especial aquellos que han sido descontados de mis remuneraciones sin una liquidación clara, precisa y actualizada de la deuda, y particularmente aquellos efectuados con posterioridad a la interposición de la demanda ejecutiva (causa ROL C-29502-2018); y todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que, informó el abogado Manuel Saavedra Ubilla, en nombre y representación judicial de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas.

Señala que con fecha 10 de marzo de 2017, el recurrente suscribió un contrato de mutuo de dinero (crédito social N°103386998), formalizado mediante pagaré autorizado ante Notario Público de Antofagasta, don nombre reservado, por un monto de capital de $8.272.638.-, pagadero en 60 cuotas mensuales de $244.124.- (la última de $244.077.-), a una tasa nominal mensual del 1,95%, con vencimiento final el 31 de marzo de 2022. El recurrente recibió íntegramente dicho monto, puesto a su disposición con cargo al Fondo Social.

Refiere que el actor incumplió su obligación de pago de manera reiterada desde el año 2018. Como consecuencia de ello, dedujo en su contra la demanda ejecutiva de cobro de pagaré, causa ROL C-29502-2018 del 20° Juzgado Civil de Santiago. Sin embargo, atendido el costo y las vicisitudes propias del proceso ejecutivo, las contingencias que afectaron al país y otros de similar naturaleza, dicha causa fue archivada con fecha 5 de noviembre de 2019, sin que se haya obtenido pago alguno por esa vía. Desde esa fecha, la única vía de cobro activa ha sido el descuento por planilla del artículo 22 de la Ley N°18.833.

Sostiene que no existe ni ha existido cobro doble o paralelo. El juicio ejecutivo fue archivado antes de que se practicara descuento por planilla alguno asociado al período en mora, de modo que cada peso descontado por planilla desde 2019 en adelante corresponde exclusivamente al mecanismo extrajudicial del artículo 22, sin superposición con la vía judicial.

Luego, adjunta cartola actualizada del crédito, emitida con fecha 06 de mayo, donde consta la existencia de un saldo de capital insoluto de $3.947.475.-, correspondiente a las cuotas N°40 a la N°60, haciendo presente que el castigo contable de 31 de diciembre de 2019 es una operación contable interna de provisión exigida por la normativa de la SUSESO, que en ningún caso extingue la obligación del deudor ni autoriza al acreedor a condonarla.

Indica que el descuento por planilla no es un acto discrecional, sino un imperativo legal cuyo incumplimiento es sancionable por la Dirección del Trabajo, de acuerdo al artículo 22 de la Ley 18.833 y artículo 58 del Código del Trabajo, citando jurisprudencia; por lo que todos y cada uno de los descuentos por planilla practicados desde 2019 a la fecha constituyen el único y exclusivo mecanismo de cobro activo sobre el crédito, y no existiendo cobro duplicado, no existe fundamento fáctico alguno para ordenar la restitución de suma alguna, ya que los pagos efectuados por planilla han sido correctamente imputados al saldo del crédito, reduciendo la deuda del recurrente desde $8.272.638.- hasta el saldo insoluto de $3.947.475.-.

Seguidamente, alega la extemporaneidad del recurso al ser los descuentos anteriores al plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado N°94 de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, además que esta acción constitucional no puede ser un mecanismo para eludir el cumplimiento de obligaciones libremente asumidas, agregando que el recurrente toleró y consintió los descuentos por planilla durante más de siete años, sin interponer reclamo alguno ante la SUSESO o ante los tribunales ordinarios.

Asimismo, menciona que la alegación del recurrente en torno a la prescripción de la obligación es improcedente en sede de protección, pero en caso de que se estimara que alguna de las acciones de cobro pudiera estar prescrita, la restitución de las cuotas ya pagadas sigue siendo improcedente por aplicación del artículo 1470 del Código Civil.

Finalmente, asevera que las garantías constitucionales invocadas no han sido vulneradas y sin reconocer ilegalidad ni arbitrariedad alguna en su accionar, se allana a suspender indefinidamente los descuentos por planilla, comprometiéndose a practicar una liquidación actualizada y verificable del saldo real de la obligaciones, que dé cuenta con precisión de: (i) el capital original del crédito; (ii) las 38 cuotas pagadas y sus fechas de pago; (iii) el saldo de capital insoluto exigible; y (iv) la forma en que se reanudarán los descuentos sobre la base de dicha liquidación; suspensión que no implica el caso alguno la extinción de la deuda ni la renuncia a las acciones de cobro ya que el saldo de capital insoluto se mantiene plenamente vigente, teniendo la suspensión el objeto de garantizar que los descuentos futuros se practiquen sobre la base de una liquidación transparente y verificable, en beneficio de ambas partes y en resguardo de la integridad del Fondo Social.

TERCERO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que, primeramente, respecto de la alegación de extemporaneidad de la acción efectuada por la recurrida, aquella deberá ser desestimada, toda vez que los descuentos practicados por la Caja de Compensación no constituyen un acto único y aislado, sino que configura una conducta que se renueva mes a mes mientras persista la decisión de cobrar el crédito social a través del descuento en la remuneración del recurrente, por lo que tratándose de un acto de ejecución periódica, la afectación es permanente y el recurso se entiende interpuesto dentro del plazo legal.

SEXTO: Que, ahora bien, en cuanto al fondo, para una acertada resolución, se debe tener presente que el artículo 22 de la Ley N°18.833, dispone expresamente que las deudas provenientes de prestaciones de créditos sociales otorgados a un trabajador afiliado a una Caja de Compensación, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, reteniendo y remesando a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas reglas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, las Cajas acreedoras pueden pagarse del crédito moroso, a través de la planilla de remuneración del afiliado.

Sin embargo, en este caso, y en particular respecto del pagaré y/o crédito código 103386998, por la suma de $8.022.102.-, cuyo primer vencimiento fue en abril de 2017, la Caja de Compensación Los Héroes optó por judicializar el cobro de la obligación en procedimiento ejecutivo seguido ante el 20° Juzgado Civil de Santiago, cuyo ingreso fue el 21 de septiembre de 2018, despachándose el respectivo mandamiento de ejecución y embargo en contra del actor, cuyo título ejecutivo es justamente el mencionado pagaré suscrito por el recurrente, y que coincide con lo informado por la recurrida.

Sobre este proceso judicial seguido en dicho tribunal bajo el Rol C-29502-2018, es importante tener presente que se notificó al recurrente la demanda ejecutiva y se le practicó el requerimiento de pago con fecha 22 de noviembre de 2018, por lo que nos encontramos frente a un proceso válido, en que está correctamente trabada la litis, encontrándose archivada la causa desde el 05 de noviembre de 2019, sin que la recurrida haya proseguido con el cobro ejecutivo.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, de los antecedentes expuestos, consta que la recurrida ha decidido iniciar el cobro judicial del crédito social mediante la interposición de la demanda ejecutiva en causa Rol C-29502-2018, seguida ante el 20° Juzgado Civil de Santiago, cuyo expediente es de carácter público; no obstante, la Caja recurrida ha efectuado descuentos en las remuneraciones del actor desde el año 2019 en adelante, según como se aseveró, y si bien en su informe indicó que cesaría en los descuentos y dispondrá de una nueva liquidación para el esclarecimiento de las sumas pagadas y monto adeudado, no consta que aquello se haya materializado.

OCTAVO: Que, conforme se ha referido, resulta evidente la arbitrariedad existente en el actuar de la recurrida, ya que es la misma Caja de Compensación, quien, una vez elegida la vía judicial para el cobro de la operación del crédito antes mencionado y siendo debidamente emplazado el deudor en dicho proceso, aun cuando exista inactividad del acreedor que implique la paralización del procedimiento -respecto de lo cual el actor puede ejercer los derechos que estime pertinente-, quedó privada de ejercer el derecho consagrado en el artículo 22, significando ello, en la práctica, el cobro de su acreencia por dos vías independientes, lo que significa una merma considerable en los ingresos del actor, conculcando, en consecuencia, el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por consiguiente, resulta arbitraria la medida de efectuar una cobranza por vía judicial, y posteriormente, proceder a los descuentos del crédito en la forma prevista en la norma antes señalada, haciendo de esta manera, uso abusivo de la facultad que la ley le confiere a la Caja de Compensación.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia; SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, sólo en cuanto la recurrida se abstendrá de practicar el cobro del crédito social vía descuento de remuneraciones, respecto de la operación crédito código 103386998, de fecha 10 de marzo de 2017, debiendo reembolsar el monto indebidamente descontado de las liquidaciones del actor desde el año 2019, y los que se hayan efectuado con posterioridad, lo anterior dentro del término de treinta días hábiles una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Regístrese y comuníquese.

Rol 833-2026 (Protección)

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