A.C.F MINERA S.A. con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

Antofagasta, a once de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Milenko Bertrand-Galindo Arriagada, abogado en representación convencional de ACF Minera S.A., todos domiciliados en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda, representada por su Alcalde, José Guerrero Venegas, ambos domiciliados en domicilio reservado, estimando vulnerada las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política. Por lo que solicita que se ordene a la recurrida que proceda a recepcionar la documentación exigida por la ley para el permiso de edificación requerido, dejando sin efecto el requisito de contar con ROL para la obtención del permiso en cuestión, disponiendo las medidas pertinentes para reestablecer el imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

Evacuando informe la recurrida, solicita el rechazo del mismo.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la recurrente expone que con fecha 17 de octubre de 2019, el administrador de Contratos de la recurrente, concurrió hasta las dependencias de la recurrida específicamente a la Dirección de Obras Municipales, a fin de presentar ante la autoridad municipal toda la documentación que exige la Ley General de Urbanismo y Construcción y la respectiva Ordenanza para iniciar una solicitud de permiso de edificación de obra nueva en terrenos fiscales respecto de los cuales ACF posee una servidumbre minera vigente. En dicha oportunidad el funcionario don nombre reservado saltándose los procedimientos administrativos formales exigió previo a recibir la documentación, realizar una revisión previa e informal de la documentación, indicando que no recibiría la documentación ya que ésta no incluía indicación del ROL asignado por el Servicio de Impuestos Internos al predio sirviente de carácter fiscal donde se realizaría la obra. Información que fue reiterada al día siguiente, y a través de correo electrónico de fecha 18 de octubre de 2019.

Manifiesta que la recurrida se ha arrogado la ilegítima atribución de exigir requisitos adicionales para la presentación de solicitudes de permiso de edificación que ni la Ley General de Urbanismo y Construcción ni su respectiva Ordenanza consideran. Ya que conforme al artículo 27 de La Ley de Impuestos Territoriales, “El concesionario u ocupante por cualquier título, de bienes raíces fiscales, municipales o nacionales de uso público, pagará los impuestos correspondientes al bien raíz ocupado. Todo arrendatario de un bien raíz fiscal queda obligado a pagar las contribuciones territoriales durante todo el plazo del arrendamiento y mientras esté ocupando materialmente el predio. Conjuntamente con el pago de las rentas deberá comprobarse el cumplimiento oportuno de esta obligación tributaria.

Considera que el actuar de la recurrida no sólo vulnera el principio de igualdad ante la ley y el debido proceso, sino que además constituye un acto abiertamente arbitrario toda vez que no existe proporcionalidad ni lógica en exigir un requisito que la ley no contempla, buscando garantizar el pago de un tributo que posee sus propias vías jurídicas de exigibilidad. Expresando además que la conducta de la recurrida implica una discriminación en consideración al trato brindado a otros solicitantes del mismo permiso, referido a un predio que no tenga el carácter fiscal, perturbándose además su derecho a desarrollar actividad económica, constituyendo además una discriminación por el estado en materia económica, afectando además el derecho de propiedad referido a la servidumbre impidiéndole el ejercicio de facultades legales.

SEGUNDO: Que Emilio Sarmiento Moreno, en representación de la recurrida Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda, evacua informe en los siguientes términos.

En primer término, expresa el allanamiento parcial al recurso impetrado, en cuanto a recepcionar los documentos necesarios de ingreso para el proceso de obtención de permiso de edificación de obra nueva en terrenos fiscales, en conformidad a lo establecido en el DFL 458 de 1976 Ley General de Urbanismo y Construcciones, Decreto 47 de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que fija nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

En segundo término, refiriéndose a los artículos 1.2.2 y 1.4.9 de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, además de lo preceptuado en el Decreto Exento 723 de 27 de abril de 2018 que ratifica procedimiento de solicitud de permiso de edificación, el antecedente de rol de avalúo es un dato básico, siendo necesario para conceder el permiso de edificación, ya que todos los actos administrativos y resolutivos se realizan sobre dicho rol, siendo aplicable al respecto la ley 17.325 sobre impuesto territorial. Por lo anterior no existe vulneración alguna a los principios de proporcionalidad, juridicidad o legalidad, actuando dentro de la esfera de las facultades que entrega la ley, sin vulnerar las garantías constitucionales aludidas por la recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección, acción cautelar constitucional consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sido establecido para hacer frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarios, de los cuales derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos o garantías expresamente señalados en la misma norma.

CUARTO: Que, en este arbitrio de naturaleza cautelar, cobra especial importancia determinar si ha existido un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque una privación, perturbación o amenaza que afecte a una o más garantías preexistentes protegidas por la Constitución Política de la República, y que por lo expuesto por el recurrente, dichas garantías constitucionales se encontrarían vulneradas con el actuar de la recurrida al presuntamente, exigir requisitos no contemplados en la legislación vigente, a fin de conceder el mentado permiso de edificación.

QUINTO: Que no ha sido controvertido en esta sede que el inmueble donde tiene constituidas servidumbres mineras la recurrente es rural, de propiedad del Fisco de Chile.

Consiguientemente su falta de enrolamiento para efectos del pago del impuesto territorial es consecuencia obvia en la medida que su propietario no es obligado al pago de contribuciones de bienes raíces, careciendo, en consecuencia de un contribuyente.

A su turno la recurrente en cuanto a concesionario minero tiene un derecho real de concesión minera que resulta distinto e independiente del predio superficial y, respecto de este último, como se dijo, solo es titular de servidumbres mineras, por lo cual el ejercicio de este derecho tampoco está obligado al pago del impuesto ya señalado y, consecuentemente no podría enrolarlo.

Colorario de lo señalado es que la recurrida ha exigido un requisito inexistente, que resulta imposible de obtener e innecesario para todos los efectos legales, por lo que su decisión resulta ilegal y arbitrario.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 19 N° 2, 21, 22, 24 y artículo 20 de la Constitución Política de la República y Autos Acordados de la Corte Suprema, de fechas 24 de junio de 1992 y 4 de mayo 1998 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin Costas, el recurso deducido por ACF Minera S.A., en contra de la Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda quien deberá abstenerse de requerir certificado de avalúo vigente respecto de los inmuebles señalados en el recurso.

Regístrese y comuníquese.

ROL 8103-2019 (PROT)