nombre reservado con DIRECCIÓN DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE

Antofagasta, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

La comparecencia de don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, quien dedujo recurso de protección en contra de la Dirección de Previsión de Carabineros (DIPRECA) y la Mutualidad de Carabineros (MUTUCAR) por el acto arbitrio e ilegal consistente en efectuar descuentos en su pensión por concepto de préstamos, afectando con ello las garantías constitucionales consagradas en el artículo N° 19 N°3; 4; 18; 24 y 26 de la Carta Fundamental, por lo que solicita a esta Corte ordenar a la recurrida cesar todo tipo de embargo o disminución en la pensión del recurrente y restituirle los descuentos ya efectuados, así como todo aquel que haya realizado o se efectúe en contravención a las leyes.

Informó la Mutualidad de Carabineros al tenor del recurso (MUTUCAR).

Informó la Dirección de Previsión de Carabineros, solicitando el rechazo de la acción deducida.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El actor funda su recurso señalando primeramente que, con fecha 24 de septiembre del año 2018 presentó un recurso de protección ante esta sede por descuentos indebidos, arbitrarios e ilegales, efectuados en su pensión de Carabineros de Chile por parte de la recurrida DIPRECA, entre ellos por descuentos ordenados por la MUTUCAR, la que, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 1º y 4º de su estatuto, no puede solicitar que se realicen descuentos por el concepto de préstamos personales. Luego, hace presente que no reconoce en su totalidad los registros que mantiene MUTUCAR de los préstamos otorgados, los que serían los siguientes: i) Préstamo N°597277 de data 05/09/2014; ii) Préstamo N°654967 de data 05/03/2016; Préstamo N°686635 de data 01/01/2017; Préstamo N°719709 de data 16/12/2017.

Sostiene que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 98 en relación al artículo 107 de la Ley N°18.092, la deuda en cuestión se encontraría prescrita, por lo que la conducta de la recurrida resulta indebida, arbitraria e ilegal, lo que afecta sus derechos fundamentales, por lo que solicita a esta Corte que ordene cesar indefinidamente las retenciones efectuadas de su pensión, además de restituir los montos descontados de la remuneración correspondiente al mes de septiembre 2023, los que en suma ascienden a $ 438.334, así como de los que en el futuro pudieren efectuarse.

Añade que en el recurso de protección promovido el 2018 solicitó la devolución de los pagos realizados por seguro de vida del artículo 1º del estatuto en comento, señalando que con aquella devolución haría pago de los préstamos respectivos, sin embargo, ello no fue realizado por la Mutualidad. Paralelamente, solicitó la devolución del seguro contra incendio de su domicilio ubicado en La Serena, el que tampoco tuvo devolución alguna.

Sostiene que, si bien las remuneraciones de los funcionarios públicos pueden estar afectas a descuentos obligatorios y voluntarios, estos están afectos al límite del 15%, según lo especifica la Contraloría General de la República en Dictamen N°57.424 de data 19/10/2009, donde aplica los Dictámenes Nº24999/91; 56069/2005; 33894/96; 30070/97; 45990/98, y parcialmente, los dictámenes N°57945/2003; 27248/2004 y 46037/2005. Asimismo, indica que las fuentes legales aplicables al caso de marras es la Ley N°18.834 en su artículo 96 inciso 2°; el Decreto con Fuerza de Ley N°29 de 2004 del Ministerio de Hacienda; la Ley N°14.171 en su artículo 164; la Ley N°15.364 en su artículo N°16; la Ley N°19.296 en su artículo 45; la Ley N°19.296 en su artículo 44; el Decreto con Fuerza de Ley N°1.797 de 1979 del Ministerio de Justicia.

Arguye que, de conformidad al artículo 9 y 10 del Decreto con Fuerza de Ley N° 299 de 1953, que fija el texto definitivo de la ley de retiro y montepío del personal de Carabineros de Chile, “Las pensiones, devoluciones e indemnizaciones serán inembargables (…)”. En el mismo sentido, cita el artículo 57 del Código de Trabajo, haciendo presente además que no consta por escrito la autorización del actor, para que se le efectúen los cobros por los préstamos respectivos.

Precisa que el recurso de protección llevado ante esta sede en causa Rol N°2669/2018 por el mismo motivo, fue acogido en su oportunidad. Por otra parte, refiere a la respuesta de fecha 29 de septiembre de 2023 por parte de DIPRECA ante la consulta de los descuentos, quien señala que estos se formulan de conformidad a los cobros enviados por la Mutualidad de Carabineros, por lo que la comunicación debe ser a través de dicho organismo.

En síntesis, sostiene que se ha actuado en forma arbitraria e ilegal, ya que ha sobrepasado los límites máximos previstos por las leyes para descuentos o embargos de remuneraciones, afectando con ello su derecho de propiedad sobre su pensión mensual, quedando desprotegido económicamente junto con su familia. Estima afectadas sus garantías constitucionales consagradas en el artículo N° 19 N°3; 4; 18; 24 y 26, por lo que solicita a esta Corte ordenar a la parte recurrida cesar todo tipo de embargo o disminución en la pensión del recurrente y restituirle los descuentos ya efectuados, así como todo aquel que haya realizado o se efectúe en contravención a las leyes.

SEGUNDO: Informa nombre reservado, en representación de la Mutualidad de Carabineros, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Indica que, la Mutualidad de Carabineros es una Corporación de Seguros de Derecho Privado y, sin fines de lucro, destinada a proveer Seguros de Vida y Seguros Generales que le permita el Decreto Ley N°1.092 de 1975. En ese contexto, en el año 2018, una vez llamado a retiro, el recurrente intentó hacer el rescate de su póliza de seguro de vida, beneficio regulado en las Condiciones Generales de la Póliza depositadas en la CMF POL220140224, específicamente en su artículo 10. Respecto a lo referido por el recurrente en cuanto habría solicitado la devolución de las primas pagadas por concepto del seguro de incendio de su inmueble, refiere sobre ello al artículo 527 y 528 del Código de Comercio.

En cuanto a lo pretendido por el recurrente, precisa que este solicitó a la Mutualidad cuatro préstamos de auxilio o consumo, a saber: a) Crédito A597.277 por $4.500.000.- para reparación de vivienda, otorgado el 05 de agosto de 2014, a un plazo de 69 cuotas, con codeudores solidarios. De este, pagó 53 cuotas, quedando pendiente 16 cuotas de $27.690.- adeudando, en consecuencia $425.373.-; b) Crédito A654.967 por $4.000.000.- para gastos generales, otorgado el 05 de febrero de 2016, a un plazo de 55 cuotas, sin avales. De este, pagó 34 cuotas, quedando pendiente 21 cuotas de $114.404.- adeudando, en consecuencia $2.145.092.-; c) Crédito A686.635 por $700.000.- préstamo de auxilio (online), otorgado el 01 de diciembre de 2016, a un plazo de 28 cuotas, sin avales. De este, pagó 25 cuotas, quedando pendiente 03 cuotas de $36.558.- adeudando, en consecuencia $78.025.-; d) Crédito A719.709 por $2.900.000.- para gastos generales, otorgado el 16 de noviembre de 2017, a un plazo de 71 cuotas, sin avales. De este, pagó 13 cuotas, quedando pendiente 58 cuotas de $62.850.- adeudando, en consecuencia $2.716.891.-. En definitiva, el actor adeuda a la fecha $5.365.381.- Agrega que cuando se solicitó cada préstamo, el recurrente firmó y consintió en otorgar mandato irrevocable a la Mutualidad de Carabineros para efectuar los cobros respectivos, voluntariamente solicitados. Señala que el recurso de protección no tiene por objeto solicitar la prescripción o interrupción del pago, puesto que, para ello, existen otros procedimientos especiales y determinados, además de que, no puede utilizarse la presente acción, para no cumplir con las obligaciones comerciales voluntariamente adquiridas.

Señala que, de la normativa aplicable y diversos dictámenes de la Contraloría General de la República en la materia, se infiere que existen dos clases de descuentos que pueden afectar las remuneraciones de los funcionarios: los de carácter obligatorio (impuestos, cotizaciones de seguridad social y los demás establecidos expresamente por las leyes), y los de carácter voluntario (los dispuestos por las asociaciones de funcionarios y otros de cualquier naturaleza, aceptados voluntaria y expresamente por el funcionario), debiendo tales deducciones ajustarse al límite del 15% fijado al efecto por el legislador. En el caso de marras, sostiene que su representada no pertenece a ninguna de estas dos clases de instituciones y sus descuentos están permitidos por la Ley N°18.108, por lo que el mencionado dictamen, y el que fundamenta el presente recurso interpuesto, no podría aplicarse a la Mutualidad.

Luego, indica que conforme al Dictamen N°43.283 del año 2015 de la Contraloría General de la República, referido a las pensiones de personal del ejército y los descuentos hechos a estas, se ha concluido que para realizar descuentos a las pensiones es necesario que una norma legal las autorice, (en este caso corresponde a la Ley N°18.108), indicando que el monto máximo a deducir por concepto de bienestar corresponde a la institución previsional, manifestando el pensionado su voluntad ya sea tácita o expresamente.

Adicionalmente, refiere al Dictamen N°17.780 de 2018, en el que se concluye que, respecto de los empleados en retiro adscritos a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, para proceder a efectuar descuentos sobre sus pensiones, incluso aquellos calificados de voluntarios, es menester que una norma de rango legal lo autorice. Así, las deducciones que, estando autorizadas por ley, sean efectuadas en las pensiones otorgadas por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, originadas en deudas contraídas voluntariamente, no están sujetas a un límite, por lo que pueden practicarse sobre la totalidad de las mismas, salvo cuando la reglamentación respectiva imponga alguna restricción.

Por su parte, precisa que el Dictamen N°E287.810 del año 2022 del Ente Contralor, señala que el artículo 79 del Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1968, del ex Ministerio del Interior, hoy refundido, coordinado y sistematizado por el Decreto N°412, sobre Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, dispone, en lo que interesa, que pueden deducirse de las pensiones de retiro, entre otros, las cuotas de amortización correspondientes a deudas que el personal haya contraído en servicio activo con los organismos de bienestar social de Carabineros de Chile, a que se refieren las normas que indica, también los descuentos que se hagan por concepto de deudas contraídas con DIPRECA, los que no pueden exceder del 25% de la pensión correspondiente y otros descuentos expresamente establecidos por las leyes.

Luego, agrega que el inciso 2° del artículo único de la ley N°18.108 prescribe que, respecto del personal en retiro y montepiados de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, el monto máximo de los descuentos por planilla establecidos en favor de cooperativas, mutuales, entidades aseguradoras y servicios médicos o de bienestar será fijado por la correspondiente institución previsional, bastando la solicitud de la entidad respectiva para que esta efectúe el descuento al pensionado o montepiado hasta el límite que se haya fijado. Por otro lado, el artículo 16, inciso 4°, de la Ley N°19.539, del año 1997, señala que los créditos otorgados por las instituciones previsionales y las deudas de salud de cualquier naturaleza que los pensionados de la CAPREDENA y de DIPRECA posean con estas entidades y con los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, así como las primas de seguros de vida y créditos de cualquier naturaleza otorgados por las mutuales, se descontarán en forma previa a los aportes, créditos sociales, prestaciones adicionales y complementarias de una caja de compensación, con un tope del 60% de la pensión líquida mensual respectiva.

Enseguida, los dictámenes N°s. 52.888 de 2011, 19.968 de 2016, y 17.780 de 2018, concluyeron que las deducciones autorizadas por ley, practicadas en las pensiones otorgadas por DIPRECA Y CAPREDENA, originadas en deudas contraídas voluntariamente por los destinatarios de esos beneficios, pueden realizarse íntegramente, sobre la totalidad de estas, salvo que la reglamentación respectiva imponga alguna restricción a ese respecto.

Añade que de acuerdo con el artículo 5 inciso final del Título II de los Estatutos Vigentes de Mutualidad de Carabineros desde el año 2019, el recurrente ya no ostenta la calidad de asegurado de Mutualidad de Carabineros, lo que le impide solicitar nuevos créditos, pero ello no lo exime de la obligación legal y moral de pagar los créditos voluntariamente solicitados. Luego, indica que de acuerdo con el Decreto N°412 de 1992, aprobado por el Decreto Supremo N°14, de 2 de enero de 1976, del Ministerio de Defensa Nacional, al personal de trabajadores a jornal de Carabineros, no le será aplicable las disposiciones del Código del Trabajo y su legislación complementaria, por lo que no es entendible que se cite o intente hacer aplicable el artículo 58 del Código del Trabajo a esta materia.

En síntesis, arguye que los descuentos realizados por Mutualidad de Carabineros en la pensión del recurrente corresponden a deudas autorizadas por ley y que fueron contraídas voluntariamente por el interesado de acuerdo con lo establecido en el artículo único, inciso 2° de la Ley N°18.108, no siendo aplicable el presente procedimiento para dejar sin efecto el cobro legal de una deuda.

Por lo expuesto, solicita el rechazo del recurso con expresa condena en costas, por no ser la instancia legal ni el tipo de procedimiento para impugnar obligaciones comerciales voluntariamente contraídas por una persona, poniendo en riesgo la seguridad del tráfico comercial y la confianza del sistema financiero.

TERCERO: Informó don Miguel Ángel Vergara Báez, abogado, en representación de la Dirección de Previsión de Carabineros, solicitando el rechazo de la acción deducida. Indica que su representada no ha ejecutado acto alguno arbitrario ni ilegal que haya privado, perturbado o amenazado garantía constitucional ni derecho alguno respecto del recurrente.

Luego, señala que la obligación que motiva el descuento es de carácter privada, por lo que rige el artículo 1445 del Código Civil, referido a la autonomía de la voluntad de los contratantes, sin que su representada pueda interferir en ello, por lo que la ocurrencia de dichos descuentos dependerá de la voluntad del pensionado. Por otra parte, indica que DIPRECA no tiene injerencia en los descuentos que el actor aceptó en su oportunidad ante MUTUCAR, en el sentido de que éste expresamente aceptó los descuentos por planilla.

Adicionalmente, indica que el presente recurso no es el medio idóneo para solucionar la situación del recurrente, en orden a que DIPRECA solo se ha limitado a cumplir con la decisión voluntaria del actor, de descontar por medio de planilla el monto adeudado y ello no responde a un cobro unilateral, salvo aquellos descuentos que sean legales y obligatorios, a la luz del artículo 10 del Decreto Ley N°844.

En síntesis, señala que el descuento se efectúa al amparo de la normativa que permite proceder a los descuentos efectuados a la pensión de retiro, no siendo dicho actuar caprichoso, por lo que solicita el rechazo de la presente acción.

CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Que, conforme se desprende del tenor de las alegaciones efectuadas, tanto en el recurso como en los respectivos informes de las recurridas, lo pretendido con el presente arbitrio, es el cese de los descuentos efectuados en la pensión del recurrente por concepto de créditos impagos, así como la restitución de los montos ya descontados de su pensión correspondiente al mes septiembre de 2023 y los que se hayan realizado a partir de dicha fecha.

SÉPTIMO: Que, previamente, en cuanto a los cuestionamientos sobre la idoneidad del recurso de protección para el conocimiento del asunto de marras, debe tenerse presente lo expresamente señalado en el artículo 20 de la Constitución, el que establece que este puede ser deducido “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, por lo que, conforme se ha sostenido consistentemente por esta magistratura, dichas alegaciones deben ser necesariamente desestimadas.

OCTAVO: Conforme a lo expuesto, del mérito de los antecedentes acompañados por la partes, es posible tener por establecido que el recurrente, don nombre reservado, es un ex funcionario de Carabineros de Chile, que en el año 2018 fue llamado a retiro y que, mientras se encontraba en servicio activo, entre los años 2014 y 2017, solicitó a la Mutualidad de Carabineros de Chile cuatro préstamos por diferentes montos, cuyo pago fue pactado en cuotas, dejando de pagar los mismos y adeudando a la fecha, conforme lo informado por la referida mutualidad, un total de $5.365.381.

Asimismo, consta en causa Rol N°2669-2018 del Libro de Protección de esta Iltma. Corte de Apelaciones, que el mismo recurrente presentó en el año 2018, recurso de protección por descuentos realizados por la recurrida Dirección de Previsión de Carabineros, entre otros motivos, por los mismos créditos pactados entre el actor y MUTUCAR, arbitrio que fue acogido mediante sentencia de fecha 31 de octubre de dos mil 2018, ordenando a la recurrida DIPRECA “abstenerse de seguir descontando aquellos descuentos de carácter voluntario.”.

De la misma forma, ha quedado igualmente establecido que, al menos desde septiembre del presente año, las recurridas han renovado el cobro de los referidos créditos a través de la realización de descuentos efectuados desde en la pensión del recurrente, lo que se ha acreditado mediante la boleta de pago de pensión de septiembre de 2023 acompañada por el actor a su recurso y través del reconocimiento de dichos descuentos realizado por las propias recurridas.

NOVENO: Que, para la resolución del presente arbitrio, resulta conveniente tener presente el marco normativo vigente en la materia. Al respecto, la Ley N°18.108 que establece normas sobre descuentos por planillas al personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, en su artículo único dispone:

"ARTÍCULO ÚNICO: Los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros, en sus respectivas instituciones, fijarán y podrán modificar los montos máximos de descuentos en las planillas de pago del personal a que se refieren las letras a), b), c) y d) del artículo 2° del decreto con fuerza de ley 1 (G), de 1968 y el inciso primero del artículo 2° del decreto con fuerza de ley 2 (I) del mismo año, en favor de cooperativas, mutuales, entidades aseguradoras y servicios médicos o de bienestar.

Tratándose de las personas a que se refiere la letra e) del artículo 2° del mencionado decreto con fuerza de ley 1 y el inciso tercero del artículo 2° del decreto con fuerza de ley 2 citado, el monto máximo de los descuentos, para los efectos señalados en el inciso anterior, será fijado por la respectiva institución previsional y bastará la solicitud de la entidad respectiva para que ésta efectúe el descuento al pensionado o montepiado hasta el límite que se haya fijado.”

A su vez, el artículo 79 del Decreto N°412 del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del estatuto del personal de Carabineros de Chile, establece:

“Artículo 79°. Podrán descontarse de las pensiones de retiro, de los montepíos, de las devoluciones e indemnizaciones, las deudas provenientes de las siguientes obligaciones: a) Cuotas de amortización correspondientes a deudas que el personal haya contraído en servicio activo con los organismos de bienestar de Carabineros a que se refiere la ley N° 18.713; (…) f) Deudas contraídas con la Dirección de Previsión de Carabineros. Los descuentos que se hagan por este concepto no podrán exceder de un 25% de la pensión correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, podrán deducirse de las pensiones otros descuentos expresamente establecidos por las leyes.”.

DÉCIMO: Que, del mérito de las alegaciones y antecedentes acompañados, se advierte que la conducta de las recurridas no encuentra sustento legal ni racional, por cuanto, pese a existir un pronunciamiento previo de esta Corte de Apelaciones, que declaró como ilegal y arbitrario la realización de los referidos descuentos desde la pensión del mismo recurrente, estas han optado de forma unilateral y casi cinco años después del referido pronunciamiento, por renovar los cobros por concepto de cuotas de créditos supuestamente impagos mediante la misma vía, es decir, mediante descuentos efectuados desde la pensión que el actor recibe en su calidad de funcionario en retiro de la institución.

Lo anterior, ocurre al menos desde el mes de septiembre del presente año, circunstancia que consta igualmente haberse denunciado en la etapa de cumplimiento de la causa sobre recurso de protección Rol N°2669-2018, lo que constituye en sí fundamento suficiente para entender que el actuar de las recurridas, que motiva la interposición el presente recurso, resulta ilegal y arbitrario.

DECIMOPRIMERO: Que, abona a la ilegalidad y arbitrariedad del actuar de las recurridas, el hecho de que los montos descontados desde la pensión del actor en el mes de septiembre, superan considerablemente los porcentajes máximos establecidos por la Contraloría General de la República, la que, interpretando la normativa pertinente, en el dictamen N°E287810 del año 2022, al que hace referencia la propia mutualidad recurrida en su informe, establece que los referidos descuentos no pueden exceder del 25% de la pensión correspondiente.

Asimismo, si bien el artículo único de la Ley N°18.108 expresa que el monto máximo de los descuentos será fijado por la respectiva institución previsional, lo cierto es que, a la fecha, DIPRECA no ha determinado el monto máximo para efectuar los descuentos de los pensionados y montepiados, circunstancia que reconoce expresamente la misma recurrida.

DECIMOSEGUNDO: Que, finalmente, en cuanto a la vigencia de las obligaciones contraídas por el recurrente, las que según se informa aún se encontrarían impagas, si bien es cierto que su prescripción puede y debe ser declarada únicamente en sede ordinaria, mediante la interposición de las acciones correspondientes, las recurridas tampoco han informado el hecho de haber ejercido las acciones judiciales para perseguir el pago de lo adeudado por estos conceptos, considerando especialmente que el hecho de haberse acogido el recurso de protección interpuesto por el actor en el año 2018, implicaba solamente la imposibilidad de realizar cobros mediante descuentos desde su pensión, mas no que las recurridas estuviesen impedidas de perseguir el cumplimiento de dichas obligaciones mediante la interposición de acciones ejecutivas u ordinarias correspondientes ante los tribunales de justicia competentes.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, el recurso deducido por don nombre reservado, en contra de la Dirección de Previsión de Carabineros (DIPRECA) y la Mutualidad de Carabineros (MUTUCAR), debiendo las recurridas cesar en los descuentos realizados desde la pensión del actor, y restituir en el plazo de diez días desde ejecutoriado el presente fallo, los montos ya descontados por este concepto desde septiembre de 2023 a la fecha.

Regístrese y comuníquese.

Rol 8200 – 2023 (PROT)