nombre reservado con CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ANTOFAGASTA

Antofagasta, a uno de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

La comparecencia de nombre reservado, docente, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, interpuso recurso de protección en contra de la Corporaciòn Municipal de nombre reservado, RUT RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, alcalde de Antofagasta, ambos con domicilio en domicilio reservado, solicitando se declare que la conducta de la recurrida es ilegal y arbitraria, al privar, perturbar y amenazar el ejercicio legítimo de las garantías constitucionales del Derecho a la Igualdad ante la Ley y el Derecho de Propiedad del recurrente, y se ordene el restablecimiento del derecho, ordenando a la recurrida a realizar las medidas administrativas necesarias para hacer efectivo el derecho contenido en el artículo 70 de la Ley Nº 19.070 y, en consecuencia, se reconozca el derecho a renuncia a la carrera docente, reconociendo el derecho a poner término a la relación laboral por haber renunciado en tiempo y forma, pagando la indemnización equivalente a una remuneración por cada año de servicio, con un tope de 11. En el evento de que no pueda ser posible hacer efectiva su renuncia a la carrera docente y pago de la indemnización, por causa o negligencia de la recurrida, se le ordene asumir dicho pago. Todo con costas y dentro del plazo no superior a 30 días, desde que la sentencia cause ejecutoria o el plazo que se estime procedente.

Informó la recurrida, solicitando el rechazo de la acción.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso se funda en la vulneración por parte de la recurrida de las garantías del artículo 19 Nº 2 y 24 de la Constitución Política de la República, toda vez que ha entorpecido y negado hacer uso de un derecho que la ley le confiere, para solicitar la eximición del proceso de carrera docente si reúne los requisitos para ello, o bien renunciar a la denominada carrera docente, impidiendo ejercer el derecho contenido en el artículo 70 del estatuto docente, Ley Nº 19.070.

En cuanto a los hechos, expresa que actualmente forma parte de la dotación de docentes, prestando servicios en las unidades educativas dependientes de la Corporación de Desarrollo Social de Antofagasta, bajo el cargo de inspectora general. Actualmente, tiene 63 años de edad.

Aseveró que con fecha 10 de junio del año 2017, haciendo uso del derecho conferido por el artículo 70 de la ley 19.070 o estatuto docente, presentó una comunicación escrita a su empleador, la recurrida, en la cual se establecía su decisión expresa e irrevocable de renunciar a la carrera docente, toda vez que reunía el requisito establecido en el artículo 70 de la Ley Nº19.0780, esto es, estar a 3 años o más de cumplir la edad legal para jubilarse. Agregó que ante la falta de respuesta a dicha comunicación, el día 02 de agosto de 2017 volvió a presentar una carta de renuncia, está vez, a la ex alcaldesa de Antofagasta, doña Karen Rojo Venegas, de la que no obtuvo respuesta. El día 7 de agosto volvió a presentar una carta formal, solicitando la eximición del proceso de evaluación, atendido el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Nº 19.070, presentada ante la Corporación de Desarrollo Social de Antofagasta sin que tuviera respuesta.

Indicó que posteriormente procedió a consultar en persona el motivo del porqué no tenía respuesta a las solicitudes presentadas, existiendo diversas reuniones sostenidas con la directora de educación, doña nombre reservado, sin que se le diera una respuesta concreta y en las últimas reuniones se limitó a indicar que simplemente no sabía que sucedía con su caso.

Aseveró que continuó solicitando solución a su caso, y que se le permitiera hacer uso del ejercicio legítimo del derecho, sin tener respuesta.

Expresó que la última solicitud que realizó fue mediante correo electrónico enviado a la señora nombre reservado, directora de ecuación, enviado el día 19 de octubre del presente, el cual, a la fecha de presentación del recurso no ha tenido respuesta.

Arguyó que la Ley Nº 19.070 en su artículo 70 establece el derecho de todo docente de solicitar la eximición de la evaluación docente, presentado una solicitud por escrito, tal y cómo asevera lo efectuó en tres oportunidades, sin que la recurrida se disponga a realizar las medidas administrativas para que ello ocurra, toda vez que independiente que el trabajador presente dicha solicitud, es el sostenedor quien debe realizar las medidas administrativas para poder regularizar dicha renuncia o eximición.

Indicó que la misma Ley establece el derecho a recibir una indemnización que se hará efectiva por el solo ministerio de la ley al cumplir la edad legal para jubilarse, lo que ocurrió en el año 2020, ya que en dicha época cumplí los 60 años de edad, dicha indemnización asciende a un mes de remuneración por cada año de servicio con tope de 11.

Luego de citar las normas de la Ley Nº 19.070, que estima aplicables en la especie, concluyó que de las normas citadas, aparece que los profesionales de la educación que se desempeñan como docentes de aula en los establecimientos educacionales dependientes de las Corporaciones Municipales, tanto en Educación Básica, como en Formación General Enseñanza Media, Educación Parvularia, Educación Especial o Diferencial, Educación de Adultos, Formación Diferenciada de Enseñanza Media Humanístico- Científica o especialidades de la Educación Media Técnico Profesional, se encuentran afectos a un sistema de evaluación de desempeño profesional, de carácter formativo, orientado a mejorar la labor pedagógica de los educadores y a promover su desarrollo profesional continuo, correspondiendo al Ministerio de Educación, a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, la coordinación técnica de dicho sistema para su adecuada aplicación. Dicho proceso debe realizarse al docente cada cuatro años, pudiendo dicho profesional obtener resultados de nivel de desempeño destacado, competente, básico o insatisfactorio, los que servirán como antecedente para los concursos públicos, para optar a cupos o becas en actividades de perfeccionamiento o estudios de post- grado, para financiar proyectos individuales de innovación y, en general, en todas las decisiones que se tomen para seleccionar profesionales.

Lo anterior, sin perjuicio de poder configurarse, además, el término de su relación laboral, si el desempeño en el nivel insatisfactorio se mantuviera en la segunda evaluación consecutiva o, en caso de que resulte calificado con desempeño básico en tres evaluaciones consecutivas o en forma alternada con desempeño básico o insatisfactorio durante tres evaluaciones consecutivas.

Además, destacó que el legislador faculta a los profesionales de la educación a quienes les falten tres años o menos para cumplir la edad legal para jubilar, para eximirse del referido proceso de evaluación, siempre que presenten su renuncia anticipada e irrevocable al cargo, la que se hará efectiva al cumplirse la edad legal de jubilación por el sólo ministerio de la ley, asistiéndole en tal caso el derecho a percibir una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes que correspondan al número de horas suprimidas, por cada año de servicio en la respectiva Corporación, o fracción superior a seis meses, con un máximo de once o la indemnización a todo evento que hubieren pactado con su empleador conforme al Código del Trabajo, si esta última fuere mayor.

Luego, expresó que se colige que quedan también eximidos del proceso de evaluación durante un año, los evaluadores pares del respectivo proceso anual, los cuales deberán obligatoriamente evaluarse en el proceso del año siguiente, y los docentes durante su primer año de ejercicio profesional en un establecimiento educacional, entendiéndose por éste aquel en que suscribe su primer contrato de trabajo. Finalmente, se infiere que los docentes pueden solicitar antes del inicio del proceso de evaluación correspondiente o al momento de verificarse la misma, la suspensión de dicho proceso por el año siguiente, por razones de fuerza mayor, por haber sido trasladado de establecimiento o de curso, con posterioridad al 30 de abril del año en evaluación, cuando ha solicitado permiso sin goce de remuneraciones superior a tres meses o, por encontrarse realizando actividades de formación profesional fuera del territorio nacional, autorizadas por el sostenedor durante el periodo de elaboración de evidencias de evaluación, causales todas ellas que deberán ser debidamente acreditadas ante el Director de la Corporación de Educación Municipal correspondiente, quien resolverá al respecto.

Dio cuenta del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la acción intentada y reiteró las garantías vulneradas, explicando que se produce una afectación grave en el derecho a la igualdad ante la ley respecto de su persona, al impedir que le sea aplicable lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley Nº 19.070 el cual establece el derecho indubitado de renunciar a la carrera docente cuándo se cumplen los requisitos que la ley establece, aseverando que además el acto realizado por la recurrida ha vulnerado el derecho de propiedad, toda vez que se le priva de la indemnización a la cual tenía derecho.

Finalmente, en cuanto a los perjuicios que la conducta de la recurrida le ha causado, indicó que al no realizar las medidas administrativas para proceder a hacer efectiva la renuncia a la carrera docente presentada en tiempo y forma, implica que debe someterme a la evaluación docente para los efectos de la carrera docente, en circunstancias que presentó válidamente su renuncia a dicho proceso. Así, el no someterse a dicha evaluación conlleva una serie de consecuencias nefastas a su persona, partiendo desde el término de la relación laboral sin derecho a indemnización alguna, por parte del sostenedor, hasta perder la asignación de tramo, que es una parte de la remuneración.

En efecto, indicó que el día 17 de octubre de 2023, se publicó en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 5145, de 2023, que suspende la asignación por tramo de desarrollo profesional conforme a lo establecido en el artículo 19 P, inciso final del 88 C del Estatuto Docente, ambos del Estatuto Docente; y artículo 18 del Decreto con Fuerza de Ley N° 24. En su caso, indicó que la asignación de tramo es una asignación que supera los $300.000.

De igual forma, señaló que el continuar prestando servicios a su avanzada edad, en circunstancias que la ley le confirió el derecho a renunciar a la carrera docente y recibir una indemnización por el término de la relación laboral a mí edad, produce un serio perjuicio, estando agotada y solo deseo acogerse a retiro con la indemnización respectiva y no someterme al proceso de evaluación docente al cuál renunció válidamente.

SEGUNDO: Que informó la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, solicitando el rechazo del recurso.

Indicó que niega y controvierte de forma expresa todos aquellos hechos que según lo expuesto por la recurrente configurarían las supuestas vulneraciones de garantías constitucionales denunciadas.

Así, primero aseveró que el recurso debe ser rechazado, porque a la fecha de interposición de la acción, se encuentra derogada la norma del artículo 70 inciso final de la Ley 19.070, a través del artículo 1 Nº 18 de la Ley 21.625, que entró en vigencia el 24 de octubre de 2023. Entonces, al haber interpuesto el recurso de autos con fecha 25 de octubre de 2023, la recurrente se encuentra con el obstáculo insoslayable que, a partir del 24 de octubre del año en curso, la norma del inciso final del artículo 70 de la Ley N° 19.070 está derogada, circunstancia que impide a la recurrente asilarse en tal norma que ya no está vigente, perdiendo la posibilidad de exigir el cumplimiento de tal prestación laboral que alega en el presente litigio de protección.

Por otro lado, explicó que la recurrente desde la fecha en que cumplió 60 años, esto es, el 18 de julio del 2020, continuó prestando servicios para la recurrida conforme su contrato de trabajo de 11 de marzo de 1985, siguió percibiendo su remuneración con los respectivos ajustes del Sector Público en los años 2020, 2021 y 2022; y lo más importante, no realizó ninguna acción ante el juzgado competente para reclamar el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 70 del Estatuto Docente.

Aseveró que tales situaciones permiten establecer que la recurrente mantuvo por más de tres años una actitud displicente o culposa en el ejercicio de sus propios derechos, pues también controvierten que tuviera innumerables reuniones con la Sra. nombre reservado, actual Directora de Educación de CMDS. Sobre lo anterior, la Sra. nombre reservado sólo ha tenido dos oportunidades en que ha entablado conversación con la recurrente, y en esas ocasiones existió referencia a la situación que se expone en el presente recurso, con la salvedad que, en la reunión efectuada a fines del año 2022, la Sra. nombre reservado indicó a la Sra. nombre reservado que haría uso del derecho a retiro establecido por el Fondo de Retiro Voluntario del Colegio de Profesores de Antofagasta celebrado en el año 2005 entre esa entidad y CMDS.

Indicó que la recurrente manifestó su voluntad de renunciar al Sistema de Desarrollo Profesional Docente con fecha 10 de junio de 2017 de conformidad al artículo quinto transitorio de la Ley N° 20.903. Luego, según la información contenida por el empleador, la recurrente presentó el 02 de agosto de 2017 solicitud de eximición de la evaluación docente, requerimiento que fue acogido el 07 de agosto de dicha anualidad. Al respecto, hizo presente que la recurrente rindió por última vez la evaluación docente en el año 2012, y que para la evaluación del año 2016 solicito suspensión de la misma, para luego en el año 2017 presentar su decisión de eximirse de tal proceso. Así, se desprende que la Sra. nombre reservado desde el año 2012 en adelante no ha realizado la evaluación docente y que, a contar del año 2017, la recurrente se encuentra eximida de rendir tal proceso de evaluación.

Así las cosas, controvertimos que la recurrida haya desplegado actos arbitrarios de forma continua desde el año 2017 a la fecha en contra de la Sra. nombre reservado, y que la situación descrita en el libelo de autos se debe a la propia inactividad de la recurrente en ejercer las acciones ante el tribunal competente para exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 70 del Estatuto Docente, norma que a contar del 24 de octubre del año 2023, se encuentra derogada conforme a la Ley N° 21.625, perdiendo la actora la oportunidad de ejercer tal derecho, pues la norma que lo sustentaba no se encuentra vigente a la fecha de interposición del presente recurso de protección.

Por otra parte, informó que la recurrente mantiene relación laboral vigente desde el 11 de marzo de 1985. Que a contar del 25 de febrero de 2019 al presente, la recurrente se desempeña en el cargo de Curriculista Evaluador en el Liceo B-35 de esta ciudad. A su vez, revisadas las liquidaciones de remuneraciones de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2023, la Sra. nombre reservado no ha visto reducido su sueldo, pues no ha dejado de percibir aquellas asignaciones legales contempladas en el Estatuto Docente para aquellos profesionales de la educación que hicieron uso del derecho contenido en el artículo quinto transitorio de la Ley N° 20.903. Por ende, se descarta que la actora haya dejado de percibir la suma de $300.000. de sus remuneraciones.

Hizo presente que la recurrente al haber ejercido renuncia al Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Carrera Docente) establecida en la Ley N° 20.903, no tiene derecho a percibir la asignación de tramo, pues al no ingresar al sistema establecido en los artículos 19 y siguientes de la Ley N° 19.070 carece del requisito legal para percibir tal asignación. A consecuencia de la renuncia a la “Carrera Docente” por parte de la actora, esta última conforme al inciso tercero del artículo quinto transitorio de la Ley Nº 20.903, mantiene las asignaciones remuneracionales vigentes y pagadas en la remuneración del mes de junio de 2017, entre las cuales se contempla el pago del Bono de Reconocimiento Profesional, Complemento de Zona, Asignación de Antigüedad, Asignación de Responsabilidad.

Explicó que la Resolución Exenta N° 5145 mencionado en el recurso, se refiere a una situación de hecho no aplicable a la recurrente, pues esta última al ejercer renuncia a la evaluación docente en el año 2017, no estaba obligada a rendir tal proceso de evaluación el año 2022. De ello, se colige que no será objeto de la perdida de una asignación de tramo, que como se dijo antes tampoco tiene derecho de percibir por haber renunciado a la “Carrera Docente” y no haber ingresado a ninguno de los tramos que la Ley N° 20.903 establece para tales efectos.

En conclusión, negó que la entidad recurrida haya ejecutado actos que vulneren las garantías constitucionales de los numerales 2° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que la recurrente pretende mediante la presente acción constitucional de urgencia, se declare a su favor el derecho de renuncia a la carrera docente y, como consecuencia de ello, el pago a la indemnización equivalente a una remuneración por cada año de servicio, basado en que en el año 2017, haciendo uso del derecho contemplado en el artículo 70 de la Ley Nº 19.070, presentó comunicación escrita a la Corporación de Desarrollo Social de Antofagasta, en la cual manifestaba su decisión expresa e irrevocable de renunciar a la carrera, toda vez que cumplía los requisitos para ello. Luego, sostiene que dicha manifestación la reiteró con fecha 02 de agosto del mismo año ante la ex Alcaldesa de la ciudad de Antofagasta, doña Karen Rojo Venegas y, finalmente, con fecha 07 de agosto del mismo año a la misma Corporación, acompañando al recurso los documentos que dan cuenta de la solicitudes referidas.

Al respecto, la recurrida informando el recurso, reconoció la existencia de esta manifestación de voluntad, sin embargo, indicó que la recurrente luego de efectuada la solicitud continuó prestando servicios para la recurrida de forma ininterrumpida, sin ejercer ninguna acción de carácter laboral destinada a reclamar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del Estatuto Docente.

SEXTO: Que asentado lo anterior, en la especie no existe controversia de la efectividad de haber manifestado la recurrente, en su oportunidad, su decisión de renunciar a la carrera docente de conformidad a la normativa vigente a la época, sin embargo, no se puede soslayar que ésta no obstante dicha manifestación de voluntad, igualmente continuó prestando servicios para la recurrida, suscribiendo incluso en el mes de julio del año 2019 un anexo de contrato, que reconoce la existencia del contrato primigenio que data del año 1985, modificando solo las funciones que ésta desempeñaba. Lo anterior, solo puede significar declaración de voluntad en el sentido contrario, lo que queda además de manifiesto al no haber ejercido oportunamente acción legal tendiente a exigir el pronunciamiento de la administración que ahora pretende.

Luego, si bien se acompaña copia de un correo electrónico que data del 19 de octubre del año 2023, en que la recurrente solicita pronunciamiento respecto a su caso, específicamente, del retiro voluntario en base a lo suscrito el año 2017, lo cierto que no consta que a esa fecha haya presentado ante la Corporación recurrida la correspondiente renuncia, pues solo hace alusión a la renuncia del año 2017, lo que resulta insuficiente para entender que existió un acto formal de la recurrente en orden a ejercer el derecho contemplado en la norma, máxime si su conducta anterior reveló su intención de continuar en la carrera docente. Por ende, por aplicación de la doctrina de los actos propios, no puede pretender hacer abstracción de su conducta y después de aproximadamente cinco años intentar se le reconozca una acción que derechamente abandonó.

A mayor abundamiento, no se allegó ninguna probanza que diera cuenta de que durante los años 2017 al 2023, la recurrente manifestó su intención de retirarse y, por el contrario, del correo acompañado de fecha 19 de octubre de 2023, surge que efectivamente existió algún tipo de conversación con la recurrida relativa a su intención de acceder la bonificación por retiro voluntario conforme a la Ley 20.976 o como indicó la Corporación hacer uso del derecho a retiro establecido por el Fondo de Retiro Voluntario del Colegio de Profesores, lo que revela que no mantuvo una decisión única y concreta al respecto.

En este sentido, no altera lo razonado el correo de fecha 23 de noviembre del año 2023, toda vez que fue remitido con posterioridad a la interposición de la presente acción.

SEPTIMO: Que conforme lo razonado, no existe a la fecha de interposición del recurso un acto formal de la recurrente que pueda ser considerado como manifestación expresa de su voluntad de renunciar a la carrera docente y, por ende, no se vislumbra un acto u omisión ilegal o arbitraria de la recurrida, ya que si bien no existe constancia de pronunciamiento de parte de la Corporación respecto del correo electrónico referido, éste no puede entenderse como el ejercicio del derecho que contemplaba el derogado artículo 70 de la Ley Nº 19.070, resultando entonces imposible establecer que existe un derecho indubitado a favor de la recurrente, al tratarse de una materia que debe necesariamente ser resuelta en sede laboral y no por esta vía, por lo que solo cabe rechazar el presente recurso.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Corporación de Desarrollo Social de Antofagasta.

Regístrese y comuníquese.

Rol Nº8270-2023 (PRO).