nombre reservado con I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA

Antofagasta, dieciocho de octubre dos mil veintitrés.

VISTOS:

La comparecencia de CHRISTIAN MANUEL PARRA TORO, abogado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, en Representación de nombre reservado, Soltero, Profesor, Cédula de Identidad Número RUT reservado, Domiciliado en domicilio reservado, Región de Antofagasta, quien de acuerdo a lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, deduce Acción de Protección Constitucional por Vulneración de Derechos Fundamentales en contra de La Municipalidad de San Pedro de Atacama, Corporación de Derecho Público, R.U.T. RUT reservado, nombre reservado por su Alcalde, don Justo Alexis Zuleta Santander, cédula de identidad número RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, este último en calidad de Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama, por la dictación del Decreto Alcaldicio N.º 01167/2023, de fecha 01 de Septiembre de 2.023, al declarar la incompatibilidad de la salud del recurrente, aplicando el cese de las funciones y Poniendo Término a la designación en calidad de nombre reservado, estimando que dicho acto emana de un actuar arbitrario e ilegal, lo que se traduce en una vulneración de los derechos fundamentales del recurrente, contemplados en los numerales 2 y 24 artículo 19 de la Constitución Política de la República. Por lo cual, solicita dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N.º 01167/2023 de fecha 01 de Septiembre de 2023, ordenando que la recurrida reincorpore al recurrente al municipio y proceder al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de separación y la de su efectivo reingreso, todo con especial condenación en costas.

Evacuó informe la recurrida, negando que su actuar haya sido ilegal o arbitrario.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente funda el recurso en los siguientes hechos:

Refiere en primer lugar que, el acto arbitrario e ilegal que Priva, Amenaza y Perturba el Legítimo Ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de don nombre reservado, es el Decreto Alcaldicio N.º 01167/2023 de fecha 01 de Septiembre de 2.023, acto administrativo que ordena:

1.- Declárese la salud incompatible del profesional de la educación, don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, con el desempeño de sus funciones docentes en las escuelas multigrados de la comuna de San Pedro de Atacama, dependientes del Departamento de Educación de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, Persona Jurídica de Derecho Público, R.U.T. RUT reservado.- Aplíquese la causal de cese de funciones por salud incompatible establecida en el artículo 72 ter de la ley N. ° 19.070, respecto del profesional docente a don nombre reservado.I. RUT reservado, quien hizo uso de licencias médicas por un lapso superior a 6 meses en los últimos dos años. Lo anterior, dado que luego de requerido el pronunciamiento a la respectiva Comisión de Medicina Preventiva a Invalidez -COMPIN, su salud es Recuperable.

3.- Póngase término a la designación en calidad de nombre reservado, C.I. RUT reservado que consta en el Decreto Registro N. ° 797 de fecha 28 de junio del año 2.019 y Decreto Exento N.º 98 de fecha 20 de enero del año 2.023.

Refiere que su representado, comenzó a prestar servicios para la recurrida, con fecha 28 de junio de 2.019. En el ejercicio de sus funciones se ha desempeñado como docente, mayormente en la Localidad de Toconao, como profesor de educación física del Liceo de Toconao, funciones que desempeñó y ha desempeñado con elevada responsabilidad y una constante de éxitos deportivos para la comuna, dirigiendo distintos equipos de futbol campeones a nivel nacional y regional, entre otras actividades.

Agrega que, don nombre reservado ha presentado distintas licencias médicas por enfermedad común y algunas otras de orden psiquiátrico, estas últimas explicadas por la muerte de su padre a finales del año 2018 y efectivamente durante los últimos 6 meses de actividad tuvo días de licencia médica por más de 180 días.

Solicitado el Pronunciamiento de la Comisión Médica Preventiva e Invalidez, por parte de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, dicho órgano de la administración del Estado emitió un pronunciamiento al tenor de la Resolución de Evaluación N.° Folio 16243978, de fecha 02 de mayo de 2023, la cual resolvió, respecto del recurrente: “SE RESUELVE QUE PRESENTA UN ESTADO DE SALUD RECUPERABLE, LO QUE SE DEJA ESTABLECIDO PARA LOS FINES ESTATUTARIOS CORRESPONDIENTES.”

Agrega que, la resolución que por esta vía impugna, es ilegal y arbitraria, refiriéndose a la normativa en la materia, señala que el artículo 72 bis de la Ley 19.070 y sus posteriores modificaciones refiere que “el alcalde podrá declarar la incompatibilidad del funcionario para ejercer el cargo requiriendo previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”. Realizando las concordancias con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley N° 21.050, y artículo 151 del Estatuto Administrativo Añade que, el artículo 64 de la Ley N° 21.050, incorporó un inciso tercero nuevo al artículo 148 de la Ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales; Dicho inciso tercero preceptúa; “El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Posteriormente, luego de analizar normativa que regula la materia, en relación a distintos funcionarios públicos (Leyes N.° 18.834 Estatuto Administrativo; N.° 18.883, Estatuto Administrativo Municipal; Estatuto Docente, Ley N.° 19.070 y sus posteriores modificaciones y la Ley N.° 19.378, Estatuto de Salud Municipal). Señala que, la intención del legislador al establecer la obligatoriedad del informe previo de la COMPIN, en cuanto a que sea un organismo técnico quien estudie los antecedentes de salud del funcionario y determinar si su salud resulta o no recuperable, organismo que además debería emitir un pronunciamiento que, al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resultaría vinculante para el servicio público, en este caso la Municipalidad de San Pedro de Atacama.

Concluyendo que, lo anterior es óbice para que la recurrida pueda aplicar las causales esgrimidas en el Decreto Alcaldicio, al declarar la Resolución de la COMPIN que la salud de don nombre reservado es Recuperable.

Indica que, no es posible, en consecuencia, aplicar la causal del artículo 148 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales pues la Resolución de la COMPIN no refiere que la salud será irrecuperable y no dispone que hay imposibilidad de desempeñar el cargo, hipótesis exigida por la Ley, vulnerando de esta manera el señor Alcalde, la Ley, los Principios de Juridicidad y Seguridad Jurídica, el Principio de Legalidad, la Constitución y los derechos y Garantías Constitucionales de don nombre reservado.

Sostiene que, la hipótesis establecida finalmente por el legislador, que es la materialización de la intención que se expresa en el Mensaje de la ley, requiere que, aun cuando el organismo técnico – COMPIN- hubiere emitido un pronunciamiento, se requiere, además, que dicho organismo técnico emita un informe en relación con la incompatibilidad del funcionario para ejercer el cargo, lo que, como señalamos, no ha ocurrido, convirtiéndose así, el Alcalde Justo Zuleta Santander en un ente Juzgador, resolviendo acerca de la incompatibilidad, de manera ilegal y arbitraria pues el cargo que inviste corresponde a una autoridad administrativa no especializada, que resuelve en contrario al órgano mandatado por la Ley para resolver al respecto, atribuyéndose facultades que ni la constitución ni la ley le han conferido y actuando como una comisión especial para el juzgamiento administrativo en relación a la irrecuperabilidad e incompatibilidad de la salud del funcionario y el ejercicio de su cargo del cual es titular.

En virtud de lo expuesto y normas citadas, solicita se ordene dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N.º 01167/2023, de fecha 01 de Septiembre de 2023, ordenando que la recurrida reincorpore al recurrente al municipio y proceda al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de separación y la de su efectivo reingreso, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que informa nombre reservado, DIRECTORA DE ASESORA JURÍDICA (S), en representación de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, quien refiere lo siguiente:

Indica que, nombre reservado, fue funcionario de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, desde abril del año 2015, desempeñándose como docente de Educación Física en el Complejo Educacional Toconao y, posteriormente, con fecha 28 de junio del 2019 se decreta su nombramiento en calidad de titular; a partir del 01 de marzo del 2023 es destinado al ejercicio de la función docente en las Escuelas Multigrados. Poniéndose término a sus funciones a partir del 07 de septiembre del presente año por salud incompatible con el desempeño de la función.

Refiere que, el 02 de mayo del presente año, se recibe la resolución de la evaluación del COMPIN, solicitada con antelación por el sostenedor, debido a que el funcionario había cumplido los seis meses con licencia médica, dentro de un plazo de dos años. Indica que, esta es una tramitación que se solicita para todos los funcionarios que se desempeñan en los establecimientos educacionales y presentan la cantidad de licencias médicas exigidas por la ley, toda vez que el fin de la educación es priorizar la atención de los alumnos, por tanto, la inasistencia de los docentes, atenta contra la atención formal y adecuada de los niños, niñas y adolescentes de la comuna. En los últimos dos años seis docentes han cesado en sus funciones a raíz de esta causal y tres renunciaron una vez que fueron notificados por el COMPIN del proceso de evaluación.

Sostiene que, en cuanto a los derechos presuntamente conculcados, es menester recordar que la Administración del Estado, y la Municipalidad de San Pedro de Atacama, velando siempre por el principio de servicialidad estipulado en el artículo 1, inciso cuarto, de la Constitución Política, debe atender necesidades públicas en forma continua y permanente, según el artículo 3 de la ley 18.575, lo que efectúa por medio de los servicios públicos, según el artículo 28 de la ley 18.575. Ello obliga a la Administración Pública a atender las necesidades colectivas por medio de personas “idóneas para el desempeño de las tareas que se les encomiende” y al no existir dicha idoneidad “se vuelve imposible el cumplimiento de la función pública.”

Agrega que, para el cumplimiento de dicho principio, el legislador dispuso una serie de normas contenidas en el Estatuto Administrativo para Profesionales de la Educación 19.070, entre ellas enuncia el artículo 72 y artículo 72 bis, refiriendo que de ellas, se desprende que es facultad de la autoridad superior del servicio, en este caso el Alcalde de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, calificar la procedencia de declarar vacante un cargo por salud incompatible, una vez producidas las circunstancias de hecho requeridas por la normativa mencionada, en este caso el funcionario en cuestión, ha hecho uso de licencia médica por un periodo superior al exigido por la ley, sin que ese período haya mediado declaración de salud irrecuperable.

Recalca que, respecto de las atribuciones conferidas por el legislador al Alcalde, éstas se ejercieron como resultado de todo un proceso de evaluación realizado por diversos actores quienes debidamente barajaron los intereses de la institución, como de igual manera las circunstancias especiales del funcionario, brindado durante todo el proceso apoyo y colaboración a contribuir con la recuperación de su salud. En efecto dicho procedimiento se habría ajustado al cumplimiento de la nueva exigencia, para ejercer la facultad de declarar la salud incompatible de un funcionario, introducida por el artículo 63 de la Ley N° 21.050, que agregó un inciso tercero al artículo 148 de la Ley 18.883, consistente en solicitar previamente a la COMPIN respectiva que se pronuncie acerca de la irrecuperabilidad de la salud del empleado.

Arguye que, la municipalidad de San Pedro de Atacama, solicitó el respectivo pronunciamiento por parte de COMPIN acerca de la condición de irrecuperabilidad de salud del funcionario, tal como se demuestra mediante Resolución de evaluación de fecha 02 de mayo de 2023, en el cual se expresa “Se resuelve que presenta un estado de salud recuperable”, hecho que faculta y resulta ser determinante para ejercer posteriormente la atribución de declarar el cese de funciones por salud incompatible con el desempeño del cargo, generando una armonía con lo consagrado en el artículo 148 inciso 3 de la Ley 18.833 y además de lo señalado por la jurisprudencia administrativa mediante el dictamen N° 17.351 del 2018, el dictamen 33.241 del 2019 de Contraloría General de la República, el cual estipula “en el evento que la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, y resolver la vacancia de éste por esa causal”.

También invoca jurisprudencia relativa a esta materia, en relación al Principio de Servicialidad que debe regir a los órganos del Estado.

A partir de lo expuesto, concluye que el actuar de su representada, es armónico con lo indicado por el legislador, evidenciando que la decisión adoptada no puede en ningún caso calificarse como ilegal o arbitraria, ya que el Decreto Alcaldicio en cuestión, fue dictado en ejercicio de las potestades administrativas que la ley confiere al Edil y en ningún caso existiría vulneración alguna de derechos que señala el recurrente, por lo que sólo cabe concluir que el acto administrativo impugnado no puede ser tildado de ilegal, pues se expresan los presupuestos fácticos y razones jurídicas que otorgan sustento a la decisión adoptada para desvincular laboralmente al funcionario nombre reservado habiendo actuado, siempre con apego al principio de legalidad que rige la actuación de los organismo de la Administración del Estado, en virtud del artículo 2 de la ley Nº 18.575.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

QUINTO: Que a fin de resolver la controversia, debe determinarse si ha existido un actuar arbitrario o ilegal de parte de la recurrida, en cuanto a los motivos que llevaron a declarar la vacancia del cargo que desempeñaba el recurrente.

SEXTO: Que, atento al propio mérito del informe de la recurrida, el informe de la COMPIN y antecedentes allegados al proceso, pueden establecerse como hechos acreditados: 1) Que conforme a Resolución de evaluación salud irrecuperable funcionario público, de fecha 02 de mayo de 2023, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, se resolvió que nombre reservado, presenta un estado de salud “Recuperable”; 2) Que según Decreto Alcaldicio N.º 01167/2023 de fecha 01 de Septiembre de 2.023, de la Municipalidad de Calama, basado en que el actor hizo uso de licencias médicas por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años y dado que luego de requerido el pronunciamiento a la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez – COMPIN, su salud es Recuperable, decidió declarar que la salud del profesional de la educación don nombre reservado, C.I. RUT reservado, es incompatible con el desempeño de sus funciones Docentes en las escuelas multigrados de la comuna de San Pedro de Atacama, aplicando la causal de cese de funciones por salud incompatible establecida en el artículo 72 ter de la ley N° 19.070.

SEPTIMO: Que para resolver, en primer lugar se debe determinar cuál es la normativa aplicable en la especie. Así, en el artículo 72 de la Ley N° 19.070, Estatuto Docente, se señala que: “Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: h) Por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función en conformidad a lo dispuesto en los artículos 72 bis y 72 ter.(…)”

Ahora bien, en particular, sobre el fundamento invocado por la resolución que por este acto se impugna, el artículo 72 bis del mismo cuerpo normativo, determina que: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, a que se refiere la letra h) del artículo 72, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalados en el inciso anterior las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de la ley N° 18.883 y el Título II del Libro II del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del profesional docente respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

OCTAVO: Que de los antecedentes acompañados y las alegaciones de ambas partes, así como de los fundamentos de la resolución impugnada, consta que el cese de funciones fue declarado de conformidad al artículo 72 bis de la ley N° 19.070, esto es por salud incompatible para el desempeño del cargo.

NOVENO: Que con los antecedentes expuestos, no se ha acreditado un actuar arbitrario por parte del Alcalde de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, cuya decisión ha sido adoptada en base a la normativa vigente, cumpliendo los requisitos establecidos para proceder a declarar el cese de funciones de conformidad a lo dispuesto en los artículos 72, 72 bis y 72 ter del Estatuto Docente, que además, se ha tenido en consideración la importancia de las funciones que desempeñaba el recurrente, sin que se vislumbren antecedentes que permitan determinar que ha existido abuso de poder en la dictación del acto. Por estas razones deberá ser rechazada la presente acción.

DÉCIMO: Que, asimismo, debe considerarse la aplicación del Principio de Servicialidad, que impone a los Órganos del Estado, Jefes de Servicio y en este caso al Alcalde de la Municipalidad recurrida, velar por la continuidad de la actividad de la administración, insertándose la decisión adoptada en este caso precisamente en el cumplimiento de tal fin, habida especial consideración a la labor que realizaba el actos, en circunstancias que las licencias médicas prolongadas del docente atentan contra la atención formal y adecuada de los niños, niñas y adolescentes que eran sus alumnos, siendo este, otro motivo para rechazar el recurso.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de Protección interpuesto por CHRISTIAN MANUEL PARRA TORO, en Representación de nombre reservado, en contra de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA.

Regístrese y comuníquese.

Rol 8137-2023 (PROTECCIÓN)