Protección contra actuar ilegal y arbitrario de la Comisión Médica Regional de Antofagasta

Antofagasta, a catorce de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

La comparecencia de Fundación Valídame, representada por su presidente, don nombre reservado, quien deduce recurso de protección en favor de don nombre reservado, en contra del actuar ilegal y arbitrario de la Comisión Médica Regional de Antofagasta, representada legalmente por su presidenta, nombre reservado, y en contra de la Fundación para la Administración de las Comisiones Médicas, representada por su Jefe Administrativo doña nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en impedir el acceso al expediente de solicitud de invalidez, mediante el no envío de la información del expediente requerido por medio electrónico idóneo, solicitando a esta Corte adoptar las medidas tendientes a cautelar el legítimo ejercicio de los derechos de igualdad ante la ley, establecidos en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República de Chile, vulnerados a consecuencia del actuar de los recurridos, con costas.

Informaron las recurridas instando por el rechazo del recurso en todas sus partes.

Puesta la causa en estado, se trajeron los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: La actora funda su acción, señalando primeramente que el acto ilegal y arbitrario de las recurridas que lo motiva, cosiste en impedir el acceso al expediente en el que se tramita la solicitud de invalidez del recurrente, mediante el no envío por medio electrónico idóneo de la información del expediente, requerida por su mandatario.

Indica que, en representación del Sr. nombre reservado, solicitó a la Comisión Médica Regional de Antofagasta, mediante correo electrónico de fecha 11 de julio del presente año, la copia digital íntegra del expediente de la Solicitud de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez del recurrente, con el fin de comprobar la fidelidad, integridad e idoneidad de la información de todo el procedimiento administrativo. Sin embargo, la referida Comisión respondió vía correo electrónico, negándose a realizar el envío de lo solicitado, a pesar de que los expedientes y su registro de tareas realizadas se encuentran en un soporte digital a un de distancia, argumentando que estos debían ser requeridos presencialmente en las oficinas de la Comisión Médica Regional de Antofagasta, señalando, además, que el envío del expediente no sería por vía electrónica, cuestión que la actora califica de antojadiza, irracional, arbitraria, contraria al derecho de petición ejercido por el titular de los datos.

Sostiene que es la propia normativa, conforme los dispuesto en el Compendio de Normas en su Libro XIII de Procedimientos Administrativos letra D, la que señala que para el envío de citaciones médicas, por ejemplo, se debe usar la vía más ágil y eficiente, correspondiendo al medio digital, además de así otorgarlo para quien lo pide expresamente. Agrega que el Sistema Previsional Chileno funciona desde el año 2014 en conjunto con la tramitación electrónica, en particular, con un sistema informático llamado SAGCOM, administrado por la Fundación para la Administración de Comisiones Médicas, donde se alojan los expedientes de invalidez, quedando un registro de las actividades que realiza cada funcionario, quienes ingresan con su usuario y clave personal e intransferible, pudiendo pesquisar cualquier actuación ilegal.

Sostiene que, en el presente caso, el trabajador y sus representantes son los únicos a quienes se les niega el ingreso a dicho sistema informático, a pesar de haber solicitado expresamente a la autoridad sectorial el acceso para todos los afiliados, por ser absolutamente necesario revisar la totalidad de los antecedentes fundantes del caso, permitiéndole así realizar una defensa informada y fundada de sus pretensiones, respecto a las tareas desarrolladas en los casos, citaciones, peritajes, apelaciones, reclamos, omisiones; antecedentes que se desconocen a la fecha por la actuación caprichosa y sospechosa de las recurridas, orientada a desinformar a los afiliados, haciendo más gravosos los procedimientos administrativos, para mantener, sostiene, la tasa de concesión de pensiones de invalidez como la más baja de la OCDE.

Afirma que las recurrida debe brindar el servicio público que le ha sido legalmente encomendado, actuar en orden a suplir las necesidades de los usuarios del sistema y velar por el cumplimiento de su objetivo de creación. Precisa que la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos y trasmisión electrónica de datos ante autoridades, no resulta ajena en nuestro medio, según lo establece la Ley N°19.880 en sus artículos 1, 4, 5, 9, 16 bis, 17, 18, 19 bis, 24, 24 bis, 25, 30 y 46. Por su parte, el compendio de normas sectorial impone a las recurridas el deber de mantener la información del expediente en formato o sustento electrónico, a través de la plataforma SAGCOM, la que se regula de conformidad al Libro III, Título I, Letra D Pensión de Invalidez, Capítulo XIII. A su vez, el artículo 32 del reglamento del Decreto Ley N°3.500 reconoce la tramitación electrónica del expediente y la comunicación electrónica a los afiliados como una posibilidad cierta en sus artículos 30 y 40 inciso final.

Sostiene que el actuar de las recurridas es ilegal y arbitrario, implicando una denegación de acceso al servicio público solicitado por el recurrente, al darle un trato diferente al establecido legalmente, lo que infringe la garantía constitucional de la igualdad ante la ley reconocido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, y añade que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, señala expresamente que esta información debe ser suministrada, lo que constituye un principio de no discriminación de los mandatarios, regulado en un título especial, específicamente en el “Libro I, Título I, Letra b) Prohibición de Discriminación. Capítulo II. Obligación de no discriminar a los mandatarios de los afiliados”. Así no existe motivo legal alguno para no conceder lo solicitado, como lo ha señalado la Superintendencia mediante Oficio Ordinario N°12625 de fecha 6 de julio de 2022.

Por último, añade que el Compendio en su Libro III, Título I, Letra d) Pensión de Invalidez, Capítulo XIII, reconoce sin límite el acceso al expediente del solicitante una vez ejecutoriado el dictamen, situación que ocurre en la especie. De esta forma, la obstaculización del trámite por una vía expresamente reconocida por la ley y por la cual los usuarios pueden libremente optar, resulta intolerable y discriminatorio al mandatario, lo que la misma norma sectorial busca erradicar de las Comisiones Médicas.

Añade que, la denegación arbitraria del expediente, lesiona el derecho oportuno a los recursos, si, habiendo sido requerida la información en tiempo y forma, los recurridos se niegan a proporcionarla en la forma y vía hábil, impidiendo recurrir administrativamente de revisión en los términos de la Ley N°19.800, siendo este un derecho indiscutible de los interesados y para el cual examen de expediente es consustancial. Por otro lado, el haberse negado también el acceso al SAGCOM, sistema informático, no obstante reconocer tal derecho a todo el resto de los intervinientes del proceso sin otra exigencia que la firma electrónica, constituye una ilegalidad que atenta contra el derecho de los ciudadanos reconocido en el artículo 17 letra a), que queda patente al permitirse el mismo acceso todos, salvo al principal interesado en el procedimiento.

Por lo expuesto, solicita que se declare como ilegal y arbitrario el actuar de las recurridas, ordenándoles conceder el trámite requerido por la vía electrónica elegida por el recurrente, esto es mediante correo electrónico, dentro de un plazo de cinco días hábiles o bien dentro del plazo que esta Ilma. Corte determine; y que se le permita acceso al afiliado al expediente electrónico a través del sistema SAGCOM, con similares derechos y sin otra exigencia que las impuestas a la contraparte del proceso, todo con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Informó don Juan Antonio Valdés Vicuña, abogado, en representación de la Fundación de Administración de Comisiones Médicas, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes.

Primeramente, advierte que, el recurso se interpuso sin poder determinar de forma fehaciente en contra de quién se dirige y cuáles son las alegaciones específicas que causan el agravio constitucional que merece la acción de marras. En segundo lugar, precisa que el proceso de evaluación de invalidez de cualquier solicitante es un proceso regulado por la legislación y normativa aplicable, tales como el Decreto Ley N°3.500, de 1980 y el Reglamento de la citada ley, además de lo indicado por la propia Superintendencia de Pensiones y la normativa que ésta dicta en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, razón por la cual la acción deducida debiese ser declarada inadmisible o rechazada en todas sus partes, al existir mecanismos legales y normativos para poder reclamar, distintos del presente recurso de protección.

Luego, alega falta de legitimidad pasiva de su representada, señalando que a la Fundación de Administración Comisiones Médicas no le cabe la representación de las comisiones médicas regionales y/o de la central, ya que, de acuerdo con la legislación, esta solo presta apoyo administrativo a las mismas, sosteniendo que los representantes legales de dichas comisiones son sus médicos presidentes, conforme lo dispuesto en el artículo 33 letra c) del actual Reglamento del Decreto Ley N°3500 de 1980).

Seguidamente, sostiene que su representada no ha efectuado ninguna conducta arbitraria o ilegal, sino que más bien, lo que se pretende en el caso de marras, es impugnar una determinada inacción por no estar de acuerdo con ella. De otro modo, alega que el recurso debe ser rechazado por cuanto la revisión de los hechos no es propio de esta sede jurisdiccional, sosteniendo que el recurso de protección es una acción cautelar que contemplada para garantizar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales que pueden verse privados, perturbados o amenazados y que, mediante su interposición, permite al afectado que se adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar su debida protección. En ese contexto, señala que no se entiende cómo a través de la interposición de un recurso de protección se intente ventilar un procedimiento declarativo, estando la jurisprudencia conteste en señalar que esta es una acción cautelar.

Por estas razones, concluye que el recurso de protección interpuesto debe ser rechazado o declarado inadmisible, en todas sus partes respecto de su representada, con expresa condena en costas.

TERCERO: Informó la Dra. nombre reservado, presidenta de la Comisión Médica Regional de Antofagasta.

En primer lugar, hace presente que lo que en realidad se estima vulnerado por la recurrente, es su derecho de petición, consagrado en el artículo 19 N°14 de la Carta Magna, por cuanto lo pretendido es que se le remita vía correo electrónico el expediente médico y que se le de acceso al sistema SAGCOM. De esta forma, estima que el presente recurso debe ser rechazado, pues lo que se discute en esta sede excede su ámbito, ya que trata de un derecho no garantizado por la acción invocada. Por otra parte, alega la improcedencia del recurso, toda vez que por esta vía, es posible amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes, pero no un pronunciamiento referente al supuesto actuar de una decisión administrativa, así, al reclamarse derechos dubitados y controvertidos, estos deben ser conocidos en un procedimiento de lato conocimiento.

Luego, expone que el Sr. nombre reservado tiene cuatro solicitudes de evaluación y calificación del grado de invalidez, siendo la primera de ellas presentada en el año 2018 y la segunda en el año 2019. Respecto de esta solicitud, las compañías de seguros de vida adjudicatarias del seguro de invalidez y sobrevivencia presentaron un recurso de apelación y, luego, en contra de la resolución que fallaba el recurso de apelación, el Sr. nombre reservado presentó un recurso administrativo de reposición. Posteriormente en el año 2021, presenta su tercera solicitud. Finalmente, en el mes de septiembre del año 2021 presenta una cuarta solicitud, respecto de la cual, la Comisión Médica Regional, mediante Dictamen de Invalidez N°003.1077/2022, de 29 de junio de 2022, acordó declarar la invalidez parcial transitoria del afiliado por quien se recurre, representada por la pérdida de un 54% de su capacidad de trabajo. Contra este dictamen reclamaron las compañías de seguros de vida adjudicatarias del seguro de invalidez y sobrevivencia, recurso que fue resuelto con fecha 13 de septiembre del mismo año, mediante Resolución C.M.C. N°10040/2022, que acordó aceptar el reclamo; revocar el Dictamen de Invalidez en cuestión; y resolvió que no procede otorgar invalidez, considerando que las enfermedades invocadas como invalidantes no alcanzan a provocar, a lo menos, un cincuenta por ciento, estimando un menoscabo laboral de un 34%. En contra de dicha resolución el Sr. nombre reservado interpone recurso administrativo de reposición, el cual fue resuelto por la Comisión Médica Central, con fecha 13 de marzo del año 2023, mediante Resolución C.M.C. N°2874/2023, que confirmó lo resuelto en la resolución impugnada. Actualmente, el 25 de mayo de 2023, el afiliado interpuso un recurso extraordinario de revisión, en contra de las resoluciones singularizadas en lo precedente, el cual aún se encuentra en ejecución, puesto que la Comisión Médica Central está conociendo de aquél.

Precisa que, respecto de las solicitudes de evaluación y calificación del grado de invalidez, se envió una solicitud mediante correo electrónico, pidiendo copia integra de los expedientes, sin embargo, nada se señalaba respecto a la solicitud de habilitación de usuario de SAGCOM del afiliado, ni tampoco de su mandatario. Finalmente, hace presente que no existe constancia que dicha petición haya sido rechazada por la Comisión Médica Regional, ni antecedente alguno acompañado por el recurrente, que de cuenta de ello.

Señala que, el artículo 4 del Decreto Ley N°3.500 de 1980, establece que el derecho a pensión de invalidez de los trabajadores está condicionado al hecho que presenten o sufran un menoscabo laboral permanente de, a lo menos, 50%, para invalidez parcial y, mayor de dos tercios para invalidez total, a causa de enfermedades o debilitamiento de sus fuerzas físicas e intelectuales. Cita de igual forma el artículo 11 del Decreto Ley N°3.500 de 1980.

Menciona que, atendido el tenor del recurso y en lo que respecta a la entrega de antecedentes que obran en el expediente de calificación de invalidez, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 36 bis del Decreto Supremo N°57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que contiene el Reglamento del citado Decreto Ley N°3.500, en su artículo 36° bis. En armonía de ello, la Superintendencia de Pensiones en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, estableció en el número 3 del Capítulo XIII, Letra D, Título I, Libro III establece: a) el deber de reserva y resguardo; b) el acceso al expediente; y c) devolución de antecedentes médicos o entrega de fotocopias al solicitante. A su turno, la Ley N°20.584 regula los derechos y deberes de los pacientes.

Precisa que, en conformidad a las disposiciones señaladas, queda en claro que el titular de los datos es el afiliado, sin embargo, a raíz de tratarse de datos sensibles, los organismos públicos deben ser rigurosos en cuanto al tratamiento de ello, y es por ello por lo que el legislador, estableció mediante el Decreto Ley N°3500, de 1980, y mediante el reglamento Decreto Supremo N°57 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que las evaluaciones y calificaciones del grado de invalidez de los trabajadores, debe ser efectuados por un organismo especial, técnico médico, el cual es supervigilado por la Superintendencia de Pensiones, el que, también, dicta las normativas e instrucciones, para que las Comisiones Médicas lleven a cabo los procedimientos, los cuales se contienen en el compendio de normas de la Superintendencia de Pensiones, que trata de manera expresa que, se prohíbe el envío del expediente médico de manera telemática, entendiéndose por tal, vía telefónica o de correo electrónico, lo cual va en directa relación con lo preceptuado en la Ley N°20.584, con la Ley N°19.628, todo esto mientras no exista un sistema de firma electrónica implementado para dichos efectos.

En ese orden de ideas, existe legalidad del acto impugnado y por lo tanto hay carencia de arbitrariedad, ya que la Ley N°19.880 en la que se basa el recurrente (al reconocer la tramitación por medios electrónicos), dispone en su artículo 1 que es una ley que se aplicará supletoriamente, siendo de carácter general y no especial, lo que no ocurre en el caso de marras, ya que existe regulación específica al respecto. Además, el artículo 5 establece el principio de escrituración, el que señala que el procedimiento y los actos administrativos a los cuales dan origen, se expresarán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que se configure alguna excepción establecida en la ley, tal como es el caso de autos.

Con todo, arguye que la Comisión Médica no ha infringido garantías constitucionales, ya que no ha existido el acto arbitrario e ilegal que habilite al recurrente para accionar de protección, por lo que solicita a esta Corte de Apelaciones, el rechazo de la acción deducida, con costas.

CUARTO: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

SEXTO: Previo a resolver el fondo de la controversia de autos, y en cuanto a las alegaciones de improcedencia de la acción constitucional deducida, por existir mecanismos legales y normativos para poder reclamar distintos del presente recurso de protección, debe tenerse presente lo expresamente señalado en el artículo 20 de la Constitución, el que establece que este puede ser deducido “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, por lo que, conforme se ha sostenido consistentemente por esta magistratura, dichas alegaciones deben ser necesariamente desestimadas.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a las alegaciones de la Fundación de Administración de Comisiones Médicas, relativa a la falta de legitimidad pasiva, cabe señalar que, conforme se advierte de la lectura del artículo 33 letra c) del actual Reglamento del Decreto Ley N°3500, la representación legal de las Comisiones Médicas Regionales le corresponde a los respectivos Médicos Presidentes de cada una de ellas. Sumado a lo anterior, atendido el tenor de los actos que se denuncian como arbitrarios e ilegales en el libelo recursivo, se desprende que, en el caso de marras, estos pueden ser atribuidos únicamente a la Comisión Médica Regional de Antofagasta, por cuanto, es aquella entidad la encargada de determinar, a través de la tramitación del procedimiento administrativo respectivo, la condición de invalidez del recurrente, no desprendiéndose con la debida claridad que exige esta vía constitucional, qué acto ilegal o arbitrario se le imputa a la referida Fundación.

En consecuencia, al no reunirse los presupuestos para que Fundación de Administración de Comisiones Médicas posea la calidad de legitimado pasivo de la presente acción cautelar, deberá rechazarse el recurso de protección incoado a su respecto, como se dirá en lo resolutivo.

OCTAVO: Que, establecido lo anterior, corresponde determinar si en el caso de marras, ha existido una acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de la Comisión Médica Regional de Antofagasta y si tal actuación, en caso de haberse efectivamente producido, ha perturbado, privado o amenazado, el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales del recurrente, protegidas por la acción constitucional de protección, conforme al catálogo establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, particularmente aquellas que el propio recurrente indica como vulneradas en su libelo pretensor.

NOVENO: Conforme los antecedentes acompañados al recurso, es posible dar por establecido que, con fecha 11 de julio de 2023, la recurrente Fundación Valídame solicitó por dicha vía a la Comisión Médica Regional de Antofagasta, remisión de copia íntegra de los expedientes con los registros completos del SAGCOM, de su representado don nombre reservado, señalando, para dichos efectos, casilla de correo electrónico correo reservado, acompañando mandato especial para conocer de los datos de propiedad del trabajador, datos sensibles y protegidos descritos en la Ley 19.628.

De la misma forma, conforme se desprende de lo informado por la propia recurrida Comisión Médica Regional, consta que a la fecha esta no ha dado respuesta a la referida solicitud.

DÉCIMO: Que, de acuerdo a las alegaciones de fondo contenidas en el informe de la recurrida, se advierte que la Comisión Médica Regional motiva su negativa a acceder a lo solicitado por la actora, en lo dispuesto en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, por lo que resulta conveniente, para la adecuada resolución de la controversia de autos, la exposición de lo que señala el referido cuerpo normativo a este respecto. En este sentido, el aludido Compendio dispone que:

“El personal administrativo y médico de la Comisión debe mantener la más absoluta reserva respecto de la información médica y antecedentes que conforman el expediente de calificación de invalidez, sin perjuicio del derecho del titular de una solicitud de calificación o revaluación de invalidez, de conocer en cualquier momento, el estado de su tramitación.

Sobre este particular, es necesario tener en consideración la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, que entre otras materias protege y regula el tratamiento de los datos personales, estableciendo derechos para los titulares de los mismos, obligaciones para los administradores de datos de carácter personal en registros o bancos de datos, además de sanciones por el incumplimiento de sus disposiciones.

Por otra parte, respecto de los datos personales que se refieren a los estados de salud físicos o psíquicos, conforme con el inciso segundo del artículo 127 del Código Sanitario, las recetas médicas, análisis y exámenes de laboratorio clínicos y servicios relacionados con la salud son reservados y sólo podrá revelarse su contenido o darse copia de ellos con el consentimiento expreso del paciente otorgado por escrito, quedando afecto a las sanciones establecidas por dicho cuerpo legal quienes divulgaren su contenido indebidamente.

Los datos y antecedentes contenidos en los expedientes de calificación de invalidez son reservados, de carácter personal y sensible. Por lo tanto, la utilización de los datos personales contenidos en los referidos expedientes sólo puede efectuarse cuando la ley lo autorice, exista consentimiento expreso de su titular, o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.

En consecuencia, el personal administrativo y médico sólo puede dar a conocer el estado del trámite de evaluación y calificación de invalidez de un solicitante, directamente al propio afectado cuando éste lo solicite, personalmente o por carta certificada.

Excepcionalmente, esta información puede ser entregada a terceras personas a solicitud del propio afectado, siempre que presenten un poder simple y la cédula nacional de identidad del titular, o mandato especial extendido por escritura privada o pública.

No procede la entrega de datos en forma telefónica o por correo electrónico. En este último caso, en tanto no se encuentre implementado un sistema de firma electrónica.”

DECIMOPRIMERO: De acuerdo a lo analizado en los considerandos precedentes, no cabe sino concluir que la ilegalidad y arbitrariedad que se le imputa a la recurrida, consiste en una conducta omisiva por parte de la misma, en orden a no dar respuesta a la solicitud de la parte recurrente, referida al envío de los expedientes en forma electrónica, a través de la casilla de correo indicada al efecto, lo que en la práctica se traduce en una denegación de la misma, negativa que además la recurrida ha confirmado en estos autos, mediante las alegaciones contenidas en su informe, referidas, como se dijo, a la imposibilidad de remitir por dicha vía la información contenida en los expedientes, por encontrase, según su parecer, expresamente prohibido por la normativa sectorial, contenida en el largamente citado Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

DECIMOSEGUNDO: Que, de la revisión de la normativa aplicable, no es posible advertir la existencia de imposibilidad alguna que justifique el actuar de la recurrida en la forma en como se ha expuesto, por cuanto, en primer lugar, se ha acreditado por la recurrente, mediante mandato especial acompañado en autos, estar debidamente facultado para representar al solicitante en el requerimiento y obtención de los antecedentes contenidos en los expedientes administrativos relativos a la tramitación de sus solicitudes de evaluación y calificación del grado de invalidez. Al respecto, es el propio compendio el que dispone que excepcionalmente, esta información puede ser entregada a terceras personas a solicitud del propio afectado, siempre que presenten un poder simple y la cédula nacional de identidad del titular, o mandato especial extendido por escritura privada o pública, lo que consta haber ocurrido en el caso de marras.

Asimismo, lo dispuesto en el referido cuerpo normativo, en cuanto no procedería la entrega de datos por correo electrónico en tanto no se encuentre implementado un sistema de firma electrónica, debe necesariamente conciliarse con lo dispuesto en la Ley N°19.880 en sus artículos 1, 4, 5, 9, 16 bis, 17, 18, 19 bis, 24, 24 bis, 25, 30 y 46, normas que interpretadas armónicamente habilitan tanto la tramitación de los procedimientos administrativos de forma electrónica, como la debida obtención por esta vía por parte de los administrados de los antecedentes contenidos en ellos, normas que, por ser de rango legal, deben preferirse por sobre las contenidas en el referido compendio, que contiene la normativa dictada por la ex Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones y su sucesora legal, la Superintendencia de Pensiones.

Al respecto, resulta especialmente relevante lo dispuesto en el artículo 17 letra a) de la Ley N°19.880 que dispone: “Artículo 17. Derechos de las personas. Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: a) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa. Constituye copia autorizada aquella generada por la plataforma electrónica donde se acceda al expediente electrónico, que cuente con un medio de verificación de su autenticidad;”

Por lo demás, no es posible soslayar que el aludido deber de confidencialidad y resguardo de la información médica, en el que la recurrida ampara su negativa, tiene por objeto la protección de la información sensible del propio paciente, mismo que, debidamente representado, ha requerido la información ante la Comisión Médica recurrida, para conocer de forma íntegra y acabada el contenido de los referidos expedientes, en los que, según se ha informado, se ha revocado el Dictamen de Invalidez dictado a su respecto.

DECIMOTERCERO: Que, si bien el derecho de petición del artículo 19 Nº14 de la Carta Fundamental, no se encuentra amparado por la presente acción constitucional, en opinión de esta magistratura, el condicionar la entrega de las copias de un expediente administrativo al requerimiento físico del mismo, como en la especie se hace al impedir la obtención de los antecedentes vía electrónica, carece de razonabilidad y, efectivamente, resulta atentatorio de garantías fundamentales, entre ellas el derecho de propiedad garantizado por el artículo 19 Nº24 de la Carta Fundamental, por cuanto se priva al recurrente del registro de sus antecedentes y datos personales relativos a la información solicitada, los que forman parte de su patrimonio intangible; y de la igualdad ante la ley contenido en el artículo 19 Nº2 del texto constitucional, toda vez que el referido condicionamiento implica una distinción, no justificada racionalmente, agravada en la especie, por cuanto dichos antecedentes dicen relación con el estado de invalidez que padecería el propio recurrente.

Lo anterior, implica una clara falta de criterio en atención a las especiales circunstancias del caso, y supone un comportamiento que, si bien no puede ser calificado del todo ilegal, por cuanto se ha sostenido por la recurrida haber ceñido su actuar a lo dispuesto por la Superintendencia de Pensiones, resulta sin dudas arbitrario, lo que conlleva, en consecuencia, a que la acción de protección deba ser acogida en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por otra parte, en cuanto a la solicitud de incorporación del recurrente como usuario al sistema SAGCOM, no se accederá a la misma, en atención a lo señalado en el oficio de la Superintendencia del ramo acompañado en autos por la recurrida Fundación para la Administración de las Comisiones Médicas, en cuanto informa que este es “un sistema informático que soporta el proceso de evaluación y calificación de invalidez que no está diseñado para que los usuarios o sus representantes puedan ingresar a sus expedientes, ni tampoco por medio de clave única”.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas, el recurso de protección deducido en contra de Fundación de Administración de Comisiones Médicas; y SE ACOGE, sin costas, el recurso deducido por la Fundación Valídame, en favor de don nombre reservado, en contra de la Comisión Médica Regional de Antofagasta, representada legalmente por su presidenta, nombre reservado, solo en cuanto se ordena que ésta debe remitir copia íntegra digitalizada de los expedientes requeridos por la parte recurrente Fundación Valídame, vía correo electrónico a la casilla indicada en su correo de fecha 11 de julio de 2023, concernientes a la Solicitud de Invalidez y de Evaluación y Calificación del Grado de la Invalidez de su representado, don nombre reservado, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles, contados desde que el presente fallo se encuentre firme y ejecutoriado.

Regístrese y comuníquese.

Rol 8190 – 2023 (PROT)