Protección contra Municipalidad de Antofagasta

Antofagasta, veintinueve de Septiembre de dos mil catorce.

Vistos:

La comparecencia a fojas 7 de Juan Guillermo Silva González, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Municipalidad de Antofagasta, del Honorable Concejo Municipal de esta ciudad y el Jefe del Departamento de Rentas Municipales, todos domiciliados en domicilio reservado, solicitando se restablezca el imperio del derecho, declarando arbitraria e ilegal la actuación del recurrido, consistente en la no renovación de la patente de alcoholes de la que es titular su representado, dejando ésta sin efecto, y en su lugar se disponga que la Municipalidad debe dictar el decreto respectivo que conceda y emita dicha patente, girando el Departamento de Rentas los derechos que correspondan, con costas.

A fojas 94, compareció el Jefe del Departamento de Rentas Municipales, nombre reservado Valdivia, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

A fojas 217, comparece informando la Municipalidad recurrida, solicitando el rechazo del recurso con costas.

A fojas 138 comparecen los concejales recurridos, evacuando informe.

A fojas 142 vuelta se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso interpuesto se funda en que los recurridos se negaron en forma injustificada y arbitraria a autorizar a su representado al pago y renovación de patente diurna y nocturna de alcoholes, de la que es legítimo titular, ocasionando un grave daño moral y patrimonial, puesto que se ha visto impedido realizar una actividad económica del todo legítima. Lo anterior tuvo lugar mediante el decreto alcaldicio número 1206 de fecha 31 de julio de 2014, notificado ese mismo día aproximadamente a las 23:00 horas, siendo esta actuación la culminación de una serie de actos arbitrarios e ilegales.

Señala que con fecha 21 de julio de este año, concurrió ante la municipalidad recurrida, específicamente ante el Departamento de Rentas Municipales, con la finalidad de pagar el segundo semestre de la patente de su establecimiento comercial denominado actualmente “Club Previa”, cuestión que no pudo tener lugar por cuanto se le informó que existirían “observaciones”, estando el tema a cargo del Consejo Municipal. En este contexto, se enteró de que dicho órgano acordó la no renovación de las patentes de alcoholes respecto de aquellos contribuyentes que presentaban tres o más infracciones graves y de quienes tuviesen informes desfavorables de las juntas de vecinos.

Hace presente que en sus cinco años de funcionamiento nunca se le ha cursado una infracción sanitaria o por ruidos molestos, de hecho, expone que cuenta con todos y cada uno de los requerimientos para detentar la patente de alcoholes, lo que denota un comportamiento ejemplar como contribuyente.

Ahora bien, indica que la decisión se basó única y exclusivamente en un informe de la junta de vecinos Augusto D’Halmar, Gran Vía, en el que se refiere la existencia de ruidos molestos, contaminación acústica, mal manejo de la basura, peleas, estacionamiento en veredas y muchas patentes alcohólicas en el sector. En el mismo informe, no se señala la manera como se efectuó esta consulta ni tampoco cómo se obtuvo esta información, cuestión que considera importante en atención a que la decisión del Consejo debe basarse en hechos objetivos.

Agrega además que ninguna de las imputaciones vertidas en el informe son efectivas por cuanto ha implementado un sistema de aislación acústica para evitar ruidos molestos, aprobado por el servicio de salud y cuenta con un buen manejo de residuos sólidos, también calificado por la autoridad sanitaria. En cuanto a la existencia de peleas, indica que nunca se han presentado en el local, no cursándose ninguna infracción en este sentido. Respecto a los estacionamientos en veredas entiende que esta circunstancia no es de su responsabilidad. Por último en relación al exceso de patentes alcohólicas en el sector, entiende que no tiene relación alguna con su representado, puesto que éste tuvo su permiso cumpliendo todos y cada uno de los requerimientos de la municipalidad recurrida y los demás organismos públicos pertinentes.

Luego hace presente que presentó una solicitud de reconsideración administrativa, la que fue rechazada, no obstante que solicitudes similares de otros locales que sí presentaban infracciones, fueron acogidas.

Con posterioridad, señala que el decreto alcaldicio impugnado no cumple con el principio de legalidad, establecidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, ni tampoco con las normas del procedimiento administrativo contempladas en el artículo 11, inciso 2° de la Ley 19.880, en orden a que no se encuentra fundamentado y se limita a señalar circunstancias genéricas y no el motivo específico por el cual no se procede a la renovación de la patente. En este sentido, dispone que se deje a su representado en la indefensión al no poder conocer los motivos que se tuvieron en consideración al momento de resolver la no renovación del permiso cuya titularidad detenta.

Continúa señalando que estos hechos, constituyen un obstáculo a la posibilidad de ejercer una actividad económica y un atentado en contra de la garantía constitucional del derecho de propiedad. En este sentido hace presente que la decisión de los recurridos es extemporánea, pues pagaron la patente del segundo semestre de 2014 en el mes de julio, cuando el local comercial ya estaba en funcionamiento en ese período, ya que cualquier acuerdo de no renovación debió haber sido notificado antes del vencimiento del primer semestre de este año. Entiende además que existe un atentado contra un debido proceso, por cuanto al haberse notificado la no renovación sólo una hora antes de concluir el plazo que tiene el contribuyente para hacer el pago del tributo que corresponda, se dificultó y obstaculizó la posibilidad de ejercer cualquier acción judicial que pudiese detener este acto.

En lo relativo al derecho de propiedad, aduce una afectación de esta garantía en orden a que habría efectuado cuantiosas reparaciones en su local comercial, con la confianza de que por ser un contribuyente cumplidor de las exigencias normativas, su patente de alcoholes sería renovada.

Como fundamento de derecho cita lo dispuesto en los artículos 6, 7, 19 N° 2, 21 y 24 de la Carta Fundamental, las disposiciones pertinentes de la Ley 19.880 sobre procedimiento administrativo y la Ley 19.925 sobre alcoholes, arguyendo que no ha incurrido en ninguna infracción a esta última normativa, concluyendo con citas jurisprudenciales que fundamentan su posición.

SEGUNDO: Que informando el recurrido nombre reservado Valdivia, en su calidad de jefe del Departamento de Rentas de la Municipalidad Antofagasta, opone en primer término a su respecto excepción de falta de legitimidad pasiva, por cuanto si bien en la acción interpuesta se menciona su cargo y nombre, no existe una imputación directa a su persona ni se menciona un acto u omisión de su parte que diga relación con lo denunciado. En efecto, el recurso interpuesto dice se refiere a la dictación de un decreto alcaldicio que no renovó la patente de alcoholes de titularidad del recurrente, proviniendo dicho acto del alcalde, requiriendo para ello el acuerdo del Honorable Concejo, sin que le quepa participación, responsabilidad o competencia en las circunstancias narradas.

En segundo término, sostiene que su conducta siempre se ha ajustado a derecho. En cuanto al procedimiento general de renovación de patente de alcoholes, expresa que en abril de cada año se envía carta certificada a cada contribuyente que tenga este tipo de patente, debiendo presentarse la solicitud de renovación en mayo adjuntando certificado de antecedentes y declaración exigida por la ley. También se envían oficios a distintas unidades que participan de una u otra forma en la tramitación de las patentes, como ser, SEREMI de Salud, Juzgados de Policía Local, Fiscalía, Juzgado de Garantía, Dirección de Obras Municipales, Dirección de Inspección Municipal, Carabineros, Gobernación Provincial y juntas de vecinos de la comuna. Arribados estos informes, se elabora un informe final por el Departamento de Rentas, que se envía en el mes de junio a la Alcaldesa con copia a cada uno de los concejales, para que conozcan la realidad de cada patente antes de su renovación. En el particular, se evacuaron los respectivos informes y dentro de las patentes que se encontraba con partes o infracciones estaba aquélla de la recurrente. Por ello, su conducta no es ilegal ni tiene ninguna relación con la supuesta autotutela de derechos que argumenta el recurso, pues el desarrollo de su labor como Jefe del Departamento de Rentas, es correcta y lógica, conforme a la justicia, a la razón y a las leyes, excluyendo cualquier arbitrariedad. Hace presente que se ha fallado que, determinado que el acto impugnado no es ilegal ni arbitrario, es innecesario determinar si ha habido afectación de derechos fundamentales, según sentencias que enumera.

Como tercer punto, indica que el recurso no cumple con el objetivo que establece el artículo 20 de la Constitución Política, pues no se ha indicado cuál es el actuar arbitrario que su parte ha desarrollado.

En cuarto lugar, alega una manifiesta falta de fundamento dogmático del recurso, sustentado en que el Jefe del Departamento de Rentas no tiene facultad legal alguna para no renovar patente de alcoholes, pues el artículo 65 letra N (sic) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece que el Alcalde, con acuerdo del Concejo Municipal, es quien tiene la facultad de otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes. Alude en este punto que el recurso de protección es una acción cautelar, destinada a salvaguardar situaciones que requieren una resolución urgente, por lo que no procede declarar situaciones jurídicas que miren a decisiones de fondo, como puede ser el nacimiento o extinción de un derecho que debe ser conocido y tramitado de acuerdo al procedimiento regular establecido por la ley.

Por último, manifiesta que el recurso debe rechazarse con expresa y ejemplar condena en costas, por todos los argumentos antes referidos.

TERCERO: Que, la recurrida Municipalidad de Antofagasta, evacuando su informe, solicita el rechazo del recurso con costas.

Alega la ausencia de un acto ilegal de su parte, pues los hechos aducidos en el recurso son inexactos o inexistentes. Al efecto, pese a que en el libelo se habla de actos ilegales, antojadizos o arbitrarios, lo cierto que también reconoce expresamente la facultad de la Municipalidad para otorgar, denegar o no renovar una patente de alcoholes, facultad prevista en los artículos 65 letra Ñ de la Ley Orgánica de Municipalidades, en relación con el artículo 5º de la Ley de Alcoholes. Las patentes son de carácter semestral y para renovarlas, el acuerdo correspondiente se requiere respecto de cada periodo de vigencia de la misma, es decir, en forma semestral y no sólo cuando varíen las condiciones de otorgamiento.

Aludiendo a la legalidad de su conducta, dice que la renovación, traslado y otorgamiento de patentes son actos reglados sujetos al cumplimiento de ciertas exigencias, algunas de las cuales son objetivas, que la autoridad debe limitarse a verificar pero también hay aspectos que importan una evaluación o apreciación del Municipio. Luego, la decisión del Concejo no puede considerarse ilegal o arbitraria, sino que es el ejercicio de una potestad reconocida por el legislador, concordante con la finalidad del Municipio de satisfacer las necesidades de la comunidad local, en el caso de autos, seguridad ciudadana, limpieza, ambiente libre de contaminación, entre otros, pues en caso que estos aspectos se vean afectados por la dictación de actos relativos al expendio de bebidas alcohólicas, la autoridad está habilitada para considerarlos al momento de resolver. Luego, el hecho de analizar estos antecedentes no puede estimarse como un incumplimiento a la obligación legal de pronunciarse, al contrario, implica un razonamiento para una decisión informada y responsable. Considerando que las consultas a Carabineros y Juntas de Vecinos a que se refiere la ley no tienen carácter vinculante, la decisión de la autoridad administrativa es autónoma, y considerando la finalidad de bien común, la adopta conforme a las prerrogativas establecidas en la legislación.

Al efecto, agrega que la decisión tampoco es arbitraria porque el acto aparece debidamente fundado, siendo de aquellos actos discrecionales de la administración, por lo que pese a depender de la apreciación subjetiva del órgano, se orienta a la satisfacción de las exigencias del interés público, citando doctrina respecto a la diferencia entre discrecionalidad y arbitrariedad.

En cuanto al Concejo Municipal, luego de enumerar las disposiciones legales que establecen su composición y funcionamiento, menciona que al haberse realizado la incorporación en tabla de la Comisión de Trabajo el punto referente a las patentes de alcohol y haberse votado en la sesión respectiva por los concejales presentes, obró en definitiva en ejercicio de sus funciones. Luego, el acuerdo en el que consta la decisión fue válidamente logrado, conforme al procedimiento establecido en la ley y reglamento interno, sumado a que fue certificado por el secretario municipal, negándose en este punto la falta de fundamentación del decreto.

Efectuándose la sesión ordinaria de fecha 9 de julio de 2014, el Concejo Municipal analizó los antecedentes pertinentes respecto de cada una de las patentes presentadas a su análisis. Un total de 776 no presentaron inconvenientes para su renovación, pero sí existen algunas con antecedentes, ya sea incumplimiento de ley de alcoholes, presentando multas ante los Juzgados de Policía Local, como asimismo informe desfavorable de la junta de vecinos, situación en la que se encuentra la recurrente. En la referida sesión, después de un extenso debate y atendido cada caso particular, se votó respecto de cada una de las patentes, obteniendo su aprobación algunos casos y la no renovación en otros. Concluye que no existe la infracción alegada por el recurrente, siendo la decisión del Concejo Municipal ajustada a derecho, en ejercicio de sus funciones y atribuciones legales y desprovistas de cualquier ilegalidad.

Hace presente que la jurisprudencia administrativa derivada de dictámenes de la Contraloría General de la República, ha asentado que las Municipalidades deben verificar el cumplimiento de diversas exigencias al momento de decidir la renovación de una patente de alcoholes, exigencias entre las cuales está no sólo situaciones objetivas verificables sino también otras que importan una apreciación del Municipio. En el caso particular de la recurrente, la patente no se renovó por la existencia de un informe desfavorable de la junta de vecinos del sector, el que alude a los problemas constantes que se generan en el lugar relacionados con la seguridad y bienestar de los vecinos que colindan con el local, lo que es concordante con lo que los concejales manifestaron y las denuncias que recibieron personalmente.

Agrega que el informe referido expresa la preocupación por la venta a menores de edad, mucho desorden y tráfico de drogas al llegar los autos a comprar trago, consumo de alcohol en la vía pública.

Por último, sostiene que no ha habido afectación de derechos constitucionales, pues el decreto se encuentra debidamente fundado y los derechos de propiedad y desarrollo de actividades económicas, están supeditados a las leyes, siendo, como se expuso, prerrogativa del Alcalde, con acuerdo del Concejo, renovar o no una patente de alcoholes.

CUARTO: Que los concejales Jaime Araya Guerrero, Doris Navarro Figueroa, Gonzalo Santolaya Goicovic, Andrea Merino Díaz, Patricio Reyes Díaz, Roddiam Aguirre Aguirre, Hugo Benítez Cáceres, Felix Acori Gómez, Antonio Cárdenas Tadich y Elivia Silva Iriarte, solicitan el rechazo del recurso con costas.

Alega en primer lugar la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario, toda vez que la ley entrega al Concejo Municipal la facultad de renovar o no la patente conforme los artículos 5 de la ley de alcoholes y 65 letra Ñ de la Ley 18.695, considerando además que la votación se sustenta en argumentos para adoptar la decisión respecto de cada una de las patentes, y en el caso del recurrente, la sesión en la que se analizaron los antecedentes pertinentes de esta y otras patentes, realizada el 9 de julio de 2014, estuvo revestida de un extenso debate. Explica que la jurisprudencia administrativa, sustentada en dictámenes de la Contraloría General de la República, ha manifestado que en los actos administrativos de otorgamiento, renovación y traslado de patentes deben considerarse no sólo aspectos objetivos sino también aquellos que importan una evaluación o apreciación del municipio, relacionados en general con la función que estas entidades desarrollan en el ámbito del territorio comunal. Dentro de esto último están las consultas a las juntas de vecinos, situación que debe ponderarse a efectos de fundar la negativa relacionada con la patente de alcoholes de que se trate. Hace presente que el informe de la junta de vecinos Augusto D’Halmar, del sector Gran Vía, dio a conocer el resultado de la consulta realizada a los miembros de la respectiva junta en respuesta al oficio del Departamento de Rentas Municipales, el cual señala, respecto del local de nombre de fantasía Preview se indica: “rechazada su renovación. Motivo: ruidos molestos, contaminación acústica, mal manejo de la basura, peleas, estacionan en las veredas, muchas patentes alcohólicas en el sector”. Por ello, la no renovación de las patentes de alcoholes deriva de las facultades legales del orden administrativo. Además, el acto no puede calificarse de arbitrario, pues los concejales exponen los fundamentos de su voto en la sesión respectiva, sumado a que el decreto alcaldicio fue fundado y notificado debidamente al recurrente.

QUINTO: Que el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política, es una acción cautelar extraordinaria, prevista para resguardar urgentemente ciertos derechos y garantías esenciales, enumerados en el mismo precepto, que son afectados por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que importen perturbación, privación o amenaza en su ejercicio legítimo.

SEXTO: Que atendida la naturaleza y finalidad del recurso, para que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la protección del afectado, es necesario que quien lo invoca acredite la existencia de un derecho o garantía que le asista, que se encuentre debidamente determinado y que corresponda a alguno de los referidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que para que el recurso de protección sea acogido es esencial que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan, se encuentren comprobados y que ellos hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos taxativamente en el citado artículo 20 de la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Que el artículo quinto de la Ley N° 19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, preceptúa: “la patente se concederán en la forma que determina esta ley, sin perjuicio de la aplicación de las normas de la Ley de Rentas Municipales y de la Ley N° 18.695, en lo que fueren pertinentes.

El valor de las patentes deberá ser pagado por semestres anticipados, en los meses de enero y julio de cada año.

Los establecimientos expendio de bebidas alcohólicas no podrán funcionar sin que hayan pagado previamente la patente que corresponda, ni podrán continuar funcionando sin tenerla al día, salvo que este hecho no fuera imputable al deudor y lo probare documentalmente, circunstancias que corresponderá apreciar al alcalde.”

A su turno, el artículo 65 letra Ñ) de la Ley N° 18.695 establece: “el alcalde requerirá el acuerdo del Consejo para: …ñ) otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes. El otorgamiento, la renovación o el traslado de la patente se practicará previa consulta a las juntas de vecinos respectivas”.

NOVENO: Que indiscutida la facultad legal del Alcalde, con acuerdo del Concejo Municipal, para no renovar las patentes de alcoholes necesarias para el funcionamiento de los locales que lo vendan al público, debe indicarse que, en este caso, la no renovación de aquella que ampara la actividad del recurrente fue dispuesta, como se adelantó, por el Decreto N° 1216/2014, de fecha 31 de julio del año 2014, emanado de la Municipalidad de Antofagasta, fundándose el mismo en los antecedentes que se tuvieron a la vista en la sesión ordinaria N° 20 del Honorable Concejo Municipal, de fecha 9 de Julio del año 2014, en la cual se verificó la existencia de informes desfavorables de las correspondientes Juntas de Vecinos, que permitió a los Concejales estimar que la patente de alcoholes no debía ser renovada, habida consideración de la conducta del contribuyente en relación con la comunidad que se encuentra en el entorno de dicho local.

DÉCIMO: Que el recurrente, en primer término, estimó vulnerado el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, es decir, el derecho a la igualdad ante la ley, debiendo consignarse que en el recurso hace referencia a que también le fue rechazada una solicitud de reconsideración administrativa, no obstante que la misma le fue aceptada a otros seis locales, entre ellos, los denominados Pub “Steine” y “Boliche” a quien sí se concedió la renovación de su patente, argumentando que sólo tenían dos partes o infracción a la ley de alcoholes y no tres como se esgrimió para no renovarles la patente respectiva, pero, también se incluían en el informe elaborado por la misma junta de vecinos, con argumentos similares como: ruidos molestos, gritos, basura fuera del local, muchos tragos y por ende peleas, caída de ebrios por la escalera, entre otros, y, sin embargo, sus alegaciones fueron aceptadas, mas no las de su cliente añadiendo que otros establecimientos comerciales, que también tenían informes desfavorables de la misma junta de vecinos como el restaurante “Chifa Yu” o “Bohemia y Sabor” ni siquiera fueron sancionados.

Debe indicarse que, ni en sus informes o en sus alegatos en estrados, la Municipalidad de Antofagasta como los Miembros del Honorable Concejo Municipal, controvirtieron estos hechos y, antes bien, derechamente los aceptaron.

A este respecto debe indicarse que el informe desfavorable al que hace mención el decreto municipal que dispuso la no renovación de la patente del recurrente, es aquel acompañado por las recurridas a fojas tres y siguientes, esto es, el emanado de la Junta de Vecinos N° 4, Agusto D’Halmar.

En el mismo se pide rechazar la renovación de la patente del recurrente indicando como motivos: “ruidos molestos, contaminación acústica, mal manejo de la basura, peleas, estacionan en las veredas, muchas patentes alcohólicas en el sector.”

Este documento, ahora respecto del local denominado “Boliche”, también pide rechazar la renovación de su patente, aduciendo: “ruidos molestos, basura fuera del local, muchos tragos y por ende peleas.”

Con relación al local “Steine”, el informe de la misma junta de vecinos pide que no se le renueve su patente de alcohol, sobre la base de: “ruidos molestos y gritos con el karaoke, caída de ebrios por la escalera, mucha patente de alcohol, desórdenes de los borrachos.”

Respecto al establecimiento denominado “Chifa Yud” el informe expresa: “mucho desorden y tráfico de drogas al llegar los autos a comprar trago, consumo del alcohol en la vía pública”, al tiempo que respecto del restaurant “Bohemia y Sabor” se indica: “ruidos molestos, desórdenes después del cierre, despiertan a los vecinos tocando timbres y bulla de los vehículos estacionados.”

Debe consignarse, además, que es un hecho público y notorio en la comuna de Antofagasta que todos estos locales se encuentran en el mismo sector de esta ciudad, algunos en una misma cuadra, y otros a corta distancia.

No se ha controvertido, en primer lugar, que respecto de los establecimientos “Chifa Yud” y “Bohemia y Sabor”, no se adoptó decisión alguna, al tiempo que, si bien en la sesión del Honorable Concejo Municipal que se acordó no renovar la patente del local del recurrente, se adoptó la misma decisión respecto de los locales denominados Boliche y Steine, la situación de estos últimos fue revista por el Consejo, el que, en definitiva, decidió la renovación de sus patentes, aduciendo para ello que el rechazo inicial se debió a la existencia de infracciones excesivas a la Ley de Alcoholes, pero al haberse acreditado que el número de infracciones no era tal y que muchas de ellas habían sido desechadas por los Juzgados de Policía Local, siendo ésta principalmente la razón para disponer la no renovación, se determinó, como se dijo, dejar sin efecto la medida.

UNDÉCIMO: Que si bien otorgamiento, renovación, caducidad y traslado de las patentes de alcoholes es una facultad que discrecionalmente corresponde ejercer al Alcalde de la comuna respectiva, con acuerdo del Concejo Municipal, no es menos cierto que el ejercicio de la misma no puede ser infundado ni arbitrario.

En efecto, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 11 inciso segundo y 41 inciso cuarto de la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos, las resoluciones de la administración siempre deben ser fundadas, particularmente cuando las mismas afecten los derechos de los particulares, ya sea limitando, restringiendo, privando, perturbando o amenazando su legítimo ejercicio, debiendo expresarse los hechos y fundamentos de derecho de las mismas.

En este entendido, el primer comentario que merece la resolución impugnada es que, sustentada en un informe previo de la junta de vecinos respectiva, aparece manifiestamente imprecisa, genérica y subjetiva, echándose de menos elementos que aun mínimamente permitan atribuir conductas objetivas y comprobables.

Así, en términos absolutamente generales, se hace referencia a ruidos molestos o contaminación acústica, sin una mínima precisión que permita establecerlos y, menos aún, que esos ruidos emanen efectivamente del local de la recurrente y que se encuentren fuera de la norma correspondiente.

En lo que dice relación con los otros hechos, no existe el más mínimo elemento que permita atribuirlos al funcionamiento del local, pues hablar de mal manejo de la basura, peleas o de estacionamiento en las veredas resulta derechamente inaceptable desde que, en el mismo sector no sólo existen muchos locales similares, sino que, además funcionan una serie de restaurantes, pubs, hoteles, residenciales y pensiones, botillerías, almacenes y supermercados, encontrándose cerca de dos universidades y, en fin, en una vía de alta circulación peatonal y vehicular, incluyendo también las noches, por lo que resulta imprescindible que la resolución contara con elementos objetivos que demuestren, con mediana certeza, la responsabilidad que se atribuye.

DUODÉCIMO: Que, por otra parte, no se divisa razonabilidad alguna en el criterio que se emplea, por una parte rechaza la renovación de la patente de alcoholes al recurrente y, por otra, permite el funcionamiento de otros dos locales similares ubicados en las cercanías.

Basta leer el informe de la junta de vecinos, que constituye el único motivo para no renovar la patente de alcoholes que nos ocupa, para apreciar que respecto de los pub “Steine” y “Boliche” los reparos de la misma organización comunitaria eran, sino similares, más graves, desde que contenían imputaciones que contaban con alguna precisión superior como indicar que se escuchan gritos con el karaoke o caída de ebrios por la escalera, en el primer caso y, en el segundo, referir la existencia de basura fuera del lugar, además de las mismas imputaciones genéricas efectuadas a la recurrente.

Luego, no se divisa razón alguna para, frente a iguales imputaciones, efectuadas por la misma organización, respecto de locales con características similares y prácticamente vecinos, en un caso se acepten como suficientes para no renovar la patente de alcohol y en los otros lisa y llanamente no sean considerados para ningún efecto.

Los recurridos han afirmado que la diferencia estriba en que respecto de los otros locales nocturnos la no renovación de su patente se basó en otros elementos, cual es, infracciones a la ley de alcoholes y, constatado el error a este respecto, se estimó del caso aceptar su funcionamiento mas ello no hace sino corroborar la discriminación arbitraria que han efectuado, en la medida que la recurrente tampoco contaba con infracciones a la ley de alcoholes y, en lo que dice relación con el informe de la junta de vecinos del lugar, como se adelantó, le atribuyó a los otros locales mismos o incluso más graves cargos.

Respecto de los restaurantes que también contaban con informe negativo de la misma organización vecinal y, todavía más, en uno de los casos incluso la gravísima imputación de tráfico de estupefacientes, desde un principio ni siquiera se les consideró entre los locales a los que no se renovaría la patente de alcohol, de lo que sigue que a su respecto, el mencionado informe, único antecedente para negar la patente al recurrente, fue desestimado completamente.

Al obrar de este modo la Municipalidad recurrida, por lo pronto, ha quebrantado el principio de imparcialidad reclamable de todo órgano de la administración de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 19.880, pues ciertamente ha obrado con manifiesta falta de objetividad. Pero, además, la intensidad de la infracción de este principio y el de debida razonabilidad y fundamentación de la medida conllevan que deba estarse con el recurrente cuando estima que se ha infringido la garantía de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, pues la misma supone, en la dimensión que nos ocupa, el igual tratamiento de todos aquellos que se encuentran en las mismas condiciones previstas por la norma aplicable en concreto lo que aquí, derechamente ha sido dejado de lado.

DECIMOTERCERO: Que atento a lo razonado, innecesario se hace referirse a la vulneración de las otras garantías traídas a colación por el recurrente, pues el recurso debe ser acogido remediando el mal ocasionado por la arbitraria conducta de la autoridad.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, se declara que SE HACE LUGAR, con costas, al recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Antofagasta, el Honorable Concejo Municipal de Antofagasta y el Jefe del Departamento de Rentas Municipales y, en consecuencia, se deja sin efecto lo resuelto por el Decreto Municipal N° 1216/2014 de 31 de julio de este año, debiendo procederse a la renovación de la patente de alcoholes que beneficia al local de la recurrente de nombre “Dejavu” actualmente “Club Previa”, ubicado en domicilio reservado de esta ciudad.

Se deja constancia que se hizo uso de la facultad conferida en el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 833-2014.

Redacción del Ministro Sr. Dinko Franulic Cetinic.

No firma el Ministro Interino, Sr. Jaime Medina Jara, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber finalizado su interinato.

Pronunciada por la Primera Sala, integrada por los Ministros Sra. Cristina Araya Pastene, Sr. Dinko Franulic Cetinic y Sr. Jaime Medina Jara. Autoriza el Secretario Titular Sr. Mauricio Pontino Cortés.

En Antofagasta, a veintinueve de Septiembre de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.

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